Estadísticas sobre secuestros denunciados a la Policía revelan que en los últimos dos años la mayoría fueron cometidos por bandas integradas por ecuatorianos, a diferencia de la década pasada, cuando estos los cometían delincuentes comunes o guerrilleros colombianos.

Hace poco más de seis meses apareció flotando en el estero Salado, de Guayaquil, el cuerpo de un joven que estuvo desaparecido durante nueve semanas, como el cadáver estaba en avanzado estado de descomposición la madre prefirió creer que no se trataba de su hijo, pese a que las huellas dactilares demostraban lo contrario.
Familiares políticos de la señora se valieron de esa circunstancia para llamarla por teléfono y decirle que el joven había sufrido un accidente y que se encontraba en la zona de Naranjal, por lo que reclamaban $5 000 por los gastos de curación, para después dejarlo libre.
Con la esperanza de encontrar vivo a su hijo, la mujer accedió al chantaje y, pese a que los extorsionadores fueron apresados por la Policía, ella se abstuvo de poner la denuncia formal, pues se trataba de sus parientes.
En este caso no hubo un secuestro, pero sí una macabra extorsión a una mujer que se negaba a aceptar lo evidente. Fuentes policiales refieren que la práctica de usar cadáveres para pedir rescate no es nueva en el país. Ultimamente sucedió en Ambato, cuando los plagiadores negociaron un rescate pese a que habían matado al rehén. También en Sucumbíos, cuando pedían $30 mil por una niña que había sido asesinada.
Es por el temor de que los plagiadores den muerte a la víctima, que muchísimos plagios no se denuncian a la Policía, y los familiares prefieren negociarlos directamente, como sucedió en el caso del dirigente deportivo Esteban Paz, en el que los parientes pidieron expresamente a la Unidad Especial Antisecuestro y Extorsión de la Policía (Unase) que no interviniera en el rescate.
Aunque en otros, como el del empresario Alfonso Darquea, se pidió la intervención policial , luego de que falló la negociación con los captores, para lo cual la familia había contratado a un negociador extranjero, según refirió en abril pasado el entonces comandante general de Policía, Edgar Vaca.
El último año cerró con un saldo de 87 ecuatorianos y 35 colombianos detenidos por delitos de secuestro, según muestra un informe de la Unase.
Los totales resultan de sumar el número de personas que fueron detenidas en 2002 y en 2003: el año antepasado fueron aprehendidos 70 ecuatorianos y 30 colombianos, y el anterior, la Policía detuvo a 25 ecuatorianos, seis colombianos y un peruano.
Según la Unase, esto refleja que los ecuatorianos que se dedican a cometer este delito dejaron de ser "caleteros" (se encargan de custodiar y alimentar a los rehenes durante el cautiverio), considerado el "rango" más bajo en las bandas de secuestradores, y decidieron asumir el control de estas operaciones y, consiguientemente, alzarse con la mayor parte del dinero del rescate.
Durante la década de los noventa, la mayoría de secuestros realizados en el territorio nacional habían sido mentalizados, organizados y realizados por bandas de colombianos, que utilizaban a ecuatorianos en tareas "menores" del esquema de plagio, según las informaciones de prensa revisadas durante esta investigación.
De hecho, el año pasado hubo seis detenidos colombianos (también fallecieron seis durante el operativo de liberación de Darquea), frente a 25 ecuatorianos.
Pero en el país no solo se practica el secuestro, sino también algunas variantes de ese delito conocidas como "secuestro exprés", el "boleteo" y la "vacuna".
El "secuestro exprés" se ejecuta sin estrategias previas. Dos o tres individuos buscan en la calle una víctima distraída que lleve puesta ropa y artículos de valor o que se encuentre en un carro lujoso, la retienen por un período corto, durante el cual los delincuentes exigen dinero a los familiares. Piden entre $5 000 y $30 mil, aunque la Unase señala que la mayoría de las liberaciones se logra pagando menos de $5 000.
La "moda" de este tipo de delito en Ecuador fue impuesta por jóvenes de clase alta, anota una fuente policial, al referir que durante un tiempo muchachos de un barrio exclusivo de la capital secuestraban a empleadas domésticas del sector, por quienes pedían hasta $50 mil. La investigación determinó que usaban el dinero del botín para adquirir droga, pero el tema se manejó con sigilo por pedido de los padres, que así evitaron el escándalo.
Otra modalidad es aquella en la que los delincuentes retienen a la víctima y la obligan a sacar su dinero de los cajeros electrónicos de los bancos.
La "vacuna" consiste en exigir el pago de mensualidades a cambio de que la persona extorsionada no sea secuestrada, y sus bienes o su familia no sean atacados. Esto es común en la provincia del Carchi, refiere el prefecto, René Yandún. Lo mismo sucede en Sucumbíos y, en menor escala, en Esmeraldas, anotan fuentes policiales. Las cifras pueden llegar hasta $10 mil.
El "boleteo" es el pago de una especie de "bono extra" a los potenciales plagiadores, puede ser trimestral, semestral o anual.
En 2002 la Policía recibió 61 denuncias por extorsión y 60 en 2003, según las estadísticas de la Unase, pero los agentes dicen que la mayoría de estos casos tampoco se denuncian por temor. (AA)

Solo el cabecilla conoce toda la operación

Las bandas especializadas tienen una estructura compartimentada

Una estructura compartimentada caracteriza a las bandas que se dedican a cometer el delito de secuestro, indican fuentes de la Unidad Especial Antisecuestros y Extorsión (Unase).
El único que controla los hilos de toda la operación es el jefe, quien puede tener dos motivaciones: ideológicas o estrictamente económicas. Tras escoger a la víctima y hacer un "diseño" del plagio, se encarga de conseguir a un financista, quien se compromete a pagar los costos de la operación a cambio de, al menos, el 50%, de la cantidad que se obtenga por el pago del rescate.
Un secuestro tiene costos para sus mentalizadores: deben tener armas, vehículos y dinero para diversos gastos, como los operativos de inteligencia, a cargo de otro grupo de personas, que incluyen el seguimiento, vigilancia al posible plagiado y una investigación a los miembros de su entorno. A veces alquilan viviendas junto a la casa de la víctima, para así controlar todos sus movimientos, lo que permite determinar el momento y el lugar en que se cometerá el plagio.
El siguiente paso es el "levante" (operativo), que es ejecutado por otro grupo que rapta a la víctima, mientras otros, denominados "caleteros", son los que se ocupan de custodiarla durante el cautiverio y mantener el contacto directo con el rehén, a quien deben alimentar y atender.
Otra persona, "contratada" especialmente por el jefe, se encarga de tomar contacto con los familiares y allegados de la víctima y lleva adelante la negociación, que por lo general es larga, hasta acordar el monto del rescate y la forma de pago, que puede ser de contado o por partes.
El rescate es cobrado por otra persona en el lugar y condiciones predeterminadas durante la negociación. Al negociador se le da entre el 10% y el 15% del monto del rescate.
En la escala más baja del "organigrama" estarían los denominados "caleteros", quienes llevarían el menor porcentaje a la hora del repartirse el rescate que se hubiera obtenido, anotan las fuentes. (AA)

Ciento veintinueve víctimas en tres años

"Quien paga rescate una vez está expuesto a hacerlo siempre"

En junio de 1999, el entonces comandante general de Policía, Jorge Villarroel, afirmó en Guayaquil que al menos el 50% del total de secuestros en el país no es denunciado.
Ese año, solo en Guayas fueron denunciados 49 casos de secuestros, según informaba la Policía Judicial.
El actual jefe de la Unase, Edmundo Mera, evita hacer cálculos de los casos no reportados, pero los atribuye al temor de los familiares y allegados a perder a sus seres queridos, a la falta de confianza en los organismos del Estado para tratar este tipo de delitos y al desconocimiento de la existencia de la Unidad Especial Antisecuestros.
El oficial considera que la decisión de pagar rescate es altamente peligrosa porque, además de alentar el delito y la formación de más bandas de secuestradores, quien lo hace una vez está expuesto a tener que pagar en lo sucesivo.
En 2000, el Departamento de Análisis e Información (DAI) de la Unase registró 10 secuestros y 19 rehenes, para 2001 la cifra de plagios subió a 22 y las víctimas fueron 23.
De acuerdo con las estadísticas oficiales, que solo registran los casos denunciados a la Unase y resueltos por ese organismo, este delito se "disparó" durante 2002, cuando se produjeron 46 secuestros, con 47 personas que estuvieron en cautiverio.
Entre ellos se contaron el inglés John Buckley y el ecuatoriano Luis Díaz, técnicos de la compañía Techint, que fueron secuestrados en la provincia del Napo, así como las muertes de dos miembros de la Policía que fueron a buscarlos, luego de que la empresa reportó que no habían sido devueltos pese al pago de $350 mil.
El año anterior fueron denunciados a la Unase 32 casos de plagios, con un saldo de 40 víctimas.
Actualmente, la Unidad investiga el caso de Joshua Peñaloza, de 9 años de edad, quien fue secuestrado hace dos meses en Santo Domingo de los Colorados, una mañana cuando salía de su domicilio para abordar el vehículo que lo trasladaría a su colegio. (AA)

Comité de crisis decide "operación rescate"

Del éxito y la rapidez de esta labor depende la vida del rehén

"La decisión más difícil de mi vida fue ordenar que se hiciera el operativo de rescate", relata el integrante de un comité de crisis que actuó en el proceso de liberación de una persona que fue secuestrada en Quito el año anterior.
Este ciudadano ecuatoriano, que es de absoluta confianza de los familiares del plagiado, fue designado por ellos para acordar el monto del rescate con el negociador de los secuestradores. Los contactos se hacían por teléfono.
Luego de varias semanas y tras acordarse una cantidad superior a los $50 mil, así como el lugar donde sería liberado el rehén, los secuestradores tomaron el dinero pero no liberaron a su víctima, ante lo cual la familia decidió denunciar el caso a la Policía.
Junto con los parientes y agentes de la Unase, la persona en mención formó parte del denominado comité de crisis, que debía tomar decisiones sobre las acciones que se cumplían durante la investigación.
"No sabíamos con qué nos enfrentábamos, ni cuántos eran los adversarios", relata con estremecimiento al recordar esos días. Tampoco sabían si el plagiado estaba vivo o muerto. Lo único que tenían claro es que se trataba de ganarle tiempo al tiempo, pues mientras más rápido supieran el lugar donde estaba retenido, habría más posibilidades de que estuviera con vida, añade.
Con el paso de los días, las investigaciones empezaron a dar los primeros frutos: se determinó el lugar donde estaban los captores y el rehén, así como casi el número exacto de los "caleteros" que lo custodiaban. Ahora solo quedaba esperar a que el Grupo de Intervención y Rescate (GIR) diseñara el plan y determinara el día en que se haría el operativo.
Pero ¿valía la pena correr el riesgo, cuando podía morir el secuestrado? Esa pregunta se hacían los familiares, que en determinados momentos se echaban para atrás, finalmente predominó la decisión de hacer la operación, lo que fue consignado en un acta. Por suerte para todos, el rescate fue un éxito y el secuestrado pudo ser liberado. (AA)

"La relación se convierte en una convivencia"

El plagiario ejerce una presión permanente sobre la víctima

"Para secuestrar se requiere de una personalidad especial, pues a diferencia del atraco, violación o el homicidio (en que la relación víctima-victimario es momentánea), en el secuestro se da una relación que se prolonga en un tiempo más o menos largo y se convierte casi en una convivencia", manifiesta el sicoanalista colombiano Emilio Maluk en un perfil del secuestrador, publicado en Colombia.
Sostiene que ante el deterioro físico y sicológico de la víctima el plagiario no puede sucumbir y debe ejercer presión permanente sobre ella, haciéndole ver que la única forma de que salga con vida es mediante el pago del rescate.
Señala que los secuestradores profesionales saben que quienes cuidan son los más vulnerables para llegar a identificarse con las víctimas y pueden terminar cediendo en las pretensiones de compasión y libertad, por eso establecen turnos de vigilancia y los rotan en sus labores de custodia.
Maluk anota que el secuestrador prefiere mantener al rehén decaído, con la moral muy baja, pues esto le hace sentir que controla la situación, lo que se hace extensivo a los familiares de la víctima, quienes son presionados a pagar el rescate y a no dar información a las autoridades.
Consecuentemente, de la forma en la que la familia asume el secuestro depende, en un alto grado, la muerte o supervivencia del plagiado.
Por ello los secuestradores transmiten información de acuerdo con sus conveniencias, por ejemplo si la familia es receptiva y colaboradora dan a conocer el estado real del plagiado, y si se muestran renuentes en las negociaciones comunican que el estado de salud del detenido se ha deteriorado en forma alarmante, y si la familia entra en crisis emocional, la tranquilizan con información más benévola.
Pero es a través del negociador -sostiene Maluk- que la banda mide el estado emocional del grupo familiar, y calculan así hasta dónde pueden ir las presiones y exigencias y el monto de las concesiones que se pueden hacer. (AA)

PUNTO DE VISTA

Asunto que tiene que ver con la integridad moral

Debe ser la decadencia del ser humano la que le impulsa a tomar como rehén a otra persona, someterla, muchas veces torturarla físicamente (porque moralmente ya lo hizo cuando la aprehendió), para liberarla solamente cuando se cumpla su objetivo: recibir dinero a cambio.
Ecuador no ha podido ser la excepción de esta locura social, puesto que tampoco el país es extraño a las conductas de ciertos individuos, que comienzan con delitos menores y prosiguen con esta denigrante actividad hasta convertir al secuestro en su modus vivendi.
Una nación en la que los valores morales y éticos están subordinados a aquellos deleznables, como el hecho de darle a una persona una posición de acuerdo a su rango económico, es una sociedad en serio riesgo.
Un país que no reacciona cuando son exaltadas "virtudes efímeras", como el "éxito" momentáneo, y dejados de lado los principios permanentes como la rectitud, el esfuerzo y las buenas costumbres, es una comunidad propicia para que actividades como el secuestro proliferen, hasta llegar a ser una suerte de "negocio" permanente.
Haríamos bien en meditar sobre nuestro proceder colectivo, porque puede ser que una actitud equivocada se esté convirtiendo en el germen para que, por ejemplo, operen bandas que sobreviven con el dolor ajeno, puesto que la acción del secuestro, al igual que todo actividad, tiene que ver con la integridad moral. (TFF)
EXPLORED
en Ciudad Quito

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