Doce diputados europeos se sumaron a la propuesta de Jurgen Klute quien envió al Comisario Europeo de Comercio, Karel De Guscht, y a la Alta Representante para Asuntos Extranjeros, Catherine Ashton, el pedido de suspensión del TLC con Colombia por desoír los pronunciamientos de CIDH sobre la vulneración de derechos a Gustavo Petro.
El reclamo de la suspensión de derechos fue indicado mediante un comunicado donde se manifiesta "la grave quiebra del estado de derecho cometido por el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, el pasado 20 de marzo, tras destituir e inhabilitar para cargos públicos a Gustavo Petro.
La medida para los parlamentarios europeos "supone una grosera violación a los derechos democráticos" está contemplada en el artículo 1 del TLC Colombia-UE. Para Jurge Klute, promotor de la sanción, la inhabilitación de Petro por el tiempo de 15 años "constituye una inquietante transgresión de procedimientos legales(...)porque incumple una "resolución obligatoria dictada por CIDH.
El comunicado emitido por los parlamentarios europeos es enfático al señalar que "No acatar las medidas cautelares equivale a desobedecer al orden judicial", en referencia a que Gobierno y Estado Colombiano desoyen a la CIDH y de esta forma incumplirían con los términos del TLC Colombia-UE.