Asamblea Constituyente

ASAMBLEA CONSTITUYENTE. Por Gil Barragán Romero

Quito. 02.04.92. (Editorial) En el programa televisado que
dirige Patricio Quevedo, el doctor Enrique Gallegos, candidato
a diputado, expuso la propuesta de que se convoque a una
Constituyente como única solución para los problemas de toda
índole provocados por la actual ley fundamental y por cuanto
el Congreso no ha enfrentado -ni lo hará- la tarea de reformar
ésta con la profundidad necesaria.

La idea es nueva entre nosotros pero no original. Colombia la
llevó a la práctica sin traumatismos, de modo que en la
experiencia del país hermano tendríamos un modelo prestigioso;
allá, para convocar a la Constituyente, no se siguió el camino
tradicional en nuestros países: destrucción de la Constitución
vigente mediante un golpe de Estado, dictadura soberana para
reemplazarla y finalmente expedición de la nueva Carta por una
Convención.

Aunque considerando la duración de nuestra ley fundamental,
mayor a la del promedio de todas la anteriores, he creído
conveniente mantener una Constitución para tener Constitución,
no puedo desconocer los errores y vacíos de que adolece y, por
lo mismo, creo que es digna de análisis la sugestión del
doctor Gallegos, quien también se refirió al experimento
colombiano.

La idea, por su naturaleza, no será compartida por todos y ya
he leído una opinión según la cual en el Ecuador la
Constituyente no hace falta porque nuestra ley fundamental es
flexible, se la puede reformar con facilidad. Pero ésta es
una verdad a medias, pues el Congreso no ha utilizado sus
facultades reformadoras y difícilmente puede esperarse de él
la iniciativa de introducir las modificaciones trascendentales
que se demandan. Por otra parte, éstas son de tal importancia
que si todas o la mayoría se aprobaran, tendríamos una nueva
Constitución y no simples reformas. Pensemos solo en lo de
las "nacionalidades" indígenas, el régimen de partidos, el
sistema electoral, el parlamento bicameral, las facultades del
presidente de la República, la conformación de la Corte
Suprema, el derecho a sindicalización y de contratación
colectiva de los trabajadores del sector público, temas en los
cuales nuestro sistema jurídico se ha evidenciado patituerto.

En Colombia se alentó para que presenten proyectos de reforma
a las fuerzas sociales: confesionales religiosas,
universidades, gremios, sindicatos, organizaciones indígenas,
estudiantiles, feministas, ecologistas y defensoras de los
derechos humanos, entre otras, y se permitió hacerlo a los
legisladores en actual ejercicio y cualquier ciudadano,
entregando sus ideas en mesas dispuestas en todo el país. Con
ese material, una comisión asesora del Ejecutivo redactó el
proyecto definitivo.

El número de constituyentes fue de 72, dos de ellos designados
por grupos guerrilleros vinculados al acuerdo de paz. Cada
candidato, debía ser presentado por un número de diez mil
ciudadanos, sin pasar por el tamiz de los partidos políticos.

En Colombia, como aquí, la necesidad de la Constituyente
surgió porque el Congreso se hallaba inmerso en las
estructuras que debían mejorar y aún en los vicios que debían
extirparse; esperar de él los cambios era pedir peras al olmo.

La felicidad nacional no depende de una buena Constitución,
pues no resulta de promulgar ley o decreto, pero los graves
desajustes debidos a ciertos preceptos de la ley fundamental,
que se producen desde 1979 en la maquinaria estatal y
conspiran contra el funcionamiento armónico de sus
instituciones deben eliminarse. La oportunidad para adoptar
la gran decisión puede ser el establecimiento del nuevo
gobierno, el que se elija en mayo próximo. (4A)