La campaña electoral ha empezado. La semana pasada, el ex presidente de la República León Febres Cordero inició la de su partido de una manera espectacular: pidiendo nada menos que el enjuiciamiento político (y debe entenderse que la destitución) del presidente de la República.
El interpelante, por supuesto, será el candidato del Partido Social Cristiano: Xavier Neira, a quien aparentemente el caudillo ha escogido como delfín en caso de que su salud le impida presentarse efectivamente.
La estrategia parece brillante: confía en que, en plena campaña electoral, ningún partido se opondría a ello (so pena de ser considerado gobiernista), por lo que el proceso concluirá en una inevitable sucesión presidencial. Y que, con semejante trofeo (y sus invaluables consejos), su pupilo, o quién sabe, quizás él mismo, habrían ganado ya la mitad de la pelea.
¿Que ello sumergiría al país es una vorágine de inestabilidad? ¿Que no existe ningún indicio serio que permita suponer que el presidente de la República ha incurrido en alguna de las causales que la Constitución prevé para un juicio político? ¿Que semejante caos podría terminar con el derrumbe de la precaria recuperación económica que experimentamos? Para los cálculos electorales, eso es lo de menos. Lo fundamental es el diseño de una estrategia de tierra arrasada: si ya se demostró exitosa en la campaña de 1984, cuando la cabeza del ministro Carlos Feraud Blum catapultó la carrera política del líder socialcristiano, ¿por qué no habría de servir ahora?
El desprecio a las leyes de la lógica para fundamentar la estrategia es impresionante. La semana pasada, Febres Cordero elogió al ex ministro de Economía ("el mejor monetarista que existe en el país") y no le encontró mayor culpa que la de vincularse "a un gobierno de ineptos". Para, acto seguido, concluir que el culpable de la red de corrupción en el Ministerio de Economía (manejada por los funcionarios más cercanos de Carlos Julio Emanuel, según las acusaciones que han trascendido a la opinión pública) es nada menos que el presidente de la República, a quien hay que enjuiciar.
Ciertamente que es probable, como lo aseguró Emanuel ante la Fiscalía, que él nunca se enteró de las extorsiones supuestamente ejecutadas por sus colaboradores, en cuyo caso se trataría de un ministro inocente, pero incapaz de controlar la corrupción a su alrededor. Pero es muy poco serio (y más aún cuando el planteamiento viene de un ex presidente de la República) postular la inocencia del ministro y, al mismo tiempo y por el mismo motivo, la culpabilidad del presidente.
Hasta el momento, sin embargo, no está claro si el resto de partidos han advertido la trampa electoral que, hábilmente, ha tendido el rey de la selva. Noveleros y superficiales, diputados de la Democracia Popular y de Pachakutik no han dudado en demostrarse entusiasmados. Solo Rodrigo Borja, quien ayer descartó que existan causales para el enjuiciamiento, se ha mostrado como un político serio. Los demás, guardan silencio. La campaña ha empezado.
EXPLORED
en Autor: Carlos Jijón - [email protected] Ciudad QUITO

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