LA DEUDA DEL CONGRESO NACIONAL

Además de la designación del nuevo defensor del Pueblo, cuyo titular subrogante, Claudio Mueckay, se encuentra en funciones prorrogadas desde septiembre del año anterior, el Congreso le debe al país la presentación de tres candidatos para ocupar la Contraloría General del Estado. Desde que los partidos Social Cristiano y Sociedad Patriótica decidieron abstenerse de participar en ese proceso, se perdieron los 67 votos mínimos que exige la Constitución para aprobar la terna que deberá ser presentada al Ejecutivo

Empezando por el contralor general del Estado en funciones prorrogadas, Genaro Peña Ugalde, los principales directivos de la entidad se mantienen en los cargos desde hace más de cinco años y no se sabe por cuánto tiempo seguirán allí, debido a que los 100 diputados del Congreso, que representan a una docena de partidos y movimientos políticos, así como los autodenominados independientes, no han sido capaces de juntar un mínimo de 67 votos para elaborar la terna de la que el presidente de la República deberá escoger al nuevo contralor.
El 31 de enero de 2003 terminó el período para el que fue designado Alfredo Corral Borrero, en cuya nominación se aplicó por primera vez la actual Constitución, que obliga al Congreso a presentar la terna, pues hasta antes de 1998 el contralor era elegido por el Legislativo, de una terna que enviaba el Ejecutivo.
Tras la salida de Corral, el subcontralor Peña asumió la titularidad hasta ser legalmente reemplazado y mantiene a casi todos los altos cargos de la etapa anterior: René Cordero Jaramillo (actual subcontralor), Luis Veintimilla Palacios (director de Contratación Pública), Eduardo Muñoz Vega (director Jurídico), entre otros funcionarios. Lo mismo en las delegaciones provinciales y regionales de la Contraloría.
Con el entusiasmo de la mayoría alcanzada el 5 de enero de 2003, que permitió a la Izquierda Democrática (ID) alzarse con la Presidencia del Congreso y a la Democracia Popular (DP) con la primera Vicepresidencia, con el auspicio del Partido Social Cristiano (PSC), Partido Renovador Institucional Acción Nacional (Prian) y Socialismo (PSE), los diputados se aprestaban a integrar la terna para contralor.
En un primer momento se habían repartido el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y las presidencias y vicepresidencias de las Comisiones Legislativas, por lo que casi había un consenso para colocar a Alfredo Corral en el primer lugar de la terna; Gabriel Ruiz (ex diputado de la ID), en el segundo, y Fernando Castro (apoyado por Pachakutik y Sociedad Patriótica), en el tercero. A estos últimos se les había ofrecido la segunda Vicepresidencia a cambio de los votos que permitirían alcanzar las dos terceras partes requeridas.
Todo parecía ir bien hasta que se destapó el perjuicio por $1 400 000 al Fondo Privado de Jubilación Patronal de la Contraloría, en el que está implicado Luis Muñoz Llerena (actualmente prófugo), amigo de Corral de muchos años y su delegado en la Presidencia del Fondo. Esto hizo que el PSC, su principal impulsador, le retirara el apoyo dado públicamente.
En eso se conformó una nueva mayoría que dejó por fuera a la ID, en la que Sociedad Patriótica, Pachakutik, PSC y DP, entre otros, se repartieron el Tribunal Constitucional (TC). Al PSC le correspondieron cuatro de nueve vocalías. También eligieron superintendentes de Bancos, Compañías y Telecomunicaciones.
A pesar de ello, la ID formó parte de otro acuerdo, que proponía el primer lugar para Fernando Castro, un funcionario de carrera de la Contraloría, cuya candidatura se desinfló cuando una empleada del diputado socialcristiano Luis Almeida repartió los currículos del potencial contralor a los periodistas y se descubrió que había ofrecido a varios bloques legislativos nombramientos en delegaciones provinciales y regionales de la Contraloría, y que supuestamente había ejercido la defensa de algunos personajes que habían sido glosados por esa entidad. A todo eso, el diputado Carlos González (ID) denunció presuntas vinculaciones de Castro con el Gobierno.
Tras estos sucesos, el 30 de mayo de 2003, el jefe de bloque del PSC, Pascual del Cioppo, anunció que en adelante su partido no participaría en la integración de la terna, pues los candidatos de su preferencia habían sido desestimados en dos ocasiones. Poco después, el jefe de bloque de Sociedad Patriótica (SP), Gilmar Gutiérrez, se adhería a esa posición. Los independientes lo secundaron.
De esta forma se retiraron del juego 40 diputados (24 del PSC, 11 independientes y cinco de SP), de modo que se hizo imposible conseguir 67 votos. Es que esos sectores eran "vitales" si es que el Congreso quería elegir contralor sin la participación de los 15 diputados del PRE, que no apoyaban ninguna terna que no incluyera a sus candidatos: Fernando Rosero, contralor en el Gobierno de Abdalá Bucaram, y el actual legislador Ernesto Valle.
Desde entonces, el tema bajó de perfil, aunque para el 13 de septiembre el titular de la Legislatura, Guillermo Landázuri, tras convocar a los jefes de bloque a varios desayunos de trabajo (algunos ni siquiera asistían), logró configurar un listado de 22 nombres de precandidatos para desde allí llegar al consenso.
Este "tácito" acuerdo entre el socialcristianismo y el gutierrismo para no involucrarse en la integración de la terna es interpretado por los otros sectores como un triunfo de los primeros que cerraría un círculo de entidades y funciones afines a sus intereses como el TC, Defensoría del Pueblo, Corte Suprema de Justicia, Procuraduría, entre las más visibles.
Los jefes de bloque de Pachakutik y del Socialismo, Antonio Posso y Segundo Serrano, incluso, sostienen que al PSC no le conviene que la Contraloría revele posibles actos de corrupción en que habrían incurrido sus autoridades seccionales. (AA)

LOS CONTRALORES DE LA NUEVA DEMOCRACIA

Durante los últimos 24 años, el país ha tenido 10 contralores generales. Ocho de ellos fueron designados por el Congreso Nacional desde una terna elaborada por el Ejecutivo

Hugo Ordóñez 1979-1984

Estuvo al frente de la Contraloría durante los Gobiernos de Jaime Roldós Aguilera y de Osvaldo Hurtado Larrea.

Marcelo Merlo 1984-1988

Fue designado contralor durante la administración de León Febres Cordero. Desempeñó el cargo los cuatro años de ese Gobierno.

Oswaldo Molestina 1988-1990

Militante de la Izquierda Democrática (ID), fue contralor durante los dos primeros años del Gobierno de Rodrigo Borja Cevallos.

Germán Carrión 1990-1991

Fue designado por el Congreso tras la renuncia de Molestina, quien fue nombrado
gobernador del Guayas por el presidente.

Héctor Rodríguez 1991-1992

Miembro activo de la ID, fue el último contralor de la época de Borja. A diferencia de ese Gobierno, los contralores han durado cuatro años.

Juan Carlos Faidutti 1992-1996

Estuvo en el cargo durante la época de Sixto Durán Ballén. Dio fe sobre los gastos reservados que manejó Alberto Dahik.

Fernando Rosero 1996-1997

Militante del PRE, fue el primero de la terna presentada al Congreso por Abdalá Bucaram. Igual que él, duró pocos meses.

Benjamín Terán 1997-1998

Fue el contralor del interinato de Fabián Alarcón Rivera. Su designación respondió a la mayoría legislativa que nombró al presidente.

Alfredo Corral 1998-2003

Designado con la nueva Constitución, que obliga al Congreso a elaborar la terna para que desde allí escoja el Ejecutivo.

Genaro Peña 2003-?

Subcontralor de Alfredo Corral. El 1º de febrero de 2003 asumió la titularidad y estará en el cargo hasta ser legalmente reemplazado.

"El Gobierno es responsable del bloqueo para integrar la terna"

Acuerdo sería viable con el apoyo de Sociedad Patriótica, que controla independientes

Según Ramiro Rivera, primer vicepresidente del Congreso, el bloqueo proviene del Gobierno, que hizo suya la posición del PSC de no participar en la nominación de la terna, por lo que acusa al presidente Lucio Gutiérrez de haber "archivado su discurso de luchar contra la corrupción", debido a que le convendría "mantener un contralor controlado" para tapar actos de corrupción de la gente del Gobierno.
El socialista Segundo Serrano refuerza esta tesis al señalar que el régimen se ha "acomodado" con el actual contralor, porque en caso de que Sociedad Patriótica se interesara por el tema, no harían falta los votos del PSC para reunir 67 voluntades.
En la misma línea se pronuncia Mario Touma, jefe de bloque del PRE, quien asegura que la Contraloría no ha sancionado supuestas irregularidades cometidas en los cabildos y prefecturas socialcristianos. Antonio Posso (Pachakutik) menciona, entre los entes que no serían controlados, a la Fundación Malecón 2000, mientras Luis Villacís (MPD) añade que el actual contralor "tapa los actos de corrupción en los que están involucrados los municipios socialcristianos".
Alfredo Serrano (PSC) niega tajantemente las acusaciones, pero reitera que su partido no participará en la integración de la terna y acusa de falta de liderazgo al presidente del Congreso, Guillermo Landázuri, por no obtener el consenso necesario para elaborar la terna. (AA)

AGD y Junta de Recursos Hidráulicos, exámenes impulsados desde los políticos

Genaro Peña, contralor subrogante, anunció, ayer, que la próxima semana estará listo el borrador del informe sobre la gestión de Wilma Salgado en la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) y dentro de 15 días hará público el definitivo.
Esto responde al pedido del presidente Lucio Gutiérrez, que el pasado 15 de septiembre solicitó investigar supuestas violaciones de trámite en el proceso coactivo, denunciadas por la diputada roldosista María Augusta Rivas y por el actual secretario de la Presidencia, Carlos Pólit.
Ella no ha descartado que esta "persecución" esté impulsada por ex accionistas de los bancos quebrados para sacarla del cargo y así evitar que la AGD les obligue a pagar millonarias cuentas pendientes.
En tanto, el ex diputado del PSC, Luis Gencón Cedeño, contralor regional de Manabí, no encontró los indicios de peculado determinados por la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC), en contra de José Tapia Medranda y Ramón Loor Acosta, asesores parlamentarios de Simón Bustamante y de Clemente Vásquez, actuales legisladores de ese partido, por haberse beneficiado con contratos que suman $1 724 245 de la Junta de Recursos Hidráulicos de Jipijapa.
Ellos y otros cuatro proveedores de maquinaria obtuvieron contratos que dan un total de $4 019 174, por alquiler de maquinaria que no tenían. El denunciante, Carlos Guevara, está prófugo, pues tres jueces lo condenaron por denuncias injuriosas. Lo mismo dijo la Fiscalía de Manabí. (AA)

PUNTO DE VISTA

De la viveza criolla a una negligencia que daña la imagen del país

Quienes observan desde el exterior el desenvolvimiento del Ecuador no deben salir de su asombro. Un país en el que la lucha contra la corrupción es un grito que se escucha en todos los escenarios no ha podido, durante un año, organizar su estructura constitucional para que las investigaciones del manejo de los dineros del Estado tengan el curso que dicta la normatividad.
Y no se trata de poner en duda el trabajo del contralor subrogante. No. De lo que se trata es de que las argucias a las que han apelado los diputados para bloquear la designación de la máxima autoridad de control muestra un cinismo, no exento de audacia, que termina siendo una burla al país.
Es vox pópuli que los partidos de la nueva mayoría que tiene el Gobierno en el Congreso han optado por no "correr riesgos", colocando en la Contraloría a alguien que realmente investigue las cuentas públicas.
Pero si no quieren que se diga eso, ¿por qué de una vez no eligen contralor, y dejan de apelar a vivezas criollas que rayan en negligencia que solo daña la imagen del país? (TFF) (BLANCO Y NEGRO)