Quito. 25.07.93. Supongamos que todo en el Plenario del
Parlamento funciona las próximas dos semanas "a pedir de boca".
Supongamos que existe quórum, que la sesión dure las cuatro horas
de rigor, que los diputados solo votan y no discuten. El
resultado será la Ley de Modernización esta semana.

Pero estos supuestos estan cruzados por otros: que los diputados
no hagan de la modernización la "prenda" en el juego de las
mayorías parlamentarias.

Sólo eso le haría falta a esta polémica Ley de la Modernización
para cerrar un periplo más bien mediocre, en el que los artículos
han sido debatidos en el marco del desgano parlamentario, de los
vaivenes y componendas políticas.

Entonces, decíamos, de existir quórum y si los diputados se
deciden a hacerlo, esta semana el Ecuador tendrá aprobada ya su
Ley de Modernización del Estado que, en otras palabras, es la
puerta de entrada a la era de las privatizaciones.

Una era que se inaugura huérfana del impulso,el vigor y el
consenso que un proceso de esta naturaleza exige para no quedarse
a medio camino.

El Plenario recobró la viada

Hasta la semana pasada, el Plenario de las Comisiones
Legislativas había logrado aprobar hasta el artículo 36 de los 64
que tiene el polémico cuerpo legal.

Luego de una semana de aparente paralización, al parecer el
Plenario recobró la viada y con el retorno a las sesiones de los
socialcristianos Ricardo Noboa y Heinz Moeller todo hace pensar
que esta semana, o a más tardar la entrante, será aprobada. Este
martes se reiniciará el trámite.

El argumento de Moeller para acelerar la aprobación de la Ley, es
que el presidente de la República, Sixto Durán Ballén oculta su
incapadidad para gobernar con el pretexto de que no tiene una ley
que permita modernizar al país.

Sin embargo no faltan quienes piensan que los socialcristianos
están utilizando el trámite de la Ley a cambio de que el Gobierno
les permita captar la presidencia del Congreso. De este parecer
es el socialista Diego Delgado quien dice que los
socialcristianos no quieren terminar de aprobar la Ley hasta el
10 de agosto con el fin de conseguir el apoyo para la Presidencia
del Parlamento.

El demócrata popular Ramiro Rivera dijo por su parte que "el
hecho de que se haya dilatado el tratamiento de la Ley es
problema del bloque gobiernista que es el que manda en el
Plenario. La DP, por ejemplo, se retiró el 1 de julio". Rivera
agregó que "probablemente le está resultado muy costoso al
Gobierno la aprobación de cada artículo en la medida en que haya
canje de votos por espacios de poder y gratificaciones".

Otros diputados creen que este "chantaje" están utilizando
algunos independientes que, en ciertos momentos, son vitales para
que avance la aprobación de la Ley.

Pasó lo más difícil

Sin embargo, el diputado de la Izquierda Democrática, Antonio
Rodríguez, se mostró incrédulo y no dio fe a "tanta
confabulación".

En caso de no terminar la aprobación hasta el 10 de agosto, el
segundo y definitivo debate se reiniciaría en el período
ordinario lo que significará mayores dificultades puesto que en
ese caso intervendrían los 77 diputados, cada uno con "más
criterio".

Sin embargo, tanto Rodríguez como Rivera creen que la aprobación
se dará en esta semana. Ya pasó lo más difícil, dicen
refiriéndose al artículo seis que permite la delegación en las
áreas estratégicas y del artículo siete que habla de la facultad
del presidente para modificar la estructura de las entidades
públicas.

A esto habría que añadir que en las reuniones del Plenario solo
quedan dos "opositores" a la Ley: Antonio Rodríguez y Diego
Delgado, a más de Carlos Julio Arosemena con sus esporádicas
apariciones.

Los otros diputados, sostiene Rodríguez, más que debatir solo
votan.

No todo fue como se quiso

Sin embargo, la Ley no será aprobada tal y como al parecer era la
voluntad del Gobierno. "Hemos logrado bastante", dice Rodríguez
que ha hecho varias observaciones al texto final y que logró que
en el artículo 7 no se permita al presidente de la República la
modificación de las entidades públicas mediante un simple
decreto.

Esto quiere decir que se frustró el deseo del Gobierno de que el
presidente mediante un decreto altere la estructura de, por
ejemplo, Petroecuador y lo privatice. Al momento de aprobar el
texto final se estableció que para modificar la estructura de las
entidades creadas por Ley se debía hacerlo mediante otra Ley. Es
decir que para privatizar Petroecuador será necesaria la
aprobación de otra Ley que lo permita. "Si se aprobaba tal y
como estaba se hubiese podido privatizar EMETEL por un mero
decreto", sostiene Rodríguez.

Este ha sido, sin duda, el cambio más pronunciado entre lo que
quería el Gobierno en su proyecto original y lo que quedará
consignado en la Ley.

A esto habría que añadir que el Plenario ha limitado las
facultades que, en el proyecto del Ejecutivo, tenía el presidente
para establecer mecanismos de privatización no amparados por las
leyes vigentes.

Según Rodríguez la Ley terminará siendo "algo inútil" al haberse
limitado la posiblidad de trasladar al sector privado las
empresas que han sido creadas por Ley.
EXPLORED
en Ciudad N/D

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