Comandante estadounidense de la Momep
Quito. 10. oct 96. El conflicto, que ocurrió en la estela de
la cumbre hemisférica de diciembre de 1994 en Miami, planteó
una seria amenaza a la estabilidad regional. La respuesta
rápida y efectiva de los países garantes del protocolo de Río
de Janeiro de 1942 -Argentina, Brasil, Chile y los Estados
Unidos- ayudó a poner fin a las hostilidades y crear las
condiciones para que se pudiera negociar una solución
diplomática para un problema completo y altamente emocional,
muy antiguo.
La Misión Militar de Observación, Ecuador/Perú (Momep) podrá
transformarse en un ejemplo histórico de la eficacia de una
fuerza de paz multinacional efectiva. La operación tuvo éxito
gracias a una cooperación sin precedentes entre los
representantes políticos y militares de los países garantes y
el fuerte deseo de los beligerantes de terminar rápidamente
con las hostilidades.
Las raíces del conflicto están en la disputa entre los dos
países sobre la delimitación y demarcación de la frontera en
un trozo aislado de selva, en terreno alto caracterizado por
una geografía extremadamente difícil, siempre cubierto de
nubes. A pesar de que la disputa se remonta a la época de la
Colonia, las consecuencias de la guerra de 1941 entre los
países fueron particularmente relevantes para la misión
observadora. En aquel año, Perú invadió el sur del Ecuador y
forzó la firma de un acuerdo bajo el Protocolo de Río de
1942. Ese acuerdo extrajo de ambas partes un compromiso de
cese de hostilidades y definió una frontera común basada en
la limitada información geofísica existente en aquel
entonces.
Desafortunadamente la demarcación nunca fue concluida debido
a una anomalía geofísica descubierta en el alto Cenepa en
1946. Desde 1960 Ecuador ha insistido que el protocolo no es
ejecutable y plantea la reivindicación de un extenso
territorio en la cuenca amazónica. Perú por otro lado, afirma
la validez del protocolo y su soberanía sobre el territorio
en disputa. Como resultado, en los últimos 50 años han
ocurrido en el área varias escaramuzas menores, en general en
enero, próximo a la fecha del aniversario de la firma del
protocolo.
GUERRA FRONTERIZA
En diciembre de 1994 el servicio de inteligencia del Perú
confirmó que el Ecuador había establecido campamentos en el
área en disputa. Las operaciones de combate comenzaron con
ataques aéreos y terrestres en el área del Cenepa y en la
confluencia de los ríos Santiago y Yaupi. Durante seis
semanas, ambos lados consiguieron introducir más de 5.000
tropas en un área de 70 km2 de jungla particularmente densa.
Mientras tanto una movilización general llevó a un
despliegue de seis divisiones peruanas a lo largo de la
costa y el equivalente a cuatro brigadas ecuatorianas a su
frente inmediato. Con las flotas en el mar, aeronaves de
alto desempeño desplegadas en el frente y combate en la
región del Cenepa, el peligro de una escalada era
significativo. A mediados de febrero sin embargo, cuando la
cantidad de bajas y el impacto económico se tornaron cada
vez más claros, se produjo una paralización en el campo de
batalla. La presión diplomática de las naciones garantes del
Protocolo de 1942 consiguió llevar a las partes en conflicto
a la mesa de negociaciones y en última instancia trazar un
acuerdo de paz, la Declaración de Itamaraty del 17 de marzo
de 1995.
La declaración exigía que ambas partes cesaran las
hostilidades, se desmovilizaran y apoyaran las actividades de
la misión militar observadora, suministrada por los países
garantes cuyo mandato inicial era de 90 días y podía ser
extendido a pedido de las partes. El texto del acuerdo
comprendía la separación de las fuerzas bajo la supervisión de
los observadores, quienes deberían establecer centros de
operación y recomendaba la creación de un área "totalmente
desmilitarizada" a ambos lados de la frontera. El acuerdo
comprometía a las partes y los países garantes a estructurar
la definición de procedimientos para la misión observadora,
detallando su organización y empleo. Finalmente comprometía
a ambas partes a iniciar un diálogo constructivo y permanente,
con la ayuda de los países garantes, sobre el problema
fronterizo en sí, cuya meta sería la demarcación de las
fronteras y la normalización de las relaciones.
Los países garantes aceptaron con reservas la oferta del
Brasil de suministrar un oficial general como jefe de la
misión observadora. Las deliberaciones sobre la definición de
los procesos, sobre todo en cuanto a las relaciones de comando,
duraron casi un mes. Durante ese plazo ocurrieron una serie de
violaciones al cesar fuego en la zona de conflictos y en
guarniciones aisladas a lo largo de la frontera demarcada, a
60 kilómetros al noreste.
A principios de marzo, se alcanzó una solución conciliatoria
sobre las relaciones de comando. Para preservar la igualdad de
"status" entre los contingentes de los países garantes, el
general brasileño recibió el título de coordinador en lugar de
comandante. Cada nación enviaría un total de hasta 10 oficiales
como observadores, bajo el mando de un coronel, y los EE.UU.
enviarían un elemento que consistiría de aviación, operaciones,
inteligencia, comunicaciones y apoyo logístico.
El general brasileño ejercería el control operacional (Opcon)
sobre los observadores de las cuatro naciones, mientras que los
coroneles mantendrían el mando administrativo y disciplinario
sobre sus contingentes, con la excepción del Opcon. El coronel
de los EE.UU. mantendría el comando y el control operacional
del elemento de apoyo, la dirección política de la misión se
ejercería a través de un comité compuesto por un representante
del Ministerio de Relaciones Exteriores del Brasil y embajadores
de la Argentina, Chile y los EE.UU. en Brasilia.
DESPLIEGUE DE LA MOMEP
El 10 de marzo se firmó el documento con la definición de los
procedimientos. Más tarde, esa misma noche, fue emitida una
orden de ejecución del Estado Mayor Conjunto de los EE.UU.
(JCS) permitiendo el despliegue del contingente norteamericano.
Un grupo de avanzada del elemento de apoyo llegó al Ecuador y
comenzó a recibir aeronaves de despliegue en Patuca y Maca, a
60 kilómetros al norte cuyas pistas de aterrizaje tienen la
capacidad de recibir aviones C-130. El contingente de
observadores se desplegó desde Brasilia el 11 de marzo,
dividiéndose entre el cuartel general regional peruano en El
Milagro y la base ecuatoriana de Patuca.
El coordinador, teniente general Cándido Vargas de Freire de
Brasil, y un personal que incluía coroneles de cada uno de los
contingentes nacionales, llegó a Patuca el 12 de marzo. Allí
se encontraron con las instalaciones montadas por el elemento
de apoyo de los EE.UU. que incluían un campamento para las
tropas, cuarteles para los observadores en una base ocupada
por la 21 Brigada de Infantería de Selva del Ecuador. Los
UH-60 habían llegado un poco más temprano ese mismo día,
desplegándose de una base intermediaria en Guayaquil. Mientras
el sol se ponía tras las montañas, el personal de la Momep
estaba reunido para definir el enfoque de las operaciones y
una estrategia para los contactos iniciales con los
comandantes locales de ambos países.
CONCEPTO DE OPERACIONES
El Comando Sur de los EE.UU. (Southcom) ya había realizado un
análisis de la misión y le había suministrado el contingente
de los EE.UU. orientaciones sobre ciertos puntos fundamentales.
Por ejemplo, no se llevaría a cabo ninguna operación que no
condujera a alcanzar los objetivos definidos en la Declaración
de Itamaraty; asimismo era fundamental la seguridad del
personal y del equipo. El mandato de la Momep no incluía forzar
la paz, ya que fue creada apenas para observar y verificar el
cumplimiento de los acuerdos. Consecuentemente los EE.UU.
adoptaron la política de no llevar a cabo patrullas a pie en la
zona de conflicto por el peligro de minas terrestres y la
proximidad de las fuerzas en combate y prohibió el uso de
helicópteros de ambos lados para operaciones de los
observadores. El representante de los EE.UU. enfatizó también
la necesidad de que las partes aceptaran la creación de una
zona desmilitarizada claramente definida como pre condición
para las operaciones.
El general Freire creía firmemente que el tema de la zona
desmilitarizada (DMZ) era demasiado sensible para ser
levantado en ese momento, las partes podrían comenzar una
negociación interminable que no permitiría que la misión
procediera a la separación de fuerzas. Para Freire la zona
desmilitarizada sería el resultado final de la operación
Momep, y no apenas una medida de control para ejecutar
operaciones. De cualquier manera se aceptaron los
lineamientos generales para una operación en cuatro etapas.
Allí se describieron las condiciones para ambos lados y las
correspondientes tareas de la Momep. Se contemplaba una fase
preparatoria, supervisión del cesar fuego, separación de las
fuerzas beligerantes, y finalmente la desmovilización de las
unidades para fuera de la zona del conflicto y el
establecimiento de la zona desmilitarizada (DMZ). Ambas
partes aceptaron esta idea.
Mientras tanto, observadores latinoamericanos, sin sus
contrapartes norteamericanos ni la unidad de comu- nicaciones,
se desplegaron a dos puntos de concentración en helicópteros
peruanos y ecuatorianos y revelaron a los agregados que habían
actuado como observadores interinos mientras se concluían las
negociaciones en Brasilia. El 17 de marzo helicópteros UH-60
transportaron a un equipo multinacional de observadores
completo a Coangos. El 21 se obtuvieron del Perú las
seguridades requeridas en cuanto al control de armas
antiaéreas y un observador y comunicador de los EE.UU. fueron
transportados al PV1 para juntarse a los observadores
argentinos, brasileños y chilenos que habían sido llevados por
helicópteros peruanos desde El Milagro. De allí en adelante,
el relevo en ambas guarniciones se llevó a cabo en intervalos
de tres días (si el tiempo lo permitía) sin que ocurriera
ningún incidente.
SEPARACIÓN DE FUERZAS
Entre el 12 y el 13 de marzo, la Momep concentró sus esfuerzos
en efectuar los relevos de los observadores en los dos puntos
de concentración y en preparar los planes para la separación
de las fuerzas en el área de seguridad. Ambas partes habían
cooperado con el requerimiento hecho por la misión de enviar
una lista de unidades, personal y armas desplegadas en el área
pero dudaban en confiar con que la otra parte cumpliría con las
directivas de la Momep. El personal de la Momep consideró una
serie de factores en la preparación del plan antes de
comunicarlo a las partes, tales como:
* Las unidades se hallaban entremezcladas en el campo de
batalla debido a la densidad de la selva y los estrechos
senderos escondidos entre las posiciones en combate. Se habían
diseminado minas en toda el área -solo Ecuador diseminó 6.000-
frecuentemente sin un registro adecuado. Las retiradas
generalizadas sin duda provocarían incidentes de fuego o
lesiones por minas.
* Ecuador había conseguido infiltrar una unidad a la
retaguardia peruana, capaz de atacar su base principal en
PV1 o cortar su línea principal de suministro en el alto
Cenepa. Quedó claro que la unidad ecuatoriana debía ser
retirada de partida para permitir futuras retiradas peruanas.
* Existían dos bases en disputa, Tiwintza y Base Sur, cuyo
significado emocional era muy superior a cualquier
significado político o militar. Ambos lados alegaban
haberlas tomado. Ecuador insistía que la Momep pública y
físicamente asumiera estas bases para confirmar de esta
manera su versión de sus logros en el campo de batalla. La
Momep se negó a tal cosa.
Las elecciones nacionales en el Perú estaban previstas para
el nueve de abril. El presidente Fujimori había anunciado la
toma de Tiwintza y cualquier acción de la Momep que
desmintiera estas declaraciones podría complicar la
situación interna en el Perú.
* Debido a sus relativas capacidades logísticas, Ecuador
estaba en condiciones de ejecutar extracciones aéreas a
partir de diversas áreas de aterrizaje dentro del sector
en conflicto. Perú por su parte, tendría que llevar sus
fuerzas a pie hasta la PV1 o a la Cueva de los Tayos de
donde serían retiradas por helicópteros, un proceso que
podría requerir hasta 48 horas para cada unidad, dado el
terreno y el clima.
El personal de la Momep diseñó un programa con duración de
seis semanas para la retirada de más de 60 unidades
desplegadas en la zona de conflicto. Ambos lados fueron
instruidos a concentrarse en grupos por categoría: retirando
guarniciones avanzadas de combate y patrullas a posiciones de
escuadrón y los escuadrones a pelotón. Luego se les entregaron
los requerimientos por etapas para la extracción de unidades
específicas. Cada unidad fue notificada de que debía
dislocarse hasta los puntos designados. Allí los helicópteros
las llevaban hasta los observadores de la Momep que
registraban a los soldados que iban siendo retirados, además
de sus armas y equipo. A partir de allí, las tropas eran
transportadas por aire y tierra, (en el caso del Ecuador) a
sus cuarteles. Este procedimiento, a pesar de fallas evidentes
desde el punto de vista de la responsabilidad, dio como
resultado la extracción de más de 5.000 soldados, sin
incidentes, en apenas cinco semanas. El éxito se debió
sencillamente a que las partes estaban ansiosas por cumplir
con un proceso que les permitió separarse sin comprometer su
honor o sus reivindicaciones territoriales.
Durante el proceso de separación de fuerzas, tanto Ecuador
como Perú presionaron a la Momep para que verificara la
desmovilización en áreas fuera de la zona de conflicto.
Sintiendo el deseo de ambas partes de desmovilización. El
estado mayor de la Momep se reunió entonces con los oficiales
de enlace de ambos lados para crear un programa simultáneo y
proporcional de retirada de las unidades que habían sido
desplegadas durante el conflicto, para que volvieran a las
posiciones que ocupaban en épocas de paz.
Del tres al 13 de mayo, dos equipos de verificación de la
Momep viajaron a varios locales de desmovilización a ambos
lados de la frontera. Ambos recibieron una orientación del
comandante de la unidad, presidieron las ceremonias formales
de desmovilización e inspeccionaron las guarniciones o las
posiciones abandonadas para verificar que las fuerzas habían
retornado a su posición de paz. Sin duda el proceso de
verificación fue superficial, dado el rápido ritmo de la
desmovilización y el pequeño contingente de la misión
observadora. De cualquier manera, el 13 de mayo ambos
lados habían retornado básicamente a la posición que
ocupaban antes de que estallara el conflicto. Las pequeñas
variaciones en la configuración de las unidades avanzadas en
comparación con las guarniciones de paz no fueron
suficientemente significativas como para permitir una
desestabilización de ninguno de los dos lados.
ACUERDO
A comienzos de mayo de 1995, la Momep había cumplido la mayor
parte de las tareas específicas impuestas por el acuerdo de
Itamaraty y rutinariamente llevaba a cabo el patrullaje aéreo
sobre el área de seguridad, el relevo de los observadores en
Coangos y PV1 y la inserción periódica de centros de
operaciones en Base Sur y Tiwintza. Cuando el alto Cenepa
quedó libre de tropas, excepto por las fuerzas nominales en
Coangos y PV1, la Momep verificó que se habían alcanzado las
condiciones necesarias para recomendar a las partes la
creación de una zona desmilitarizada, como lo requería el
mandato.
Las seis opciones que habían sido preparadas desde abril, iban
desde una franja estrecha entre Coangos y PV1, a una franja de
20 km a lo largo de la frontera. Cada una fue analizada desde
el punto de vista de la justificativa militar y el significado
político. La Momep debía mantener total imparcialidad y separar
la zona desmilitarizada de cualquier reivindicación o
adjudicación de reclamos territoriales mientras se consideraban
los puntos de vista de ambos lados en cuanto a sus intereses
soberanos.
En ese sentido, la Momep propuso a los diplomáticos de los
países garantes en Brasilia, que el área de seguridad existente
fuera transformada en zona desmilitarizada con una guarnición
de 50 tropas en PV1 y Coangos. La recomendación se entregó el
tres de mayo. Mientras que Perú aceptó inmediatamente, Ecuador
rechazó la propuesta diciendo que era injusta y que traicionaba
las seguridades ofrecidas anteriormente por la Momep de que el
área no sería relacionada "ni a una solución final de frontera
ni a una zona desmilitarizada". El motivo de la protesta del
Ecuador era una base logística menor, Banderas, dentro de la
zona desmilitarizada.
En la fase final de la retirada de las tropas, el oficial de
enlace del Ecuador levantó la cuestión ante la Momep,
declarando que Ecuador no debería ser forzado a evacuar
Banderas, pues se trataba de territorio ecuatoriano
indisputado y lugar donde existía un destacamento de frontera
desde hacía mucho tiempo.
Se realizaron entonces negociaciones a dos niveles. Altos
funcionarios y los viceministros de Relaciones Exteriores de
Perú y Ecuador se reunieron del 19 al 26 de junio para tratar
de la normalización de las relaciones mientras el estado mayor
de la Momep estudiaba ajustes a la propuesta de la zona
desmilitarizada (DMZ) y preparaba un proyecto de definición de
procedimientos con los oficiales de enlace. Sin embargo,
cuando se reveló la presencia ecuatoriana en Banderas los
peruanos amenazaron retirarse de las negociaciones. La Momep
se reunió durante toda la noche del 25 al 26 de junio,
promoviendo un ajuste que había sido discutido en una reunión
privada entre los oficiales de enlace. Ambos lados informaron
a los garantes que deseaban suspender las conversaciones para
consultas con su capital. El estado mayor de la Momep volvió
a Patuca con la obligación de hacer algo en relación a la
aparente presencia del Ecuador en Banderas.
A instancias de los diplomáticos de los países garante, el
estado mayor de la Momep dio inicio a tres semanas de reuniones
con los oficiales de enlace en Quito y en Lima para resolver el
impasse. Basados en los ajustes preparados en Brasilia y por el
equipo de verificación situado en Banderas, se alcanzó
finalmente una solución de compromiso. Se acordó la realización
de una reunión histórica en Lima del 24 al 25 de julio para que
los dos oficiales de enlace firmaran un acuerdo sobre la zona
desmilitarizada en nombre de sus respectivos gobiernos.
Describía un cuadrángulo que cubría la mayor parte del área de
seguridad pero que excluía Banderas. Como medida de confianza
mutua ambos lados se comprometieron a efectuar inspecciones
periódicas cerca de la zona desmilitarizada para asegurar el
equilibrio de las fuerzas.
Las noticias de este histórico acuerdo fueron transmitidas a
tiempo para ser anunciadas por el secretario de Defensa
William Perry en la sesión de clausura de la reunión
ministerial que se estaba celebrando en Williamsburg, un buen
ejemplo de la cooperación regional en temas de defensa.
MOMEP II
Con el establecimiento de la zona desmilitarizada el uno de
agosto, el estado mayor de la Momep reinició la negociación de
los procedimientos para continuar con la misión. Desde un
comienzo el embajador Luigi Einaudi había trazado un plan de
largo plazo, por lo cual la mayor parte de las tareas de los
observadores serían transferidas a oficiales militares de las
partes para permitir una disminución de la presencia de los
representantes de los países garantes. Este enfoque, junto
con una expansión del mandato de la Momep para verificar la
desmovilización y desmilitarización , era el núcleo del
proyecto entregado a los oficiales de enlace. La integración
se llevaría a cabo de manera incremental, de arriba hacia
abajo, en un período de 90 días dando como resultado un
personal de la Momep, personal de apoyo y equipos de
observadores combinados.
En las conversaciones de Brasilia, ambas partes concordaron
en principio con este enfoque. Sin embargo, en Quito a
principios de agosto, se optó por un proceso de integración
más gradual, vinculado al proceso diplomático pero no a una
retirada de la Momep. Como había sido estipulado en el
proyecto, los oficiales de enlace querían tener poder
efectivo de veto en la retirada de los observadores de los
países garantes de la misión. Mientras que los EE.UU.
estaban a favor de una integración más rápida, el consenso
era que cambios en el texto no serían aceptados por ambas
partes. Todos los involucrados reconocieron el derecho
implícito de los garantes de tomar decisiones en relación al
compromiso continuado de sus observadores. En definitiva, el
22 de agosto, la definición de procedimientos fue endosada
por altos funcionarios de los países garantes y aceptada por
los gobiernos de ambas partes.
Luego de este éxito y con el escenario pronto para la
integración y negociación sobre el tema subyacente, surgió una
situación que amenazó desencarrilar el proceso de paz. Desde
el fin del proceso de retirada de las tropas en mayo,
ocurrieron una serie de violaciones al cesar fuego en áreas
adyacentes, pero no incluidas en el área de seguridad/DMZ.
Entre el tres de mayo y el 30 de septiembre las partes retaron
más de 20 incidentes acompañados de pedidos por la intervención
de la Momep. Muchos se debían a minas, en incidentes que dieron
como resultado tres muertos y un herido, o fuego de arma corta,
escalando a duelos de artillería y mortero. En ambos casos,
cada parte acusó a la otra de provocar deliberadamente el
incidente y tratar de sabotear el proceso de paz. Negándose a
colocar en peligro a los observadores y temerosos de exceder
su mandato, la Momep exhortó a las partes a poner fin a las
patrullas y concentrarse en las posiciones de frontera y
retirar del área las armas de fuego indirecto. Sin embargo
ninguno de los dos lados aceptaba dar cumplimiento al pedido
sin la verificación de la Momep.
La misión adoptó una estrategia similar a la que había
adoptado con anterioridad con resultados favorables. Un área
de 10 km a ambos lados de la frontera demarcada, extendiéndose
desde la DMZ a un punto al este de la confluencia de los ríos
Santiago y Yaupi fue designada como área de seguridad
complementaria (ver mapa); se exigieron de ambos lados
inventarios de puestos de avanzada, tropas y armas y se
proyectó una retirada gradual de guarniciones y armas de
fuego indirecto, dejando un máximo de 80 soldados de cada
lado en las guarniciones listadas. Los observadores de la
Momep verificaron la llegada de las tropas y las armas
al cuartel del batallón más cercano (Santiago en Ecuador y
Ampala en el Perú).
Estas medidas a las que se agregó un mayor número de
patrullas de helicópteros, ayudaron a estabilizar la
situación. Desde marzo de 1996, 18 oficiales del Perú y
del Ecuador se han integrado a la Momep y los contingentes
de observadores fueron reducidos a cuatro de cada país
garante. El elemento de apoyo de los EE.UU. se mantiene en
60 efectivos. Ambas partes volvieron a adoptar su antigua
política de contactos de frontera y se ha alcanzado
significativo progreso en el frente diplomático. La reunión
de enero de 1996, de ministros de Relaciones Exteriores en
Lima, adoptó una fórmula para continuar con las
negociaciones de manera sostenida sobre el tema subyacente.
Con una mínima inversión en recursos por parte de los países
garantes del protocolo de 1942 de Río de Janeiro, la Momep
puede reivindicar para sí un extraordinario éxito. El próximo
paso para los diplomáticos de los países garantes serán las
negociaciones positivas y permanentes sobre la demarcación
de la frontera. La esperanza es que al integrar ambas partes
en la misión observadora se obviarán los encuentros armados
y se producirá un clima de confianza mutua conducente a la
negociación. El temor es que sin la presencia continua de
los observadores de los países garantes en las operaciones
cotidianas, la misión pueda perder credibilidad y control
mientras los diplomáticos tratan el arduo y demorado
problema de alcanzar concesiones mutuas para llegar a un
acuerdo final. (FUENTE: REVISTA VISTAZO N. 699, PP. 54-60)
Quito. 10. oct 96. El conflicto, que ocurrió en la estela de
la cumbre hemisférica de diciembre de 1994 en Miami, planteó
una seria amenaza a la estabilidad regional. La respuesta
rápida y efectiva de los países garantes del protocolo de Río
de Janeiro de 1942 -Argentina, Brasil, Chile y los Estados
Unidos- ayudó a poner fin a las hostilidades y crear las
condiciones para que se pudiera negociar una solución
diplomática para un problema completo y altamente emocional,
muy antiguo.
La Misión Militar de Observación, Ecuador/Perú (Momep) podrá
transformarse en un ejemplo histórico de la eficacia de una
fuerza de paz multinacional efectiva. La operación tuvo éxito
gracias a una cooperación sin precedentes entre los
representantes políticos y militares de los países garantes y
el fuerte deseo de los beligerantes de terminar rápidamente
con las hostilidades.
Las raíces del conflicto están en la disputa entre los dos
países sobre la delimitación y demarcación de la frontera en
un trozo aislado de selva, en terreno alto caracterizado por
una geografía extremadamente difícil, siempre cubierto de
nubes. A pesar de que la disputa se remonta a la época de la
Colonia, las consecuencias de la guerra de 1941 entre los
países fueron particularmente relevantes para la misión
observadora. En aquel año, Perú invadió el sur del Ecuador y
forzó la firma de un acuerdo bajo el Protocolo de Río de
1942. Ese acuerdo extrajo de ambas partes un compromiso de
cese de hostilidades y definió una frontera común basada en
la limitada información geofísica existente en aquel
entonces.
Desafortunadamente la demarcación nunca fue concluida debido
a una anomalía geofísica descubierta en el alto Cenepa en
1946. Desde 1960 Ecuador ha insistido que el protocolo no es
ejecutable y plantea la reivindicación de un extenso
territorio en la cuenca amazónica. Perú por otro lado, afirma
la validez del protocolo y su soberanía sobre el territorio
en disputa. Como resultado, en los últimos 50 años han
ocurrido en el área varias escaramuzas menores, en general en
enero, próximo a la fecha del aniversario de la firma del
protocolo.
GUERRA FRONTERIZA
En diciembre de 1994 el servicio de inteligencia del Perú
confirmó que el Ecuador había establecido campamentos en el
área en disputa. Las operaciones de combate comenzaron con
ataques aéreos y terrestres en el área del Cenepa y en la
confluencia de los ríos Santiago y Yaupi. Durante seis
semanas, ambos lados consiguieron introducir más de 5.000
tropas en un área de 70 km2 de jungla particularmente densa.
Mientras tanto una movilización general llevó a un
despliegue de seis divisiones peruanas a lo largo de la
costa y el equivalente a cuatro brigadas ecuatorianas a su
frente inmediato. Con las flotas en el mar, aeronaves de
alto desempeño desplegadas en el frente y combate en la
región del Cenepa, el peligro de una escalada era
significativo. A mediados de febrero sin embargo, cuando la
cantidad de bajas y el impacto económico se tornaron cada
vez más claros, se produjo una paralización en el campo de
batalla. La presión diplomática de las naciones garantes del
Protocolo de 1942 consiguió llevar a las partes en conflicto
a la mesa de negociaciones y en última instancia trazar un
acuerdo de paz, la Declaración de Itamaraty del 17 de marzo
de 1995.
La declaración exigía que ambas partes cesaran las
hostilidades, se desmovilizaran y apoyaran las actividades de
la misión militar observadora, suministrada por los países
garantes cuyo mandato inicial era de 90 días y podía ser
extendido a pedido de las partes. El texto del acuerdo
comprendía la separación de las fuerzas bajo la supervisión de
los observadores, quienes deberían establecer centros de
operación y recomendaba la creación de un área "totalmente
desmilitarizada" a ambos lados de la frontera. El acuerdo
comprometía a las partes y los países garantes a estructurar
la definición de procedimientos para la misión observadora,
detallando su organización y empleo. Finalmente comprometía
a ambas partes a iniciar un diálogo constructivo y permanente,
con la ayuda de los países garantes, sobre el problema
fronterizo en sí, cuya meta sería la demarcación de las
fronteras y la normalización de las relaciones.
Los países garantes aceptaron con reservas la oferta del
Brasil de suministrar un oficial general como jefe de la
misión observadora. Las deliberaciones sobre la definición de
los procesos, sobre todo en cuanto a las relaciones de comando,
duraron casi un mes. Durante ese plazo ocurrieron una serie de
violaciones al cesar fuego en la zona de conflictos y en
guarniciones aisladas a lo largo de la frontera demarcada, a
60 kilómetros al noreste.
A principios de marzo, se alcanzó una solución conciliatoria
sobre las relaciones de comando. Para preservar la igualdad de
"status" entre los contingentes de los países garantes, el
general brasileño recibió el título de coordinador en lugar de
comandante. Cada nación enviaría un total de hasta 10 oficiales
como observadores, bajo el mando de un coronel, y los EE.UU.
enviarían un elemento que consistiría de aviación, operaciones,
inteligencia, comunicaciones y apoyo logístico.
El general brasileño ejercería el control operacional (Opcon)
sobre los observadores de las cuatro naciones, mientras que los
coroneles mantendrían el mando administrativo y disciplinario
sobre sus contingentes, con la excepción del Opcon. El coronel
de los EE.UU. mantendría el comando y el control operacional
del elemento de apoyo, la dirección política de la misión se
ejercería a través de un comité compuesto por un representante
del Ministerio de Relaciones Exteriores del Brasil y embajadores
de la Argentina, Chile y los EE.UU. en Brasilia.
DESPLIEGUE DE LA MOMEP
El 10 de marzo se firmó el documento con la definición de los
procedimientos. Más tarde, esa misma noche, fue emitida una
orden de ejecución del Estado Mayor Conjunto de los EE.UU.
(JCS) permitiendo el despliegue del contingente norteamericano.
Un grupo de avanzada del elemento de apoyo llegó al Ecuador y
comenzó a recibir aeronaves de despliegue en Patuca y Maca, a
60 kilómetros al norte cuyas pistas de aterrizaje tienen la
capacidad de recibir aviones C-130. El contingente de
observadores se desplegó desde Brasilia el 11 de marzo,
dividiéndose entre el cuartel general regional peruano en El
Milagro y la base ecuatoriana de Patuca.
El coordinador, teniente general Cándido Vargas de Freire de
Brasil, y un personal que incluía coroneles de cada uno de los
contingentes nacionales, llegó a Patuca el 12 de marzo. Allí
se encontraron con las instalaciones montadas por el elemento
de apoyo de los EE.UU. que incluían un campamento para las
tropas, cuarteles para los observadores en una base ocupada
por la 21 Brigada de Infantería de Selva del Ecuador. Los
UH-60 habían llegado un poco más temprano ese mismo día,
desplegándose de una base intermediaria en Guayaquil. Mientras
el sol se ponía tras las montañas, el personal de la Momep
estaba reunido para definir el enfoque de las operaciones y
una estrategia para los contactos iniciales con los
comandantes locales de ambos países.
CONCEPTO DE OPERACIONES
El Comando Sur de los EE.UU. (Southcom) ya había realizado un
análisis de la misión y le había suministrado el contingente
de los EE.UU. orientaciones sobre ciertos puntos fundamentales.
Por ejemplo, no se llevaría a cabo ninguna operación que no
condujera a alcanzar los objetivos definidos en la Declaración
de Itamaraty; asimismo era fundamental la seguridad del
personal y del equipo. El mandato de la Momep no incluía forzar
la paz, ya que fue creada apenas para observar y verificar el
cumplimiento de los acuerdos. Consecuentemente los EE.UU.
adoptaron la política de no llevar a cabo patrullas a pie en la
zona de conflicto por el peligro de minas terrestres y la
proximidad de las fuerzas en combate y prohibió el uso de
helicópteros de ambos lados para operaciones de los
observadores. El representante de los EE.UU. enfatizó también
la necesidad de que las partes aceptaran la creación de una
zona desmilitarizada claramente definida como pre condición
para las operaciones.
El general Freire creía firmemente que el tema de la zona
desmilitarizada (DMZ) era demasiado sensible para ser
levantado en ese momento, las partes podrían comenzar una
negociación interminable que no permitiría que la misión
procediera a la separación de fuerzas. Para Freire la zona
desmilitarizada sería el resultado final de la operación
Momep, y no apenas una medida de control para ejecutar
operaciones. De cualquier manera se aceptaron los
lineamientos generales para una operación en cuatro etapas.
Allí se describieron las condiciones para ambos lados y las
correspondientes tareas de la Momep. Se contemplaba una fase
preparatoria, supervisión del cesar fuego, separación de las
fuerzas beligerantes, y finalmente la desmovilización de las
unidades para fuera de la zona del conflicto y el
establecimiento de la zona desmilitarizada (DMZ). Ambas
partes aceptaron esta idea.
Mientras tanto, observadores latinoamericanos, sin sus
contrapartes norteamericanos ni la unidad de comu- nicaciones,
se desplegaron a dos puntos de concentración en helicópteros
peruanos y ecuatorianos y revelaron a los agregados que habían
actuado como observadores interinos mientras se concluían las
negociaciones en Brasilia. El 17 de marzo helicópteros UH-60
transportaron a un equipo multinacional de observadores
completo a Coangos. El 21 se obtuvieron del Perú las
seguridades requeridas en cuanto al control de armas
antiaéreas y un observador y comunicador de los EE.UU. fueron
transportados al PV1 para juntarse a los observadores
argentinos, brasileños y chilenos que habían sido llevados por
helicópteros peruanos desde El Milagro. De allí en adelante,
el relevo en ambas guarniciones se llevó a cabo en intervalos
de tres días (si el tiempo lo permitía) sin que ocurriera
ningún incidente.
SEPARACIÓN DE FUERZAS
Entre el 12 y el 13 de marzo, la Momep concentró sus esfuerzos
en efectuar los relevos de los observadores en los dos puntos
de concentración y en preparar los planes para la separación
de las fuerzas en el área de seguridad. Ambas partes habían
cooperado con el requerimiento hecho por la misión de enviar
una lista de unidades, personal y armas desplegadas en el área
pero dudaban en confiar con que la otra parte cumpliría con las
directivas de la Momep. El personal de la Momep consideró una
serie de factores en la preparación del plan antes de
comunicarlo a las partes, tales como:
* Las unidades se hallaban entremezcladas en el campo de
batalla debido a la densidad de la selva y los estrechos
senderos escondidos entre las posiciones en combate. Se habían
diseminado minas en toda el área -solo Ecuador diseminó 6.000-
frecuentemente sin un registro adecuado. Las retiradas
generalizadas sin duda provocarían incidentes de fuego o
lesiones por minas.
* Ecuador había conseguido infiltrar una unidad a la
retaguardia peruana, capaz de atacar su base principal en
PV1 o cortar su línea principal de suministro en el alto
Cenepa. Quedó claro que la unidad ecuatoriana debía ser
retirada de partida para permitir futuras retiradas peruanas.
* Existían dos bases en disputa, Tiwintza y Base Sur, cuyo
significado emocional era muy superior a cualquier
significado político o militar. Ambos lados alegaban
haberlas tomado. Ecuador insistía que la Momep pública y
físicamente asumiera estas bases para confirmar de esta
manera su versión de sus logros en el campo de batalla. La
Momep se negó a tal cosa.
Las elecciones nacionales en el Perú estaban previstas para
el nueve de abril. El presidente Fujimori había anunciado la
toma de Tiwintza y cualquier acción de la Momep que
desmintiera estas declaraciones podría complicar la
situación interna en el Perú.
* Debido a sus relativas capacidades logísticas, Ecuador
estaba en condiciones de ejecutar extracciones aéreas a
partir de diversas áreas de aterrizaje dentro del sector
en conflicto. Perú por su parte, tendría que llevar sus
fuerzas a pie hasta la PV1 o a la Cueva de los Tayos de
donde serían retiradas por helicópteros, un proceso que
podría requerir hasta 48 horas para cada unidad, dado el
terreno y el clima.
El personal de la Momep diseñó un programa con duración de
seis semanas para la retirada de más de 60 unidades
desplegadas en la zona de conflicto. Ambos lados fueron
instruidos a concentrarse en grupos por categoría: retirando
guarniciones avanzadas de combate y patrullas a posiciones de
escuadrón y los escuadrones a pelotón. Luego se les entregaron
los requerimientos por etapas para la extracción de unidades
específicas. Cada unidad fue notificada de que debía
dislocarse hasta los puntos designados. Allí los helicópteros
las llevaban hasta los observadores de la Momep que
registraban a los soldados que iban siendo retirados, además
de sus armas y equipo. A partir de allí, las tropas eran
transportadas por aire y tierra, (en el caso del Ecuador) a
sus cuarteles. Este procedimiento, a pesar de fallas evidentes
desde el punto de vista de la responsabilidad, dio como
resultado la extracción de más de 5.000 soldados, sin
incidentes, en apenas cinco semanas. El éxito se debió
sencillamente a que las partes estaban ansiosas por cumplir
con un proceso que les permitió separarse sin comprometer su
honor o sus reivindicaciones territoriales.
Durante el proceso de separación de fuerzas, tanto Ecuador
como Perú presionaron a la Momep para que verificara la
desmovilización en áreas fuera de la zona de conflicto.
Sintiendo el deseo de ambas partes de desmovilización. El
estado mayor de la Momep se reunió entonces con los oficiales
de enlace de ambos lados para crear un programa simultáneo y
proporcional de retirada de las unidades que habían sido
desplegadas durante el conflicto, para que volvieran a las
posiciones que ocupaban en épocas de paz.
Del tres al 13 de mayo, dos equipos de verificación de la
Momep viajaron a varios locales de desmovilización a ambos
lados de la frontera. Ambos recibieron una orientación del
comandante de la unidad, presidieron las ceremonias formales
de desmovilización e inspeccionaron las guarniciones o las
posiciones abandonadas para verificar que las fuerzas habían
retornado a su posición de paz. Sin duda el proceso de
verificación fue superficial, dado el rápido ritmo de la
desmovilización y el pequeño contingente de la misión
observadora. De cualquier manera, el 13 de mayo ambos
lados habían retornado básicamente a la posición que
ocupaban antes de que estallara el conflicto. Las pequeñas
variaciones en la configuración de las unidades avanzadas en
comparación con las guarniciones de paz no fueron
suficientemente significativas como para permitir una
desestabilización de ninguno de los dos lados.
ACUERDO
A comienzos de mayo de 1995, la Momep había cumplido la mayor
parte de las tareas específicas impuestas por el acuerdo de
Itamaraty y rutinariamente llevaba a cabo el patrullaje aéreo
sobre el área de seguridad, el relevo de los observadores en
Coangos y PV1 y la inserción periódica de centros de
operaciones en Base Sur y Tiwintza. Cuando el alto Cenepa
quedó libre de tropas, excepto por las fuerzas nominales en
Coangos y PV1, la Momep verificó que se habían alcanzado las
condiciones necesarias para recomendar a las partes la
creación de una zona desmilitarizada, como lo requería el
mandato.
Las seis opciones que habían sido preparadas desde abril, iban
desde una franja estrecha entre Coangos y PV1, a una franja de
20 km a lo largo de la frontera. Cada una fue analizada desde
el punto de vista de la justificativa militar y el significado
político. La Momep debía mantener total imparcialidad y separar
la zona desmilitarizada de cualquier reivindicación o
adjudicación de reclamos territoriales mientras se consideraban
los puntos de vista de ambos lados en cuanto a sus intereses
soberanos.
En ese sentido, la Momep propuso a los diplomáticos de los
países garantes en Brasilia, que el área de seguridad existente
fuera transformada en zona desmilitarizada con una guarnición
de 50 tropas en PV1 y Coangos. La recomendación se entregó el
tres de mayo. Mientras que Perú aceptó inmediatamente, Ecuador
rechazó la propuesta diciendo que era injusta y que traicionaba
las seguridades ofrecidas anteriormente por la Momep de que el
área no sería relacionada "ni a una solución final de frontera
ni a una zona desmilitarizada". El motivo de la protesta del
Ecuador era una base logística menor, Banderas, dentro de la
zona desmilitarizada.
En la fase final de la retirada de las tropas, el oficial de
enlace del Ecuador levantó la cuestión ante la Momep,
declarando que Ecuador no debería ser forzado a evacuar
Banderas, pues se trataba de territorio ecuatoriano
indisputado y lugar donde existía un destacamento de frontera
desde hacía mucho tiempo.
Se realizaron entonces negociaciones a dos niveles. Altos
funcionarios y los viceministros de Relaciones Exteriores de
Perú y Ecuador se reunieron del 19 al 26 de junio para tratar
de la normalización de las relaciones mientras el estado mayor
de la Momep estudiaba ajustes a la propuesta de la zona
desmilitarizada (DMZ) y preparaba un proyecto de definición de
procedimientos con los oficiales de enlace. Sin embargo,
cuando se reveló la presencia ecuatoriana en Banderas los
peruanos amenazaron retirarse de las negociaciones. La Momep
se reunió durante toda la noche del 25 al 26 de junio,
promoviendo un ajuste que había sido discutido en una reunión
privada entre los oficiales de enlace. Ambos lados informaron
a los garantes que deseaban suspender las conversaciones para
consultas con su capital. El estado mayor de la Momep volvió
a Patuca con la obligación de hacer algo en relación a la
aparente presencia del Ecuador en Banderas.
A instancias de los diplomáticos de los países garante, el
estado mayor de la Momep dio inicio a tres semanas de reuniones
con los oficiales de enlace en Quito y en Lima para resolver el
impasse. Basados en los ajustes preparados en Brasilia y por el
equipo de verificación situado en Banderas, se alcanzó
finalmente una solución de compromiso. Se acordó la realización
de una reunión histórica en Lima del 24 al 25 de julio para que
los dos oficiales de enlace firmaran un acuerdo sobre la zona
desmilitarizada en nombre de sus respectivos gobiernos.
Describía un cuadrángulo que cubría la mayor parte del área de
seguridad pero que excluía Banderas. Como medida de confianza
mutua ambos lados se comprometieron a efectuar inspecciones
periódicas cerca de la zona desmilitarizada para asegurar el
equilibrio de las fuerzas.
Las noticias de este histórico acuerdo fueron transmitidas a
tiempo para ser anunciadas por el secretario de Defensa
William Perry en la sesión de clausura de la reunión
ministerial que se estaba celebrando en Williamsburg, un buen
ejemplo de la cooperación regional en temas de defensa.
MOMEP II
Con el establecimiento de la zona desmilitarizada el uno de
agosto, el estado mayor de la Momep reinició la negociación de
los procedimientos para continuar con la misión. Desde un
comienzo el embajador Luigi Einaudi había trazado un plan de
largo plazo, por lo cual la mayor parte de las tareas de los
observadores serían transferidas a oficiales militares de las
partes para permitir una disminución de la presencia de los
representantes de los países garantes. Este enfoque, junto
con una expansión del mandato de la Momep para verificar la
desmovilización y desmilitarización , era el núcleo del
proyecto entregado a los oficiales de enlace. La integración
se llevaría a cabo de manera incremental, de arriba hacia
abajo, en un período de 90 días dando como resultado un
personal de la Momep, personal de apoyo y equipos de
observadores combinados.
En las conversaciones de Brasilia, ambas partes concordaron
en principio con este enfoque. Sin embargo, en Quito a
principios de agosto, se optó por un proceso de integración
más gradual, vinculado al proceso diplomático pero no a una
retirada de la Momep. Como había sido estipulado en el
proyecto, los oficiales de enlace querían tener poder
efectivo de veto en la retirada de los observadores de los
países garantes de la misión. Mientras que los EE.UU.
estaban a favor de una integración más rápida, el consenso
era que cambios en el texto no serían aceptados por ambas
partes. Todos los involucrados reconocieron el derecho
implícito de los garantes de tomar decisiones en relación al
compromiso continuado de sus observadores. En definitiva, el
22 de agosto, la definición de procedimientos fue endosada
por altos funcionarios de los países garantes y aceptada por
los gobiernos de ambas partes.
Luego de este éxito y con el escenario pronto para la
integración y negociación sobre el tema subyacente, surgió una
situación que amenazó desencarrilar el proceso de paz. Desde
el fin del proceso de retirada de las tropas en mayo,
ocurrieron una serie de violaciones al cesar fuego en áreas
adyacentes, pero no incluidas en el área de seguridad/DMZ.
Entre el tres de mayo y el 30 de septiembre las partes retaron
más de 20 incidentes acompañados de pedidos por la intervención
de la Momep. Muchos se debían a minas, en incidentes que dieron
como resultado tres muertos y un herido, o fuego de arma corta,
escalando a duelos de artillería y mortero. En ambos casos,
cada parte acusó a la otra de provocar deliberadamente el
incidente y tratar de sabotear el proceso de paz. Negándose a
colocar en peligro a los observadores y temerosos de exceder
su mandato, la Momep exhortó a las partes a poner fin a las
patrullas y concentrarse en las posiciones de frontera y
retirar del área las armas de fuego indirecto. Sin embargo
ninguno de los dos lados aceptaba dar cumplimiento al pedido
sin la verificación de la Momep.
La misión adoptó una estrategia similar a la que había
adoptado con anterioridad con resultados favorables. Un área
de 10 km a ambos lados de la frontera demarcada, extendiéndose
desde la DMZ a un punto al este de la confluencia de los ríos
Santiago y Yaupi fue designada como área de seguridad
complementaria (ver mapa); se exigieron de ambos lados
inventarios de puestos de avanzada, tropas y armas y se
proyectó una retirada gradual de guarniciones y armas de
fuego indirecto, dejando un máximo de 80 soldados de cada
lado en las guarniciones listadas. Los observadores de la
Momep verificaron la llegada de las tropas y las armas
al cuartel del batallón más cercano (Santiago en Ecuador y
Ampala en el Perú).
Estas medidas a las que se agregó un mayor número de
patrullas de helicópteros, ayudaron a estabilizar la
situación. Desde marzo de 1996, 18 oficiales del Perú y
del Ecuador se han integrado a la Momep y los contingentes
de observadores fueron reducidos a cuatro de cada país
garante. El elemento de apoyo de los EE.UU. se mantiene en
60 efectivos. Ambas partes volvieron a adoptar su antigua
política de contactos de frontera y se ha alcanzado
significativo progreso en el frente diplomático. La reunión
de enero de 1996, de ministros de Relaciones Exteriores en
Lima, adoptó una fórmula para continuar con las
negociaciones de manera sostenida sobre el tema subyacente.
Con una mínima inversión en recursos por parte de los países
garantes del protocolo de 1942 de Río de Janeiro, la Momep
puede reivindicar para sí un extraordinario éxito. El próximo
paso para los diplomáticos de los países garantes serán las
negociaciones positivas y permanentes sobre la demarcación
de la frontera. La esperanza es que al integrar ambas partes
en la misión observadora se obviarán los encuentros armados
y se producirá un clima de confianza mutua conducente a la
negociación. El temor es que sin la presencia continua de
los observadores de los países garantes en las operaciones
cotidianas, la misión pueda perder credibilidad y control
mientras los diplomáticos tratan el arduo y demorado
problema de alcanzar concesiones mutuas para llegar a un
acuerdo final. (FUENTE: REVISTA VISTAZO N. 699, PP. 54-60)
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