Dos AÑos Para Auditoria

Quito. 27-01-94. Después de casi dos años de haberse dilatado la auditoría
ambiental a la empresa petrolera Texaco, la compañía
canadiense HBT, Agra Limited, espera esta semana entregar el
documento final al gobierno ecuatoriano.

Agra atendió la solicitud de ambas partes de realizar varias
precisiones a algunos de los capítulos del informe.

El voluminoso documento, traducido al español, será nuevamente
analizado por el ministro de Energía y Minas, Francisco Acosta
y sus asesores, así como por Texaco, para luego discutirlo al
más alto nivel.

La auditoría debía haber estado lista en un plazo no mayor de
90 días a partir de la suscripción del contrato suscrito con
la HBT en febrero de 1992, esto es en mayo, pero las
administraciones que tuvieron a sus cargo el avance de la
misma no presionaron y dejaron que sufra un retraso de casi
dos años, sin que se haya dado una explicación oficial. En
solo a partir de abril de 1993 en que se empieza a dar impulso
al informe.

La auditoría fue dispuesta por el gobierno ecuatoriano una vez
que en junio d 1992 concluía el contrato de explotación y
producción de Texaco en el país. El propósito fue establecer
el estado de los campos del ex consorcio Petroecuador-Texaco
que fueron administrados por esa empresa, a igual que toda la
infraestructura existente que pasaba a propiedad del Estado
para que sea operado por Petroecuador.

En el contrato de auditoría al que tuvo acceso HOY, se
comparten obligaciones entre Petroecuador y Texaco. Especifica
que el examen ambiental tendrá que hacerse en las provincias
de Sucumbíos y Napo de la región Amazónica distrito Oriente,
en una extensión aproximada de 400.000 hectáreas donde operan
15 campos petroleros y 22 estaciones de producción que forman
parte del área de concesión.

Los estudios que tenía que efectuar la firma canadiense se
relacionaban con los ecosistemas de la amazonía ecuatoriana
que "podrían haber sufrido impactos directos e indirectos, tal
es el caso de los recursos físicos (aire, agua y suelo),
bióticos (flora y fauna), socioeconómicos y otros que deben
ser evaluados y valorados".

Se especifica que para el estudio se considerarán las
regulaciones y estándares internacionales aceptados para la
industria petrolera en áreas del trópico húmedo.

Para efectos de la auditoría se conformó un comité de alto
nivel integrado por representantes de la subsecretaría del
Medio Ambiente. Petroecuador, Petroamazonas (filial de
Petroecuador) y Texaco.

Este comité resolvió convocar el concurso internacional entre
compañías especializadas en dichas actividades y requerir la
participación de una empresa estrictamente independiente que
garantice un informe imparcial, en el cual se determinen las
áreas utilizadas por Texaco, para la explotación petrolera y
sobre los impactos ambientales que se han producido a causa de
las actividades hidrocarburíferas con miras a una realización
de un plan factible de recuperación.

En el concurso intervinieron 11 compañías, pero presentaron
ofertas dos: HBT, Agra Limited, y Wester Oild Fields Limited,
ambas de origen canadiense, pero se aceptó la primera ser por
ser la mejor propuesta económica y técnica.

Según el contrato, tanto Petroecuador como Texaco son parte
del equipo técnico, "con facultad para aprobar o rechazar los
informes y criterios técnicos".

Lo que piensa la compañía Texaco

En declaraciones a HOY, el mandatario de Texaco en el Ecuador,
Rodrigo Pérez, dijo en su oportunidad que desde su punto de
vista estrictamente personal, la demanda de los Cofanes en
Nueva York, no tiene ningún sustento jurídico, sino más bien
es una situación política o de buscar publicidad para este
grupo de ecologistas.

Destacamos los puntos más importantes de la posición de
Texaco, compañía que administró los campos del ex consorcio
1972:

. La auditoría ambiental es una cuestión en la que se puede
hablar de cualquier cantidad.

. Honestamente yo creo que como hay buena voluntad de ambas
partes, debemos sentarnos a conversar y llegar a un acuerdo
que tenga una aceptación mutua.

. Nuestra posición es que el Estado ecuatoriano nos debe
dinero, pero políticamente considero que va a ser muy difícil
que el Estado admita, con toda esta bulla que se ha hecho.

. Texaco siempre había manifestado que quiere seguir en el
Ecuador, país que en teoría es todavía un lugar atractivo para
invertir, a pesar de que hoy en el mundo se han abierto
muchísimos lugares nuevos para eso.

. En principio la empresa estaría interesada en participar en
la séptima ronda de licitaciones hidrocarburíferas, pero con
la condición de que se arreglen los problemas anteriores.

. Es muy difícil justificar nuevas inversiones cuando todavía
existen reclamos de lado y lado por muchos millones de
dólares. Entonces es difícil justificar ante directivos y
accionistas de la compañía arriesgar nuevas inversiones en un
país que si nos permitió trabajar, pero que también nos dió
muchos dolores de cabeza.

Me parece difícil llegar a un acuerdo el 24 de enero en que se
duplica la séptima ronda, pero podría llegarse a un acuerdo en
principio, por lo menos.

. La auditoría de las instalaciones del ex consorcio
Petroecuador-Texaco se hizo como resultado de la entrega en
1992. Es una situación que hemos venido discutiendo por casi
cuatro años.

. Las auditorías fiscales se han formulado desde 1972, pero
tampoco todavía están aclaradas.

. Lo que estamos haciendo hoy es exigir al gobierno que se nos
compense por la violación del convenio entre la es CEPE, el
ministerio de Finanzas y Texaco, a través del cual el Estado
ecuatoriano no reconocía las deudas por compensación de crudo
para consumo interno y exportación.

. En la misma situación estaba la compañía City. Entregábamos
el petróleo a Petroecuador a un precio bajísimo fijado por el
gobierno, era la ley y no había nada que hacer.

. Siempre luchábamos porque se mejore el precio porque era
absurdo que mientras internacionalmente estaba a 20, 25, 30
dólares el barril, Petroecuador nos pagaba a 1,48 y 2 dólares.

. Esa ley era injusta, una forma de exigir a las empresas que
subsidien el consumo, pero lo más grave es que todo ese crudo
que se entregaba para consumo interno, más o menos la mitad
Petroecuador lo refinaba y exportaba los productos derivados.

. Entonces las compañías decían si ese crudo que se le entrega
a Petroecuador, lo venderían en el país se justificaría porque
está sirviendo a la población, pero lo exportaba a precios de
exportación y nos pagan a precio de consumo interno, entonces
tienen que pagarnos la diferencia.

. Hemos insistido en todos los gobiernos pero nadie nos hacía
caso. Las primeras demandas judiciales las presentamos en 1991
al gobierno del doctor Rodrigo Borja.

. Inclusive hay una demanda por falta de pago. A raíz del
terremoto de 1987 el gobierno del ingeniero León Febres
Cordero se atrasó dos años en la cancelación de los haberes
por concepto de consumo interno por lo que se celebró un
convenio de pagos con Petroecuador, en el cual se establecía
unos plazos, caso contrario se pagaría intereses.

. El primer período de gracia fue que Texaco acepto prorrogar
el pago de las deudas sin interés, pero una vez vencidos los
nuevos plazos tenían que reconocer los intereses y nunca nos
pagaron.

¿ Una etapa tensa?

Los problemas de auditoría ambiental hecha a la compañía
Texaco y las demandas que ésta formulara al Estado ecuatoriano
por 500 millones de sucres, amenazan por dilatarse sino se
llega a un acuerdo.

Tanto el ministro de Energía, Francisco Acosta, como el
mandatario de la compañía en Quito, Rodrigo Pérez, han
expresado la predisposición y buena voluntad para dialogar y
resolver todos los asuntos pendientes, pero también han dicho
que, de no aceptarse las posiciones que cada uno tienen harán
las contrapuestas respectivas.

Sin embargo, el problema parece tomar otras dimensiones cuando
las relaciones entre el gobierno y las comunidades indígenas
de la amazonía están entrando en una etapa tensa, a raíz de la
intervención del embajador del Ecuador en Washington, Edgar
Terán, quien se dirigió al Departamento de Estado de Estados
Unidos pidiendo que la demanda formulada por los Cofanes en
las cortes de Nueva York sea tramitada en Quito.

Esto provocó la reacción de los indígenas la semana anterior,
quienes censuraron la política del gobierno al cual acusaron
de conspirar con Texaco en contra de los indígenas que
protagonizaron la acción legal contra la compañía en Estados
Unidos.

La respuesta también fue inmediata por parte de la empresa
petrolera extranjera que en un comunicado publicado ayer en la
prensa, dijo que lo que se trata es de perjudicar injustamente
su imagen y cuestionar su integridad.

Texaco amenazó con "tomar cualquier medida que fuere necesaria
para proteger su imagen, su nombre y sobre todo, su
integridad".