Quito. 20 jul 2000. Gabriel Galán Sarmiento aún recuerda
claramente el viernes 18 de agosto de 1989. Había anochecido y en
la plaza principal de Soacha, departamento de Cundinamarca, en
Colombia, su hermano, el candidato presidencial liberal, Luis
Carlos Galán, caía asesinado por una ráfaga de subametralladora,
en medio de una tarima rodeada por 7 000 personas que lo vivaban
frenéticamente.
Ese crimen, que aún se mantiene en la impunidad, es uno más de los
acontecimientos que ha marcado el destino de las dos últimas
décadas en la historia de Colombia.
Han sido décadas difíciles para mi país, dice Galán, quien vive en
Ecuador hace cinco años y está dedicado de lleno al fomento
empresarial entre ambas naciones.
Aunque mantiene el optimismo sobre la marcha de las negociaciones
de paz, no oculta sus temores por las repercusiones que el Plan
Colombia puede tener en su país "convirtiendo a la zona en un
nuevo Vietnam".
Galán es uno de los 500 000 colombianos que hoy viven en Ecuador y
siguen con preocupación el desarrollo del conflicto interno.
Entre 1988 y 1995, en Colombia fueron asesinadas 19 631 personas:
2 937 por la guerrilla y 16 694 por organizaciones armadas no
guerrilleras. Ante la escalada incontenible de la violencia, el
gobierno de Andrés Pastrana inició desde agosto de 1998 los
diálogos de paz con los grupos guerrilleros FARC, ELN y EPL, que
libran enfrentamientos en todo el país con las fuerzas militares y
policiales desde hace cuatro décadas. Otro sombrío actor en el
conflicto son las bandas paramilitares, lideradas por el hacendado
Carlos Castaño, conocido por sus despiadadas matanzas en el
campesinado. Pero en este escenario hay un protagonista: el
narcotráfico. "El núcleo del conflicto es, ni más ni menos, el
tema de la droga, y más concretamente el de la coca", dice el
analista colombiano Hernán Quintero.
Comparte su criterio el Embajador de Colombia, Eliseo Restrepo,
quien comenta que precisamente para combatir el narcotráfico y sus
repercusiones su gobierno diseñó el Plan Colombia, con un
financiamiento esperado de 7 500 millones de dólares. El Plan,
impulsado con el apoyo directo del gobierno de Estados Unidos, que
aprobó una ayuda de 1 300 millones de dólares, apunta básicamente
a dos objetivos: la lucha antinarcóticos y el debilitamiento de la
guerrilla, que financia sus actividades con el cobro de impuestos
a los productores de droga. También ha recibido el apoyo de países
europeos y Japón, que aportarán 800 millones de dólares.
Según lo previsto, los fondos de EE.UU. se ocuparán en ocho rubros
principales: ayuda militar (406 millones), ayuda a la policía
(354), desarrollo alternativo (105), ayuda a los desplazados
(39,5), Derechos Humanos (55,5), reforma y fortalecimiento
judicial (78) y proceso de paz (5).
Para el catedrático colombiano Carlos Franco el Plan Colombia puso
a ese país en una encrucijada de impredecibles consecuencias.
El Plan es considerado un atentado al proceso de paz. Ese es el
criterio del Alto Mando de las FARC, que considera a esa como "una
estrategia de guerra contra su movimiento".
"La Base de Manta no es ningún centro de observación, sino un
centro de operaciones militares contra las FARC en Colombia", le
dijo a este Diario el miembro de la cúpula guerrillera Mauricio
Ríos, quien estaba acompañado por los comandantes Rodolfo González
y Olga Marín.
Una frágil frontera
Desde Palma Real, el último puerto en el Pacífico norte de
Ecuador, se divisa Candelilla (Colombia). Los dos poblados están
separados por tres kilómetros de agua, el brazo de mar por el que
el río Mataje se conecta con el Océano.
El 23 de diciembre la Policía de Candelilla recibió una carta del
ELN. Al siguiente día, los dos uniformados acataron el mensaje:
abandonar sus puestos, porque de lo contrario morirían. Antes,
cartas similares llegaron a Puerto Palma e Imbilí, caseríos del
sur del departamento de Nariño (Colombia), muy próximos a Ecuador,
todos conectados entre sí por esteros de agua salada, caminos
lastrados y ríos como el Mira.
El único horizonte visible en el Mira es el verde de las ramas de
palmeras. En los alrededores del camino que conduce de Palma Real
a Imbilí se extienden las plantaciones de tres palmicultoras:
Palma de Tumaco, Corpoica y Astorda, en las que laboran más de 100
ecuatorianos (70 residen en la zona). Cerca a Llorente -hacia el
nororiente de Nariño- están los cultivos de hoja de coca.
En el departamento de Nariño, 12 000 campesinos viven de la
producción de esa hoja. Según el Tcrn. Luis Gómez Vásquez,
comandante de la Compañía de Infantería de Marina de Tumaco
(Nariño), la mayoría de esos campesinos se opone al Plan Colombia.
"Pero veo difícil que se desplacen a Ecuador. Incluso no creo que
el ELN decida refugiarse al otro lado de la frontera, porque son
bandoleros: secuestran, extorsionan, asesinan y trafican con
droga. Su negocio está aquí".
En el departamento de Putumayo, en la frontera suroriental de
Colombia, sus habitantes ya miran a Sucumbíos como destino de su
desplazamiento, por la ejecución del Plan Colombia.
En el Municipio de La Dorada, 20 km al norte del puente
internacional sobre el río San Miguel, cerca a General Farfán o La
Punta (Ecuador), viven 25 000 habitantes que dependen en su casi
totalidad del cultivo de coca. Los campesinos están dispuestos a
dejar su trabajo, sus tierras y sus bienes para salvar sus vidas y
las de sus familias. En la capital habitan 8 000 personas que muy
poco salen de sus domicilios; las calles lucen desérticas, incluso
sin policías o militares.
Ese es un pueblo que vive a fuego cruzado desde tres frentes: las
FARC, los "parcos" como se les llama a los paramilitares y el
Ejército, por lo que cualquier "extraño" que llega es centro de
miradas y blanco de murmuraciones especulativas.
Desde ahí, viajar al interior de Colombia no es la mejor
alternativa, no solo por lo caro de la vida o las grandes
distancias, sino por la guerra.
Las vías lastradas son ocupadas por pocos campesinos a caballo y,
como en Nariño, por camperas -camionetas nuevas con una carpa en
la caja-, que son como busetas de transporte público. (Texto
tomado de El Comercio)
claramente el viernes 18 de agosto de 1989. Había anochecido y en
la plaza principal de Soacha, departamento de Cundinamarca, en
Colombia, su hermano, el candidato presidencial liberal, Luis
Carlos Galán, caía asesinado por una ráfaga de subametralladora,
en medio de una tarima rodeada por 7 000 personas que lo vivaban
frenéticamente.
Ese crimen, que aún se mantiene en la impunidad, es uno más de los
acontecimientos que ha marcado el destino de las dos últimas
décadas en la historia de Colombia.
Han sido décadas difíciles para mi país, dice Galán, quien vive en
Ecuador hace cinco años y está dedicado de lleno al fomento
empresarial entre ambas naciones.
Aunque mantiene el optimismo sobre la marcha de las negociaciones
de paz, no oculta sus temores por las repercusiones que el Plan
Colombia puede tener en su país "convirtiendo a la zona en un
nuevo Vietnam".
Galán es uno de los 500 000 colombianos que hoy viven en Ecuador y
siguen con preocupación el desarrollo del conflicto interno.
Entre 1988 y 1995, en Colombia fueron asesinadas 19 631 personas:
2 937 por la guerrilla y 16 694 por organizaciones armadas no
guerrilleras. Ante la escalada incontenible de la violencia, el
gobierno de Andrés Pastrana inició desde agosto de 1998 los
diálogos de paz con los grupos guerrilleros FARC, ELN y EPL, que
libran enfrentamientos en todo el país con las fuerzas militares y
policiales desde hace cuatro décadas. Otro sombrío actor en el
conflicto son las bandas paramilitares, lideradas por el hacendado
Carlos Castaño, conocido por sus despiadadas matanzas en el
campesinado. Pero en este escenario hay un protagonista: el
narcotráfico. "El núcleo del conflicto es, ni más ni menos, el
tema de la droga, y más concretamente el de la coca", dice el
analista colombiano Hernán Quintero.
Comparte su criterio el Embajador de Colombia, Eliseo Restrepo,
quien comenta que precisamente para combatir el narcotráfico y sus
repercusiones su gobierno diseñó el Plan Colombia, con un
financiamiento esperado de 7 500 millones de dólares. El Plan,
impulsado con el apoyo directo del gobierno de Estados Unidos, que
aprobó una ayuda de 1 300 millones de dólares, apunta básicamente
a dos objetivos: la lucha antinarcóticos y el debilitamiento de la
guerrilla, que financia sus actividades con el cobro de impuestos
a los productores de droga. También ha recibido el apoyo de países
europeos y Japón, que aportarán 800 millones de dólares.
Según lo previsto, los fondos de EE.UU. se ocuparán en ocho rubros
principales: ayuda militar (406 millones), ayuda a la policía
(354), desarrollo alternativo (105), ayuda a los desplazados
(39,5), Derechos Humanos (55,5), reforma y fortalecimiento
judicial (78) y proceso de paz (5).
Para el catedrático colombiano Carlos Franco el Plan Colombia puso
a ese país en una encrucijada de impredecibles consecuencias.
El Plan es considerado un atentado al proceso de paz. Ese es el
criterio del Alto Mando de las FARC, que considera a esa como "una
estrategia de guerra contra su movimiento".
"La Base de Manta no es ningún centro de observación, sino un
centro de operaciones militares contra las FARC en Colombia", le
dijo a este Diario el miembro de la cúpula guerrillera Mauricio
Ríos, quien estaba acompañado por los comandantes Rodolfo González
y Olga Marín.
Una frágil frontera
Desde Palma Real, el último puerto en el Pacífico norte de
Ecuador, se divisa Candelilla (Colombia). Los dos poblados están
separados por tres kilómetros de agua, el brazo de mar por el que
el río Mataje se conecta con el Océano.
El 23 de diciembre la Policía de Candelilla recibió una carta del
ELN. Al siguiente día, los dos uniformados acataron el mensaje:
abandonar sus puestos, porque de lo contrario morirían. Antes,
cartas similares llegaron a Puerto Palma e Imbilí, caseríos del
sur del departamento de Nariño (Colombia), muy próximos a Ecuador,
todos conectados entre sí por esteros de agua salada, caminos
lastrados y ríos como el Mira.
El único horizonte visible en el Mira es el verde de las ramas de
palmeras. En los alrededores del camino que conduce de Palma Real
a Imbilí se extienden las plantaciones de tres palmicultoras:
Palma de Tumaco, Corpoica y Astorda, en las que laboran más de 100
ecuatorianos (70 residen en la zona). Cerca a Llorente -hacia el
nororiente de Nariño- están los cultivos de hoja de coca.
En el departamento de Nariño, 12 000 campesinos viven de la
producción de esa hoja. Según el Tcrn. Luis Gómez Vásquez,
comandante de la Compañía de Infantería de Marina de Tumaco
(Nariño), la mayoría de esos campesinos se opone al Plan Colombia.
"Pero veo difícil que se desplacen a Ecuador. Incluso no creo que
el ELN decida refugiarse al otro lado de la frontera, porque son
bandoleros: secuestran, extorsionan, asesinan y trafican con
droga. Su negocio está aquí".
En el departamento de Putumayo, en la frontera suroriental de
Colombia, sus habitantes ya miran a Sucumbíos como destino de su
desplazamiento, por la ejecución del Plan Colombia.
En el Municipio de La Dorada, 20 km al norte del puente
internacional sobre el río San Miguel, cerca a General Farfán o La
Punta (Ecuador), viven 25 000 habitantes que dependen en su casi
totalidad del cultivo de coca. Los campesinos están dispuestos a
dejar su trabajo, sus tierras y sus bienes para salvar sus vidas y
las de sus familias. En la capital habitan 8 000 personas que muy
poco salen de sus domicilios; las calles lucen desérticas, incluso
sin policías o militares.
Ese es un pueblo que vive a fuego cruzado desde tres frentes: las
FARC, los "parcos" como se les llama a los paramilitares y el
Ejército, por lo que cualquier "extraño" que llega es centro de
miradas y blanco de murmuraciones especulativas.
Desde ahí, viajar al interior de Colombia no es la mejor
alternativa, no solo por lo caro de la vida o las grandes
distancias, sino por la guerra.
Las vías lastradas son ocupadas por pocos campesinos a caballo y,
como en Nariño, por camperas -camionetas nuevas con una carpa en
la caja-, que son como busetas de transporte público. (Texto
tomado de El Comercio)
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