Quito. 02.04.92. "Esta es la primera vez que tengo la
oportunidad de reunirme con ustedes y conocer la realidad de
los problemas que nos han llevado a reunirnos", dijo Antonio
Gagliardo, ministro de Bienestar Social, al momento de
reiniciarse el diálogo con los indígenas agrupados en la
Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador
(CONAIE). "Existen buenas perspectivas para avanzar en los
diálogos con los indígenas", reveló por su parte Diego
Bonifaz, subsecretario de Desarrollo Rural Integral y uno de
las principales figuras del régimen en las negociaciones con
las nacionalidades originarias.
"La recapitulación de los diálogos es algo muy positivo para
todos, más, si se toma en cuenta que en un momento determinado
se dijo que los indígenas habían querido quitarse del proceso
electoral", comentó a HOY monseñor Antonio Arregui, figura
clave de la Iglesia en el tema de las diálogos entre gobierno
e indígenas, al ser consultado sobre el particular.
Y cuando Luis Macas, presidente de la CONAIE hacía su ingreso
al ministerio de Bienestar Social, dijo: "hemos venido a ver
cuál es la respuesta que nos da el gobierno"...
Las afirmaciones precedentes, al parecer, confluyen sobre un
punto en común: un espacio para superar lo que por doquier se
venía definiendo como un diálogo de sordos: por un lado, la
CONAIE demandando la solución sus problemas, particularmente
de los 73 conflictos de tierras, y el gobierno, dando largas a
los temas de fondo sobre un asunto por demás complejo.
El país sabe que los problemas que rodean al tema indígena
-que van desde la impugnación de la presencia del director del
IERAC en los diálogos, hasta la demanda de territorios
controlados por las comunidades- no son fáciles ni de solución
inmediata. Y también lo saben los actores del conflicto. Allí
tenemos un primer punto de aproximación.
Las nuevas condiciones
Las nuevas condiciones, empero, a pesar de que han variado
algunos adornos del tablado, no han modificado lo sustancial
del problema.
En efecto, mientras los diálogos iniciales con los indígenas
nacieron de un levantamiento que paró buena parte del país
(junio/90), en la actualidad, el tema está galvanizado por un
proceso electoral (al que los políticos buscan adaptarse y los
indígenas rechazan), y de una nueva amenaza de movilización
por parte de una organización indígena de la Amazonía -la
OPIP-, que saldrá del Puyo y terminaría en la Plaza Grande,
pero que nadie sabe cómo terminará.
"Es innegable que con la apresurada reiniciación de los
diálogos, el gobierno intenta neutralizar esta posible acción
de protesta de los hermanos de la amazonía", señaló a HOY un
líder indígena que participa en los diálogos. Algunos
analistas de tema coinciden con ese criterio.
"Queremos y estamos interesados en solucionar este problema",
reiteró ante la dirigencia de la CONAIE el ministro Gagliardo.
Sin embargo, ante los ojos de los indígenas "el problema para
el gobierno" parece que se reduce a las 73 carpetas sobre
conflictos de tierras que ese organismo nacional le presentó.
La Iglesia y el "equilibrio estratégico"
La Iglesia, por su parte, institución que busca mantener el
"equilibrio estratégico" en este asunto, no ve con malos ojos
el restablecimiento de las discusiones. El papel que está
jugando en la solución de los conflictos de tierras -vía
compra no violenta de tierras destinadas a las comunidades
indígenas- ha resultado de mucha utilidad para las partes,
particularmente para el gobierno.
"Nosotros no fomentamos las invasiones. A través del Fondo
Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP), contando con recursos
que nos llegan en donaciones y por la conversión de una parte
de la deuda externa, estamos comprando tierras para las
comunidades", dice monseñor Arregui.
"Hemos advertido que sería un serio error histórico comprar
tierras y entregarles a las comunidades solamente. Por
experiencias sabemos lo que ya pasó con las Reformas Agrarias
(1964 y 1973)", dice por su parte Diego Bonifaz.
Para corregir este problema, "se han implementado programas de
desarrollo rural en las tierras que han pasado a las
comunidades indígenas", añade. Esta es la estrategia actual
del régimen.
Pero los indios, desde el comienzo, demandaron algo más que
tierras (ver recuadro). "Algunas de las demandas de los
indígenas implican que tenga que cambiarse la misma
constitución", advirtió el ministro de Bienestar Social, al
aludir al tema de la territorialidad, puesto sobre el tapete
por los indios de la amazonía (OPIP).
Este tipo de demandas -territorialidad y propiedad de la
tierra- han puesto en aprietos a la estructura
político-partidista del Ecuador. Inclusive, algunos dirigentes
han colocado en tela de duda la legitimidad del poder y de los
procedimiento para llegar a él (es el caso de Luis Macas
cuando señaló que la CONAIE no participará en las elecciones).
No obstante, el reinicio de los diálogos y su reglamentación
(se reunirán cada 15 días), que opone al gobierno y a un
sector social importante del país -los indios-, abre la
posibilidad de nuevos avances con relación al problema de las
nacionalidades originarias asentadas en el país. (2-A)
oportunidad de reunirme con ustedes y conocer la realidad de
los problemas que nos han llevado a reunirnos", dijo Antonio
Gagliardo, ministro de Bienestar Social, al momento de
reiniciarse el diálogo con los indígenas agrupados en la
Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador
(CONAIE). "Existen buenas perspectivas para avanzar en los
diálogos con los indígenas", reveló por su parte Diego
Bonifaz, subsecretario de Desarrollo Rural Integral y uno de
las principales figuras del régimen en las negociaciones con
las nacionalidades originarias.
"La recapitulación de los diálogos es algo muy positivo para
todos, más, si se toma en cuenta que en un momento determinado
se dijo que los indígenas habían querido quitarse del proceso
electoral", comentó a HOY monseñor Antonio Arregui, figura
clave de la Iglesia en el tema de las diálogos entre gobierno
e indígenas, al ser consultado sobre el particular.
Y cuando Luis Macas, presidente de la CONAIE hacía su ingreso
al ministerio de Bienestar Social, dijo: "hemos venido a ver
cuál es la respuesta que nos da el gobierno"...
Las afirmaciones precedentes, al parecer, confluyen sobre un
punto en común: un espacio para superar lo que por doquier se
venía definiendo como un diálogo de sordos: por un lado, la
CONAIE demandando la solución sus problemas, particularmente
de los 73 conflictos de tierras, y el gobierno, dando largas a
los temas de fondo sobre un asunto por demás complejo.
El país sabe que los problemas que rodean al tema indígena
-que van desde la impugnación de la presencia del director del
IERAC en los diálogos, hasta la demanda de territorios
controlados por las comunidades- no son fáciles ni de solución
inmediata. Y también lo saben los actores del conflicto. Allí
tenemos un primer punto de aproximación.
Las nuevas condiciones
Las nuevas condiciones, empero, a pesar de que han variado
algunos adornos del tablado, no han modificado lo sustancial
del problema.
En efecto, mientras los diálogos iniciales con los indígenas
nacieron de un levantamiento que paró buena parte del país
(junio/90), en la actualidad, el tema está galvanizado por un
proceso electoral (al que los políticos buscan adaptarse y los
indígenas rechazan), y de una nueva amenaza de movilización
por parte de una organización indígena de la Amazonía -la
OPIP-, que saldrá del Puyo y terminaría en la Plaza Grande,
pero que nadie sabe cómo terminará.
"Es innegable que con la apresurada reiniciación de los
diálogos, el gobierno intenta neutralizar esta posible acción
de protesta de los hermanos de la amazonía", señaló a HOY un
líder indígena que participa en los diálogos. Algunos
analistas de tema coinciden con ese criterio.
"Queremos y estamos interesados en solucionar este problema",
reiteró ante la dirigencia de la CONAIE el ministro Gagliardo.
Sin embargo, ante los ojos de los indígenas "el problema para
el gobierno" parece que se reduce a las 73 carpetas sobre
conflictos de tierras que ese organismo nacional le presentó.
La Iglesia y el "equilibrio estratégico"
La Iglesia, por su parte, institución que busca mantener el
"equilibrio estratégico" en este asunto, no ve con malos ojos
el restablecimiento de las discusiones. El papel que está
jugando en la solución de los conflictos de tierras -vía
compra no violenta de tierras destinadas a las comunidades
indígenas- ha resultado de mucha utilidad para las partes,
particularmente para el gobierno.
"Nosotros no fomentamos las invasiones. A través del Fondo
Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP), contando con recursos
que nos llegan en donaciones y por la conversión de una parte
de la deuda externa, estamos comprando tierras para las
comunidades", dice monseñor Arregui.
"Hemos advertido que sería un serio error histórico comprar
tierras y entregarles a las comunidades solamente. Por
experiencias sabemos lo que ya pasó con las Reformas Agrarias
(1964 y 1973)", dice por su parte Diego Bonifaz.
Para corregir este problema, "se han implementado programas de
desarrollo rural en las tierras que han pasado a las
comunidades indígenas", añade. Esta es la estrategia actual
del régimen.
Pero los indios, desde el comienzo, demandaron algo más que
tierras (ver recuadro). "Algunas de las demandas de los
indígenas implican que tenga que cambiarse la misma
constitución", advirtió el ministro de Bienestar Social, al
aludir al tema de la territorialidad, puesto sobre el tapete
por los indios de la amazonía (OPIP).
Este tipo de demandas -territorialidad y propiedad de la
tierra- han puesto en aprietos a la estructura
político-partidista del Ecuador. Inclusive, algunos dirigentes
han colocado en tela de duda la legitimidad del poder y de los
procedimiento para llegar a él (es el caso de Luis Macas
cuando señaló que la CONAIE no participará en las elecciones).
No obstante, el reinicio de los diálogos y su reglamentación
(se reunirán cada 15 días), que opone al gobierno y a un
sector social importante del país -los indios-, abre la
posibilidad de nuevos avances con relación al problema de las
nacionalidades originarias asentadas en el país. (2-A)
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