Irregularidades Descubiertas En La "financiera" Investfin

Quito. 13.07.93. La falta de controles adecuados a las entidades
financieras, la insuficiente información que tiene el público
sobre ellas y la transparencia de sus transacciones volvió a
surgir como tema de discusión pública tras las irregularidades
descubiertas en la "financiera" INVESTFIN, que operaba
ilegalmente en Quito.

De acuerdo con las indagaciones realizadas por diario HOY, tanto
la Superintendencia de Bancos como la Superintendencia de
Compañías conocían desde hace mucho tiempo la existencia y las
operaciones de esa empresa. La primera le habría negado el
permiso de operación, mientras que la segunda habría autorizado
su constitución como compañía.

Fuentes de la entidad controladora de bancos y financieras
manifestaron a HOY que notificaciones sobre las actividades
ilegales de INVESTFIN fueron enviadas a la Superintendencia de
Compañías desde el año pasado, la primera ocasión en abril y la
segunda en noviembre, pero que desconocen las medidas que habría
adoptado la Superintendencia de Compañías.

Sin embargo, es evidente que tampoco las medidas adoptadas por la
Superintendencia de Bancos fueron suficientes para impedir las
operaciones de INVESTFIN, pues la única acción de información al
público fue la publicación de avisos en varios diarios del país
el último día de mayo y los dos primeros de junio pasados, en los
que alertaba al sistema financiero y al público en general en el
sentido de que aquella empresa no estaba autorizada para captar
dinero del público, otorgar préstamos y desarrollar cualquier
otro tipo de transacciones financieras, puesto que venía actuando
"al margen de la Ley".

A pesar de ello, muchos ahorristas e inversionistas siguieron
depositando su dinero en INVESTFIN y su sucesora Valorfinsa, aun
después de esas fechas.

El anzuelo que atrajo a muchos de ellos fueron las altas tasas de
interés que pagaban tanto la una como la otra, en comparación con
las del mercado, no solo recientemente sino desde hace mucho
tiempo.

Fuentes de la Superintendencia de Bancos recordaron al respecto
que todas las financieras autorizadas a operar deben exhibir a la
entrada de sus dependencias el certificado correspondiente,
otorgado por dicha entidad, documento que es la única garantía de
legalidad de las empresas dedicadas a este negocio.

Sin embargo, la práctica muestra que ni ahorristas ni
inversionistas se fijan en esos detalles (avisos pagados en los
medios o certificados exhibidos en las propias dependencias),
puesto que lo que mayormente les interesa es la rentabilidad que
van a obtener por el depósito de sus recursos.

¿Qué garantías tienen los depositantes respecto a la devolución
de sus dineros?

En el caso de INVESTFIN, hasta el momento ninguna. Ayer, nadie de
quienes acudieron a Valorfinsa a reclamar sus recursos recibieron
cantidad alguna, excepto la promesa a algunos depositantes en el
sentido de que se estaba gestionando un préstamo para cubrir sus
obligaciones con sus clientes, trámite que se concretaría en dos
días.

Fuentes vinculadas con el caso dijeron que la financiera había
hecho inversiones que garantizaban la devolución del dinero a sus
depositantes en un alto porcentaje, pero no en su totalidad.

De todas maneras, el problema surgido con INVESTFIN reactualiza
el tema de la transparencia de las operaciones que realizan
determinadas entidades financieras para asegurar los recursos de
sus clientes.

Sin embargo, el caso de INVESTFIN es apenas el último de una
serie casos parecidos que vienen transcurriendo desde hace
muchos años. Muchos ahorristas han perdido sus recursos por la
quiebra de financieras o cooperativas cuyas inversiones fueron
hechas en forma inadecuada.

Por lo pronto, es evidente que no existen controles suficientes
sobre el funcionamiento de este tipo de empresas. Expertos en la
materia sostienen que la Superintendencia de Bancos no cuenta con
un mecanismo ni con el personal necesario para ejercer este tipo
de control y que nunca llegaría a tenerlo para controlar a
"financieras" que aparecen por doquier en cualquier lugar del
país.

El problema al parecer no tiene solución en las actuales
circunstancias. La tendría en el futuro cuando comience a operar
la Ley de Mercado de Valores, en la que se prevé la existencia de
instituciones especializadas en investigar el estado de las
empresas que pondrán en venta sus emisiones de papeles, a fin de
dar garantía de seguridad a los inversionistas que comprarán
papeles en el mercado de valores.

Pero aun en esas circunstancias parece válida la siguiente
pregunta: ¿Hasta qué punto ese mecanismo será lo suficientemente
transparente para dar seguridad al inversionista? ¿Cuánta
garantía habrá para que con la nueva ley no sigan apareciendo
estas financieras fantasmas para estafar a un público que todavía
tiene una escasa "cultura" de inversionista?