Quito. 7 oct 96. El caso Consuelo Benavides ha sentado por
primera vez al Ecuador en el banquillo de los acusados por un
crimen de Estado.
¿Quién es el acusador?
La Corte Interamericana de Justicia, máximo organismo de la
Organización de Estados Americanos (OEA), para conocer,
investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos.
Según la Corte Interamericana, Consuelo Benavides fue
arrestada y detenida ilegal y arbitrariamente, torturada y
asesinada por agentes de la Armada y de la Policía. La Corte
asegura que su cadáver fue ocultado para borrar cualquier
evidencia.
Todos estos hechos fueron juzgados y sancionados por el
sistema jurídico ecuatoriano, en el fallo que diez años más
tarde -en diciembre de 1995 y un día antes de la prescripción
del juicio- dictó la Corte Suprema de Justicia.
Tres personas fueron sentenciadas. Solo una de ellas guarda
prisión. El principal acusado no fue sentenciado puesto que
fugó de la cárcel militar en la que se encontraba recluído.
Entonces, ¿por qué la Corte Interamericana de Justicia decidió
demandar al Ecuador?
La Corte considera que el Estado ecuatoriano tiene
responsabilidad en la desaparición y muerte de Consuelo
Benavides y no solo los agentes implicados directamente en el
hecho de sangre.
Además la Corte cree que, a través de sus instituciones, el
Estado obstaculizó la justicia.
La demanda de la Corte resulta de las conclusiones de la
Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que conoció
desde los primeros días de la desaparición de la profesora.
De acuerdo a la demanda, el Estado estaría obligado a dar una
indemnización a Consuelo, como reparación por los perjuicios
que ha sufrido la familia.
El Estado ecuatoriano reconoció que la Corte de Justicia está
en el derecho de investigar el caso pero rechazó el contenido
de la demanda. Según el Estado, los responsables directos
fueron sentenciados, el Congreso Nacional ofreció una
indemnización a la familia y la legislación ecuatoriana no
reconoce la figura del crimen de Estado. El Estado, según el
procurador Leonidas Plaza Verduga, "no tuvo la intención de
asesinar a la señorita Benavides y que su muerte fue el
resultado de los excesos de un grupo de agentes".
El juicio contra el Ecuador por la muerte de Consuelo
Benavides está abierto. En los próximos días, la Corte le
pedirá al país que presente pruebas de descargo de las
acusaciones.
Plaza Verduga, el abogado del Estado, reconoce de hecho la
competencia de la Corte Interamericana. Esto le obligaría al
país a aceptar la decisión final de la Corte. En caso de
resultar sancionado el país "con una hoja limpia" pasaría al
grupo de países acusados de violaciones a los derechos
humanos.
Al menos otras 38 denuncias de violaciones a los derechos
humanos fueron presentados ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos. En su mayoría estas se refieren a hechos
ocurridos durante el gobierno del ex presidente León Febres
Cordero (84-88).
LOS CARGOS
La Comisión Interamericana, en el texto de la demanda contra
el Ecuador, pide que la Corte Interamericana de Derechos
Humanos:
- Declare que agentes del Estado arrestaron y detuvieron
ilegal y arbitrariamente a Consuelo Benavides desde el 4 hasta
el 11 de diciembre de 1985 o hacia esta última fecha, en
violación del artículo 7.1-7.3 de la Convención Americana.
- Declare que agentes del Estado torturaron a Consuelo
Benavides y la sometieron a tratos despectivos de su dignidad
como ser humano, en violación de los artículos 5.1 y 5.2 de la
Convención Americana.
- Declare que agentes del Estado asesinaron a la profesora
Benavides, en violación del artículo 4.1 de la Convención
Americana.
- Declare que la familia Benavides se la ha negado y aún se le
continúa negando la justicia mediante el ocultamiento y
falsificación deliberada de información por parte de las
autoridades estatales implicadas, y a través del fracaso de
los procesos internos de presentar a la justicia a los autores
materiales e intelectuales de estos delitos, en violación de
los artículos 25 y 8 de la Convención Americana.
- Disponga que el Estado adopte las medidas necesarias para
remediar las violaciones encontradas y reparar sus
consecuencias, incluyendo una acción para revindicar el nombre
de la profesora Benavides, y el pago de una justa compensación
a quienes han sufrido daño como consecuencia de las
mencionadas violaciones.
UNA LAPIDA SIN NOMBRE
Al amanecer del 13 de septiembre de 1985 dos campesinos de
Rocafuerte encontraron el cadáver de una mujer asesinada a
tiros en un sembrío. (Según la autopsia, la víctima recibió
siete tiros en el cuello y la cabeza, que fueron disparados
por una pistola de 9 milímetros).
Asustados, dieron aviso al teniente político, que levantó el
cadáver y lo llevó a la morgue. Nadie se presentó a
identificarlo. El cadáver fue fotografiado y enterrado en el
pequeño cementerio de la parroquia. Solo después de tres años
se inscribió en la lápida su nombre: Consuelo Benavides.
Benavides era una profesora de escuela, de 36 años de edad,
que colaboraba con el movimiento Alfaro Vive Carajo (AVC) y
que fue detenida el 4 de septiembre de 1985 por ocho miembros
de la Armada Nacional junto con un campesino, testigo clave de
su desaparición.
Los detenidos fueron conducidos a la base militar naval de
Esmeraldas. Después de algunos interrogatorios, fueron
nuevamente trasladados (al parecer Quito) y torturados.
Durante ese período, los detenidos estuvieron a cargo del jefe
del Servicio de Inteligencia de la Armada, Fausto Morales,
principal implicado en el caso. Fue él quien dio la orden de
que se liberara a Ordoñez, y -según la acusación- fue quien
ordenó la ejecución extrajudicial de la profesora.
LA BUSQUEDA
Los familiares fueron alertados sobre la desaparición de
Consuelo a través de una llamada anónima. El 13 de enero de
1986, la familia Benavides denunció la desaparición de la
profesora y su detención por miembros de las Fuerzas Armadas,
ante el Tribunal de Garantías Constitucionales.
Entonces se inició un larguísimo proceso judicial en el que el
Ministerio de Gobierno y de Defensa negaron tener información
sobre la suerte de Consuelo Benavides.
Pese a que la detención de Benavides y del campesino fue
comunicada en la línea del mando, el ministerio de Defensa lo
negó.
En 1988, el Tribunal de Garantías Constitucionales inició una
segunda investigación, que tampoco dio resultado alguno.
EL CADAVER
El 20 de agosto de1988, diez días después del cambio de mando,
el Congreso designó una Comisión para investigar el caso. Un
mes más tarde, las fotografías que tomó el teniente político
de Rocafuerte, permitieron a la familia Benavides identificar
los restos de la profesora. La aparición del cadáver dio un
giro al caso.
En septiembre, el Ministro de Defensa, José Feliz Mena,
reconoció por primera vez que Consuelo Benavides y el
campesino fueron detenidos por un grupo de marinos y puestos a
órdenes de la Policía.
La Policía negó que hubiera tomado custodia de los detenidos
pero añadió que, pese a que Consuelo fue identificada por la
Policía, permaneció bajo custodia de los militares.
El ministro de Gobierno de la época, Andrés Vallejo, reconoció
que existía contradicción entre los dos informes del
Ministerio de Defensa y dijo que no era posible que una
persona desapareciera, y las autoridades se achacaran unas a
otras la responsabilidad para evadir el esclarecimiento de los
hechos. En 1988, se inició un proceso penal en la justicia
militar.
El Congreso emitió un informe en el que se enumeraba a los
responsables directos, dijo que las máximas autoridades de las
Fuerzas Armadas y los ministros de Gobierno y de Defensa
mintieron y condenó la violencia de Estado que se implantó en
la época. Era el 2 de febrero de 1989. Pero tampoco llegó la
justicia.
Por el fuero de algunos de los implicados, el caso fue
directamente a la Corte Suprema de Justicia. BLANCO Y NEGRO
demostró en noviembre de 1995 como ciertos magistrados de la
Corte dilataron la sentencia.
Mientras tanto, el oficial responsable de la patrulla, capitán
Fausto Morales, aprovechó el fuero militar y se escapó de la
cárcel en marzo de 1995.
Finalmente, Carlos Solórzano, presidente de la Corte Suprema
dictó sentencia. Solo el sargento Pedro Shagñay, chofer que
trasladó a los detenidos está preso.
¿QUIEN PUEDE JUZGAR AL ECUADOR?
Cuando fueron consultados sobre la demanda de la Corte, los
ministerios de Defensa y de Gobierno y la Corte Suprema de
Justicia emitieron una opinión de carácter reservado: la
muerte de Consuelo Benavides no fue un crimen de Estado.
Esta posición es compartida por el abogado del Estado, el
procurador Plaza Verduga y por la propia Cancillería y llevó a
que el Ecuador decida rechazar el contenido de la demanda de
la Corte e iniciar un litigio.
"Nunca estuvo en el ánimo matar sino brindar seguridad. Ese
control se ejerce a través de ministerios y de instituciones y
de personas. La operación de los agentes del Estado se escapó
del control institucional", asegura una fuente oficial que
sigue el proceso Benavides.
La Corte le pide al Ecuador, sin embargo, que explique porque
las máximas autoridades del Estado no ofrecieron desde el
primer momento todas las garantías para que esclarezca un
delito que fue cometido por sus agentes. Por qué existieron
informes contradictorios sobre la desaparición de la profesora
y por qué se le negó a la familia Benavides su derecho a una
justicia expedita.
La misma fuente y el Procurador del Estado dicen que en el
caso si se hizo justicia, que existe una sentencia y que el
cabo Sagñay la cumple en una prisión del Estado. Aseguran que
si la justicia se dilató esta es una de tantas fallas del
sistema judicial.
Aclaran que se designó una Comisión del Congreso para que
investigue el caso y que incluso se llegó a un acuerdo para
indemnizar a las víctimas.
¿Hubo responsabilidad del Estado en todo esto?
¿Crimen de Estado?
Crimen de Estado, delito de lessa humanidad o crímenes de
guerra: Frases claves en las leyes internacionales que -según
un abogado internacionalista- valoriza de distinto modo y la
violación de este derecho".
¿Tiene la legislación internacional la capacidad de juzgar a
los Estados? O ¿podría un Estado someterse a una legislación
interna que sancione los crímenes cometidos por sí mismo?
Los abogados internacionalistas dicen que para eso están las
leyes internacionales, que las convenciones y tratados están
por encima de las leyes nacionales.
Su contraparte señala que el cumplimiento de la ley
internacional debe subordinarse a la nacional, porque de otro
modo se atenta contra la soberanía.
Entre ellos se encuentra el procurador Plaza cuando dijo que
la decisión de la Corte atentaba contra la soberanía del
Estado.
La Convención Interamericana de Derechos Humanos que permite
que se enjuicie al Ecuador por el caso de la profesora
desaparecida, fue suscrita en Ecuador el 21 de octubre de
1977.
El 27 de octubre, se convirtió en ley de la República porque
fue publicada en el registro oficial 452 del 27 de octubre.
Además de la sanción, la Convención Internacional establece
que los responsables de las violaciones indeminicen a las
víctimas.
El Congreso Nacional discute en estos días una reforma legal
para que se califiquen los crímenes de Estado y para que estos
casos no logren escapar de la justicia.
SON CASOS AISLADOS
Aunque admite que le molesta defender, indirectamente, a León
Febres Cordero, en cuya administración se cometió el asesinato
de Consuelo Benavides, el procurador general del Estado,
Leonidas Plaza Verduga, dice que la represión ocurrida durante
los años de 1984 a 1988 no fue una política de Estado, sino
"excesos policiales aislados".
- ¿Cómo encontró la demanda en el caso de Consuelo Benavides?
La demanda ya fue conocida por el Gobierno anterior que,
hábilmente, alargó los términos. Yo comparecí y alegué que la
competencia en el caso le pertenece al Estado ecuatoriano; que
en el caso se han cumplido nuestras leyes penales, se siguió
un juicio y se sentenció a los culpables; que los perjudicados
tienen derecho a reclamar daños y perjuicios; y, que en el
Ecuador no se han violado los derechos humanos de la forma en
la que la expone la familia de Consuelo Benavides.
Añadí que el Congreso dio a la familia una indemnización. Dije
que en nuestro país no está tipificado el delito de crimen de
Estado y que, por lo mismo, no se lo puede sancionar.
Debo añadir, que hemos buscado un entendimiento entre el
Estado y la familia Benavides y que me duele defender
indirectamente a Febres Cordero. Yo fui perseguido por ellos.
Estoy fastidiado, pero tengo que defender al Ecuador. Pero, yo
les niego el derecho de juzgarme allá, tienen que venir al
país a discutir.
- El tratado de San José establece la competencia de la Corte
de Justicia para juzgar crímenes de Estado de los países del
sistema interamericano
En nuestro país no hay crímenes de Estado. Si no hubiéramos
hecho nada nos podrían llevar a la Corte, pero hay una
sentencia
- La Convención Interamericana dice que si hay crímenes de
estado .
Siempre y cuando sea aplicable . No nos pueden imponer figuras
jurídicas que no hay en el país. Por ese camino no nos van a
llevar.
-Pagar una indemnización sería reconocer el crimen de estado.
El presidente de la República dijo que era solidario con la
familia Benavides, y dijo que vería la forma de llegar a un
entendimiento, pero eso no quiere decir que estamos
reconociendo el crimen. Una cosa es el presidente y otra el
procurador. Si el presidente llega a un entendimiento, yo no
me opondré.
- Sería una indemnización del ejecutivo y no del Estado
Así es, ya nos vamos ubicando.
- El presidente dijo que podríamos ir a la bancarrota si el
Estado debe pagar por todos los casos que hoy se tramitan
Hay varios problemas, como el de los Restrepo. Imagínese si
nos piden indemnizaciones habría que hacer una caja aparte por
situaciones que hemos heredado del gobierno de León Febres
Cordero.
-Cree que había violencia estatal en el régimen de Febres
Cordero?
Esa situación merece un detenido análisis. Son casos aislados
que no podemos generalizar como delitos de estado.
- La Corte señala que no hubo justicia plena en el caso.
Este es un problema de administración de justicia, he pedido
que la Corte Suprema se depure. Hay problemas graves en la
administración de justicia, estoy obligando a los fiscales a
trabajar.
¿CUANTO VALE LA VIDA?
Las leyes internacionales señalan que frente a delitos de
derechos humanos, la indemnización a la víctima es un aspecto
tan importante como la denuncia, la investigación y la
identificación del violador, dice Julio Prado Vallejo,
presidente de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos.
¿Qué significa la indemninzación? ¿Puede establecerse un
precio por la vida humana? ¿Cuánto vale la vida de una
persona?
La indemnización significa que el Estado reconoce que se
cometió un crimen de Estado, un crimen de lesa humanidad, dice
Prado Vallejo.
"La indemnización no es un pago por la vida de la persona sino
que busca reparar las consecuencias que provocó en la familia
cuyos derechos fueron lesionados, porque, ¿cuánto vale el
derecho a la vida? ¿cuánto vale el sufrimiento y la tortura?
Eso es inconmesurable, dice el jurista.
La indemnización que establece la Corte es algo difícil de
prevéer. Una fuente ligada al caso señaló que la demanda de 10
millones de dólares hecha por la familia Benavides es apenas
"un sueño de perro".
Según esta fuente la mayor indemnización que se ha entregado
es de 750 mil dólares, que incluía las costas judiciales y el
pago de honorarios a los abogados.
Aparentemente, el Estado ecuatoriano ha decidido litigar el
caso y someterse al monto que establecería la Corte, porque
suponen que el monto sería menor.
Prado Vallejo asegura que el ex ministro de Gobierno, Javier
Ledesma se negó a negociar con la familia y argumentó que el
Estado no tien fondos para eso.
LA INDEMNIZACION DEL CONGRESO
Otro de los argumentos que esgrime el país en su defensa es
que el Estado ya reconoció una indemnización a través de un
acuerdo legislativo que reconocía un montepío a la madre por
los 16 años de trabajo de Consuelo Benavides y una
indemnización de 30 millones.
La indemnización era una compensación por los perjuicios
causados por los agentes del Estado que desaparecieron,
torturaron y asesinaron a la profesora y no es un
reconocimiento de un crimen.
Existe una polémica por una predisposición del presidente
Abdalá Bucaram de indemnizar, a través del Ejecutivo, a la
familia.
Mientras el procurador, Plaza Verduga asegura que esa no sería
una aceptación del crimen por parte del Estado, otras fuentes
vinculadas al proceso aseguran que el presidente es la
encarnación de la soberanía del Estado.
BENDICIONES A LA HIJA MUERTA
Cuando a Rosa Cevallos se le pregunta qué piensa de que el
Estado ecuatoriano esté acusado por la Corte Interamericana de
Justicia, por la desaparición, tortura y muerte de su hija,
recuerda aquella vez en que "samareó" a Byron Paredes, uno de
los militares relacionados con el caso, a la salida de los
juzgados.
"Yo si me les he enfrentado, no les tengo miedo. Yo me planto
y si me faltaran estaría bien hecho porque moriría por
condenar la acción indigna que se cometió en contra de mi
hija".
Hoy Rosa Cevallos tiene 83 años. De todos estos años la señora
Benavides guarda muchos recuerdos. Dice que hay noches en que
no pueden dormir y que toma un baño y una aguita con tres
gotas de valeriana.
"Lo más doloroso fue enterarme de la desaparición de mi hija.
Cogí mi chalinita y algo de dinero y me vine de Tulcán. No he
tenido un día de descanso ni de sosiego. Al principio, daba
puñetes en las puertas. En esa época era gordísima -propia
Rosa-, la cara se me reventaba en colores. Distinta. Ahora
véame como soy, estoy flaca, vea como quedé".
La señora Benavides fue la fundadora del Comité de Madres de
desaparecidos y designada madre del Año. "Harto hemos sufrido
y harto hemos luchado. Les cogían por políticos y les tenían,
ahí, martirizados".
Dice Rosa Cevallos que antes de encontrar el cuerpo de su hija
fue por todas partes. "Recorrí todo el país. Me iba en bus y
le decía al chofer, ahí donde vea un cura o una monja, ahí yo
me quedo".
Recuerda el día en que fue a Rocafuerte a reconocer el cadáver
de su hija. "La gente que encontró el cadáver me decía señora
no llore, nosostros le velamos dos días y ya le lloramos.
Hasta un ataud le hicieron de verle tan bonita a mi Consuelo".
Dice que no se olvida de nada y que cuando llegó a la casa de
su hija, encontró que el colchón de lana de ceibo que había
encargado a Colombia para sus hijos estaba "despuzunado". "La
biblioteca llevarse, tan valiosa. Era todo tan horrible...
para que los hombres del juzgado hayan llorado". Guarda sus
fotografías y los restos de sus pertenencias.
De estos años dedicados la esclarecer la muerte de su hija, la
señora Rosa guarda varias gratitudes. "Si los diputados
Chiriboga de Esmeraldas no hubieran indagado sobre el cadáver,
nunca hubieramos sabido nada". Otro gratísimo recuerdo fue su
viaje a Washington, cuando rindió su testimonio ante la
Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. "Esos
abogados estaban encantados conmigo porque decían que era muy
bueno conocer a una ecuatoriana tan alegre y educada".
Mi abuelo fue liberal, yo no podía ser otra cosa que liberal
radical, dice y asegura que el peor recuerdo de todos estos
años es el de el ex presidente León Febres Cordero y de su
ministro de Gobierno.
"Todas las mañanas le rezo". Doña Rosa instaló una urna para
su hija y asegura que "la Consuelito" es bien milagrosa. Le
digo "espíritu de Consuelito mártir, descanse en paz. Cuando
dice la oración hace en el aire la señal de la cruz. "Dicen la
bendición de la madre sirve incluso después de la muerte".
EL GOBIERNO ANTERIOR SE ALLANO
"Lamentablemente nuestras leyes no están modernizadas.
Nosotros no hemos iniciado el proceso por daños y perjuicios
porque el único sentenciado en el caso de la desaparición y
muerte de mi hermana es un sargento, que fue chofer del
operativo", dice Alfonso Benavides hermano de la profesora
asesinada.
- ¿Hubo un acuerdo en el Congreso para indemnizar a la
familia?
El Estado utilizó ese subterfugio para minimizar y
desvalorizar todos estos años de trabajo de la familia para
llegar a la justicia.
Nosotros habiamos hablado con algunos legisladores para que
ellos hagan merecedora a mi madre de un montepío por los 16
años de trabajo y de aportaciones de mi hermana al Seguro
Social ecuatoriano. Pero, el espíritu de esa solicitud cambió
y cuando el Congreso supo que el Estado ecuatoriano sería
demandado por la Corte, actuó una mano negra y a la pensión
vitalicia en favor de mi madre, le añadieron una indemnización
de 30 millones. Esta es una manera de echar tierra sobre el
asunto. Nosotros rechazamos esto.
¿Qué acercamiento han tenido ustedes con el Estado?
En junio pasado, cuando llegó la demanda tuvimos una primera
aproximación con Cancillería. Nos pidieron que le evitemos
costos al Estado ecuatoriano con el alargamiento del juicio en
San José y que el Gobierno (de Sixto Durán Ballén) podía
llegar a una honrosa transacción con la familia. Dijimos que
estabamos dispuestos porque nuestros padres van a cumplir 83
años y queremos que ellos vean reparado el daño.
El Gobierno de Sixto Durán decidió allanarse a la Corte de
Justicia, pero como el Gobierno terminaba pensamos que los
mejor era que el nuevo Gobierno actúe.
¿Cómo fijaron ustedes esos diez millones de indemnización?
La indemnización debe estar el el mismo nivel que la sanción
moral.
Una vida humana no cuesta diez millones de dólares; 12 años de
la familia perdió todo y una situación de desajuste social,
todos nos ven con prevensión, es dificil integrarnos a la
sociedad.
Además tenemos un proyecto educativo de gran envergadura para
sustentar los principios por los que luchó Consuelo: amor,
verdad y trabajo.
La sanción económica no es lo más importante siempre y cuando
el país se comprometa a abrir un proceso contra los autores
intelectuales y materiales que permanecen libres. Mediante el
Congreso se podría crear una ley especial para juzgar a Luis
Robles Plaza y el ex presidente León Febres Cordero. Ellos
fueron los promotores de una política de genocidio. La segunda
condición es que a la familia se le sustenten todos los gastos
de este proceso porque el Estado debió sustentar la acusación
de la familia.
CUANDO LA DEMOCACIA FALLA
La Corte Interamericana recibe los casos que le envía la
Comisión, que frecuentemente cuenta con el asesoramiento de
varios abogados independientes.
En el caso de Consuelo Benavides intervino el Centro para la
Acción Legal en Derechos Humanos, una organización no
gubernamental norteamericana que auspicia denuncias similares
en países como Guatemala o Haití. Inclusive, tiene una oficina
en Guatemala: es que los estados de Centroamérica y del Caribe
son los que han enfrentado el mayor número de denuncias. Las
desapariciones han ocurrido por igual en gobiernos
democráticos y en dictaduras. En efecto, gobiernos
democráticos como los de Perú y Argentina también están
demandados. Perú debe responder por la desaparición de Ernesto
Castillo, detenido por la policía en 1990 y la Corte le exige
al país que esclarezca su caso. Hay otro caso: el de María
Elena Loayza, torturada por la policía. El Perú argumenta que
la justicia aún no ha agotado sus recursos.
Argentina debe responder por el caso de Adolfo Garrido y Raúl
Baigorria, dos jóvenes de Mendoza que desaparecieron a manos
de la policía local en 1990. La última vez que se los vio
estaban en un patrullero policial.
Generalmente, la defensa de los Estados es que los recursos
internos de su sistema judicial no se han agotado o que las
demandas carecen de sustentación.
En el caso de Castillo Páez, Perú argumentó que no existía
demanda alguna en esta desaparición. En el caso Paniagua
Morales, dos civiles secuestrados y asesinados por la Guardia
de Hacienda guatemalteca, el país argumentó que la demanda fue
presentada fuera de tiempo
Las indemnizaciones
A pesar de los recursos de los estados, muchos han sido
obligados a pagar. Suriname fue condenado en 1995 a pagar 450
mil dólares a los familiares de un profesor asesinado por las
fuerzas de seguridad.
Otro caso que concluyó con el pago de una indemnización fue el
de Asok Gangaram Panday, un surimanés asesinado tras su
detención arbitraria. Suriname pagó una indemnización de 10
mil dólares en este caso.
En el caso de Manfredo Velásquez, un profesor hondureño
asesinado por la policía de ese país, Honduras fue condenada a
pagar a su viuda y a sus hijos una indemnización en efectivo,
a dar a la viuda una pensión vitalicia, a honrar la memoria
del desaparecido con una calle o un parque, a pagar la
universidad de sus hijos y a entregarles una casa. Además,
Honduras debió comprometerse a iniciar acciones que acaben con
el fenómeno de las desapariciones forzadas en ese país.
Los jueces de la Corte pertenecen a varios de los países
miembros de la Organización de los Estados Americanos, en
cuyo seno se los elige en forma personal.
Actualmente, forman parte de la Corte los jueces Héctor
Fix-Zamudio (México), Hernán Salgado Pesantes (Ecuador),
Alejandro Montiel (Nicaragua), Máximo Pacheco (Chile), Oliver
Jackman (Barbados), Alirio Abreu (Venezuela) y Antonio Canìado
(Brasil). Tienen su sede en San José, Costa Rica.
UN CASO BAJO LA LUPA
Alfonso Benavides, hermano de Consuelo dice que entraron en
contacto con la Comisión a través de dos organismos
internacionales de derechos humanos, Amnistía Internacional y
American Watch, asegura la familia Benavides.
"Cuando vieron que el caso tenía madurez y se determinaron
todos los agravantes, el caso fue considerado por la Corte. La
investigación fue muy pormenorizada", dice Alfonso Benavides,
hermano de la víctima.
La primera denuncia fue presentada ante la Comisión el 22 de
agosto de 1988. Varios abogados norteamericanos reunieron
información que permitiera fundamentar la denuncia ante la
Comisión Interamericana, organismo que formuló la demanda.
El proceso previo a la presentación de la demanda exige reunir
pruebas y recoger testimonios de las partes. En febrero de
1990, frente a un requerimiento, el Gobierno informó a la
Comisión de un proceso judicial militar en curso, iniciado el
20 de octubre de 1987, en el Tribunal Penal Militar de la
Tercera Zona Naval.
En agosto de 1990, la Comisión le solicitó al Ecuador nueva
información sobre el estado del proceso penal iniciado en el
caso Benavides. El Gobierno informó que el proceso penal
había terminado en el juzgado militar, con la absolución de
los implicados.
En septiembre de 1994, la madre y una hermana de Consuelo
Benavides, Nelly, viajaron a Washington para exponer a la
Comisión el caso. El Gobierno envío un representante. En
noviembre del mismo año, una misión de la Comisión visitó el
Ecuador.
En 1995, la Comisión emitió un informe en el cual hizo una
serie de recomendaciones al Estado, pero no fueron acogidas.
En marzo, la Corte Interamericana aceptó la demanda en contra
del Ecuador. (DIARIO HOY) (R. BLANCO Y NEGRO)
primera vez al Ecuador en el banquillo de los acusados por un
crimen de Estado.
¿Quién es el acusador?
La Corte Interamericana de Justicia, máximo organismo de la
Organización de Estados Americanos (OEA), para conocer,
investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos.
Según la Corte Interamericana, Consuelo Benavides fue
arrestada y detenida ilegal y arbitrariamente, torturada y
asesinada por agentes de la Armada y de la Policía. La Corte
asegura que su cadáver fue ocultado para borrar cualquier
evidencia.
Todos estos hechos fueron juzgados y sancionados por el
sistema jurídico ecuatoriano, en el fallo que diez años más
tarde -en diciembre de 1995 y un día antes de la prescripción
del juicio- dictó la Corte Suprema de Justicia.
Tres personas fueron sentenciadas. Solo una de ellas guarda
prisión. El principal acusado no fue sentenciado puesto que
fugó de la cárcel militar en la que se encontraba recluído.
Entonces, ¿por qué la Corte Interamericana de Justicia decidió
demandar al Ecuador?
La Corte considera que el Estado ecuatoriano tiene
responsabilidad en la desaparición y muerte de Consuelo
Benavides y no solo los agentes implicados directamente en el
hecho de sangre.
Además la Corte cree que, a través de sus instituciones, el
Estado obstaculizó la justicia.
La demanda de la Corte resulta de las conclusiones de la
Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que conoció
desde los primeros días de la desaparición de la profesora.
De acuerdo a la demanda, el Estado estaría obligado a dar una
indemnización a Consuelo, como reparación por los perjuicios
que ha sufrido la familia.
El Estado ecuatoriano reconoció que la Corte de Justicia está
en el derecho de investigar el caso pero rechazó el contenido
de la demanda. Según el Estado, los responsables directos
fueron sentenciados, el Congreso Nacional ofreció una
indemnización a la familia y la legislación ecuatoriana no
reconoce la figura del crimen de Estado. El Estado, según el
procurador Leonidas Plaza Verduga, "no tuvo la intención de
asesinar a la señorita Benavides y que su muerte fue el
resultado de los excesos de un grupo de agentes".
El juicio contra el Ecuador por la muerte de Consuelo
Benavides está abierto. En los próximos días, la Corte le
pedirá al país que presente pruebas de descargo de las
acusaciones.
Plaza Verduga, el abogado del Estado, reconoce de hecho la
competencia de la Corte Interamericana. Esto le obligaría al
país a aceptar la decisión final de la Corte. En caso de
resultar sancionado el país "con una hoja limpia" pasaría al
grupo de países acusados de violaciones a los derechos
humanos.
Al menos otras 38 denuncias de violaciones a los derechos
humanos fueron presentados ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos. En su mayoría estas se refieren a hechos
ocurridos durante el gobierno del ex presidente León Febres
Cordero (84-88).
LOS CARGOS
La Comisión Interamericana, en el texto de la demanda contra
el Ecuador, pide que la Corte Interamericana de Derechos
Humanos:
- Declare que agentes del Estado arrestaron y detuvieron
ilegal y arbitrariamente a Consuelo Benavides desde el 4 hasta
el 11 de diciembre de 1985 o hacia esta última fecha, en
violación del artículo 7.1-7.3 de la Convención Americana.
- Declare que agentes del Estado torturaron a Consuelo
Benavides y la sometieron a tratos despectivos de su dignidad
como ser humano, en violación de los artículos 5.1 y 5.2 de la
Convención Americana.
- Declare que agentes del Estado asesinaron a la profesora
Benavides, en violación del artículo 4.1 de la Convención
Americana.
- Declare que la familia Benavides se la ha negado y aún se le
continúa negando la justicia mediante el ocultamiento y
falsificación deliberada de información por parte de las
autoridades estatales implicadas, y a través del fracaso de
los procesos internos de presentar a la justicia a los autores
materiales e intelectuales de estos delitos, en violación de
los artículos 25 y 8 de la Convención Americana.
- Disponga que el Estado adopte las medidas necesarias para
remediar las violaciones encontradas y reparar sus
consecuencias, incluyendo una acción para revindicar el nombre
de la profesora Benavides, y el pago de una justa compensación
a quienes han sufrido daño como consecuencia de las
mencionadas violaciones.
UNA LAPIDA SIN NOMBRE
Al amanecer del 13 de septiembre de 1985 dos campesinos de
Rocafuerte encontraron el cadáver de una mujer asesinada a
tiros en un sembrío. (Según la autopsia, la víctima recibió
siete tiros en el cuello y la cabeza, que fueron disparados
por una pistola de 9 milímetros).
Asustados, dieron aviso al teniente político, que levantó el
cadáver y lo llevó a la morgue. Nadie se presentó a
identificarlo. El cadáver fue fotografiado y enterrado en el
pequeño cementerio de la parroquia. Solo después de tres años
se inscribió en la lápida su nombre: Consuelo Benavides.
Benavides era una profesora de escuela, de 36 años de edad,
que colaboraba con el movimiento Alfaro Vive Carajo (AVC) y
que fue detenida el 4 de septiembre de 1985 por ocho miembros
de la Armada Nacional junto con un campesino, testigo clave de
su desaparición.
Los detenidos fueron conducidos a la base militar naval de
Esmeraldas. Después de algunos interrogatorios, fueron
nuevamente trasladados (al parecer Quito) y torturados.
Durante ese período, los detenidos estuvieron a cargo del jefe
del Servicio de Inteligencia de la Armada, Fausto Morales,
principal implicado en el caso. Fue él quien dio la orden de
que se liberara a Ordoñez, y -según la acusación- fue quien
ordenó la ejecución extrajudicial de la profesora.
LA BUSQUEDA
Los familiares fueron alertados sobre la desaparición de
Consuelo a través de una llamada anónima. El 13 de enero de
1986, la familia Benavides denunció la desaparición de la
profesora y su detención por miembros de las Fuerzas Armadas,
ante el Tribunal de Garantías Constitucionales.
Entonces se inició un larguísimo proceso judicial en el que el
Ministerio de Gobierno y de Defensa negaron tener información
sobre la suerte de Consuelo Benavides.
Pese a que la detención de Benavides y del campesino fue
comunicada en la línea del mando, el ministerio de Defensa lo
negó.
En 1988, el Tribunal de Garantías Constitucionales inició una
segunda investigación, que tampoco dio resultado alguno.
EL CADAVER
El 20 de agosto de1988, diez días después del cambio de mando,
el Congreso designó una Comisión para investigar el caso. Un
mes más tarde, las fotografías que tomó el teniente político
de Rocafuerte, permitieron a la familia Benavides identificar
los restos de la profesora. La aparición del cadáver dio un
giro al caso.
En septiembre, el Ministro de Defensa, José Feliz Mena,
reconoció por primera vez que Consuelo Benavides y el
campesino fueron detenidos por un grupo de marinos y puestos a
órdenes de la Policía.
La Policía negó que hubiera tomado custodia de los detenidos
pero añadió que, pese a que Consuelo fue identificada por la
Policía, permaneció bajo custodia de los militares.
El ministro de Gobierno de la época, Andrés Vallejo, reconoció
que existía contradicción entre los dos informes del
Ministerio de Defensa y dijo que no era posible que una
persona desapareciera, y las autoridades se achacaran unas a
otras la responsabilidad para evadir el esclarecimiento de los
hechos. En 1988, se inició un proceso penal en la justicia
militar.
El Congreso emitió un informe en el que se enumeraba a los
responsables directos, dijo que las máximas autoridades de las
Fuerzas Armadas y los ministros de Gobierno y de Defensa
mintieron y condenó la violencia de Estado que se implantó en
la época. Era el 2 de febrero de 1989. Pero tampoco llegó la
justicia.
Por el fuero de algunos de los implicados, el caso fue
directamente a la Corte Suprema de Justicia. BLANCO Y NEGRO
demostró en noviembre de 1995 como ciertos magistrados de la
Corte dilataron la sentencia.
Mientras tanto, el oficial responsable de la patrulla, capitán
Fausto Morales, aprovechó el fuero militar y se escapó de la
cárcel en marzo de 1995.
Finalmente, Carlos Solórzano, presidente de la Corte Suprema
dictó sentencia. Solo el sargento Pedro Shagñay, chofer que
trasladó a los detenidos está preso.
¿QUIEN PUEDE JUZGAR AL ECUADOR?
Cuando fueron consultados sobre la demanda de la Corte, los
ministerios de Defensa y de Gobierno y la Corte Suprema de
Justicia emitieron una opinión de carácter reservado: la
muerte de Consuelo Benavides no fue un crimen de Estado.
Esta posición es compartida por el abogado del Estado, el
procurador Plaza Verduga y por la propia Cancillería y llevó a
que el Ecuador decida rechazar el contenido de la demanda de
la Corte e iniciar un litigio.
"Nunca estuvo en el ánimo matar sino brindar seguridad. Ese
control se ejerce a través de ministerios y de instituciones y
de personas. La operación de los agentes del Estado se escapó
del control institucional", asegura una fuente oficial que
sigue el proceso Benavides.
La Corte le pide al Ecuador, sin embargo, que explique porque
las máximas autoridades del Estado no ofrecieron desde el
primer momento todas las garantías para que esclarezca un
delito que fue cometido por sus agentes. Por qué existieron
informes contradictorios sobre la desaparición de la profesora
y por qué se le negó a la familia Benavides su derecho a una
justicia expedita.
La misma fuente y el Procurador del Estado dicen que en el
caso si se hizo justicia, que existe una sentencia y que el
cabo Sagñay la cumple en una prisión del Estado. Aseguran que
si la justicia se dilató esta es una de tantas fallas del
sistema judicial.
Aclaran que se designó una Comisión del Congreso para que
investigue el caso y que incluso se llegó a un acuerdo para
indemnizar a las víctimas.
¿Hubo responsabilidad del Estado en todo esto?
¿Crimen de Estado?
Crimen de Estado, delito de lessa humanidad o crímenes de
guerra: Frases claves en las leyes internacionales que -según
un abogado internacionalista- valoriza de distinto modo y la
violación de este derecho".
¿Tiene la legislación internacional la capacidad de juzgar a
los Estados? O ¿podría un Estado someterse a una legislación
interna que sancione los crímenes cometidos por sí mismo?
Los abogados internacionalistas dicen que para eso están las
leyes internacionales, que las convenciones y tratados están
por encima de las leyes nacionales.
Su contraparte señala que el cumplimiento de la ley
internacional debe subordinarse a la nacional, porque de otro
modo se atenta contra la soberanía.
Entre ellos se encuentra el procurador Plaza cuando dijo que
la decisión de la Corte atentaba contra la soberanía del
Estado.
La Convención Interamericana de Derechos Humanos que permite
que se enjuicie al Ecuador por el caso de la profesora
desaparecida, fue suscrita en Ecuador el 21 de octubre de
1977.
El 27 de octubre, se convirtió en ley de la República porque
fue publicada en el registro oficial 452 del 27 de octubre.
Además de la sanción, la Convención Internacional establece
que los responsables de las violaciones indeminicen a las
víctimas.
El Congreso Nacional discute en estos días una reforma legal
para que se califiquen los crímenes de Estado y para que estos
casos no logren escapar de la justicia.
SON CASOS AISLADOS
Aunque admite que le molesta defender, indirectamente, a León
Febres Cordero, en cuya administración se cometió el asesinato
de Consuelo Benavides, el procurador general del Estado,
Leonidas Plaza Verduga, dice que la represión ocurrida durante
los años de 1984 a 1988 no fue una política de Estado, sino
"excesos policiales aislados".
- ¿Cómo encontró la demanda en el caso de Consuelo Benavides?
La demanda ya fue conocida por el Gobierno anterior que,
hábilmente, alargó los términos. Yo comparecí y alegué que la
competencia en el caso le pertenece al Estado ecuatoriano; que
en el caso se han cumplido nuestras leyes penales, se siguió
un juicio y se sentenció a los culpables; que los perjudicados
tienen derecho a reclamar daños y perjuicios; y, que en el
Ecuador no se han violado los derechos humanos de la forma en
la que la expone la familia de Consuelo Benavides.
Añadí que el Congreso dio a la familia una indemnización. Dije
que en nuestro país no está tipificado el delito de crimen de
Estado y que, por lo mismo, no se lo puede sancionar.
Debo añadir, que hemos buscado un entendimiento entre el
Estado y la familia Benavides y que me duele defender
indirectamente a Febres Cordero. Yo fui perseguido por ellos.
Estoy fastidiado, pero tengo que defender al Ecuador. Pero, yo
les niego el derecho de juzgarme allá, tienen que venir al
país a discutir.
- El tratado de San José establece la competencia de la Corte
de Justicia para juzgar crímenes de Estado de los países del
sistema interamericano
En nuestro país no hay crímenes de Estado. Si no hubiéramos
hecho nada nos podrían llevar a la Corte, pero hay una
sentencia
- La Convención Interamericana dice que si hay crímenes de
estado .
Siempre y cuando sea aplicable . No nos pueden imponer figuras
jurídicas que no hay en el país. Por ese camino no nos van a
llevar.
-Pagar una indemnización sería reconocer el crimen de estado.
El presidente de la República dijo que era solidario con la
familia Benavides, y dijo que vería la forma de llegar a un
entendimiento, pero eso no quiere decir que estamos
reconociendo el crimen. Una cosa es el presidente y otra el
procurador. Si el presidente llega a un entendimiento, yo no
me opondré.
- Sería una indemnización del ejecutivo y no del Estado
Así es, ya nos vamos ubicando.
- El presidente dijo que podríamos ir a la bancarrota si el
Estado debe pagar por todos los casos que hoy se tramitan
Hay varios problemas, como el de los Restrepo. Imagínese si
nos piden indemnizaciones habría que hacer una caja aparte por
situaciones que hemos heredado del gobierno de León Febres
Cordero.
-Cree que había violencia estatal en el régimen de Febres
Cordero?
Esa situación merece un detenido análisis. Son casos aislados
que no podemos generalizar como delitos de estado.
- La Corte señala que no hubo justicia plena en el caso.
Este es un problema de administración de justicia, he pedido
que la Corte Suprema se depure. Hay problemas graves en la
administración de justicia, estoy obligando a los fiscales a
trabajar.
¿CUANTO VALE LA VIDA?
Las leyes internacionales señalan que frente a delitos de
derechos humanos, la indemnización a la víctima es un aspecto
tan importante como la denuncia, la investigación y la
identificación del violador, dice Julio Prado Vallejo,
presidente de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos.
¿Qué significa la indemninzación? ¿Puede establecerse un
precio por la vida humana? ¿Cuánto vale la vida de una
persona?
La indemnización significa que el Estado reconoce que se
cometió un crimen de Estado, un crimen de lesa humanidad, dice
Prado Vallejo.
"La indemnización no es un pago por la vida de la persona sino
que busca reparar las consecuencias que provocó en la familia
cuyos derechos fueron lesionados, porque, ¿cuánto vale el
derecho a la vida? ¿cuánto vale el sufrimiento y la tortura?
Eso es inconmesurable, dice el jurista.
La indemnización que establece la Corte es algo difícil de
prevéer. Una fuente ligada al caso señaló que la demanda de 10
millones de dólares hecha por la familia Benavides es apenas
"un sueño de perro".
Según esta fuente la mayor indemnización que se ha entregado
es de 750 mil dólares, que incluía las costas judiciales y el
pago de honorarios a los abogados.
Aparentemente, el Estado ecuatoriano ha decidido litigar el
caso y someterse al monto que establecería la Corte, porque
suponen que el monto sería menor.
Prado Vallejo asegura que el ex ministro de Gobierno, Javier
Ledesma se negó a negociar con la familia y argumentó que el
Estado no tien fondos para eso.
LA INDEMNIZACION DEL CONGRESO
Otro de los argumentos que esgrime el país en su defensa es
que el Estado ya reconoció una indemnización a través de un
acuerdo legislativo que reconocía un montepío a la madre por
los 16 años de trabajo de Consuelo Benavides y una
indemnización de 30 millones.
La indemnización era una compensación por los perjuicios
causados por los agentes del Estado que desaparecieron,
torturaron y asesinaron a la profesora y no es un
reconocimiento de un crimen.
Existe una polémica por una predisposición del presidente
Abdalá Bucaram de indemnizar, a través del Ejecutivo, a la
familia.
Mientras el procurador, Plaza Verduga asegura que esa no sería
una aceptación del crimen por parte del Estado, otras fuentes
vinculadas al proceso aseguran que el presidente es la
encarnación de la soberanía del Estado.
BENDICIONES A LA HIJA MUERTA
Cuando a Rosa Cevallos se le pregunta qué piensa de que el
Estado ecuatoriano esté acusado por la Corte Interamericana de
Justicia, por la desaparición, tortura y muerte de su hija,
recuerda aquella vez en que "samareó" a Byron Paredes, uno de
los militares relacionados con el caso, a la salida de los
juzgados.
"Yo si me les he enfrentado, no les tengo miedo. Yo me planto
y si me faltaran estaría bien hecho porque moriría por
condenar la acción indigna que se cometió en contra de mi
hija".
Hoy Rosa Cevallos tiene 83 años. De todos estos años la señora
Benavides guarda muchos recuerdos. Dice que hay noches en que
no pueden dormir y que toma un baño y una aguita con tres
gotas de valeriana.
"Lo más doloroso fue enterarme de la desaparición de mi hija.
Cogí mi chalinita y algo de dinero y me vine de Tulcán. No he
tenido un día de descanso ni de sosiego. Al principio, daba
puñetes en las puertas. En esa época era gordísima -propia
Rosa-, la cara se me reventaba en colores. Distinta. Ahora
véame como soy, estoy flaca, vea como quedé".
La señora Benavides fue la fundadora del Comité de Madres de
desaparecidos y designada madre del Año. "Harto hemos sufrido
y harto hemos luchado. Les cogían por políticos y les tenían,
ahí, martirizados".
Dice Rosa Cevallos que antes de encontrar el cuerpo de su hija
fue por todas partes. "Recorrí todo el país. Me iba en bus y
le decía al chofer, ahí donde vea un cura o una monja, ahí yo
me quedo".
Recuerda el día en que fue a Rocafuerte a reconocer el cadáver
de su hija. "La gente que encontró el cadáver me decía señora
no llore, nosostros le velamos dos días y ya le lloramos.
Hasta un ataud le hicieron de verle tan bonita a mi Consuelo".
Dice que no se olvida de nada y que cuando llegó a la casa de
su hija, encontró que el colchón de lana de ceibo que había
encargado a Colombia para sus hijos estaba "despuzunado". "La
biblioteca llevarse, tan valiosa. Era todo tan horrible...
para que los hombres del juzgado hayan llorado". Guarda sus
fotografías y los restos de sus pertenencias.
De estos años dedicados la esclarecer la muerte de su hija, la
señora Rosa guarda varias gratitudes. "Si los diputados
Chiriboga de Esmeraldas no hubieran indagado sobre el cadáver,
nunca hubieramos sabido nada". Otro gratísimo recuerdo fue su
viaje a Washington, cuando rindió su testimonio ante la
Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. "Esos
abogados estaban encantados conmigo porque decían que era muy
bueno conocer a una ecuatoriana tan alegre y educada".
Mi abuelo fue liberal, yo no podía ser otra cosa que liberal
radical, dice y asegura que el peor recuerdo de todos estos
años es el de el ex presidente León Febres Cordero y de su
ministro de Gobierno.
"Todas las mañanas le rezo". Doña Rosa instaló una urna para
su hija y asegura que "la Consuelito" es bien milagrosa. Le
digo "espíritu de Consuelito mártir, descanse en paz. Cuando
dice la oración hace en el aire la señal de la cruz. "Dicen la
bendición de la madre sirve incluso después de la muerte".
EL GOBIERNO ANTERIOR SE ALLANO
"Lamentablemente nuestras leyes no están modernizadas.
Nosotros no hemos iniciado el proceso por daños y perjuicios
porque el único sentenciado en el caso de la desaparición y
muerte de mi hermana es un sargento, que fue chofer del
operativo", dice Alfonso Benavides hermano de la profesora
asesinada.
- ¿Hubo un acuerdo en el Congreso para indemnizar a la
familia?
El Estado utilizó ese subterfugio para minimizar y
desvalorizar todos estos años de trabajo de la familia para
llegar a la justicia.
Nosotros habiamos hablado con algunos legisladores para que
ellos hagan merecedora a mi madre de un montepío por los 16
años de trabajo y de aportaciones de mi hermana al Seguro
Social ecuatoriano. Pero, el espíritu de esa solicitud cambió
y cuando el Congreso supo que el Estado ecuatoriano sería
demandado por la Corte, actuó una mano negra y a la pensión
vitalicia en favor de mi madre, le añadieron una indemnización
de 30 millones. Esta es una manera de echar tierra sobre el
asunto. Nosotros rechazamos esto.
¿Qué acercamiento han tenido ustedes con el Estado?
En junio pasado, cuando llegó la demanda tuvimos una primera
aproximación con Cancillería. Nos pidieron que le evitemos
costos al Estado ecuatoriano con el alargamiento del juicio en
San José y que el Gobierno (de Sixto Durán Ballén) podía
llegar a una honrosa transacción con la familia. Dijimos que
estabamos dispuestos porque nuestros padres van a cumplir 83
años y queremos que ellos vean reparado el daño.
El Gobierno de Sixto Durán decidió allanarse a la Corte de
Justicia, pero como el Gobierno terminaba pensamos que los
mejor era que el nuevo Gobierno actúe.
¿Cómo fijaron ustedes esos diez millones de indemnización?
La indemnización debe estar el el mismo nivel que la sanción
moral.
Una vida humana no cuesta diez millones de dólares; 12 años de
la familia perdió todo y una situación de desajuste social,
todos nos ven con prevensión, es dificil integrarnos a la
sociedad.
Además tenemos un proyecto educativo de gran envergadura para
sustentar los principios por los que luchó Consuelo: amor,
verdad y trabajo.
La sanción económica no es lo más importante siempre y cuando
el país se comprometa a abrir un proceso contra los autores
intelectuales y materiales que permanecen libres. Mediante el
Congreso se podría crear una ley especial para juzgar a Luis
Robles Plaza y el ex presidente León Febres Cordero. Ellos
fueron los promotores de una política de genocidio. La segunda
condición es que a la familia se le sustenten todos los gastos
de este proceso porque el Estado debió sustentar la acusación
de la familia.
CUANDO LA DEMOCACIA FALLA
La Corte Interamericana recibe los casos que le envía la
Comisión, que frecuentemente cuenta con el asesoramiento de
varios abogados independientes.
En el caso de Consuelo Benavides intervino el Centro para la
Acción Legal en Derechos Humanos, una organización no
gubernamental norteamericana que auspicia denuncias similares
en países como Guatemala o Haití. Inclusive, tiene una oficina
en Guatemala: es que los estados de Centroamérica y del Caribe
son los que han enfrentado el mayor número de denuncias. Las
desapariciones han ocurrido por igual en gobiernos
democráticos y en dictaduras. En efecto, gobiernos
democráticos como los de Perú y Argentina también están
demandados. Perú debe responder por la desaparición de Ernesto
Castillo, detenido por la policía en 1990 y la Corte le exige
al país que esclarezca su caso. Hay otro caso: el de María
Elena Loayza, torturada por la policía. El Perú argumenta que
la justicia aún no ha agotado sus recursos.
Argentina debe responder por el caso de Adolfo Garrido y Raúl
Baigorria, dos jóvenes de Mendoza que desaparecieron a manos
de la policía local en 1990. La última vez que se los vio
estaban en un patrullero policial.
Generalmente, la defensa de los Estados es que los recursos
internos de su sistema judicial no se han agotado o que las
demandas carecen de sustentación.
En el caso de Castillo Páez, Perú argumentó que no existía
demanda alguna en esta desaparición. En el caso Paniagua
Morales, dos civiles secuestrados y asesinados por la Guardia
de Hacienda guatemalteca, el país argumentó que la demanda fue
presentada fuera de tiempo
Las indemnizaciones
A pesar de los recursos de los estados, muchos han sido
obligados a pagar. Suriname fue condenado en 1995 a pagar 450
mil dólares a los familiares de un profesor asesinado por las
fuerzas de seguridad.
Otro caso que concluyó con el pago de una indemnización fue el
de Asok Gangaram Panday, un surimanés asesinado tras su
detención arbitraria. Suriname pagó una indemnización de 10
mil dólares en este caso.
En el caso de Manfredo Velásquez, un profesor hondureño
asesinado por la policía de ese país, Honduras fue condenada a
pagar a su viuda y a sus hijos una indemnización en efectivo,
a dar a la viuda una pensión vitalicia, a honrar la memoria
del desaparecido con una calle o un parque, a pagar la
universidad de sus hijos y a entregarles una casa. Además,
Honduras debió comprometerse a iniciar acciones que acaben con
el fenómeno de las desapariciones forzadas en ese país.
Los jueces de la Corte pertenecen a varios de los países
miembros de la Organización de los Estados Americanos, en
cuyo seno se los elige en forma personal.
Actualmente, forman parte de la Corte los jueces Héctor
Fix-Zamudio (México), Hernán Salgado Pesantes (Ecuador),
Alejandro Montiel (Nicaragua), Máximo Pacheco (Chile), Oliver
Jackman (Barbados), Alirio Abreu (Venezuela) y Antonio Canìado
(Brasil). Tienen su sede en San José, Costa Rica.
UN CASO BAJO LA LUPA
Alfonso Benavides, hermano de Consuelo dice que entraron en
contacto con la Comisión a través de dos organismos
internacionales de derechos humanos, Amnistía Internacional y
American Watch, asegura la familia Benavides.
"Cuando vieron que el caso tenía madurez y se determinaron
todos los agravantes, el caso fue considerado por la Corte. La
investigación fue muy pormenorizada", dice Alfonso Benavides,
hermano de la víctima.
La primera denuncia fue presentada ante la Comisión el 22 de
agosto de 1988. Varios abogados norteamericanos reunieron
información que permitiera fundamentar la denuncia ante la
Comisión Interamericana, organismo que formuló la demanda.
El proceso previo a la presentación de la demanda exige reunir
pruebas y recoger testimonios de las partes. En febrero de
1990, frente a un requerimiento, el Gobierno informó a la
Comisión de un proceso judicial militar en curso, iniciado el
20 de octubre de 1987, en el Tribunal Penal Militar de la
Tercera Zona Naval.
En agosto de 1990, la Comisión le solicitó al Ecuador nueva
información sobre el estado del proceso penal iniciado en el
caso Benavides. El Gobierno informó que el proceso penal
había terminado en el juzgado militar, con la absolución de
los implicados.
En septiembre de 1994, la madre y una hermana de Consuelo
Benavides, Nelly, viajaron a Washington para exponer a la
Comisión el caso. El Gobierno envío un representante. En
noviembre del mismo año, una misión de la Comisión visitó el
Ecuador.
En 1995, la Comisión emitió un informe en el cual hizo una
serie de recomendaciones al Estado, pero no fueron acogidas.
En marzo, la Corte Interamericana aceptó la demanda en contra
del Ecuador. (DIARIO HOY) (R. BLANCO Y NEGRO)
Más en el