Quito. 23 abr 2001. El escenario es calamitoso. Las puertas de los
juzgados del paÃs continúan cerradas y no existe idea de cuántos juicios
están paralizados. De un lado, el Consejo Nacional de la Judicatura
aplica unas tasas judiciales y luego tiene que dar marcha atrás por la
presión de los colegios de abogados.
De otra parte, los trabajadores judiciales acusan a los directivos del
Colegio de Abogados de Quito de utilizar la coyuntura para la realización
de una campaña electoral. En este marco, y mientras un grupo de
simpatizantes de Abdalá Bucaram efectuaba el viernes anterior una
manifestación frente al edificio vacÃo de la Corte Suprema, el titular
del Poder Judicial, Galo Pico Mantilla, esboza las alternativas que
estudia el organismo para dar un respiro a la justicia. (PM)
¿El Consejo de la Judicatura realizó estudios suficientes para sostener
su decisión de aumentar las tasas judiciales, y no tener que dar marcha
atrás?
La actividad judicial es un servicio público, pero hay que racionalizarlo
y poner condiciones para los trámites. Ello fue lo que se quiso con las
tasas judiciales. Sin embargo, el Consejo de la Judicatura, una vez
aplicadas las tasas, encontró que deberÃa atender las inquietudes sobre
el tema y revisar en algunos casos los incrementos, como el que grava los
certificados penales que se deben pedir en cada juzgado, pues se llegó a
reconocer que el requerir 15 ó 17 certificados iba a ser muy oneroso para
personas de escasos recursos económicos.
¿Se trata del reconocimiento de un error o del retroceso ante las
presiones que han ejercido los abogados?
Efectivamente, el Consejo cometió un error, y unas tasas alzó de manera
exagerada, mientras que otras lo hizo en menor grado. El hecho de revisar
no creo que sea negativo. Es un acto humano de reconocer un error.
Abogados y burócratas han coincidido en una paralización, que ha estado
llena de amenazas contra las autoridades del Poder Judicial, incluso se
pide la renuncia de los vocales del Consejo de la Judicatura...
La justicia está ofendida, está atacada, ya no solo por los sectores
extraños a la administración de justicia, sino por los propios abogados y
funcionarios que tienen que litigar en la justicia. La renuncia de los
vocales no está en discusión. Nosotros no intervinimos, por ejemplo, en
los aranceles y derechos que cobran los abogados, pues el Consejo de la
Judicatura busca establecer tasas a los servicios.
En este punto, las quejas por la corrupción en el sistema son
infinitas... Lo ideal serÃa que este servicio público sea tan
transparente que el usuario del sistema pague x cantidad por el trámite,
y x cantidad por los honorarios, que sepa que un trámite le cuesta tanto
y que el honorario le cuesta tanto, que sea público y establecido todo.
Pero esas son ideas que deben aplicarse a través de leyes, cuya
expedición no está en nuestra competencia.
¿Qué hacen las autoridades de la Corte Suprema para sancionar las
irregularidades que se han encontrado?
El primer responsable es el que paga por una coima.
El usuario muchas veces está desprotegido frente al sistema...
El usuario, que es vÃctima de la corrupción, tiene que acudir a las
autoridades correspondientes, pero debe presentar una queja fundamentada
y aceptar con su firma las responsabilidades. Las quejas contra los
abogados deben resolverlas cada uno de los colegios de abogados, aunque
la Comisión de Recursos Humanos de la Judicatura también está trabajando
en esa área.
¿Quiere decir que los abogados actúan como jueces y parte?
El trámite es bastante largo, e irónicamente para seguirse una acción
contra un abogado se tiene que buscar a otro abogado, y luego obtenerse
un informe de la Comisión de Quejas de la Corte Suprema, que ya no
existe, pues ahora hay una Comisión de Quejas del Consejo de la
Judicatura, por lo que allà hay un tema reglamentario que está pendiente.
Entonces, es un cÃrculo vicioso...
Exactamente. Pero de allà que uno de los objetivos de las tasas
judiciales es que el usuario sepa cuánto vale un servicio y no sea
engañado.
En materia presupuestaria, además del tema salarios, el Poder Judicial se
debate en una profunda crisis. ¿Más allá de insistir en las demandas
económicas al Gobierno, y de la aplicación de tasas, se ha pensado en
otros mecanismos de autogestión?.
Del presupuesto destinado a la Función Judicial no podemos destinar para
infraestructura fÃsica y gastos de inversión prácticamente nada. El
ministro de Finanzas se ha comprometido a dialogar para que el próximo
año exista un presupuesto de inversiones. Pero existen proyectos de la
Corte para viabilizar, sea la participación porcentual determinada en el
presupuesto del Estado, mediante la incorporación de una norma
constitucional, o sea la creación de un impuesto para que únicamente
alimente las rentas de la función judicial. Estamos estudiando a qué
sector se cobrarÃa este impuesto, pues no podemos dejar de desconocer que
el problema de la economÃa del paÃs es muy crÃtico. En todo caso será el
Congreso quien decida si acoge nuestra propuesta.
Mientras tanto las presiones polÃticas no faltan. Por ejemplo, los
dirigentes del Partido Roldosista Ecuatoriano insisten en la
reorganización de las cortes y están prestos para presionar por el
retorno de Abdalá Bucaram...
Los magistrados tenemos que mantenernos serenos, imparciales, probos, y
dejar que la polÃtica ocupe el propio andarivel que le corresponde. AquÃ
no hay partidos polÃticos, otra cosa es que se quiere que existan
partidos, aunque pueden las personas como seres humanos tener sus
orientaciones polÃticas
¿La influencia o la presión polÃtica incidirán en sus decisiones?
Aquà no hay partidismo, ni influencia, ni presión de ninguna naturaleza.
La ficha
Galo Pico Mantilla, ambeteño, de 63 años de edad, fue designado
presidente de la Corte Suprema de Justicia el 13 de enero de 2000, para
un perÃodo de dos años.
Pico tiene una amplia experiencia en el sector público, pues además de
haber sido diputado durante cinco ocasiones, entre 1958 y 1984, en
representación del Partido Conservador, ha pasado por el Servicio
Exterior, el Banco Interamericano de Desarrollo y laCorte Internacional
de Justicia. (PM) (Diario Hoy)
juzgados del paÃs continúan cerradas y no existe idea de cuántos juicios
están paralizados. De un lado, el Consejo Nacional de la Judicatura
aplica unas tasas judiciales y luego tiene que dar marcha atrás por la
presión de los colegios de abogados.
De otra parte, los trabajadores judiciales acusan a los directivos del
Colegio de Abogados de Quito de utilizar la coyuntura para la realización
de una campaña electoral. En este marco, y mientras un grupo de
simpatizantes de Abdalá Bucaram efectuaba el viernes anterior una
manifestación frente al edificio vacÃo de la Corte Suprema, el titular
del Poder Judicial, Galo Pico Mantilla, esboza las alternativas que
estudia el organismo para dar un respiro a la justicia. (PM)
¿El Consejo de la Judicatura realizó estudios suficientes para sostener
su decisión de aumentar las tasas judiciales, y no tener que dar marcha
atrás?
La actividad judicial es un servicio público, pero hay que racionalizarlo
y poner condiciones para los trámites. Ello fue lo que se quiso con las
tasas judiciales. Sin embargo, el Consejo de la Judicatura, una vez
aplicadas las tasas, encontró que deberÃa atender las inquietudes sobre
el tema y revisar en algunos casos los incrementos, como el que grava los
certificados penales que se deben pedir en cada juzgado, pues se llegó a
reconocer que el requerir 15 ó 17 certificados iba a ser muy oneroso para
personas de escasos recursos económicos.
¿Se trata del reconocimiento de un error o del retroceso ante las
presiones que han ejercido los abogados?
Efectivamente, el Consejo cometió un error, y unas tasas alzó de manera
exagerada, mientras que otras lo hizo en menor grado. El hecho de revisar
no creo que sea negativo. Es un acto humano de reconocer un error.
Abogados y burócratas han coincidido en una paralización, que ha estado
llena de amenazas contra las autoridades del Poder Judicial, incluso se
pide la renuncia de los vocales del Consejo de la Judicatura...
La justicia está ofendida, está atacada, ya no solo por los sectores
extraños a la administración de justicia, sino por los propios abogados y
funcionarios que tienen que litigar en la justicia. La renuncia de los
vocales no está en discusión. Nosotros no intervinimos, por ejemplo, en
los aranceles y derechos que cobran los abogados, pues el Consejo de la
Judicatura busca establecer tasas a los servicios.
En este punto, las quejas por la corrupción en el sistema son
infinitas... Lo ideal serÃa que este servicio público sea tan
transparente que el usuario del sistema pague x cantidad por el trámite,
y x cantidad por los honorarios, que sepa que un trámite le cuesta tanto
y que el honorario le cuesta tanto, que sea público y establecido todo.
Pero esas son ideas que deben aplicarse a través de leyes, cuya
expedición no está en nuestra competencia.
¿Qué hacen las autoridades de la Corte Suprema para sancionar las
irregularidades que se han encontrado?
El primer responsable es el que paga por una coima.
El usuario muchas veces está desprotegido frente al sistema...
El usuario, que es vÃctima de la corrupción, tiene que acudir a las
autoridades correspondientes, pero debe presentar una queja fundamentada
y aceptar con su firma las responsabilidades. Las quejas contra los
abogados deben resolverlas cada uno de los colegios de abogados, aunque
la Comisión de Recursos Humanos de la Judicatura también está trabajando
en esa área.
¿Quiere decir que los abogados actúan como jueces y parte?
El trámite es bastante largo, e irónicamente para seguirse una acción
contra un abogado se tiene que buscar a otro abogado, y luego obtenerse
un informe de la Comisión de Quejas de la Corte Suprema, que ya no
existe, pues ahora hay una Comisión de Quejas del Consejo de la
Judicatura, por lo que allà hay un tema reglamentario que está pendiente.
Entonces, es un cÃrculo vicioso...
Exactamente. Pero de allà que uno de los objetivos de las tasas
judiciales es que el usuario sepa cuánto vale un servicio y no sea
engañado.
En materia presupuestaria, además del tema salarios, el Poder Judicial se
debate en una profunda crisis. ¿Más allá de insistir en las demandas
económicas al Gobierno, y de la aplicación de tasas, se ha pensado en
otros mecanismos de autogestión?.
Del presupuesto destinado a la Función Judicial no podemos destinar para
infraestructura fÃsica y gastos de inversión prácticamente nada. El
ministro de Finanzas se ha comprometido a dialogar para que el próximo
año exista un presupuesto de inversiones. Pero existen proyectos de la
Corte para viabilizar, sea la participación porcentual determinada en el
presupuesto del Estado, mediante la incorporación de una norma
constitucional, o sea la creación de un impuesto para que únicamente
alimente las rentas de la función judicial. Estamos estudiando a qué
sector se cobrarÃa este impuesto, pues no podemos dejar de desconocer que
el problema de la economÃa del paÃs es muy crÃtico. En todo caso será el
Congreso quien decida si acoge nuestra propuesta.
Mientras tanto las presiones polÃticas no faltan. Por ejemplo, los
dirigentes del Partido Roldosista Ecuatoriano insisten en la
reorganización de las cortes y están prestos para presionar por el
retorno de Abdalá Bucaram...
Los magistrados tenemos que mantenernos serenos, imparciales, probos, y
dejar que la polÃtica ocupe el propio andarivel que le corresponde. AquÃ
no hay partidos polÃticos, otra cosa es que se quiere que existan
partidos, aunque pueden las personas como seres humanos tener sus
orientaciones polÃticas
¿La influencia o la presión polÃtica incidirán en sus decisiones?
Aquà no hay partidismo, ni influencia, ni presión de ninguna naturaleza.
La ficha
Galo Pico Mantilla, ambeteño, de 63 años de edad, fue designado
presidente de la Corte Suprema de Justicia el 13 de enero de 2000, para
un perÃodo de dos años.
Pico tiene una amplia experiencia en el sector público, pues además de
haber sido diputado durante cinco ocasiones, entre 1958 y 1984, en
representación del Partido Conservador, ha pasado por el Servicio
Exterior, el Banco Interamericano de Desarrollo y laCorte Internacional
de Justicia. (PM) (Diario Hoy)
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