El Ingobernable Ecuador

Quito. 09. ene. 97. En 1979, al inaugurar Jaime Roldós
el presente período constitucional, sólo cuatro países
latinoamericanos contaban con regímenes democráticos:
Colombia, Costa Rica, Venezuela y México. A partir de
entonces se desencadenó un proceso que culminó en 1990
al ser reemplazados 15 gobiernos autoritarios por
regímenes democráticos, la mayor parte siguiendo el
modelo ecuatoriano consistente en un acuerdo de civiles
y militares para, pacíficamente, poner fin a la
dictadura y restablecer el orden legal.

Nuestro país también se adelantó a otros en concebir
instituciones políticas orientadas a corregir los
problemas que habían conspirado contra su estabilidad
política y la gobernabilidad democrática. La más
importante fue la que atribuyó a los partidos una
responsabilidad esencial en el sustento y operación
del sistema democrático, con cuyo propósito se les
otorgó un estatuto especial que, entre otros beneficios,
les daba exclusividad para presentar candidatos en los
eventos electorales.

Producida la crisis económica, generada por la deuda
externa y el agotamiento del modelo proteccionista,
Ecuador fue uno de los primeros países de la región en
restablecer los llamados equilibrios macroeconómicos.
Gracias a este logro los ecuatorianos no sufrieron las
penurias a las que fueron sometidos otros pueblos
latinoamericanos y el país llenó, hace 14 años, un
requisito que hoy se considera indispensable para la
ejecución de cualquier política de desarrollo.

Sentadas estas bases políticas y económicas debió
corresponder a los gobiernos y a la sociedad en su
conjunto dar los pasos necesarios para perfeccionar las
instituciones democráticas, desarrollar económica y
socialmente el país y, en última instancia, alcanzar
la meta de toda sociedad política: el mejoramiento de
las condiciones de vida de la población. Transcurridos
18 años de vida democrática, en el caso de que se
hubiera recorrido aquel camino, al iniciarse 1997 el
perfil del Ecuador bien pudo ser el siguiente.

Una democracia consolidada y eficiente apoyada por un
sistema de pocos partidos modernos y representativos,
defendida por una opinión pública identificada con sus
instituciones y comprometida con su futuro. Garantizados
los derechos de los ciudadanos y de las actividades
productivas, así como su seguridad jurídica, gracias a
la plena vigencia de la Constitución y de las leyes y
al carácter aislado de la corrupción. Reducidos el
desempleo y la pobreza en virtud de un crecimiento
económico suficiente, estable y sostenido y del
mejoramiento de los servicios públicos de educación y
salud. La universidad volcada a la formación de buenos
profesionales, capacitados para mejorar la
administración del Estado y elevar la productividad de
las actividades privadas, como consecuencia de la
reconstrucción académica y administrativa de la
educación superior. Todas las energías del Ecuador
concentradas en la búsqueda de su progreso por la
solución del problema territorial con Perú.
Desafortunadamente nada de ello ocurrió o fue muy
poco lo que la democracia logró plasmar.

¿Qué factores explican los modestos resultados de la
democracia ecuatoriana? ¿Por qué otros países
latinoamericanos exhiben mejores rendimientos a pesar
de que sufrieron crisis más profundas? ¿Cuáles son los
vacíos políticos que necesita llenar el país para no
repetir la negativa experiencia de estos años?

ALGUNAS EXPLICACIONES

Mientras las dictaduras militares de los años 70
administraron la abundancia, a los gobiernos
democráticos les ha correspondido lidiar con la
escasez. Una sucesión de infortunios agudizó la
crisis económica gestada en los gobiernos
dictatoriales: primero fue la impagable deuda
externa y la caída de los precios del petróleo,
luego las inundaciones de 1982-83, el terremoto de
1987 y los enfrentamientos bélicos con Perú de
1981 y 1995. Pero si bien estas catástrofes
menoscabaron las posibilidades de desarrollo del
país al generar difíciles problemas económicos,
provocar ingentes pérdidas y ocasionar cuantiosos
gastos extraordinarios, no son suficientes para
explicar los magros resultados arrojados por el
sistema democrático.

Estudios que se han hecho sobre la historia del
desarrollo, así como los que buscan explicar el
notable progreso de algunos países asiáticos y, en
Latinoamérica, el relativo éxito de Uruguay,
Colombia, Chile y Costa Rica, relievan la
importancia que tuvieron la estabilidad y
continuidad de sus políticas públicas. La razón
es sencilla: el desarrollo es el resultado del
esfuerzo de una comunidad realizado por décadas y
del eficaz y perseverante trabajo de varios
gobiernos. Lo que en Ecuador no ha sido posible
por un severo problema de gobernabilidad que
afecta al sistema político (y no a un gobierno
en particular) impidiéndole articular las demandas
de los sectores económicos y sociales y darles
respuestas adecuadas, oportunas y eficaces.

Puede decirse, con razón, que en el presente
período democrático Ecuador ha gozado de
estabilidad, pues, desde 1979 se han realizado
ordenadas sucesiones de presidentes de la
República. Pero este importante paso dado por el
país para ordenar su vida pública, no ha ido
acompañado de la continuidad de las políticas
públicas, muchas de las cuales, en razón de la
inestabilidad prevaleciente, no han llegado a
convertirse en políticas de Estado que permanezcan
en el largo plazo. Así por ejemplo la política
económica, determinante del bienestar de una
sociedad, no ha podido continuarse entre un
gobierno y otro y, en algunos casos, ni siquiera
en una misma administración.

Por estos motivos la democracia, a pesar de los
progresos aportados en el campo social
(alfabetización, electrificación rural, educación
campesina, escolaridad plena) y de ciertas obras
de infraestructura (la más importante Paute) no
ha conseguido promover el progreso significativo
del país y un mejoramiento perceptible de las
condiciones de vida del pueblo. La tasa de
crecimiento económico apenas ha superado a la de
incremento de la población, una persistente
inflación ha depauperado a los sectores medios y
populares, se han deteriorado los servicios de
salud, educación, seguridad social y justicia,
ha empeorado el desempleo, la población en
situación de pobreza ha aumentado, han crecido
las distancias que separan a los ricos de los
menesterosos y la corrupción se generaliza.

Las causas de la ingobernabilidad son múltiples
y complejas; unas tienen que ver con las
instituciones del sistema político y otras con
hábitos, creencias y actitudes de los ciudadanos,
esto es con sus valores culturales. Me referiré,
únicamente, a la institución partido político en
razón de ser la que mayores y más importantes
responsabilidades tiene en los éxitos o fracasos
de las democracias.

LOS PARTIDOS

Los partidos políticos definen el ordenamiento
constitucional del Estado y lo reforman, presentan
los candidatos que los ciudadanos seleccionan en
los eventos electorales, de sus filas provienen las
principales autoridades, formulan el programa y las
políticas que guían la gestión gubernamental y,
desde la oposición, vigilan y enjuician los actos
de los gobiernos y, en ciertos casos, consiguen
rectificaciones.

Cualquier grupo que ejerza estas funciones es un
partido político aún en el caso de que no se
constituya y organice como tal, se declare su
contradictor y afirme ser algo distinto. Tan es
así que una autoridad tan reconocida como el
politólogo italiano Giovanni Sartori, define como
partido a "cualquier grupo político que se presenta
en elecciones y es capaz de colocar candidatos para
cargos públicos". En este sentido las organizaciones
que en las recientes elecciones apoyaron las
candidaturas presidenciales de Noboa y Ehlers no
fueron otra cosa que partidos políticos, a pesar
de sus protestas y críticas a la partidocracia.
Tan es así que una de ellas, el movimiento indígena
representado por la Conaie, hoy sufre las
devastadoras consecuencias de los conflictos
burocráticos, de liderazgo y de poder tan
frecuentes en los partidos ecuatorianos.

Si los partidos son consustanciales al sistema
democrático y de sus méritos depende la calidad de
los gobiernos, importa saber si están capacitados
para desempeñar idóneamente las responsabilidades
que tienen a cargo.

Los partidos políticos ecuatorianos, con frecuencia,
son organizaciones caudillistas sin democracia
interna, cerradas a la participación de sus afiliados
y a las inquietudes de la opinión pública. Sus debates
antes que dilucidar discrepancias ideológicas,
programáticas y estratégicas ventilan conflictos
personales y partidistas. Por sobre el bien de la
comunidad nacional y el interés del país en sus
posiciones suelen prevalecer los intereses y
desafectos de sus dirigentes o las apetencias
electoralistas de sus organizaciones. Sin excepción
no cuentan con la lealtad de sus electores, de sus
afiliados e incluso de sus líderes, cuyo mejor
testimonio son los numerosos diputados que abandonan
los partidos bajo cuya bandera fueron electos, para
declararse independientes y ponerse al servicio del
gobierno en ejercicio. El partidarismo, con la que
han contaminado la vida pública, ha deteriorado
técnica, profesional y moralmente algunas
instituciones, como es el caso de los tribunales
de justicia.

Las debilidades de los partidos populistas son mayores.
Su ejercicio del gobierno ha significado un empeoramiento
de los problemas de gobernabilidad del Ecuador, como
consecuencia de su proclividad a sobrepasar la Ley,
abusar del poder, manipular las instituciones democráticas,
degradar la administración pública, restringir las
libertades ciudadanas, desordenar la economía, corromper
la gestión administrativa y practicar un paternalismo
asistencial. Mucho de ello se produjo en el gobierno
socialcristiano (1986-1988) y está dándose en el actual,
dirigido por un grupo que antes estuvo a punto de liquidar
el municipio de Guayaquil. Lo que es grave si se tiene en
cuenta la importante adhesión electoral que reciben los
partidos populistas, como pudo verse en las recientes
elecciones presidenciales en las que los tres primeros
lugares fueron ocupados por candidatos de aquella
orientación.

A todo lo cual se suma la fragmentación y volatilidad de
los partidos. Desde l979 siempre en el Congreso Nacional
han estado representados por lo menos 10 partidos, ninguno
ha llegado a tener la mitad de los escaños y no existe uno
solo que haya obtenido una votación regular de al menos el
25 % en los diversos eventos electorales realizados. No en
vano el país ha tenido seis presidentes de la República
provenientes de seis diferentes organizaciones políticas
(quizá un caso único en el mundo) pues ningún partido ha
logrado volver al poder y menos aún conservarlo ganando
sucesivas elecciones. Algunos partidos son tan efímeros
que nacen con el triunfo electoral y desaparecen, o quedan
reducidos a una mínima expresión, al concluir su gobierno.
Aun los presidentes que triunfaron abrumadoramente, para
tener una mayoría en el Congreso se vieron forzados a
celebrar alianzas, habitualmente frágiles y costosas,
con numerosas y volubles organizaciones.

Partidos con las características y debilidades anotadas no
favorecen el trabajo eficiente del sistema democrático,
limitan sus posibilidades de atender los problemas
nacionales y no despiertan simpatías en la opinión
pública. Negativa realidad que ha llevado a los críticos
de la llamada partidocracia, a proponer la liquidación
del régimen de partidos establecido en 1978 sin tener en
cuenta que, siendo ciertos los defectos y limitaciones
de tales organizaciones, la ciencia política no ha
inventado ninguna otra que pueda reemplazarlas y no
existe democracia que haya prescindido de su concurso.
Por ello, parafraseando a Winston Churchill, cabe afirmar
que los partidos constituyen la peor forma de organización
de la participación ciudadana, con excepción de todas las
demás.

QUÉ HACER

En el país, lamentablemente, antes que corregir los
defectos del sistema de partidos se ha hecho lo posible
para empeorarlo, al punto que, en los hechos, ha dejado de
existir. Primero se transfirieron las elecciones de
diputados de la segunda a la primera vuelta, luego se
dispuso la renovación del Congreso Nacional en la mitad
del período presidencial, más tarde se autorizó la
indiscriminada participación de agrupaciones
"independientes" y, entre tanto, en 1983 se derogó el
requisito de representatividad de los partidos que, para
existir, debían tener al menos un cinco por ciento de
adhesión electoral, disposición restablecida nueve años
después (con el cuatro por ciento) y vuelta a suprimir
en los últimos días de sesiones del anterior Congreso
Nacional, con el beneplácito del actual presidente de la
República que sancionó la absurda derogatoria. Con lo
cual, en este campo, la democracia ecuatoriana ha perdido
18 años y hoy se encuentra enfrentada a la necesidad de
comenzar de nuevo.

La calidad de una democracia está determinada por los
méritos de sus organizaciones políticas. Los países con
altas tasas de crecimiento económico, reducido número de
pobres y razonable distribución de la riqueza, son
aquellos que cuentan con sólidos sistemas de partidos;
al contrario, el atraso económico, la pobreza y las
injusticias sociales van asociados a la fragmentación
partidista y a la consecuente inestabilidad política.
En tal virtud, de poco o nada servirá una reforma
política -se han propuesto varias y el Gobierno ha
enunciado una más- que no contemple disposiciones que
atiendan el problema fundamental de la democracia
ecuatoriana: la extrema fragmentación de los partidos
políticos.

Las otras debilidades del sistema de partidos (a las
que hice referencia, y muchas otras) también podrían
corregirse mediante disposiciones jurídicas a las que
me he referido en múltiples oportunidades, algunas de
las cuales han sido incorporadas a la Constitución.
Pero la ingeniería institucional no será suficiente
para transformar la política nacional, si los ciudadanos
no usan su voto para seleccionar a los partidos que
convengan al interés público, premiando a unos y
sancionando a otros. Tarea a la que deben contribuir
los medios de comunicación con sus informaciones y
opiniones.

De todo lo señalado cabe concluir que el problema
fundamental del país es político, razón por la cual
todos los sectores nacionales deberían dedicarle una
atención prioritaria a un tema que, con frecuencia,
muchos menosprecian o prefieren ignorarlo. Es
necesario tomar conciencia de que si no se supera la
ingobernabilidad de nuestro sistema democrático, los
problemas económicos y sociales del Ecuador no se
resolverán en los términos que demanda el desarrollo
nacional. (FUENTE: REVISTA VISTAZO)