Hay un lugar común en la percepción sobre Ecuador: no hay grandes proyectos nacionales y las disputas son sobre pequeñas cosas que no definen el futuro de la nación. Sí. Eso ha ocurrido por varias causas y la principal es ponerle demasiada atención al debate político (personal y grupal).
Eso explica que un proyecto de tal dimensión y proyeccción como el hidroeléctrico Mazar haya necesitado cuatro años para su primer paso, la firma del contrato.
¿Cómo se entiende que la urgencia y demanda de mejor calidad de servicio se postergue? ¿Cómo se llega a esta situación en un país que no está bien atendido y su población requiere mejor tratamiento?
Es que la carencia de grandes proyectos aligera las ambiciones y las disputas. La voracidad con que pequeños grupos intentan acaparar y torpedear todos los proyectos de envergadura también afecta. A un país que le falta todo también le sobran los grupillos que lo impiden todo.
Claro, la transparencia es indispensable para evitar la corrupción y el malgasto. Sí, pero no se puede postergar porque dejar sin servicio eléctrico a amplios sectores u ofrecerlo sin calidad también implica un gasto considerable.
Este proyecto, si se ejecuta dentro del plazo previsto, 54 meses, con una inversión de alrededor de $500 millones para 30 años de concesión, implicará la generación de 920 gigavatios.
Si es cierto lo que está escrito en el proyecto, Ecuador se ahorraría más de $100 millones por concepto de no utilizar diésel, no desperdiciar el agua embalsada y por no contaminar el ambiente con la quema del combustible, entre otras razones. Además, esta obra generaría alrededor de 3 000 puestos de trabajo directos.
¿Y no será que allí está la causa de su retraso? ¿No será que hay interesados en mantener ese gasto para beneficiarse eternamente?
En el otro extremo del debate está si esta obra solo afecta o beneficia al área de incidencia geográfica. Los azuayos y cañarejos se beneficiarán por la utilización de la mano de obra, tal como ocurrió en su tiempo con la ejecución del Proyecto Paute, pero el rendimiento mayor está para el resto del país. De hecho, uno de los grandes sectores beneficiados directamente es Guayas, por poner un ejemplo.
Por ahora quienes cuestionan la firma del contrato se oponen a la fusión societaria de Hidromazar con Hidropaute. Eso debe dejar claro el Gobierno y su ministro de Energía. Bien claro porque siempre las dudas generan disputas y malas interpretaciones. Y para que la claridad brille se debe explicar pormenorizadamente cómo se constituyó esta figura de fusión, con base en qué aspectos de la ley y qué sentido tiene para beneficio del objetivo final.
Una revisión total del proyecto (con el llamado a una nueva licitación) significaría la pérdida de tres años más para el Ecuador. Una discusión abierta y sin prejucios ni dogmatismo ideológicos beneficiará a todo el país. Ya es hora de que los pruritos sobre la inversión extranjera desaparezcan para dar paso al rendimiento económico y social en función de los intereses nacionales.
EXPLORED
en Ciudad QUITO

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