El ajuste de algunas de las variables fiscales continúa, y los sueldos del Sector Público No Financiero (SPNF) son una de ellas. El cuestionamiento frente al tema surge ante el impacto de las remuneraciones en el gasto, y al déficit en las arcas estatales, que aumentan la necesidad de financiamiento externo y complican la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
HOY explica parte de la política salarial en los últimos meses, y cuál ha sido la incidencia de ese rubro en el Presupuesto, para desenredar la maraña en torno a las remuneraciones que afecta a la actual administración, pero que se inició en 1999. De allí que, en relación con 1998, los sueldos de SPNF en 1999 y 2000 cayeron de $1 733 millones en 1998, a $805 millones en 2000, en gran parte por la crisis económica. A partir de 2000, el valor subió y en 2001 se ubicó en $1 203 millones.
Pero en 2002, la expansión continuó. Según los últimos cálculos, a finales de año se habrán gastado $1 870 millones, a pesar de que lo presupuestado era de $1 481,10 millones, lo que significa que la masa salarial aumente 55,4%, cifra que ha causado conmoción no solo al FMI, sino a los analistas locales.
El presupuesto se extravía en el laberinto salarial
La masa de sueldos creció 55,4% entre 2001 y 2002. Para cubrirla, se gastarán este año $1 870 millones.
Esto porque, más allá de que los salarios estén o no en los niveles adecuados, la problemática radica en cómo pagarlos. "La dificultad se inicia en que el Ejecutivo percibió que buena parte de los miembros del Ejército y de la Policía estaban sub pagados, por lo que aprobó el alza", explica una fuente que no quiso ser identificada.
A esto se sumó que a finales de mayo, el Consejo Nacional de Remuneraciones (Conarem) decidió que el presidente de la República recibiera $8 000, el vicepresidente, $6 547; los ministros de Estado, $3 700, y los viceministros $2 000, lo que representa un gasto de $5 000 000 al año, según Martín Insua, ministro de Trabajo y presidente del Conarem.
Las medidas contribuyeron al aumento de la masa salarial, a pesar de que Insua sostiene que el Conarem solo destinó $142 millones a atender las demandas del sector público, aunque afirma que desconoce si hay déficit por pedidos atendidos en otras instituciones fuera del Conarem, refiriéndose a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Procuraduría e instituciones no financieras.
De allí, que las cifras oficiales justifican solo el 37,79% del excedente salarial ($388,9 millones), pues el restante 62,21% no se sabe exactamente en manos de quiénes están.
El impacto en el programa económico ha sido directo, por lo que el FMI plantea la necesidad de buscar un ingreso para cubrir este gasto. Y es que si se aumentan los salarios, debe existir un ingreso que compense dicho aumento, de lo contrario, se afecta el nivel de crecimiento económico.
Aunque no existe un pronunciamiento oficial sobre el tema, el incremento salarial por encima de lo aprobado se cubriría, en parte, con el recorte anunciado por el ministro de Economía, Francisco Arosemena, de $250 millones. (CAZ)
Dolarización
Aumentos no superan el 10%
Para los trabajadores regidos por la Ley del Servicio Civil y el Código del Trabajo, los incrementos supeditados al Conarem no han superado más del 10% en este año, porcentaje que en dolarización, según Miguel García, "es absolutamente nada".
Menciona que difícilmente estas compensaciones pueden producir un déficit. Plantea que hay que investigar a qué grupos del sector público se ha incrementado más los sueldos. (PE)
Falta dinero para cubrir la canasta
Más del 70% del conglomerado de los servidores públicos no pueden cubrir con su salario los costos que demanda la canasta familiar, es decir, "resulta imposible cubrir con satisfacción las necesidades básicas de una familia", de acuerdo con lo expuesto por García. Además, en los ministerios y entidades adscritas a estos, se siente con más agudeza el retraso de pagos, dice. (PE)
Reducción o flexibilización laboral son dos salidas
Un programa de renuncias puede ser una opción
Ante el tamaño del sector público, la política salarial implementada y la imposibilidad de reducir los salarios establecidos, existen dos soluciones, según el analista Mauricio Pozo.
Plantea la reducción del tamaño del sector público, por medio de un sistema de compra de renuncias, con miras a consolidar un redimensionamiento del tamaño del Estado. Y explica que el actual tamaño es un detonante en el tiempo, ya que no hay una política de ingresos clara que permita mantenerlos, debido a que el volumen de gasto requerido para cubrir este rubro es cada vez más alto.
Pero, una solución de esta naturaleza ¿no tendría un costo mayor? Pozo afirma que aunque habría que hacer una inversión ahora, sería un gasto menos en el futuro, en esto radicaría el beneficio.
La segunda opción planteada es dejar el Estado como está (sin reducir su tamaño), pero cambiar el marco legal vigente, de tal manera que las contrataciones en el sector público se puedan flexibilizar.
La mecánica estaría fundamentada en que los salarios del sector público tengan un componente fijo y otro variable, para que exista un parámetro que pueda modificar en caso de una contracción, como el precio del crudo, las tasas de interés, o las líneas de crédito externas. De esta manera se pueden adoptar medidas flexibles en función de lo que pasa afuera. (CAZ)
"En 10 años se ha despedido a más de 90 000 funcionarios"
El presidente de la Federación de Servidores Públicos afirma que hay desfase en sueldos
"Es una falacia aseverar que existe un déficit en el presupuesto estatal causado por alzas salariales al sector público", afirma Miguel García, presidente de la Federación de los Servidores Públicos del Ecuador (Fedesep).
"Estamos desfasados en términos de sueldos, no hemos recuperado ni siquiera la capacidad adquisitiva de hace cinco años", explica.
Desde 1992, más de 90 000 personas han salido, por supresión de partidas, renuncias, desplazamientos, y porque no se han renovado sus contratos.
Según menciona, el sector administrativo es el que más personal ha despedido, y el Estado no ha cumplido con el ofrecimiento de reubicarlos en otros trabajos. Para García, el tope de $10 000 que recibe un servidor público por indemnización no es un capital que permita iniciar un negocio rentable que cubra las necesidades de una familia.
El funcionario destaca que para acceder a esta cantidad, el trabajador tiene que haber prestado más de 20 años de servicio y estar en una escala salarial de 7 a 11.
"El Consejo Nacional de Remuneraciones (Conarem) y el Gobierno tienen la obligación de ajustar los salarios, pero para que estos incrementos se presenten, es necesario que los sectores paralicen sus actividades, para exigir una mejor remuneración", concluye. (PE)
Crudo deja $31,45 millones adicionales
La estatal calcula que el precio se mantendrá estable para 2002
El Fisco recibió $31,45 millones más por las exportaciones petroleras de enero a julio de este año, debido al buen precio en el mercado internacional. Según cifras de Petroecuador, en ese período se exportaron 24 millones 199 mil 351 barriles, al precio promedio de $20,30 por barril. Si el presupuesto para el presente ejercicio económico se elaboró con base en $19, el excedente fue de $1,30 por cada barril.
Desde hace cuatro años, el mercado petrolero se ha mantenido estable en $20, con subidas puntuales que se han acercado a los $30 en el caso de los crudos marcadores como el Brent de Gran Bretaña o el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos. Este último, que sirve a Petroecuador para fijar su precio oficial.
La estatal coloca 126 000 barriles diarios en contratos a largo plazo, con un descuento sobre el WTI de $3,83 por barril para septiembre por la calidad y competitividad del crudo ecuatoriano. La bonanza no faltó en agosto. El 27, Petroecuador facturó las ventas a $24,96 y el 21 llegó a la cifra récord de $25,92. (TH)
Las recaudaciones son parte del sustento
Los ingresos del SRI van a manos del MEF, que los distribuye
No solo el precio del petróleo ha sido la tabla de salvación del actual Gobierno. El enorme monto obtenido por recaudación de impuestos es otro puntal de la economía. Solo hasta julio se logró obtener un 14,47% más de lo que se esperaba, llegando a sumar $1 642,62 millones.
Pero ¿a dónde van los ingresos del Servicio de Rentas Internas (SRI)? Lógicamente al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Elsa de Mena, directora del SRI, explica que ellos solo recaudan los tributos, pero es el MEF quien se encarga de distribuirlos.
La burbuja del consumo es otro punto a favor del Estado. Y es que el consumo de los hogares tiene una incidencia del 61% en el Producto Interno Bruto. Por ello, uno de los tributos con mayor crecimiento es el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Si a eso se añade que Ecuador ha incrementado sustancialmente sus compras ($2 929,30 millones hasta junio), significa que el IVA a las importaciones se incrementó 19,54% más de lo calculado, de acuerdo con cifras publicadas por el SRI. De allí que Ecuador ha logrado aumentar la base imponible y superar las metas. (YB)
"Falta de unificación salarial es la génesis del conflicto"
Fabián Corral destaca que el manejo de remuneraciones tiene contenido político
La problemática de la política salarial en el Estado tiene que ver con la falta de una unificación salarial entre el sector público y el privado, de acuerdo con lo expuesto por Fabián Corral, abogado en derecho empresarial. "Lo ideal sería que el Estado racionalizara el manejo salarial, porque no es admisible la pretensión de tener un régimen salarial en el sector público y otro en el privado. Tiene que haber un tratamiento uniforme", afirma.
Corral ejemplifica la problemática: considera que "el manejo de los salarios en el sector público tiene un alto grado de contenido político. "En el sector público no hay un manejo razonable en términos de productividad, uno de los elementos fundamentales del tema de la competitividad".
Entonces, la solución sería que el incremento de los sueldos fuera a la par con la competitividad. Esto implica la racionalización de la planta de empleados públicos y "este es un problema que acarrea consecuencias sociales serias".
El Estado ecuatoriano tiene que volverse productivo y así creará más empleo. Y la receta es "seguridad jurídica, política y personal", señala.
La otra cara de la moneda es la calidad del trabajo, por lo que se plantea la necesidad de una mayor exigencia, tanto en el ámbito público como en el privado, para obtener una mayor calidad laboral en los empleados. (MFA)
Inflación
No debe existir dependencia
¿Lo ideal sería que el incremento salarial fuera a la par con la inflación? Fabián Corral no lo considera así, "puede tener un elemento de justicia, pero este proceso trae nuevos problemas".
Por ejemplo, si sube cinco puntos la inflación, los salarios tendrían que subir cinco puntos también, "para contar con recursos para incrementar los salarios, las empresas tendrían que subir los precios y habría más inflación", agrega. (MFA)
Se aplica un incremento cada año
La Ley "Trole I" modificó los incrementos salariales que se realizaban dos veces al año. Ahora solo se realizan a inicios de año.
Fabián Corral comparte esta modificación: "los aumentos salariales que se realizaban, en mi opinión no fueron positivos para los trabajadores, porque el alza anunciada motivaba que haya un incremento de precios con anterioridad". (MFA)
ENTREVISTA
"El déficit está en el bolsillo de los servidores"
Martín Insua, ministro de Trabajo y presidente del Conarem, dice que el aumento de las mensualidades al sector jerárquico superior del Estado representa más de $400 000 mensuales y un total de $5 000 000 anuales. Además, explica la política salarial que se ha manejado en lo que va de 2002
¿Cómo se ha manejado la política salarial en 2002?
El Gobierno otorgó al Consejo Nacional de Remuneraciones (Conarem) $142 millones, con los cuales se atendieron las demandas de los trabajadores del sector público, que están dentro del ámbito del Conarem (Magisterio, Ministerios y entidades adscritas ).
¿Qué distribución dio el Conarem a esos recursos?
Al Magisterio se aumentaron $10 al sueldo básico, lo que implica $78 millones, la creación del bono por el Día del Maestro, lo que suma $12 millones, y el resto se destinó a los trabajadores de la Salud (enfermeras, empleados), pero no a los médicos, porque el acuerdo al que se llegó con este sector ascendía a $16 millones, cantidad que existía en el presupuesto del Ministerio de Salud.
¿Cuánto significó el alza de sueldos del sector jerárquico superior del Estado?
No más de $5 millones anuales, para todos los funcionarios de este nivel. Esto significa (para el Estado) un poco más de $400 000 mensuales.
¿Las mejoras salariales han provocado el déficit en el presupuesto estatal?
En 2001 hubo sectores públicos (ingenieros, médicos, abogados) a los que se les dió un bono de $80, este fue recargado al presupuesto de 2002, lo que no excede los $20 millones. Pero este déficit está en el bolsillo de la gran parte de los servidores públicos.
¿Considera que los ingresos del sector público cubren los costos de la canasta familiar?
Casi todo este sector lo hace. Y en los que no, por lo menos se ha mejorado su capacidad adquisitiva. No significa que estén bien pagados, pero sus ingresos han mejorado. (PE)
Un recorte fiscal ya se encuentra diseñado
Francisco Arosemena anunció un ajuste por $250 millones
El ministro de Economía, Francisco Arosemena, anunció una reprogramación por $250 millones. Aclaró que los recortes serán en gastos de bienes y servicios (luz, agua, teléfono, arriendo), "no se afectará a ningún programa social, no comprometen fondos de organismos internacionales", dijo.
Las reprogramaciones implican la reducción de los presupuestos de las Carteras de Estado de un total de $250 millones, es decir un 10% en cada uno de los Ministerios. De ese total, $90 millones corresponden a obras de infraestructura que no serán ejecutadas.
Sobre el pago de la deuda, Arosemena aclaró que los recursos del OCP servirán para cumplir con los acreedores, "vamos a continuar reduciéndola hasta llegar a un nivel donde seamos percibidos como un país que puede cumplir con sus obligaciones". En septiembre presentarán un proyecto para reestructurar la deuda con el Club de París.
Pero el pasado jueves, el portavoz del Fondo Monetario Internacional (FMI), Thomas Dawson, reaccionó al anuncio. "Aún no estamos ahí", dijo Dawson con relación a las conversaciones que mantiene el organismo con el Gobierno nacional, y aclaró que el Fondo ha pedido recortes más profundos por $500 millones."
"Tenemos un acuerdo fiscal general", dijo Dawson, "pero faltan detalles". (MFA)
ANALISISEl Estado no puede cuadrar las cuentas
Las voces se multiplican y el temor de que, en poco tiempo, el Gobierno de Gustavo Noboa no tenga dinero para pagar a los servidores públicos se vuelve una certeza de la que, no obstante, quisiéramos escapar.
Pocas semanas atrás los trabajadores del Estado recibieron su remuneración con varios días de retraso, pero cobraron al fin. De todas maneras fue una primera alerta de que el Estado se estaba quedando sin plata.
Pero las evidencias de que las cuentas no le cuadran al Gobierno nos vienen de afuera, cuando el Fondo Monetario Internacional (FMI) exige la reducción del gasto fiscal en $500 millones, previo a la firma de un acuerdo que cada vez se aleja más.
La paradoja es que esta situación de angustia económica llega justamente, cuando el precio del petróleo ha alcanzado cifras récords, ya que el costo promedio es superior al calculado para el Presupuesto General del Estado, que fue de $19.
También es paradójica la existencia de un déficit abultado, cuando la administración de Noboa no ejecuta ninguna obra en la que deba hacer grandes erogaciones, pues el OCP se construye con inversión privada.
Pero hay más: si el Estado tiene un hueco fiscal tan grande y se lo imputa al incremento salarial, ¿por qué los trabajadores no pueden financiar la canasta básica, si el porcentaje del pago a este sector es solamente el 36.51% de la masa salarial?
Una pista podríamos encontrar en las declaraciones del ministro de Trabajo, Martín Insua, quien dio a BLANCO Y NEGRO el desglose de las cifras del gasto que tiene el Consejo Nacional de Remuneraciones (Conarem).
Dice Insua que los salarios del sector jerárquico del Estado (Presidente y ministros) suman unos $5 millones (1,28% de la masa salarial), mientras que el del resto de empleados públicos llega a $142 millones (36,51%), ¿adónde va, entonces, el 66,21% restante?
Sin dar un cálculo y menos aún mencionar cifras, el ministro Insua declara haber "atendido" peticiones de organismos no financieros como las FFAA, Policía, Procuraduría, etc.
¿Pueden estas pocas entidades consumir el 66,21% de la masa salarial?
¿Por qué parecen un secreto de Estado los sueldos del superintendente de Bancos, del gerente del Banco Central y de otros altos funcionarios de organismos autónomos, cuando todo el país conoce las remuneraciones que reciben el presidente de la República, los ministros de Estado y los diputados?
Alguien tiene que dar una explicación sobre el tema. Alguien tiene que cuadrar las cuentas del Gobierno, transparentando la información, porque es un derecho que tienen los ciudadanos. (TFF)
(BLANCO Y NEGRO 31 DE AGOSTO DE 2002)
HOY explica parte de la política salarial en los últimos meses, y cuál ha sido la incidencia de ese rubro en el Presupuesto, para desenredar la maraña en torno a las remuneraciones que afecta a la actual administración, pero que se inició en 1999. De allí que, en relación con 1998, los sueldos de SPNF en 1999 y 2000 cayeron de $1 733 millones en 1998, a $805 millones en 2000, en gran parte por la crisis económica. A partir de 2000, el valor subió y en 2001 se ubicó en $1 203 millones.
Pero en 2002, la expansión continuó. Según los últimos cálculos, a finales de año se habrán gastado $1 870 millones, a pesar de que lo presupuestado era de $1 481,10 millones, lo que significa que la masa salarial aumente 55,4%, cifra que ha causado conmoción no solo al FMI, sino a los analistas locales.
El presupuesto se extravía en el laberinto salarial
La masa de sueldos creció 55,4% entre 2001 y 2002. Para cubrirla, se gastarán este año $1 870 millones.
Esto porque, más allá de que los salarios estén o no en los niveles adecuados, la problemática radica en cómo pagarlos. "La dificultad se inicia en que el Ejecutivo percibió que buena parte de los miembros del Ejército y de la Policía estaban sub pagados, por lo que aprobó el alza", explica una fuente que no quiso ser identificada.
A esto se sumó que a finales de mayo, el Consejo Nacional de Remuneraciones (Conarem) decidió que el presidente de la República recibiera $8 000, el vicepresidente, $6 547; los ministros de Estado, $3 700, y los viceministros $2 000, lo que representa un gasto de $5 000 000 al año, según Martín Insua, ministro de Trabajo y presidente del Conarem.
Las medidas contribuyeron al aumento de la masa salarial, a pesar de que Insua sostiene que el Conarem solo destinó $142 millones a atender las demandas del sector público, aunque afirma que desconoce si hay déficit por pedidos atendidos en otras instituciones fuera del Conarem, refiriéndose a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Procuraduría e instituciones no financieras.
De allí, que las cifras oficiales justifican solo el 37,79% del excedente salarial ($388,9 millones), pues el restante 62,21% no se sabe exactamente en manos de quiénes están.
El impacto en el programa económico ha sido directo, por lo que el FMI plantea la necesidad de buscar un ingreso para cubrir este gasto. Y es que si se aumentan los salarios, debe existir un ingreso que compense dicho aumento, de lo contrario, se afecta el nivel de crecimiento económico.
Aunque no existe un pronunciamiento oficial sobre el tema, el incremento salarial por encima de lo aprobado se cubriría, en parte, con el recorte anunciado por el ministro de Economía, Francisco Arosemena, de $250 millones. (CAZ)
Dolarización
Aumentos no superan el 10%
Para los trabajadores regidos por la Ley del Servicio Civil y el Código del Trabajo, los incrementos supeditados al Conarem no han superado más del 10% en este año, porcentaje que en dolarización, según Miguel García, "es absolutamente nada".
Menciona que difícilmente estas compensaciones pueden producir un déficit. Plantea que hay que investigar a qué grupos del sector público se ha incrementado más los sueldos. (PE)
Falta dinero para cubrir la canasta
Más del 70% del conglomerado de los servidores públicos no pueden cubrir con su salario los costos que demanda la canasta familiar, es decir, "resulta imposible cubrir con satisfacción las necesidades básicas de una familia", de acuerdo con lo expuesto por García. Además, en los ministerios y entidades adscritas a estos, se siente con más agudeza el retraso de pagos, dice. (PE)
Reducción o flexibilización laboral son dos salidas
Un programa de renuncias puede ser una opción
Ante el tamaño del sector público, la política salarial implementada y la imposibilidad de reducir los salarios establecidos, existen dos soluciones, según el analista Mauricio Pozo.
Plantea la reducción del tamaño del sector público, por medio de un sistema de compra de renuncias, con miras a consolidar un redimensionamiento del tamaño del Estado. Y explica que el actual tamaño es un detonante en el tiempo, ya que no hay una política de ingresos clara que permita mantenerlos, debido a que el volumen de gasto requerido para cubrir este rubro es cada vez más alto.
Pero, una solución de esta naturaleza ¿no tendría un costo mayor? Pozo afirma que aunque habría que hacer una inversión ahora, sería un gasto menos en el futuro, en esto radicaría el beneficio.
La segunda opción planteada es dejar el Estado como está (sin reducir su tamaño), pero cambiar el marco legal vigente, de tal manera que las contrataciones en el sector público se puedan flexibilizar.
La mecánica estaría fundamentada en que los salarios del sector público tengan un componente fijo y otro variable, para que exista un parámetro que pueda modificar en caso de una contracción, como el precio del crudo, las tasas de interés, o las líneas de crédito externas. De esta manera se pueden adoptar medidas flexibles en función de lo que pasa afuera. (CAZ)
"En 10 años se ha despedido a más de 90 000 funcionarios"
El presidente de la Federación de Servidores Públicos afirma que hay desfase en sueldos
"Es una falacia aseverar que existe un déficit en el presupuesto estatal causado por alzas salariales al sector público", afirma Miguel García, presidente de la Federación de los Servidores Públicos del Ecuador (Fedesep).
"Estamos desfasados en términos de sueldos, no hemos recuperado ni siquiera la capacidad adquisitiva de hace cinco años", explica.
Desde 1992, más de 90 000 personas han salido, por supresión de partidas, renuncias, desplazamientos, y porque no se han renovado sus contratos.
Según menciona, el sector administrativo es el que más personal ha despedido, y el Estado no ha cumplido con el ofrecimiento de reubicarlos en otros trabajos. Para García, el tope de $10 000 que recibe un servidor público por indemnización no es un capital que permita iniciar un negocio rentable que cubra las necesidades de una familia.
El funcionario destaca que para acceder a esta cantidad, el trabajador tiene que haber prestado más de 20 años de servicio y estar en una escala salarial de 7 a 11.
"El Consejo Nacional de Remuneraciones (Conarem) y el Gobierno tienen la obligación de ajustar los salarios, pero para que estos incrementos se presenten, es necesario que los sectores paralicen sus actividades, para exigir una mejor remuneración", concluye. (PE)
Crudo deja $31,45 millones adicionales
La estatal calcula que el precio se mantendrá estable para 2002
El Fisco recibió $31,45 millones más por las exportaciones petroleras de enero a julio de este año, debido al buen precio en el mercado internacional. Según cifras de Petroecuador, en ese período se exportaron 24 millones 199 mil 351 barriles, al precio promedio de $20,30 por barril. Si el presupuesto para el presente ejercicio económico se elaboró con base en $19, el excedente fue de $1,30 por cada barril.
Desde hace cuatro años, el mercado petrolero se ha mantenido estable en $20, con subidas puntuales que se han acercado a los $30 en el caso de los crudos marcadores como el Brent de Gran Bretaña o el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos. Este último, que sirve a Petroecuador para fijar su precio oficial.
La estatal coloca 126 000 barriles diarios en contratos a largo plazo, con un descuento sobre el WTI de $3,83 por barril para septiembre por la calidad y competitividad del crudo ecuatoriano. La bonanza no faltó en agosto. El 27, Petroecuador facturó las ventas a $24,96 y el 21 llegó a la cifra récord de $25,92. (TH)
Las recaudaciones son parte del sustento
Los ingresos del SRI van a manos del MEF, que los distribuye
No solo el precio del petróleo ha sido la tabla de salvación del actual Gobierno. El enorme monto obtenido por recaudación de impuestos es otro puntal de la economía. Solo hasta julio se logró obtener un 14,47% más de lo que se esperaba, llegando a sumar $1 642,62 millones.
Pero ¿a dónde van los ingresos del Servicio de Rentas Internas (SRI)? Lógicamente al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Elsa de Mena, directora del SRI, explica que ellos solo recaudan los tributos, pero es el MEF quien se encarga de distribuirlos.
La burbuja del consumo es otro punto a favor del Estado. Y es que el consumo de los hogares tiene una incidencia del 61% en el Producto Interno Bruto. Por ello, uno de los tributos con mayor crecimiento es el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Si a eso se añade que Ecuador ha incrementado sustancialmente sus compras ($2 929,30 millones hasta junio), significa que el IVA a las importaciones se incrementó 19,54% más de lo calculado, de acuerdo con cifras publicadas por el SRI. De allí que Ecuador ha logrado aumentar la base imponible y superar las metas. (YB)
"Falta de unificación salarial es la génesis del conflicto"
Fabián Corral destaca que el manejo de remuneraciones tiene contenido político
La problemática de la política salarial en el Estado tiene que ver con la falta de una unificación salarial entre el sector público y el privado, de acuerdo con lo expuesto por Fabián Corral, abogado en derecho empresarial. "Lo ideal sería que el Estado racionalizara el manejo salarial, porque no es admisible la pretensión de tener un régimen salarial en el sector público y otro en el privado. Tiene que haber un tratamiento uniforme", afirma.
Corral ejemplifica la problemática: considera que "el manejo de los salarios en el sector público tiene un alto grado de contenido político. "En el sector público no hay un manejo razonable en términos de productividad, uno de los elementos fundamentales del tema de la competitividad".
Entonces, la solución sería que el incremento de los sueldos fuera a la par con la competitividad. Esto implica la racionalización de la planta de empleados públicos y "este es un problema que acarrea consecuencias sociales serias".
El Estado ecuatoriano tiene que volverse productivo y así creará más empleo. Y la receta es "seguridad jurídica, política y personal", señala.
La otra cara de la moneda es la calidad del trabajo, por lo que se plantea la necesidad de una mayor exigencia, tanto en el ámbito público como en el privado, para obtener una mayor calidad laboral en los empleados. (MFA)
Inflación
No debe existir dependencia
¿Lo ideal sería que el incremento salarial fuera a la par con la inflación? Fabián Corral no lo considera así, "puede tener un elemento de justicia, pero este proceso trae nuevos problemas".
Por ejemplo, si sube cinco puntos la inflación, los salarios tendrían que subir cinco puntos también, "para contar con recursos para incrementar los salarios, las empresas tendrían que subir los precios y habría más inflación", agrega. (MFA)
Se aplica un incremento cada año
La Ley "Trole I" modificó los incrementos salariales que se realizaban dos veces al año. Ahora solo se realizan a inicios de año.
Fabián Corral comparte esta modificación: "los aumentos salariales que se realizaban, en mi opinión no fueron positivos para los trabajadores, porque el alza anunciada motivaba que haya un incremento de precios con anterioridad". (MFA)
ENTREVISTA
"El déficit está en el bolsillo de los servidores"
Martín Insua, ministro de Trabajo y presidente del Conarem, dice que el aumento de las mensualidades al sector jerárquico superior del Estado representa más de $400 000 mensuales y un total de $5 000 000 anuales. Además, explica la política salarial que se ha manejado en lo que va de 2002
¿Cómo se ha manejado la política salarial en 2002?
El Gobierno otorgó al Consejo Nacional de Remuneraciones (Conarem) $142 millones, con los cuales se atendieron las demandas de los trabajadores del sector público, que están dentro del ámbito del Conarem (Magisterio, Ministerios y entidades adscritas ).
¿Qué distribución dio el Conarem a esos recursos?
Al Magisterio se aumentaron $10 al sueldo básico, lo que implica $78 millones, la creación del bono por el Día del Maestro, lo que suma $12 millones, y el resto se destinó a los trabajadores de la Salud (enfermeras, empleados), pero no a los médicos, porque el acuerdo al que se llegó con este sector ascendía a $16 millones, cantidad que existía en el presupuesto del Ministerio de Salud.
¿Cuánto significó el alza de sueldos del sector jerárquico superior del Estado?
No más de $5 millones anuales, para todos los funcionarios de este nivel. Esto significa (para el Estado) un poco más de $400 000 mensuales.
¿Las mejoras salariales han provocado el déficit en el presupuesto estatal?
En 2001 hubo sectores públicos (ingenieros, médicos, abogados) a los que se les dió un bono de $80, este fue recargado al presupuesto de 2002, lo que no excede los $20 millones. Pero este déficit está en el bolsillo de la gran parte de los servidores públicos.
¿Considera que los ingresos del sector público cubren los costos de la canasta familiar?
Casi todo este sector lo hace. Y en los que no, por lo menos se ha mejorado su capacidad adquisitiva. No significa que estén bien pagados, pero sus ingresos han mejorado. (PE)
Un recorte fiscal ya se encuentra diseñado
Francisco Arosemena anunció un ajuste por $250 millones
El ministro de Economía, Francisco Arosemena, anunció una reprogramación por $250 millones. Aclaró que los recortes serán en gastos de bienes y servicios (luz, agua, teléfono, arriendo), "no se afectará a ningún programa social, no comprometen fondos de organismos internacionales", dijo.
Las reprogramaciones implican la reducción de los presupuestos de las Carteras de Estado de un total de $250 millones, es decir un 10% en cada uno de los Ministerios. De ese total, $90 millones corresponden a obras de infraestructura que no serán ejecutadas.
Sobre el pago de la deuda, Arosemena aclaró que los recursos del OCP servirán para cumplir con los acreedores, "vamos a continuar reduciéndola hasta llegar a un nivel donde seamos percibidos como un país que puede cumplir con sus obligaciones". En septiembre presentarán un proyecto para reestructurar la deuda con el Club de París.
Pero el pasado jueves, el portavoz del Fondo Monetario Internacional (FMI), Thomas Dawson, reaccionó al anuncio. "Aún no estamos ahí", dijo Dawson con relación a las conversaciones que mantiene el organismo con el Gobierno nacional, y aclaró que el Fondo ha pedido recortes más profundos por $500 millones."
"Tenemos un acuerdo fiscal general", dijo Dawson, "pero faltan detalles". (MFA)
ANALISISEl Estado no puede cuadrar las cuentas
Las voces se multiplican y el temor de que, en poco tiempo, el Gobierno de Gustavo Noboa no tenga dinero para pagar a los servidores públicos se vuelve una certeza de la que, no obstante, quisiéramos escapar.
Pocas semanas atrás los trabajadores del Estado recibieron su remuneración con varios días de retraso, pero cobraron al fin. De todas maneras fue una primera alerta de que el Estado se estaba quedando sin plata.
Pero las evidencias de que las cuentas no le cuadran al Gobierno nos vienen de afuera, cuando el Fondo Monetario Internacional (FMI) exige la reducción del gasto fiscal en $500 millones, previo a la firma de un acuerdo que cada vez se aleja más.
La paradoja es que esta situación de angustia económica llega justamente, cuando el precio del petróleo ha alcanzado cifras récords, ya que el costo promedio es superior al calculado para el Presupuesto General del Estado, que fue de $19.
También es paradójica la existencia de un déficit abultado, cuando la administración de Noboa no ejecuta ninguna obra en la que deba hacer grandes erogaciones, pues el OCP se construye con inversión privada.
Pero hay más: si el Estado tiene un hueco fiscal tan grande y se lo imputa al incremento salarial, ¿por qué los trabajadores no pueden financiar la canasta básica, si el porcentaje del pago a este sector es solamente el 36.51% de la masa salarial?
Una pista podríamos encontrar en las declaraciones del ministro de Trabajo, Martín Insua, quien dio a BLANCO Y NEGRO el desglose de las cifras del gasto que tiene el Consejo Nacional de Remuneraciones (Conarem).
Dice Insua que los salarios del sector jerárquico del Estado (Presidente y ministros) suman unos $5 millones (1,28% de la masa salarial), mientras que el del resto de empleados públicos llega a $142 millones (36,51%), ¿adónde va, entonces, el 66,21% restante?
Sin dar un cálculo y menos aún mencionar cifras, el ministro Insua declara haber "atendido" peticiones de organismos no financieros como las FFAA, Policía, Procuraduría, etc.
¿Pueden estas pocas entidades consumir el 66,21% de la masa salarial?
¿Por qué parecen un secreto de Estado los sueldos del superintendente de Bancos, del gerente del Banco Central y de otros altos funcionarios de organismos autónomos, cuando todo el país conoce las remuneraciones que reciben el presidente de la República, los ministros de Estado y los diputados?
Alguien tiene que dar una explicación sobre el tema. Alguien tiene que cuadrar las cuentas del Gobierno, transparentando la información, porque es un derecho que tienen los ciudadanos. (TFF)
(BLANCO Y NEGRO 31 DE AGOSTO DE 2002)
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