Quito. 16 ago 99. El Superintendente de Bancos, Jorge Guzmán,
definió en una cadena de televisión el estado en el que quedan
26 entidades sobrevivientes de un proceso previo de
estatizaciones, cierres y liquidaciones que mostraron el
acelerado deterioro del sistema bancario como reflejo de una
trágica combinación de degradación macroeconómica y polÃtica.
El Estado ecuatoriano intensificó en los últimos dÃas el proceso
de saneamiento del frondoso sistema bancario del paÃs, que de
alrededor de 40 bancos está a punto de quedar en 27 viables,
incluyendo a 8 en proceso de reestructuración, consolidación y
fortalecimiento patrimonial. La definición de los términos en los
que en adelante operará la banca de este paÃs de 13 millones de
habitantes disipó las agudas tensiones económicas que se habÃan
formado a lo largo de este tormentoso año financiero, que empezó
con la virtual estatización del poderoso Filanbanco, una de las
cinco entidades más grandes del paÃs, continuó con la virtual
quiebra de otro gran banco, el del Progreso, involucrado en
manejos presuntamente dolosos de sus administradores, y siguió
con un congelamiento de depósitos que vapuleó la ya precaria
confianza pública en el sistema financiero.
El Superintendente de Bancos, Jorge Guzmán, definió en una cadena
de televisión el estado en el que quedan 26 entidades
sobrevivientes de un proceso previo de estatizaciones, cierres
y liquidaciones que mostraron el acelerado deterioro del sistema
bancario como reflejo de una trágica combinación de degradación
macroeconómica y polÃtica, elevados déficit fiscales, fenómenos
naturales como el de El Niño, caÃda de los precios de las
materias primas exportables, inestabilidad cambiaria y monetaria,
agresivo endeudamiento público y privado, deterioro de la
capacidad de pago de los sectores productivos y manejo
irresponsable de algunos bancos. Por lo menos 10 entidades
pasaron en los últimos meses al control de la Agencia de GarantÃa
de Depósitos (AGD), una institución creada por el Congreso para
dirigir el saneamiento de la banca, vender los activos y pasivos
de los bancos absorbidos por el Estado y devolver al público sus
ahorros con un tope de hasta 3 puntos por encima de la tasa
referencial pasiva del Banco Central.
Antes del anuncio del Superintendente, todo el sistema bancario
fue sometido a un proceso estricto de auditorÃa realizado por
firmas internacionales contratadas por el Estado, para definir
con exactitud su situación patrimonial en relación con los
activos de riesgo (cartera) a fin de establecer qué entidades son
viables y cuáles no.
Las auditorÃas
De las auditorÃas resultó que 19 bancos cumplÃan el requerimiento
mÃnimo de porcentaje patrimonial en relación con los activos de
riesgo (9 % de patrimonio técnico). Estas entidades siguen
funcionando sin problemas.
Otros cuatro bancos, de entre ellos tres grandes, PacÃfico,
Popular y Previsora, junto al pequeño Cofiec, recibirán préstamos
estatales por un conjunto de 148 millones de dólares pagaderos
a un año de plazo para fortalecer su patrimonio. Tres bancos
pequeños, Solbanco, Unión y de Crédito, serán sometidos durante
dos meses a reestructuración antes de ser absorbidos por el banco
estatal Continental, que fue hace 3 años vÃctima de una quiebra
a causa de concentración de créditos, créditos vinculados y
piramidación de capitales. Por último, una pequeña entidad,
Bancomex, será sometida a un proceso de saneamiento, término
usado por la AGD cuando se dispone a liquidar una entidad
bancaria.
La crisis bancaria reflejó de alguna manera la naturaleza de las
distorsiones económicas y polÃticas que sufrió el Ecuador en los
últimos 20 años de democracia ininterrumpida. Los analistas, en
una crÃtica al propio sistema democrático imperfecto que reina
en este paÃs, observaron que la crisis se gestó en 1993 cuando
el gobierno y el Congreso flexibilizaron el ingreso de más bancos
al sistema financiero al mismo tiempo que reducÃan el poder de
supervisión de la Superintendencia bancaria, con lo que dieron
paso a trastornos económicos indeseables y a un tráfico de
influencias que terminó teniendo ramificaciones polÃticas y
parlamentarias.
Por el lado macro, la flexibilización legal permitió en 1993-1994
la multiplicación de bancos y el ingreso intenso de capitales
golondrina que financiaron una explosión crediticia de consumo
hasta 1995, cuando un conflicto bélico del Ecuador con el Perú
dio inicio a una serie de trastornos económicos, polÃticos y
sociales que agravaron la situación del Ecuador en relación con
el denominado riesgo paÃs (crisis periódicas del sistema
eléctrico, huida del vicepresidente Alberto Dahik por denuncias
de corrupción, destitución del presidente populista Abdala
Bucaram, fenómeno de El Niño, agravamiento de la crisis fiscal
en el interinazgo de Fabián Alarcón, pugnas permanentes entre el
Ejecutivo y el Congreso, aceleración de la tasa inflacionaria y
aumento de la conflictividad social).
Por el lado micro, la insuficiencia legal dio paso al
florecimiento de poderosos intereses creados que a juicio del
columnista Jorge Vivanco, del diario Expreso, se entremezclaron
en una pugna polÃtica en el Congreso en defensa de manejos
inconfesables del sistema bancario, al que pretendieron ayudar
a eludir manejos dolosos e irresponsables. Un ejemplo parece ser
el del Banco del Progreso, cuya administración fue acusada de
otorgar préstamos vinculados a empresas relacionadas y fantasmas
por un monto de 490 millones de dólares. La situación de este
banco generó un conflicto regional y polÃtico entre partidos de
la sierra y de la costa, los unos criticando los malos manejos
del banco y los otros defendiéndolo directa e indirectamente al
presentarlo como una vÃctima del supuesto centralismo de Quito.
Sórdida pugna
El proceso de saneamiento genera en estos mismos dÃas una sórdida
pugna en los principales partidos polÃticos, incluido el
oficialista Democracia Popular, donde el presidente Jamil Mahuad
es criticado por su coideario Juan José Pons por su supuesto mal
manejo de la crisis económica. Estas pugnas reflejarÃan lo que
el columnista Vivanco define como conversión del Congreso en un
órgano representativo de los intereses creados vinculados a los
partidos polÃticos. Tal antagonismo dificulta la búsqueda de una
salida consensuada a la crisis económica y entorpece y dificulta
las negociaciones que el gobierno desarrolla con el Fondo
Monetario para obtener asistencia crediticia destinada a
fortalecer la balanza de pagos y financiar parte del saneamiento
bancario.
Mahuad intentó elevar en un 13% el precio de la gasolina para
reducir el déficit fiscal a un 3,5 del PBI, pero la medida causó
una explosión social y un levantamiento indÃgena que hizo emerger
a la Confederación de Nacionalidades IndÃgenas (CONAIE) como un
poderoso interlocutor social que reclama un sacrificio compartido
para superar la crisis.
La politización de los intereses creados dificulta esa equidad
en el ajuste y bloquea un acuerdo Ejecutivo-Congreso para buscar
financiamiento alternativo al déficit, sin el cual el acuerdo con
el FMI y el consiguiente saneamiento profundo de la banca se
dificulta.
El presidente Mahuad ha sido criticado por su falta de liderazgo
para movilizar a las fuerzas polÃticas y sociales en la búsqueda
de una salida negociada. Tal liderazgo es fundamental dada la
naturaleza de los intereses inconfesables que subyacen en las
posturas aparentemente populares de los contendores polÃticos
cuando rechazan las duras medidas que requiere el saneamiento
fiscal y bancario. El FMI ha sido sumamente comprensivo en las
negociaciones, tomando en cuenta las peculiaridades de la crisis
económica y social que vive el Ecuador.
PodrÃa decirse que toda esta sintomatologÃa de la crisis
constituye los dolores de parto de un cambio inevitable, de una
transición dolorosa desde una economÃa estatista, monopólica e
ineficiente, y un sistema polÃtico seudodemocrático, excluyente
y meramente partidista, hacia un nuevo modelo que es reclamado
por toda la sociedad ecuatoriana, donde la democracia polÃtica
participativa se combine con una verdadera democracia económica.
Entre tanto, el panorama del paÃs es incierto, pues la salida de
la crisis depende de que sus actores polÃticos, económicos,
empresariales, sindicales y sociales se pongan de acuerdo, algo
muy difÃcil en la estructura social notablemente fragmentada del
Ecuador. (Texto tomado de Tiempos del Mundo)
definió en una cadena de televisión el estado en el que quedan
26 entidades sobrevivientes de un proceso previo de
estatizaciones, cierres y liquidaciones que mostraron el
acelerado deterioro del sistema bancario como reflejo de una
trágica combinación de degradación macroeconómica y polÃtica.
El Estado ecuatoriano intensificó en los últimos dÃas el proceso
de saneamiento del frondoso sistema bancario del paÃs, que de
alrededor de 40 bancos está a punto de quedar en 27 viables,
incluyendo a 8 en proceso de reestructuración, consolidación y
fortalecimiento patrimonial. La definición de los términos en los
que en adelante operará la banca de este paÃs de 13 millones de
habitantes disipó las agudas tensiones económicas que se habÃan
formado a lo largo de este tormentoso año financiero, que empezó
con la virtual estatización del poderoso Filanbanco, una de las
cinco entidades más grandes del paÃs, continuó con la virtual
quiebra de otro gran banco, el del Progreso, involucrado en
manejos presuntamente dolosos de sus administradores, y siguió
con un congelamiento de depósitos que vapuleó la ya precaria
confianza pública en el sistema financiero.
El Superintendente de Bancos, Jorge Guzmán, definió en una cadena
de televisión el estado en el que quedan 26 entidades
sobrevivientes de un proceso previo de estatizaciones, cierres
y liquidaciones que mostraron el acelerado deterioro del sistema
bancario como reflejo de una trágica combinación de degradación
macroeconómica y polÃtica, elevados déficit fiscales, fenómenos
naturales como el de El Niño, caÃda de los precios de las
materias primas exportables, inestabilidad cambiaria y monetaria,
agresivo endeudamiento público y privado, deterioro de la
capacidad de pago de los sectores productivos y manejo
irresponsable de algunos bancos. Por lo menos 10 entidades
pasaron en los últimos meses al control de la Agencia de GarantÃa
de Depósitos (AGD), una institución creada por el Congreso para
dirigir el saneamiento de la banca, vender los activos y pasivos
de los bancos absorbidos por el Estado y devolver al público sus
ahorros con un tope de hasta 3 puntos por encima de la tasa
referencial pasiva del Banco Central.
Antes del anuncio del Superintendente, todo el sistema bancario
fue sometido a un proceso estricto de auditorÃa realizado por
firmas internacionales contratadas por el Estado, para definir
con exactitud su situación patrimonial en relación con los
activos de riesgo (cartera) a fin de establecer qué entidades son
viables y cuáles no.
Las auditorÃas
De las auditorÃas resultó que 19 bancos cumplÃan el requerimiento
mÃnimo de porcentaje patrimonial en relación con los activos de
riesgo (9 % de patrimonio técnico). Estas entidades siguen
funcionando sin problemas.
Otros cuatro bancos, de entre ellos tres grandes, PacÃfico,
Popular y Previsora, junto al pequeño Cofiec, recibirán préstamos
estatales por un conjunto de 148 millones de dólares pagaderos
a un año de plazo para fortalecer su patrimonio. Tres bancos
pequeños, Solbanco, Unión y de Crédito, serán sometidos durante
dos meses a reestructuración antes de ser absorbidos por el banco
estatal Continental, que fue hace 3 años vÃctima de una quiebra
a causa de concentración de créditos, créditos vinculados y
piramidación de capitales. Por último, una pequeña entidad,
Bancomex, será sometida a un proceso de saneamiento, término
usado por la AGD cuando se dispone a liquidar una entidad
bancaria.
La crisis bancaria reflejó de alguna manera la naturaleza de las
distorsiones económicas y polÃticas que sufrió el Ecuador en los
últimos 20 años de democracia ininterrumpida. Los analistas, en
una crÃtica al propio sistema democrático imperfecto que reina
en este paÃs, observaron que la crisis se gestó en 1993 cuando
el gobierno y el Congreso flexibilizaron el ingreso de más bancos
al sistema financiero al mismo tiempo que reducÃan el poder de
supervisión de la Superintendencia bancaria, con lo que dieron
paso a trastornos económicos indeseables y a un tráfico de
influencias que terminó teniendo ramificaciones polÃticas y
parlamentarias.
Por el lado macro, la flexibilización legal permitió en 1993-1994
la multiplicación de bancos y el ingreso intenso de capitales
golondrina que financiaron una explosión crediticia de consumo
hasta 1995, cuando un conflicto bélico del Ecuador con el Perú
dio inicio a una serie de trastornos económicos, polÃticos y
sociales que agravaron la situación del Ecuador en relación con
el denominado riesgo paÃs (crisis periódicas del sistema
eléctrico, huida del vicepresidente Alberto Dahik por denuncias
de corrupción, destitución del presidente populista Abdala
Bucaram, fenómeno de El Niño, agravamiento de la crisis fiscal
en el interinazgo de Fabián Alarcón, pugnas permanentes entre el
Ejecutivo y el Congreso, aceleración de la tasa inflacionaria y
aumento de la conflictividad social).
Por el lado micro, la insuficiencia legal dio paso al
florecimiento de poderosos intereses creados que a juicio del
columnista Jorge Vivanco, del diario Expreso, se entremezclaron
en una pugna polÃtica en el Congreso en defensa de manejos
inconfesables del sistema bancario, al que pretendieron ayudar
a eludir manejos dolosos e irresponsables. Un ejemplo parece ser
el del Banco del Progreso, cuya administración fue acusada de
otorgar préstamos vinculados a empresas relacionadas y fantasmas
por un monto de 490 millones de dólares. La situación de este
banco generó un conflicto regional y polÃtico entre partidos de
la sierra y de la costa, los unos criticando los malos manejos
del banco y los otros defendiéndolo directa e indirectamente al
presentarlo como una vÃctima del supuesto centralismo de Quito.
Sórdida pugna
El proceso de saneamiento genera en estos mismos dÃas una sórdida
pugna en los principales partidos polÃticos, incluido el
oficialista Democracia Popular, donde el presidente Jamil Mahuad
es criticado por su coideario Juan José Pons por su supuesto mal
manejo de la crisis económica. Estas pugnas reflejarÃan lo que
el columnista Vivanco define como conversión del Congreso en un
órgano representativo de los intereses creados vinculados a los
partidos polÃticos. Tal antagonismo dificulta la búsqueda de una
salida consensuada a la crisis económica y entorpece y dificulta
las negociaciones que el gobierno desarrolla con el Fondo
Monetario para obtener asistencia crediticia destinada a
fortalecer la balanza de pagos y financiar parte del saneamiento
bancario.
Mahuad intentó elevar en un 13% el precio de la gasolina para
reducir el déficit fiscal a un 3,5 del PBI, pero la medida causó
una explosión social y un levantamiento indÃgena que hizo emerger
a la Confederación de Nacionalidades IndÃgenas (CONAIE) como un
poderoso interlocutor social que reclama un sacrificio compartido
para superar la crisis.
La politización de los intereses creados dificulta esa equidad
en el ajuste y bloquea un acuerdo Ejecutivo-Congreso para buscar
financiamiento alternativo al déficit, sin el cual el acuerdo con
el FMI y el consiguiente saneamiento profundo de la banca se
dificulta.
El presidente Mahuad ha sido criticado por su falta de liderazgo
para movilizar a las fuerzas polÃticas y sociales en la búsqueda
de una salida negociada. Tal liderazgo es fundamental dada la
naturaleza de los intereses inconfesables que subyacen en las
posturas aparentemente populares de los contendores polÃticos
cuando rechazan las duras medidas que requiere el saneamiento
fiscal y bancario. El FMI ha sido sumamente comprensivo en las
negociaciones, tomando en cuenta las peculiaridades de la crisis
económica y social que vive el Ecuador.
PodrÃa decirse que toda esta sintomatologÃa de la crisis
constituye los dolores de parto de un cambio inevitable, de una
transición dolorosa desde una economÃa estatista, monopólica e
ineficiente, y un sistema polÃtico seudodemocrático, excluyente
y meramente partidista, hacia un nuevo modelo que es reclamado
por toda la sociedad ecuatoriana, donde la democracia polÃtica
participativa se combine con una verdadera democracia económica.
Entre tanto, el panorama del paÃs es incierto, pues la salida de
la crisis depende de que sus actores polÃticos, económicos,
empresariales, sindicales y sociales se pongan de acuerdo, algo
muy difÃcil en la estructura social notablemente fragmentada del
Ecuador. (Texto tomado de Tiempos del Mundo)
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