En 38 dÃas de proceso, el fiscal Jorge Montero, encargado de la investigación de una red de corrupción en el Ministerio de EconomÃa durante la gestión del ex ministro Carlos Julio Emanuel, ha emitido 15 providencias, ha solicitado las comparecencias de más de 30 personas y ha receptado 24 declaraciones.
En el proceso, que contiene 38 cuerpos legales, con 4 000 hojas, constan las declaraciones de los ministros de Vivienda, de Salud y de Obras Públicas, del ex ministro de EconomÃa, Carlos Julio Emanuel, del ex presidente del Conam, Ricardo Noboa, varios ex subsecretarios, funcionarios, un conserje del Congreso, una secretaria, cuatro diputados y dos alcaldes.
El caso se inició el 19 de junio de 2002, cuando la ministra fiscal Mariana Yépez dictó la indagación previa, tras las denuncias realizadas por el alcalde de Azogues, VÃctor Molina, sobre el supuesto cobro de coimas en EconomÃa para la entrega de asignaciones a diversos Municipios.
La instrucción fiscal comenzó ocho dÃas después, luego de que Carlos González, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, oficializó la denuncia en el caso y presentó varias carpetas con documentos.
La Unidad de Investigaciones Financieras del Ministerio Público, por medio del fiscal Montero, solicitó al Juzgado Cuarto de lo Penal de Pichincha la detención provisional de varias personas, dos de ellas: Ramiro Espinosa y Galo Farfán, ex subsecretarios del Ministerio de EconomÃa y Finanzas.
Pidió a la ContralorÃa informes sobre la legalidad de los contratos suscritos por los diferentes Ministerios con los organismos seccionales y solicitó, en los primeros dÃas de julio, al presidente de la República, Gustavo Noboa, un informe escrito con su versión sobre el caso, no obstante hasta la fecha no ha recibido respuesta del primer mandatario.
Quienes han rendido sus declaraciones en esta Unidad no han aportado mayores elementos a la investigación, y a pesar de que las comparecencias se han sucedido una tras otra, la justicia marcha a paso lento. (MAR)
ContralorÃa alista informe de convenios ministeriales
La próxima semana, la ContralorÃa General del Estado enviará a la FiscalÃa los informes sobre los contratos efectuados por las SecretarÃas de Salud, de Obras Públicas y de Vivienda con los Municipios, según conoció BLANCO Y NEGRO.
El organismo de control, además, dará a conocer a la FiscalÃa si los ex funcionarios de EconomÃa Ramiro Espinosa, Galo Farfán, Kléber Chica y Anabel Quintana presentaron la declaración de bienes al inicio de su gestión.
La instrucción fiscal dura 90 dÃas, luego de los cuales el fiscal Jorge Montero, de la Unidad de Investigaciones Financieras, deberá emitir un dictamen acusatorio o de abstención.
El plazo para la presentación de dicho dictamen vence el 27 de septiembre, no obstante ello podrÃa suceder semanas antes.
Ocurrido esto, el caso saldrá de la FiscalÃa y pasará a manos de la función Judicial, con lo que viene la denominada etapa intermedia.
Los documentos recopilados deben ser enviados al Juzgado Cuarto de lo Penal de Pichincha, y el dictamen se pone en conocimiento de las partes, particularmente del denunciante, para ver si presenta o no una acusación.
Se señala dÃa y hora para una audiencia preliminar, los fundamentos del dictamen son discutidos y 24 horas después de terminada la audiencia, el juez debe dictar un auto resolutorio, ya sea llamando a juicio o dictando sobreseimiento.
Al momento, la instrucción se ha extendido a los organismos seccionales.
Los distritos de Guayas, ManabÃ, Los RÃos, El Oro y SucumbÃos deben investigar las contrataciones municipales. (MAR)
"Entes de control han actuado sin dinamismo"
La Comisión de Control CÃvico de la Corrupción (CCCC) considera que los organismos del Estado que investigan el mal manejo de partidas "no han actuado con el dinamismo y la radicalidad que el caso amerita... pues las medidas judiciales dictadas en contra de los principales involucrados son muy tenues y con ello se abre paso a la impunidad".
Ramiro Larrea, titular de la CCCC, señala que no es posible que la Comisión de Excusas y Calificaciones del Congreso haya dejado de lado "nuestra recomendación de investigar la posible vinculación de algunos diputados en este caso y que con ello se permita eludir responsabilidades". (PACH)
Evaluación negativa de la ciudadanÃa
Luego de conocidas las denuncias del trámite ilegal de las asignaciones especiales para varios Municipios por parte de ex funcionarios del Ministerio de EconomÃa, la percepción de la ciudadanÃa sobre la investigación de los entes de control no es positiva.
Según una encuesta realizada por la empresa Market, un 8,13% de los encuestados en Pichincha y Guayas consideran como "excelente" la gestión de la Comisión de Control CÃvico de la Corrupción (CCCC).
Entre tanto, el 55% de las personas consultadas considera que el trabajo desarrollado por el Congreso Nacional en el caso de las partidas especiales ha sido "pésimo". (NCC)
¿DONDE ESTAN?
Carlos Julio Emanuel
El ex ministro de EconomÃa, Carlos Julio Emanuel, salió del paÃs el pasado jueves rumbo a Panamá. En su declaración ante la FiscalÃa dijo que autorizó cambios en las asignaciones presupuestarias, lo cual no es un delito, y que no conoció nada sobre el pago de coimas para la entrega de dichas partidas. No obstante, las denuncias de Carlos González e Iván Ojeda lo involucran en el caso.
Kléber Chica
Otro de los implicados en la supuesta red de corrupción que operaba en la Cartera de EconomÃa es Kléber Chica, ex coordinador de dicho Ministerio. El alcalde de Azogues señaló haber recibido, en nombre de Chica varias llamadas telefónicas, pidiendo dinero para agilizar el trámite de los recursos para los organismos seccionales. Se desconoce su paradero.
Tomás Chávez Toala
Tomás Chávez Toala, funcionario del Departamento JurÃdico del Congreso Nacional, se encuentra prófugo de la justicia. La FiscalÃa solicitó una orden de captura al Juzgado Cuarto de lo Penal de Pichincha, debido a que se encontraron varias carpetas con documentos y cheques firmados por contratistas para el pago de coimas en la tramitación de contratos con Municipios, que lo implicaban en el caso.
Iván Ojeda
El abogado Iván Ojeda será llamado los próximos dÃas a la Unidad de Investigaciones Financieras del Ministerio Público para que rinda una versión sin juramento en el caso de la tramitación ilegal de las partidas.
Ojeda fue acusado por el diputado Carlos González de ser quien cobraba los cheques protestados de las coimas.
Al momento se desconoce su paradero.
Emanuel gasta $169 554 en viajes al exterior
En ocho meses, el ex ministro salió del paÃs por 13 ocasiones
Desde el 29 de octubre de 2001 hasta el 12 de junio de 2002 el ex ministro de EconomÃa, Carlos Julio Emanuel y sus asesores gastaron $169 554,39 en pasajes y viáticos para viajes al exterior.
En ocho meses, Emanuel viajó 13 veces a paÃses como Venezuela, EEUU, Canadá, Bolivia, Brasil, México, Perú, Inglaterra, España y Rusia, y recibió $27 241,97 por concepto de pasajes y $29 100 por viáticos.
Después de Emanuel, los funcionarios que más viajes realizaron fueron Héctor Solórzano, secretario particular del ministro; Julio Ponce Arteta, subsecreatrio general de EconomÃa; Jorge Morán Centeno, subsecretario general de Finanzas; y los asesores de Emanuel, Bruno Faidutti y Luis Loria Rojas, según documentos del Ministerio. (ICO)
Se compraron computadores con fallas técnicas
Otro de los contratos que se preparaba durante la administración de Carlos Julio Emanuel en el Ministerio de EconomÃa, tiene que ver con la renovación de 185 computadores para varias dependencias de esa Cartera.
Según el diputado Carlos González, la adquisición de estos computadores se empezó a realizar a través de una subdivisión de contratos, es decir se compraron de tres en tres, de cinco en cinco, con el fin de evadir el cumplimiento del proceso precontractual previsto en el artÃculo 64 de la Ley de Contratación Pública, que prohÃbe la subdivisión de contratos.
"De esta manera se evitó realizar una licitación pública, sorteando la posibilidad de que el proceso sea controlado", expresó González, quien al momento lleva a cabo la investigación de este caso en la Comisión de Fiscalización del Congreso.
Según la documentación que el organismo legislativo recibió del Ministerio de EconomÃa, hasta el momento se han comprado 29 computadoras a las empesas Malcom GarcÃa y Narváez Computación Cia. Ltda (18), Preserpi Cia. Ltda (6) y Acros (5).
Por estos artefactos el Estado ecuatoriano pagó $45 917,80, no obstante al momento, de los 29 ordenadores que se encuentran en varias dependencias del Ministerio de EconomÃa, 23 de ellos tienen fallas de funcionamiento y están en proceso de devolución, de acuerdo con documentos del departamento de Recursos Materiales y Seguridad de dicha Cartera de Estado.
Según informaciones recopiladas por los funcionarios de la Comisión de Fiscalización, los empleados del Ministerio, Geovany Maldonado y Ricardo Rivera Fierro, quienes participaron en el proceso de adquisición de las computadoras, han sido separados de dicha Cartera. En los próximos dÃas la Comisión presentará un informe sobre este tema. (ICO)
EconomÃa adelantó $30 000 por "compromiso"
El 28 de mayo de 2002, el Ministerio de EconomÃa pagó $30 000 a la empresa Towmar International Ltda. en anticipo de un contrato de $150 000 para una publicación en la revista inglesa Euromoney Magazzine, que nunca se realizó.
El acuerdo consistÃa en publicar 16 páginas con un reportaje sobre Ecuador, editoriales del Ministerio y una "invitación" al ex ministro Emanuel para participar en el "Borrowers Investors Forum", que se llevó a cabo en Londres del 18 al 20 de junio. El pago se efectuó sin haber un contrato de por medio, por lo cual las autoridades del Ministerio actualmente solicitan la devolución de esos dineros. (ICO)
LOS OTROS CASOS
* Presunta contratación de empresas fantasmas de fumigación para el Litoral
El Ministerio de EconomÃa entregó $8 millones al de Salud para cubrir emergencias sanitarias declaradas en varios cantones del Litoral. No obstante, el Ministerio de Salud habrÃa contratado empresas fantasmas de fumigación para combatir el dengue y la malaria.
Eso se desprende de la denuncia presentada por Carlos González, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso.
Más aún, Salud habrÃa pagado por trabajos no realizados.
Para aclarar el caso, la FiscalÃa inició el proceso de indagación previa, que está a cargo de MarÃa Cerón, fiscal de la Unidad de Investigaciones Financieras. (MAR)
"No sé nada, no conozco a tramitadores"
Es el 23 de julio. Faltan 10 minutos para las 14:00, el fiscal Jorge Montero llega a su oficina en la Unidad de Investigaciones Financieras del Ministerio Público, enciende su computador, revisa varios cuerpos legales y arregla las dos sillas destinadas para quienes comparecerán ante él.
Minutos después acude a su despacho, ubicado en el séptimo piso de la Superintendencia de Bancos, en Quito, Luis Alberto Méndez Cadena, ex conserje del Congreso Nacional, citado para que responda por qué se encontraron en su poder carpetas llenas de documentos y cheques en blanco pertenecientes a Tomás Chávez Toala, ex funcionario de la Dirección JurÃdica del Parlamento, quien confesó a la prensa que por 13 años ha tramitado partidas para varios Municipios.
Dos abogados acompañan a Luis Alberto Méndez. Montero dialoga con ellos y les explica la razón de la comparecencia.
En la declaración, el fiscal, entre otras cosas, pregunta a Méndez: "¿Sabe usted qué otros amigos de confianza tenÃa el señor Tomás Chávez Toala?" La respuesta: "Desconozco". Otra pregunta: "¿Puede indicar usted por qué el señor Chávez Toala dejó de ir a su oficina en el Congreso?" "Desconozco". "¿Puede usted señalar qué otras personas pueden colaborar con la presente investigación?" "No sé cuáles..."
Luego de dos horas de comparecencia, Luis Méndez, sin lograr ocultar su nerviosismo, lee la declaración, firma y se retira.
Los documentos son estudiados e incorporados en el extenso cuerpo legal.
Jorge Montero, de acuerdo con el análisis de las versiones, prepara una providencia y ordena nuevas comparecencias.
Dichas declaraciones hasta el momento suman 24, gran parte de las cuales representan numerosas hojas procesales llenas de respuestas similares al "no sé", "no he visto", "desconozco". (MAR)
* Denuncias en torno a una campaña de publicidad que no fue difundida
Otro de los escándalos registrados en el Ministerio de EconomÃa tiene que ver con la contratación de una campaña de publicidad para la promoción del programa de reestructuración de pasivos, la cual nunca se difundió.
Si bien el contrato firmado por $518 678, 84 no se cumplió, la Cartera de EconomÃa pagó a la empresa Tions S.A. $470 425, 98.
El contrato fue firmado por el entonces subsecretario Administrativo Galo Farfán Pacheco y por el representante legal de la empresa, Mariano Acosta, hermano de Carlos Acosta, ex asesor de Emanuel. La agente fiscal MarÃa Cerón está a cargo de la indagación previa en el caso. (MAR)
Se alista culminación de contrato con Tions
El Ministerio de EconomÃa se apresta a rescindir el contrato firmado con la empresa Tions S.A., mediante el cual el Estado pagó $518 678,34 por la difusión de la campaña de reestructuración de pasivos.
Dicho contrato nunca se realizó y, de acuerdo con las versiones del diputado azuayo Carlos González, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, quien investigó este caso, este compromiso está viciado de irregularidades.
De acuerdo con documentación entregada por el Ministerio de EconomÃa, no se celebró una escritura pública del contrato, por cuanto fue criterio de la entidad proceder de esa manera. Además, no se escogió un registro de proveedores, y fue discrecional la invitación a los potenciales oferentes.
El diputado Carlos González aclara además que no se encontraron evidencias de compromisos contraÃdos con medios de comunicación que hubieran garantizado la ejecución contractual.
El contrato suscrito por las partes señala en su texto el anticipo del pago, no obstante el Ministerio canceló la totalidad del servicio pactado.
"En esta ocasión, se apreció la inusual diligencia, agilidad y rapidez en los trámites de desembolso de los dineros para pagar este contrato", dice González.
Para el legislador, este es un contrato con un "escandaloso sobreprecio", ya que consultadas varias empresas publicistas, todas coinciden en que los montos solicitados para la difusión de la campaña fueron exagerados, asà como los costos pagados por la elaboración de los productos que iban a ser difundidos en esta campaña, lo cual fue motivo de otro contrato suscrito con Tions S.A., por el cual el Estado pagó $140 073,67.
Según la Comisión de Fiscalización, existe la presunción del delito de enriquecimiento ilÃcito y peculado, ya que aparte del sobreprecio, el beneficiado de este contrato fue el ex asesor del ministro Emanuel, Carlos Acosta Peralta, dueño de Tions S.A., quien ganaba $2 000 en la Cartera de EconomÃa. (ICO)
ANALISISAmenaza la impunidad
Hace un mes, la opinión pública fue impactada por las denuncias de una escandalosa corrupción con la tramitación de partidas especiales en el Ministerio de EconomÃa. Se habló entonces de una red que incluÃa a funcionarios de Gobierno, alcaldes, tramitadores, contratistas y diputados. Todos tenÃan su reparto de las coimas. Los sobreprecios de las obras llegaban al 38%.
La Comisión de Control CÃvico de la Corrupción (CCCC) y la Comisión de Fiscalización del Congreso asumieron investigaciones preprocesales. Se encontraron documentos con las firmas de alcaldes, autorizando la acción de tramitadores. Se hallaron cheques en blanco, al parecer, producto del reparto de las coimas. Y el caso fue abierto por la FiscalÃa el 19 de junio.
La ministra Mariana Yépez acudió al Ministerio de EconomÃa horas antes de que el Ministerio Público efectuara un homenaje al ex subsecretario Ramiro Espinosa, implicado en el caso, lo cual puso algunas dudas en torno al manejo que darÃa la FiscalÃa a las denuncias. En este contexto, el fiscal Jorge Montero, de la Unidad de Investigaciones Financieras, tomó el caso.
Por el despacho de Montero han desfilado 24 comparecientes, desde el ex ministro Emanuel hasta Luis Méndez, conserje del Congreso. Las 4 000 hojas que contienen los 38 cuerpos legales están llenas de preguntas sin respuestas precisas, de desviaciones y enredos. Después de 38 dÃas de proceso, queda la sensación de que no se ha avanzado, más allá de papeles y grabaciones. La FiscalÃa aún no ha emitido un dictamen acusatorio, mientras crece la preocupación de que el caso se diluya y, como manifiesta Ramiro Larrea, de la CCCC, se dé paso a la impunidad.
Mientras tanto, las denuncias continúan apareciendo. Una publicación en HOY sobre irregularidades en contratos publicitarios firmados por EconomÃa fue la base de la apertura de un proceso por parte de la fiscal MarÃa Cerón. Y en esta edición de BLANCO Y NEGRO, el diputado Carlos González presenta más denuncias relacionadas con supuestas ilegalidades en la compra de computadores, publicaciones de reportajes y viáticos. Hay mucho por investigar, pero más por resolver. (PM).
(BLANCO Y NEGRO 3 DE AGOSTO DE 2002)
En el proceso, que contiene 38 cuerpos legales, con 4 000 hojas, constan las declaraciones de los ministros de Vivienda, de Salud y de Obras Públicas, del ex ministro de EconomÃa, Carlos Julio Emanuel, del ex presidente del Conam, Ricardo Noboa, varios ex subsecretarios, funcionarios, un conserje del Congreso, una secretaria, cuatro diputados y dos alcaldes.
El caso se inició el 19 de junio de 2002, cuando la ministra fiscal Mariana Yépez dictó la indagación previa, tras las denuncias realizadas por el alcalde de Azogues, VÃctor Molina, sobre el supuesto cobro de coimas en EconomÃa para la entrega de asignaciones a diversos Municipios.
La instrucción fiscal comenzó ocho dÃas después, luego de que Carlos González, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, oficializó la denuncia en el caso y presentó varias carpetas con documentos.
La Unidad de Investigaciones Financieras del Ministerio Público, por medio del fiscal Montero, solicitó al Juzgado Cuarto de lo Penal de Pichincha la detención provisional de varias personas, dos de ellas: Ramiro Espinosa y Galo Farfán, ex subsecretarios del Ministerio de EconomÃa y Finanzas.
Pidió a la ContralorÃa informes sobre la legalidad de los contratos suscritos por los diferentes Ministerios con los organismos seccionales y solicitó, en los primeros dÃas de julio, al presidente de la República, Gustavo Noboa, un informe escrito con su versión sobre el caso, no obstante hasta la fecha no ha recibido respuesta del primer mandatario.
Quienes han rendido sus declaraciones en esta Unidad no han aportado mayores elementos a la investigación, y a pesar de que las comparecencias se han sucedido una tras otra, la justicia marcha a paso lento. (MAR)
ContralorÃa alista informe de convenios ministeriales
La próxima semana, la ContralorÃa General del Estado enviará a la FiscalÃa los informes sobre los contratos efectuados por las SecretarÃas de Salud, de Obras Públicas y de Vivienda con los Municipios, según conoció BLANCO Y NEGRO.
El organismo de control, además, dará a conocer a la FiscalÃa si los ex funcionarios de EconomÃa Ramiro Espinosa, Galo Farfán, Kléber Chica y Anabel Quintana presentaron la declaración de bienes al inicio de su gestión.
La instrucción fiscal dura 90 dÃas, luego de los cuales el fiscal Jorge Montero, de la Unidad de Investigaciones Financieras, deberá emitir un dictamen acusatorio o de abstención.
El plazo para la presentación de dicho dictamen vence el 27 de septiembre, no obstante ello podrÃa suceder semanas antes.
Ocurrido esto, el caso saldrá de la FiscalÃa y pasará a manos de la función Judicial, con lo que viene la denominada etapa intermedia.
Los documentos recopilados deben ser enviados al Juzgado Cuarto de lo Penal de Pichincha, y el dictamen se pone en conocimiento de las partes, particularmente del denunciante, para ver si presenta o no una acusación.
Se señala dÃa y hora para una audiencia preliminar, los fundamentos del dictamen son discutidos y 24 horas después de terminada la audiencia, el juez debe dictar un auto resolutorio, ya sea llamando a juicio o dictando sobreseimiento.
Al momento, la instrucción se ha extendido a los organismos seccionales.
Los distritos de Guayas, ManabÃ, Los RÃos, El Oro y SucumbÃos deben investigar las contrataciones municipales. (MAR)
"Entes de control han actuado sin dinamismo"
La Comisión de Control CÃvico de la Corrupción (CCCC) considera que los organismos del Estado que investigan el mal manejo de partidas "no han actuado con el dinamismo y la radicalidad que el caso amerita... pues las medidas judiciales dictadas en contra de los principales involucrados son muy tenues y con ello se abre paso a la impunidad".
Ramiro Larrea, titular de la CCCC, señala que no es posible que la Comisión de Excusas y Calificaciones del Congreso haya dejado de lado "nuestra recomendación de investigar la posible vinculación de algunos diputados en este caso y que con ello se permita eludir responsabilidades". (PACH)
Evaluación negativa de la ciudadanÃa
Luego de conocidas las denuncias del trámite ilegal de las asignaciones especiales para varios Municipios por parte de ex funcionarios del Ministerio de EconomÃa, la percepción de la ciudadanÃa sobre la investigación de los entes de control no es positiva.
Según una encuesta realizada por la empresa Market, un 8,13% de los encuestados en Pichincha y Guayas consideran como "excelente" la gestión de la Comisión de Control CÃvico de la Corrupción (CCCC).
Entre tanto, el 55% de las personas consultadas considera que el trabajo desarrollado por el Congreso Nacional en el caso de las partidas especiales ha sido "pésimo". (NCC)
¿DONDE ESTAN?
Carlos Julio Emanuel
El ex ministro de EconomÃa, Carlos Julio Emanuel, salió del paÃs el pasado jueves rumbo a Panamá. En su declaración ante la FiscalÃa dijo que autorizó cambios en las asignaciones presupuestarias, lo cual no es un delito, y que no conoció nada sobre el pago de coimas para la entrega de dichas partidas. No obstante, las denuncias de Carlos González e Iván Ojeda lo involucran en el caso.
Kléber Chica
Otro de los implicados en la supuesta red de corrupción que operaba en la Cartera de EconomÃa es Kléber Chica, ex coordinador de dicho Ministerio. El alcalde de Azogues señaló haber recibido, en nombre de Chica varias llamadas telefónicas, pidiendo dinero para agilizar el trámite de los recursos para los organismos seccionales. Se desconoce su paradero.
Tomás Chávez Toala
Tomás Chávez Toala, funcionario del Departamento JurÃdico del Congreso Nacional, se encuentra prófugo de la justicia. La FiscalÃa solicitó una orden de captura al Juzgado Cuarto de lo Penal de Pichincha, debido a que se encontraron varias carpetas con documentos y cheques firmados por contratistas para el pago de coimas en la tramitación de contratos con Municipios, que lo implicaban en el caso.
Iván Ojeda
El abogado Iván Ojeda será llamado los próximos dÃas a la Unidad de Investigaciones Financieras del Ministerio Público para que rinda una versión sin juramento en el caso de la tramitación ilegal de las partidas.
Ojeda fue acusado por el diputado Carlos González de ser quien cobraba los cheques protestados de las coimas.
Al momento se desconoce su paradero.
Emanuel gasta $169 554 en viajes al exterior
En ocho meses, el ex ministro salió del paÃs por 13 ocasiones
Desde el 29 de octubre de 2001 hasta el 12 de junio de 2002 el ex ministro de EconomÃa, Carlos Julio Emanuel y sus asesores gastaron $169 554,39 en pasajes y viáticos para viajes al exterior.
En ocho meses, Emanuel viajó 13 veces a paÃses como Venezuela, EEUU, Canadá, Bolivia, Brasil, México, Perú, Inglaterra, España y Rusia, y recibió $27 241,97 por concepto de pasajes y $29 100 por viáticos.
Después de Emanuel, los funcionarios que más viajes realizaron fueron Héctor Solórzano, secretario particular del ministro; Julio Ponce Arteta, subsecreatrio general de EconomÃa; Jorge Morán Centeno, subsecretario general de Finanzas; y los asesores de Emanuel, Bruno Faidutti y Luis Loria Rojas, según documentos del Ministerio. (ICO)
Se compraron computadores con fallas técnicas
Otro de los contratos que se preparaba durante la administración de Carlos Julio Emanuel en el Ministerio de EconomÃa, tiene que ver con la renovación de 185 computadores para varias dependencias de esa Cartera.
Según el diputado Carlos González, la adquisición de estos computadores se empezó a realizar a través de una subdivisión de contratos, es decir se compraron de tres en tres, de cinco en cinco, con el fin de evadir el cumplimiento del proceso precontractual previsto en el artÃculo 64 de la Ley de Contratación Pública, que prohÃbe la subdivisión de contratos.
"De esta manera se evitó realizar una licitación pública, sorteando la posibilidad de que el proceso sea controlado", expresó González, quien al momento lleva a cabo la investigación de este caso en la Comisión de Fiscalización del Congreso.
Según la documentación que el organismo legislativo recibió del Ministerio de EconomÃa, hasta el momento se han comprado 29 computadoras a las empesas Malcom GarcÃa y Narváez Computación Cia. Ltda (18), Preserpi Cia. Ltda (6) y Acros (5).
Por estos artefactos el Estado ecuatoriano pagó $45 917,80, no obstante al momento, de los 29 ordenadores que se encuentran en varias dependencias del Ministerio de EconomÃa, 23 de ellos tienen fallas de funcionamiento y están en proceso de devolución, de acuerdo con documentos del departamento de Recursos Materiales y Seguridad de dicha Cartera de Estado.
Según informaciones recopiladas por los funcionarios de la Comisión de Fiscalización, los empleados del Ministerio, Geovany Maldonado y Ricardo Rivera Fierro, quienes participaron en el proceso de adquisición de las computadoras, han sido separados de dicha Cartera. En los próximos dÃas la Comisión presentará un informe sobre este tema. (ICO)
EconomÃa adelantó $30 000 por "compromiso"
El 28 de mayo de 2002, el Ministerio de EconomÃa pagó $30 000 a la empresa Towmar International Ltda. en anticipo de un contrato de $150 000 para una publicación en la revista inglesa Euromoney Magazzine, que nunca se realizó.
El acuerdo consistÃa en publicar 16 páginas con un reportaje sobre Ecuador, editoriales del Ministerio y una "invitación" al ex ministro Emanuel para participar en el "Borrowers Investors Forum", que se llevó a cabo en Londres del 18 al 20 de junio. El pago se efectuó sin haber un contrato de por medio, por lo cual las autoridades del Ministerio actualmente solicitan la devolución de esos dineros. (ICO)
LOS OTROS CASOS
* Presunta contratación de empresas fantasmas de fumigación para el Litoral
El Ministerio de EconomÃa entregó $8 millones al de Salud para cubrir emergencias sanitarias declaradas en varios cantones del Litoral. No obstante, el Ministerio de Salud habrÃa contratado empresas fantasmas de fumigación para combatir el dengue y la malaria.
Eso se desprende de la denuncia presentada por Carlos González, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso.
Más aún, Salud habrÃa pagado por trabajos no realizados.
Para aclarar el caso, la FiscalÃa inició el proceso de indagación previa, que está a cargo de MarÃa Cerón, fiscal de la Unidad de Investigaciones Financieras. (MAR)
"No sé nada, no conozco a tramitadores"
Es el 23 de julio. Faltan 10 minutos para las 14:00, el fiscal Jorge Montero llega a su oficina en la Unidad de Investigaciones Financieras del Ministerio Público, enciende su computador, revisa varios cuerpos legales y arregla las dos sillas destinadas para quienes comparecerán ante él.
Minutos después acude a su despacho, ubicado en el séptimo piso de la Superintendencia de Bancos, en Quito, Luis Alberto Méndez Cadena, ex conserje del Congreso Nacional, citado para que responda por qué se encontraron en su poder carpetas llenas de documentos y cheques en blanco pertenecientes a Tomás Chávez Toala, ex funcionario de la Dirección JurÃdica del Parlamento, quien confesó a la prensa que por 13 años ha tramitado partidas para varios Municipios.
Dos abogados acompañan a Luis Alberto Méndez. Montero dialoga con ellos y les explica la razón de la comparecencia.
En la declaración, el fiscal, entre otras cosas, pregunta a Méndez: "¿Sabe usted qué otros amigos de confianza tenÃa el señor Tomás Chávez Toala?" La respuesta: "Desconozco". Otra pregunta: "¿Puede indicar usted por qué el señor Chávez Toala dejó de ir a su oficina en el Congreso?" "Desconozco". "¿Puede usted señalar qué otras personas pueden colaborar con la presente investigación?" "No sé cuáles..."
Luego de dos horas de comparecencia, Luis Méndez, sin lograr ocultar su nerviosismo, lee la declaración, firma y se retira.
Los documentos son estudiados e incorporados en el extenso cuerpo legal.
Jorge Montero, de acuerdo con el análisis de las versiones, prepara una providencia y ordena nuevas comparecencias.
Dichas declaraciones hasta el momento suman 24, gran parte de las cuales representan numerosas hojas procesales llenas de respuestas similares al "no sé", "no he visto", "desconozco". (MAR)
* Denuncias en torno a una campaña de publicidad que no fue difundida
Otro de los escándalos registrados en el Ministerio de EconomÃa tiene que ver con la contratación de una campaña de publicidad para la promoción del programa de reestructuración de pasivos, la cual nunca se difundió.
Si bien el contrato firmado por $518 678, 84 no se cumplió, la Cartera de EconomÃa pagó a la empresa Tions S.A. $470 425, 98.
El contrato fue firmado por el entonces subsecretario Administrativo Galo Farfán Pacheco y por el representante legal de la empresa, Mariano Acosta, hermano de Carlos Acosta, ex asesor de Emanuel. La agente fiscal MarÃa Cerón está a cargo de la indagación previa en el caso. (MAR)
Se alista culminación de contrato con Tions
El Ministerio de EconomÃa se apresta a rescindir el contrato firmado con la empresa Tions S.A., mediante el cual el Estado pagó $518 678,34 por la difusión de la campaña de reestructuración de pasivos.
Dicho contrato nunca se realizó y, de acuerdo con las versiones del diputado azuayo Carlos González, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, quien investigó este caso, este compromiso está viciado de irregularidades.
De acuerdo con documentación entregada por el Ministerio de EconomÃa, no se celebró una escritura pública del contrato, por cuanto fue criterio de la entidad proceder de esa manera. Además, no se escogió un registro de proveedores, y fue discrecional la invitación a los potenciales oferentes.
El diputado Carlos González aclara además que no se encontraron evidencias de compromisos contraÃdos con medios de comunicación que hubieran garantizado la ejecución contractual.
El contrato suscrito por las partes señala en su texto el anticipo del pago, no obstante el Ministerio canceló la totalidad del servicio pactado.
"En esta ocasión, se apreció la inusual diligencia, agilidad y rapidez en los trámites de desembolso de los dineros para pagar este contrato", dice González.
Para el legislador, este es un contrato con un "escandaloso sobreprecio", ya que consultadas varias empresas publicistas, todas coinciden en que los montos solicitados para la difusión de la campaña fueron exagerados, asà como los costos pagados por la elaboración de los productos que iban a ser difundidos en esta campaña, lo cual fue motivo de otro contrato suscrito con Tions S.A., por el cual el Estado pagó $140 073,67.
Según la Comisión de Fiscalización, existe la presunción del delito de enriquecimiento ilÃcito y peculado, ya que aparte del sobreprecio, el beneficiado de este contrato fue el ex asesor del ministro Emanuel, Carlos Acosta Peralta, dueño de Tions S.A., quien ganaba $2 000 en la Cartera de EconomÃa. (ICO)
ANALISISAmenaza la impunidad
Hace un mes, la opinión pública fue impactada por las denuncias de una escandalosa corrupción con la tramitación de partidas especiales en el Ministerio de EconomÃa. Se habló entonces de una red que incluÃa a funcionarios de Gobierno, alcaldes, tramitadores, contratistas y diputados. Todos tenÃan su reparto de las coimas. Los sobreprecios de las obras llegaban al 38%.
La Comisión de Control CÃvico de la Corrupción (CCCC) y la Comisión de Fiscalización del Congreso asumieron investigaciones preprocesales. Se encontraron documentos con las firmas de alcaldes, autorizando la acción de tramitadores. Se hallaron cheques en blanco, al parecer, producto del reparto de las coimas. Y el caso fue abierto por la FiscalÃa el 19 de junio.
La ministra Mariana Yépez acudió al Ministerio de EconomÃa horas antes de que el Ministerio Público efectuara un homenaje al ex subsecretario Ramiro Espinosa, implicado en el caso, lo cual puso algunas dudas en torno al manejo que darÃa la FiscalÃa a las denuncias. En este contexto, el fiscal Jorge Montero, de la Unidad de Investigaciones Financieras, tomó el caso.
Por el despacho de Montero han desfilado 24 comparecientes, desde el ex ministro Emanuel hasta Luis Méndez, conserje del Congreso. Las 4 000 hojas que contienen los 38 cuerpos legales están llenas de preguntas sin respuestas precisas, de desviaciones y enredos. Después de 38 dÃas de proceso, queda la sensación de que no se ha avanzado, más allá de papeles y grabaciones. La FiscalÃa aún no ha emitido un dictamen acusatorio, mientras crece la preocupación de que el caso se diluya y, como manifiesta Ramiro Larrea, de la CCCC, se dé paso a la impunidad.
Mientras tanto, las denuncias continúan apareciendo. Una publicación en HOY sobre irregularidades en contratos publicitarios firmados por EconomÃa fue la base de la apertura de un proceso por parte de la fiscal MarÃa Cerón. Y en esta edición de BLANCO Y NEGRO, el diputado Carlos González presenta más denuncias relacionadas con supuestas ilegalidades en la compra de computadores, publicaciones de reportajes y viáticos. Hay mucho por investigar, pero más por resolver. (PM).
(BLANCO Y NEGRO 3 DE AGOSTO DE 2002)
Más en el