Quito. 19.07.93. Por algunos años, diversos sectores han
demandado en forma creciente un modelo normativo de seguridad
social relativamente abierto hacia formas privadas de protección.
Este modelo se enmarcarÃa dentro de una de las reformas
estructurales más importantes del actual gobierno; si éste decide
impulsarlo, se convertirÃa junto con la ley de Mercado de
Valores, en los pilares del crecimiento y desarrollo económico
del paÃs en los próximos años.
El impacto positivo de las dos reformas es innegable, puesto que
la Ley de Mercado de Valores está promulgada, conviene señalar
posibles alternativas que viabilizarÃan polÃticamente las
reformas de la previsión social, con menores costos económicos y
sociales.
En efecto, en las últimas semanas se ha podido leer en la prensa
nacional los anuncios hechos por el Secretario Nacional de
Desarrollo Administrativo (SENDA) BenjamÃn Rosales, sobre a
salida de alrededor de 45.000 empleados de las empresas e
instituciones de sector público, para los próximos tres años, asÃ
como, por el ex-presidente de la junta monetaria Roberto
Baquerizo, sobre la futura reestructuración global del sistema de
seguridad social.
La compra de renuncias
En cuanto a las declaraciones de Rosales, y según datos
oficiales, el mecanismo de compra de renuncias, que ya está en
marcha, se mantendrá vigente en los próximos tres años. Sin que
este funcionario lo hay dicho, pero de fuentes oficiales, se
conoce que el programa de reducción del número de servidores
públicos serÃa 18.000 el primer año de gobierno, 22.000 el
segundo y el resto, el último año de gobierno.
Se ha calculado que se requiere en promedio alrededor de 6.000
mil dólares, que equivaldrÃa a 11.5 millones de sucres por
empleado, tomando en cuanta la última remuneración y los años de
antiguedad. En total, el primera año el sector público tendrÃa
que desembolsar 108 millones de dólares, más 132 millones de
dólares en el segundo y el tercer año cerca de 30 millones de
dólares.
El financiamiento para la compra de renuncias no ha sido
anunciado; no obstante, se sabe que existe un crédito externo y,
como éste lo exige, también existirÃa una contraparte local.
Sobre ésta última, tampoco se conocen sus fuentes de
financiamiento, sin embargo se espera, no sea a través de la
emisión inorgánicoa de dinero.
Diferentes cálculos realizados que incorporan criterios
actuariales, económicos y financieros, permiten confirmar que, si
el gobierno impulsarÃa la reforma de la seguridad social más
rápido de lo anunciado, por ejemplo a través de un sistema de
pago mensual de pensiones de jubilación o cesantÃa que podrÃa
encargarse a las administradoras privadas de fondos, el costo
económico y social para el Estado serÃa muy inferior.
El sistema de pensiones mediante el pago de una renta vitalicia o
temporal, cuyo monto podrÃa alcanzar hasta el 90% de la última
remuneración del empleado pudiendo estar calculada en Unidades de
Valor Constante para evitar su deterioro de poder adquisitivo
mientras viva o hasta que la persona se incorpore de nuevo al
mercado de trabajo, al tiempo de viabilizar un sistema privado de
pensiones, tendrÃa una serie de ventajas coyunturales, pero muy
importantes de orden económico y social respecto al sistema de
compra de renuncias.
Desde una perspectiva macroeconómica y tomando en cuenta
solamente el primer año, de aplicarse el programa de compra de
renuncias, podrÃan existir desequilibrios en las tasas de
interés, debido a distorsiones en el sistema financiero por la
incorporación de más de 250.000 millones de sucres; es decir el
equivalente al crecimiento esperado de la emisión monetaria en
una año.
Este último factor, de hecho implicarÃa presiones en la demanda
de bienes y servicios que se traducirÃan en cambios de
crecimientos de los precios, lo cual afectarÃa seriamente el
principal objetivo de la polÃtica económica del gobierno, el
control de la inflación, En el segundo año, el impacto monetario
serÃa aún mayor y los efectos en el sector real-sobretodo en
desempleo- empezarÃan a agudizarse drásticamente.
Por otro lado, un sistema de pagos diferidos tendrÃa, entre otras
ventajas las siguientes:
- Una redistribución de recursos más equitativa, puesto que el
cálculo de la pensión temporal o vitalicia del empleado está
realizada en base a los diferentes parámetros biométricos como
son edad, sexo, expectativas de vida, remuneración, etc. y no
solamente en base a la remuneración y antiguedad del sistema de
compra de renuncias.
- Finalmente, siendo un programa sustituto de remuneraciones, que
no altera la organización ni los patrones de consumo de las
familias, genera una ahorro muy significativo para todo el Estado
y permite programar de forma ordenada las finanzas de todas las
instituciones y empresas del sector público.
Reformas a la seguridad social
En lo que se refiere a las declaraciones de Baquerizo, la
principal consecuencia económica de las deficientes servicios de
la seguridad social ecuatoriana, radica en el coso económico en
términos individuales y agregados que representa para las
empresas la calidad de los mismos.
En otras palabras, un alto porcentaje de empresas tanto públicas
como privadas, contratan complementariamente a la Seguridad
Social obligatoria, seguros de asistencia médica y de vida. Esto
implica que las empresas tengan que destinar recursos adicionales
para obtener servicios en en teorÃa el Estado por ley los debe
otorgar. En consecuencia, por estos deficientes servicios existe
una mala asignación y pérdida de recursos que serÃan destinados a
incrementar la formación de capital, generación de empleo y
crecimiento económico.
Varios estudios y encuestas coinciden sobre la actual situación
del IESS, la cual ni siquiera merece ser reperica. En este
sentido, las opciones de solución del Sistema del Instituto no
resultan ser extrañas.
- Mantenimiento del IESS radicalmente reformado como la única
institución de seguridad social en el paÃs;
- Completa privatización del sistema junto con un programa de
bienestar social; y,
- La creación de un sistema mixto, que combine un IESS
transformado y varios grados de participación del sector privado.
Sabiendo que las dos primeras opciones son poco viables
polÃticamente e injustas desde una óptica social, la última
alternativa, en cambio, se inscribe como la más coherente.
En este contexto y juntando las declaraciones de los dos altos
funcionarios, el gobierno debe aprovechar la actual situación,
para solucionar simultáneamente dos problemas, la búsqueda de
eficiencia del sector público, uno de cuyos medios es la salida
de empleados improductivos o de avanzada edad; y la crisis del
seguro social, mediante la reforma del sistema previsional
ecuatoriano.
demandado en forma creciente un modelo normativo de seguridad
social relativamente abierto hacia formas privadas de protección.
Este modelo se enmarcarÃa dentro de una de las reformas
estructurales más importantes del actual gobierno; si éste decide
impulsarlo, se convertirÃa junto con la ley de Mercado de
Valores, en los pilares del crecimiento y desarrollo económico
del paÃs en los próximos años.
El impacto positivo de las dos reformas es innegable, puesto que
la Ley de Mercado de Valores está promulgada, conviene señalar
posibles alternativas que viabilizarÃan polÃticamente las
reformas de la previsión social, con menores costos económicos y
sociales.
En efecto, en las últimas semanas se ha podido leer en la prensa
nacional los anuncios hechos por el Secretario Nacional de
Desarrollo Administrativo (SENDA) BenjamÃn Rosales, sobre a
salida de alrededor de 45.000 empleados de las empresas e
instituciones de sector público, para los próximos tres años, asÃ
como, por el ex-presidente de la junta monetaria Roberto
Baquerizo, sobre la futura reestructuración global del sistema de
seguridad social.
La compra de renuncias
En cuanto a las declaraciones de Rosales, y según datos
oficiales, el mecanismo de compra de renuncias, que ya está en
marcha, se mantendrá vigente en los próximos tres años. Sin que
este funcionario lo hay dicho, pero de fuentes oficiales, se
conoce que el programa de reducción del número de servidores
públicos serÃa 18.000 el primer año de gobierno, 22.000 el
segundo y el resto, el último año de gobierno.
Se ha calculado que se requiere en promedio alrededor de 6.000
mil dólares, que equivaldrÃa a 11.5 millones de sucres por
empleado, tomando en cuanta la última remuneración y los años de
antiguedad. En total, el primera año el sector público tendrÃa
que desembolsar 108 millones de dólares, más 132 millones de
dólares en el segundo y el tercer año cerca de 30 millones de
dólares.
El financiamiento para la compra de renuncias no ha sido
anunciado; no obstante, se sabe que existe un crédito externo y,
como éste lo exige, también existirÃa una contraparte local.
Sobre ésta última, tampoco se conocen sus fuentes de
financiamiento, sin embargo se espera, no sea a través de la
emisión inorgánicoa de dinero.
Diferentes cálculos realizados que incorporan criterios
actuariales, económicos y financieros, permiten confirmar que, si
el gobierno impulsarÃa la reforma de la seguridad social más
rápido de lo anunciado, por ejemplo a través de un sistema de
pago mensual de pensiones de jubilación o cesantÃa que podrÃa
encargarse a las administradoras privadas de fondos, el costo
económico y social para el Estado serÃa muy inferior.
El sistema de pensiones mediante el pago de una renta vitalicia o
temporal, cuyo monto podrÃa alcanzar hasta el 90% de la última
remuneración del empleado pudiendo estar calculada en Unidades de
Valor Constante para evitar su deterioro de poder adquisitivo
mientras viva o hasta que la persona se incorpore de nuevo al
mercado de trabajo, al tiempo de viabilizar un sistema privado de
pensiones, tendrÃa una serie de ventajas coyunturales, pero muy
importantes de orden económico y social respecto al sistema de
compra de renuncias.
Desde una perspectiva macroeconómica y tomando en cuenta
solamente el primer año, de aplicarse el programa de compra de
renuncias, podrÃan existir desequilibrios en las tasas de
interés, debido a distorsiones en el sistema financiero por la
incorporación de más de 250.000 millones de sucres; es decir el
equivalente al crecimiento esperado de la emisión monetaria en
una año.
Este último factor, de hecho implicarÃa presiones en la demanda
de bienes y servicios que se traducirÃan en cambios de
crecimientos de los precios, lo cual afectarÃa seriamente el
principal objetivo de la polÃtica económica del gobierno, el
control de la inflación, En el segundo año, el impacto monetario
serÃa aún mayor y los efectos en el sector real-sobretodo en
desempleo- empezarÃan a agudizarse drásticamente.
Por otro lado, un sistema de pagos diferidos tendrÃa, entre otras
ventajas las siguientes:
- Una redistribución de recursos más equitativa, puesto que el
cálculo de la pensión temporal o vitalicia del empleado está
realizada en base a los diferentes parámetros biométricos como
son edad, sexo, expectativas de vida, remuneración, etc. y no
solamente en base a la remuneración y antiguedad del sistema de
compra de renuncias.
- Finalmente, siendo un programa sustituto de remuneraciones, que
no altera la organización ni los patrones de consumo de las
familias, genera una ahorro muy significativo para todo el Estado
y permite programar de forma ordenada las finanzas de todas las
instituciones y empresas del sector público.
Reformas a la seguridad social
En lo que se refiere a las declaraciones de Baquerizo, la
principal consecuencia económica de las deficientes servicios de
la seguridad social ecuatoriana, radica en el coso económico en
términos individuales y agregados que representa para las
empresas la calidad de los mismos.
En otras palabras, un alto porcentaje de empresas tanto públicas
como privadas, contratan complementariamente a la Seguridad
Social obligatoria, seguros de asistencia médica y de vida. Esto
implica que las empresas tengan que destinar recursos adicionales
para obtener servicios en en teorÃa el Estado por ley los debe
otorgar. En consecuencia, por estos deficientes servicios existe
una mala asignación y pérdida de recursos que serÃan destinados a
incrementar la formación de capital, generación de empleo y
crecimiento económico.
Varios estudios y encuestas coinciden sobre la actual situación
del IESS, la cual ni siquiera merece ser reperica. En este
sentido, las opciones de solución del Sistema del Instituto no
resultan ser extrañas.
- Mantenimiento del IESS radicalmente reformado como la única
institución de seguridad social en el paÃs;
- Completa privatización del sistema junto con un programa de
bienestar social; y,
- La creación de un sistema mixto, que combine un IESS
transformado y varios grados de participación del sector privado.
Sabiendo que las dos primeras opciones son poco viables
polÃticamente e injustas desde una óptica social, la última
alternativa, en cambio, se inscribe como la más coherente.
En este contexto y juntando las declaraciones de los dos altos
funcionarios, el gobierno debe aprovechar la actual situación,
para solucionar simultáneamente dos problemas, la búsqueda de
eficiencia del sector público, uno de cuyos medios es la salida
de empleados improductivos o de avanzada edad; y la crisis del
seguro social, mediante la reforma del sistema previsional
ecuatoriano.
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