Quito. 12.10.94. El presidente de la República finalmente
presentó al Congreso Nacional el proyecto de Reformas
Constitucionales elaborado por la comisión de "notables". Ahora
le queda al Congreso tramitarlo en los cien días que señaló el
pueblo ecuatoriano a través de la Consulta Popular.
Este paso de mano, de los notables al Congreso, no debería ser
una clausura sino la apertura del debate. Porque, indudablemente,
el trabajo de la Comisión de notables fue realizado a puerta
cerrada y sin participación de los actores de la
descentralización.
Sin duda, el tema más problemático y que mayor discusión generó
en la elaboración y presentación fue la propuesta de
descentralización. Primero, causó una de las bajas más polémicas
en la Comisión; segundo, se generó un informe de minoría que
reveló el desacuerdo existente; tercero, produjo el retraso en la
entrega de la propuesta al Congreso; y cuarto, es la sección que
mantiene en la actualidad el mayor debate.
Se debe partir del hecho que la descentralización es un proceso
largo que no depende de un hecho episódico -mucho menos si se
trata de la aprobación de una ley-. Esta longevidad presenta una
disyuntiva clara frente al proceso de Reforma Constitucional
iniciado en el país: la necesidad de transformar la presentación
Presidencial de la reforma en el inicio de un proceso que
formaliza acuerdos previos, impidiendo que se cierre lo avanzado.
No se puede dejar de mencionar que en Colombia, la nueva
Constitución aprobada en 1991 establece un proceso de 10 años
para la descentralización.
Es importante que quede claro que una propuesta constitucional
no debería detener el proceso en ciernes sino más bien
estimularlo. De allí que si partimos del hecho que la propuesta
realizada por los "notables" fue desarrollada a puerta cerrada,
lo lógico sería exigir al Congreso Nacional que enmiende este
secretismo abriendo un gran debate sobre el tema. Evidentemente,
que ello supone ubicar los actores y sus propuestas, con el fin
de definir los sujetos de la descentralización y los límites al
posible consenso.
Desgraciadamente, la propuesta de "los notables" fue formulada de
manera apresurada y revela el problema de fondo de este gobierno
y de este momento: no hay aún proyecto de descentralización. Es
que un grupo de abogados, por más versados y bien intencionados
que sean, no pueden resolver los problemas de la constitución de
un Estado. Una reforma Constitucional debe ser la definición de
un nuevo pacto social nacional en el que participen los actores
fundamentales y no el resultado de un cónclave de personas
delegadas a dedo.
Por eso las propuestas de reforma Constitucional, en lo ateniente
a la descentralización, aparecen como una toma de posición que
carece de una formulación en positivo. De alguna manera el
gobierno fue arrastrado a asumir el tema y la hecho de manera
tímida e incoherente. Da la impresión que se buscaba contentar a
todos por la vía de la suma y no del consenso. Por eso, en vez de
encontrar alternativas, se añaden más problemas que soluciones
al esquema actual.
LAS PROPUESTAS
Algunas de las propuestas de las reformas son las siguientes:
- El proyecto de Constitución parte de la definición del Estado
en términos pluriculturales y pluriétnicos. Sin embargo, a la
hora de aplicar, esta consideración a la descentralización,
desgraciadamente, no lo considera. Por ejemplo, ¿Por qué no
crear, como lo hizo Colombia, regiones y distritos especiales,
para que los pueblos indígenas pueden tener sus respectivas
formas de autonomía?
- La interesante propuesta de creación del defensor del Pueblo,
queda restringido su accionar al nivel estatal y central. En este
caso: ¿por qué no ampliar sus actividades a nivel local y también
para defender al consumidor? La experiencia de la Alcaldía de
Asunción en el Paraguay es interesante en esta perspectiva.
- A nivel del poder legislativo, se regresa a la bicameralidad,
en vez de pensar en otras alternativas que incluyan la
descentralización. Por ejemplo, ¿por qué no estudiar la
composición, representación y funcionamiento del Congreso desde
la perspectiva de la descentralización, a través de: mayores
atribuciones legislativas para los Concejos Municipales y
Consejos Provinciales? ¿Por qué no establecer vínculos entre los
Municipios, Consejos Provinciales y el Congreso Nacional? Quizás
esto permitiría que se refresquen mutuamente los municipios y el
Congreso. ¿Por qué no pensar en una fórmula para que los alcaldes
se expresen en el Congreso, a través de comisiones o foros
regionales o nacionales? Podrían estudiarse mejor los roles de la
representación provincial. Pero también es necesario que los
órganos del régimen seccional recuperen su cualidad legislativa,
ya que son pocos los municipios del país que verdaderamente la
hacen.
- La propuesta de los distritos electorales definitivamente
introduce más problemas que soluciones. Una nueva división
territorial con fines exclusivamente electorales establecerá
distorsiones entre las distintas formas de representación
parlamentaria y de gobierno. Si se trata de modificar la
correlación político-regional del Congreso, se puede encontrar
otras formulas menos traumáticas.
- En cuanto a la propuesta del régimen seccional dependiente,
creo que lo más complicado tiene que ver con el hecho de
subordinar las instancias de representación (Municipios y
Concejos Provinciales) a las de delegación. (Gobernaciones) a
través de la creación de una
Comisión Provincial de Desarrollo.
La propuesta tiene dos problemas adicionales: por un lado, no
logra una instancia de intermediación local-nacional;
representación-delegación; funcional-territorial y, por otro,
incorpora una nueva instancia a nivel provincial que se suma a
las gobernaciones, direcciones provinciales, corporaciones de
desarrollo regional y consejos provinciales.
Sin duda que este es uno de los problemas principales, en vista
de que se crean distintos modelos de gobierno superpuestos,
desarticulados y contradictorios, que se niegan entre sí. En
otras palabras, no solo se trata del número que hay, sino de la
lógica que tienen cada uno de ellos.
-Desgraciadamente, en las otras partes centrales de lo
económico-financiero, organización territorial, competencias, el
uniformismo, etc.- es muy poco lo que se aporta, al extremo que
el comentario debe referirse a la ausencia de propuestas.
Hay que esperar que el Congreso actúe democráticamente, para
encontrar una salida al problema que el país lo reclama. (12B)
presentó al Congreso Nacional el proyecto de Reformas
Constitucionales elaborado por la comisión de "notables". Ahora
le queda al Congreso tramitarlo en los cien días que señaló el
pueblo ecuatoriano a través de la Consulta Popular.
Este paso de mano, de los notables al Congreso, no debería ser
una clausura sino la apertura del debate. Porque, indudablemente,
el trabajo de la Comisión de notables fue realizado a puerta
cerrada y sin participación de los actores de la
descentralización.
Sin duda, el tema más problemático y que mayor discusión generó
en la elaboración y presentación fue la propuesta de
descentralización. Primero, causó una de las bajas más polémicas
en la Comisión; segundo, se generó un informe de minoría que
reveló el desacuerdo existente; tercero, produjo el retraso en la
entrega de la propuesta al Congreso; y cuarto, es la sección que
mantiene en la actualidad el mayor debate.
Se debe partir del hecho que la descentralización es un proceso
largo que no depende de un hecho episódico -mucho menos si se
trata de la aprobación de una ley-. Esta longevidad presenta una
disyuntiva clara frente al proceso de Reforma Constitucional
iniciado en el país: la necesidad de transformar la presentación
Presidencial de la reforma en el inicio de un proceso que
formaliza acuerdos previos, impidiendo que se cierre lo avanzado.
No se puede dejar de mencionar que en Colombia, la nueva
Constitución aprobada en 1991 establece un proceso de 10 años
para la descentralización.
Es importante que quede claro que una propuesta constitucional
no debería detener el proceso en ciernes sino más bien
estimularlo. De allí que si partimos del hecho que la propuesta
realizada por los "notables" fue desarrollada a puerta cerrada,
lo lógico sería exigir al Congreso Nacional que enmiende este
secretismo abriendo un gran debate sobre el tema. Evidentemente,
que ello supone ubicar los actores y sus propuestas, con el fin
de definir los sujetos de la descentralización y los límites al
posible consenso.
Desgraciadamente, la propuesta de "los notables" fue formulada de
manera apresurada y revela el problema de fondo de este gobierno
y de este momento: no hay aún proyecto de descentralización. Es
que un grupo de abogados, por más versados y bien intencionados
que sean, no pueden resolver los problemas de la constitución de
un Estado. Una reforma Constitucional debe ser la definición de
un nuevo pacto social nacional en el que participen los actores
fundamentales y no el resultado de un cónclave de personas
delegadas a dedo.
Por eso las propuestas de reforma Constitucional, en lo ateniente
a la descentralización, aparecen como una toma de posición que
carece de una formulación en positivo. De alguna manera el
gobierno fue arrastrado a asumir el tema y la hecho de manera
tímida e incoherente. Da la impresión que se buscaba contentar a
todos por la vía de la suma y no del consenso. Por eso, en vez de
encontrar alternativas, se añaden más problemas que soluciones
al esquema actual.
LAS PROPUESTAS
Algunas de las propuestas de las reformas son las siguientes:
- El proyecto de Constitución parte de la definición del Estado
en términos pluriculturales y pluriétnicos. Sin embargo, a la
hora de aplicar, esta consideración a la descentralización,
desgraciadamente, no lo considera. Por ejemplo, ¿Por qué no
crear, como lo hizo Colombia, regiones y distritos especiales,
para que los pueblos indígenas pueden tener sus respectivas
formas de autonomía?
- La interesante propuesta de creación del defensor del Pueblo,
queda restringido su accionar al nivel estatal y central. En este
caso: ¿por qué no ampliar sus actividades a nivel local y también
para defender al consumidor? La experiencia de la Alcaldía de
Asunción en el Paraguay es interesante en esta perspectiva.
- A nivel del poder legislativo, se regresa a la bicameralidad,
en vez de pensar en otras alternativas que incluyan la
descentralización. Por ejemplo, ¿por qué no estudiar la
composición, representación y funcionamiento del Congreso desde
la perspectiva de la descentralización, a través de: mayores
atribuciones legislativas para los Concejos Municipales y
Consejos Provinciales? ¿Por qué no establecer vínculos entre los
Municipios, Consejos Provinciales y el Congreso Nacional? Quizás
esto permitiría que se refresquen mutuamente los municipios y el
Congreso. ¿Por qué no pensar en una fórmula para que los alcaldes
se expresen en el Congreso, a través de comisiones o foros
regionales o nacionales? Podrían estudiarse mejor los roles de la
representación provincial. Pero también es necesario que los
órganos del régimen seccional recuperen su cualidad legislativa,
ya que son pocos los municipios del país que verdaderamente la
hacen.
- La propuesta de los distritos electorales definitivamente
introduce más problemas que soluciones. Una nueva división
territorial con fines exclusivamente electorales establecerá
distorsiones entre las distintas formas de representación
parlamentaria y de gobierno. Si se trata de modificar la
correlación político-regional del Congreso, se puede encontrar
otras formulas menos traumáticas.
- En cuanto a la propuesta del régimen seccional dependiente,
creo que lo más complicado tiene que ver con el hecho de
subordinar las instancias de representación (Municipios y
Concejos Provinciales) a las de delegación. (Gobernaciones) a
través de la creación de una
Comisión Provincial de Desarrollo.
La propuesta tiene dos problemas adicionales: por un lado, no
logra una instancia de intermediación local-nacional;
representación-delegación; funcional-territorial y, por otro,
incorpora una nueva instancia a nivel provincial que se suma a
las gobernaciones, direcciones provinciales, corporaciones de
desarrollo regional y consejos provinciales.
Sin duda que este es uno de los problemas principales, en vista
de que se crean distintos modelos de gobierno superpuestos,
desarticulados y contradictorios, que se niegan entre sí. En
otras palabras, no solo se trata del número que hay, sino de la
lógica que tienen cada uno de ellos.
-Desgraciadamente, en las otras partes centrales de lo
económico-financiero, organización territorial, competencias, el
uniformismo, etc.- es muy poco lo que se aporta, al extremo que
el comentario debe referirse a la ausencia de propuestas.
Hay que esperar que el Congreso actúe democráticamente, para
encontrar una salida al problema que el país lo reclama. (12B)
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