Estudios del Ministerio de EconomÃa establecen que en 2002 los gasolineros tuvieron ingresos por $131,7 millones, y que este año tendrán $160,9 millones, lo que representa un aumento de $29,2 millones
El Ecuador afronta desde ayer un desabastecimiento de combustibles, porque las empresas privadas de comercialización y distribución se niegan a percibir ingresos inferiores a $100,5 millones, como los recibidos durante el primer semestre de este año, cuando regÃa un margen de ganancia del 18% para ese sector.
Asà lo sostiene un estudio del Ministerio de EconomÃa, que impulsó el decreto 575, vigente desde el 22 de julio de este año, mediante el cual rebajó ese margen al 13%, por lo que entre agosto y diciembre ese organismo proyecta ingresos para las comercializadoras y distribuidoras por el orden de $60,4 millones, cifra menor a la obtenida durante los primeros meses, tras la última elevación de los precios de los combustibles decretada el 19 de enero por el presidente Lucio Gutiérrez.
A ese monto se añaden entre $7 millones y $10 millones anuales de beneficios que recibirán (calcula el Ministerio de EconomÃa) por la reducción del factor de temperatura, de 64 a 60 grados Farenheit, en el despacho de combustibles en terminal, que implica la entrega de un volumen adicional a los distribuidores, que no es contabilizado a la hora de facturar.
Por ejemplo, el 20 de enero la terminal del Beaterio (Petrocomercial), despachó 286 765 galones naturales de gasolina extra, pero en la práctica entregó 288 362 galones, según consta en un documento oficial de Petroecuador. No obstante, en la factura constaba la primera cifra.
A esto se suma la rentabilidad (no cuantificada) que obtienen las comercializadoras por el proceso de facturación, ya que pagan a Petrocomercial luego de 10 dÃas laborables de haber adquirido los combustibles, reveló ayer el ministro de EnergÃa, Carlos Arboleda, quien apareció en los medios de comunicación con varios dÃas de retraso en relación con los representantes del sector, quienes desde hace cuatro semanas han hablado de su supuesta "quiebra".
Las empresas de comercialización y distribución no se resignan a tener ingresos menores, por lo que exigen al Gobierno fijar el margen en 16%, por eso los dirigentes de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo (Camddepe) acudieron el pasado miércoles al Palacio de Gobierno para reunirse con el presidente Lucio Gutiérrez.
Tras instalar el encuentro, el jefe de Estado se retiró y los dejó con los ministros de EnergÃa, Carlos Arboleda, y EconomÃa, Mauricio Pozo. Este último les explicó que el régimen no podÃa atender al pedido y únicamente podÃa subirlo al 14%, porque en el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) consta el 13%.
En la Carta de Intención que Ecuador suscribió con el Fondo en febrero, hay cuatro frentes de acción que el paÃs debe seguir para organizar sus finanzas y fortalecer su sector productivo, el FMI señala que estas medidas son "esenciales para preservar la dolarización".
Entre las polÃticas recomendas está la de mejorar la eficiencia de los mercados de producción, distribución y venta de petróleo y sus derivados, como la gasolina.
El objetivo es eliminar las distorsiones que elevan los costos de producción en el paÃs y le restan competitividad a la economÃa nacional, y entre estas están los elevados márgenes de ganancia de las gasolineras, según el FMI.
Esto ha sido tomado como un desaire por los distribuidores de combustibles, quienes aducen que en una reunión anterior el primer mandatario se habrÃa comprometido a fijarlo en 16%, por lo que exigen el cumplimiento de la palabra empeñada.
Según Leonardo Alvarado, presidente de la Camddepe, el sector está en una situación de quiebra: "No podemos comprar gasolina cara para venderla más barata", se queja, al señalar que actualmente ellos perciben una utilidad del 4% al 7%, de la cual tienen que pagar los gastos operativos de las estaciones de servicios, por lo que al rebajarles el margen de ganancia las gasolineras tendrÃan que afrontar pérdidas por el orden de $2 000 mensuales.
Esto se contrapone a un estudio realizado por Petrocomercial al que tuvo acceso BLANCO Y NEGRO, según el cual hasta diciembre de 2002 (regÃa el 18%) los márgenes de ganancia en la gasolina extra eran de $ 0,17, y en el diésel eran de $0,13, exactamente los mismos que obtienen los gasolineros desde el pasado 22 de julio, cuando el Gobierno rebajó el margen de comercialización al 13%.
¿Cómo se descompone el indicado margen? El 60% va a las distribuidoras (que pagan costos de transporte y gastos operativos) y el 40% restante corresponde a las comercializadoras.
En el paÃs operan, entre otras, las siguientes comercializadoras privadas: Shell, Mobil, Texaco, Repsol, Puma, la ecuatoriana P&S (Petróleos y Servicios) y la estatal Petrocomercial.
Estas compran los combustibles a Petrocomercial y los entregan a las redes de distribuidoras, que expenden los derivados de petróleo al público. (AA-MT)
El Estado solo regula los precios de tres derivados de petróleo
En 1995 empezó la modernización de las gasolineras
El actual esquema de comercialización se remonta al año 1995, cuando entró en vigencia la reforma a la Ley de Hidrocarburos impulsada por el Gobierno de Sixto Durán Ballén.
Antes, el precio de los combustibles se fijaba de forma directa a los usuarios mediante las estaciones de servicios que tenÃan un margen de ganancia del 11%. El cambio legal permitió que los precios los regulara el Estado en las terminales.
Ese fue uno de los ejes de la reforma, que también contenÃa la participación de las comercializadoras, a partir de un plan de inversiones por 10, 12, 15 y 20 años, que permitió modernizar las gasolineras.
El Estado mantuvo el control de la regulación de los precios al usuario en lo que respecta al diésel, gasolina extra y combustibles para pesca artesanal, con un margen de ganancia que ha fluctuado en el 18%, que es repartido entre las distribuidoras y las comercializadoras. Los otros productos están liberados.
Las distribuidoras señalan que prácticamente no tienen utilidad, pues del 60% que les corresponde del margen de gananciadeben correr con todos los gastos, adicionalmente están obligadas a pagar los créditos que les dieron las comercializadoras para modernizar las gasolineras.
El ex diputado Henry Llanes (trabaja en Petroecuador) considera que las razones de los distribuidores son válidas y revisten un riesgo adicional: que las comercializadoras absorban todo el sistema y se beneficien con el 100% del margen de ganancia. La única salida serÃa eliminar la intermediación, porque permitirÃa fijar un margen de ganancia aceptable para el distribuidor y fijar precios competitivos. (LB)
EN CONTRA DEL INCREMENTO
"Aumentar el margen de utilidad serÃa transferir recursos públicos a bolsillos de un sector privilegiado"
El ex ministro de EnergÃa Pablo Terán considera que el Gobierno cometió un error al mantener vigente durante un semestre el margen de ganancia del 18%, tras la elevación de los precios de los combustibles decretada en enero de este año.
"Es muy difÃcil darle algo a un sector para después quitarselo", manifiesta, al señalar que en las actuales circunstancias el régimen debe buscar una salida negociada, que impida minar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El ex ministro sostiene que incrementar el margen de utilidad del 13% al 16% para las comercializadoras y las distribuidoras de combustibles implicarÃa transferir recursos públicos "a bolsillos privados de un sector que, de alguna manera, es privilegiado".
Terán indica que el margen anterior de 18% fue establecido por el Gobierno de Gustavo Noboa (21 de julio de 2001), pero al mismo tiempo se implementó un sistema de control para que mejorara la calidad y cantidad en el expendio de los combustibles.
Afirma que en la Dirección Nacional de Hidrocarburos (DNH) reposaban 6 000 expedientes por adulteraciones del producto, presentados durante una década, pero ninguna autoridad habÃa impuesto sanciones, por lo que a su administración le correspondió imponer y cobrar multas por alrededor de $300 mil.
También se puso una lÃnea gratuita para que los ciudadanos reportaran irregularidades sobre la calidad y cantidad del producto recibido, a verificadoras privadas que informaban al Ministerio de los abusos, para las respectivas sanciones, lo que motivó el rechazo de los distribuidores.
Terán contradice el argumento de los representantes del sector, que aseguran estar en la quiebra. "Todos los ecuatorianos conocen cómo viven los gasolineros", manifiesta, al comentar las ingentes ganancias que producirÃa ese negocio, al que califica de "legÃtimo", si otorgara un servicio adecuado (con el control estatal) a la ciudadanÃa y las utilidades también fueran las adecuadas.
Por ello para el ex ministro no se justifica un nuevo desabastecimiento de combustibles, pues la distribución de gasolina es un servicio público "y quien chantajea de esta forma debe ir a la cárcel", señala.
Agrega que el Gobierno no deberÃa permitir que este sector paralizara al paÃs, por la única razón de que no obtiene el margen de utilidad solicitado, cuando estudios de Petrocomercial determinan que la rebaja al 13% les producirá ingresos iguales a los que percibÃan en diciembre de 2002, antes de que el presidente Lucio Gutiérrez decretara la última elevación de los precios de los combustibles.
"En todo caso, si están inconformes los gasolineros deberÃan acudir a las instancias legales, pero no paralizar el paÃs porque se supone que nos rige un Estado de derecho", manifiesta.
Para Terán, la única forma de enfrentar una medida de hecho como la tomada por el sector consistirÃa en el establecimiento de una amplia red de gasolineras del Ministerio de EnergÃa, pero manejadas por el sector privado, porque tampoco serÃa conveniente que estuvieran en manos de los sindicatos estatales, que de tiempo en tiempo reclaman prebendas para sÃ, lo que "constituye un abuso", dice. (AA)
A FAVOR DEL INCREMENTO
Distribuidores y comercializadores pintan un cuadro dramático de la situación del sector
Carlos Salazar, presidente de la Asociación de Distribuidores de Combustibles del Azuay, señala que el margen de utilidad para el sector representa un 7%, en promedio, con el establecimiento del 13% decretado por el Gobierno.
Señala que las estaciones de servicio alejadas de los tanques de almacenamiento de Petrocomercial pagan tarifas más altas por transporte, de entre $0,045 hasta $0,10 por galón de combustible, que son cubiertas con el 7% mencionado anteriormente, además de los pagos de salarios, energÃa eléctrica, seguridad, seguros, tasa anual de control del Ministerio de EnergÃa, permisos de funcionamiento, bomberos, sanidad, Dirección Nacional de Hidrocarburos (DNH), Municipios, materiales, accesorios y repuestos.
Anota que el margen del 13% dispuesto por el Gobierno "desconoce completamente el concepto de rentabilidad a tan altas inversiones, requeridas para poner en funcionamiento una actividad con la calidad tecnológica ofrecida por las estaciones de servicio y menosprecia el esfuerzo financiero realizado con recursos ecuatorianos".
Asimismo, en un remitido publicado en HOY el pasado 15 de julio, el dirigente señala que las distribuidoras no conocen si la medida gubernamental impactará, en la misma medida, a las empresas comercializadoras.
De acuerdo con la reforma a la Ley de Hidrocarburos, estas últimas fijan los precios de 19 productos no regulados, entre ellos la gasolina super, de ahà que las distribuidoras no dependen solo de las decisiones del Estado sino de aquellas que adoptan las compañÃas comercializadoras.
Según René Ortiz, representante de las comercializadoras, este sector también es afectado por la reducción del margen de ganancia, sostiene que las empresas grandes y pequeñas trabajan a pérdida, lo que no puede ser puesto en tela de duda porque asà lo han determinado estudios realizados por varias escuelas politécnicas del paÃs.
Por ello anota que en esta "lucha" están unidos los distribuidores y comercializadores, que no quieren más dilatorias por parte del Gobierno, sino la decisión del presidente Lucio Gutiérrez para que derogue el decreto 575 y fije el margen de utilidad en el 16%. "Se agotaron las instancias, es momento de decisiones", añade.
La "unidad de criterios" es corroborada por los dirigentes de la Cámara Nacional de Distribuidores, José Miranda y Leonardo Alvarado, quienes indican que el precio del combustible que compran en los terminales de Petrocomercial tiene tres impuestos: 3 x 1000 sobre el margen de utilidad, IVA por adquisición del producto y otro IVA presuntivo por la venta a los clientes.
Dicen que de esta actividad privada el Gobierno recauda el 30% de los ingresos del Presupuesto del Estado y que proporciona trabajo directo e indirecto a 30 000 personas y generan $1 650 millones anuales por pago de impuestos.
Los dirigentes matizan las declaraciones con tintes dramáticos: dicen que bajará la calidad de los servicios, que se deteriorarán las gasolineras y tendrán que despedir personal.
Rematan la intervención con el artÃculo 23 de la Constitución: "Ninguna persona podrá ser obligada a realizar un trabajo gratuito o forzoso". (AA)
PUNTO DE VISTA
La paja en el ojo ajeno
El caso de los gasolineros es el más emblemático de la conducta dual de un sector del empresariado privado ecuatoriano. Cuando la UNE, el sector de la salud y otros grupos paralizan los servicios, entorpeciendo el normal desarrollo de las actividades, y quitándole un servicio obligatorio a los usuarios, piden que el Estado use la fuerza para obligarlos a cumplir. Y otro, muy distinto, cuando ellos creen que sus bolsillos serán afectados y apelan a los mismos mecanismos: o sea la fuerza, al no despachar combustibles, sin importarles paralizar al paÃs.
Pero hay más: los mismos "empresarios" que aplauden cuando el paÃs firma acuerdos con el FMI, para enrrumbar su economÃa, reaccionan de forma violenta y se victimizan, arguyendo que "van a ir a la quiebra", si es que, para cumplirse esos acuerdos, hay que regular sus utilidades.
La protesta de los gasolineros no solo es injusta, puesto que los estudios del Ministerio de EconomÃa demuestran que no hay tal reducción de las ganancias; sino que es reprochable, ya que, en la práctica, no están dispuestos a ningún sacrifico, en una nación cuyo pueblo ha sido sometido a ajustes y aumento de tarifas, todo para que el paÃs logre mantener a flote su proyecto económico, o sea, el futuro colectivo.
Los gasolineros, que, en muchos casos, son denunciados porque adulteran el producto que venden para obtener mayores ganancias, se sienten ecuatorianos de primera, a los que hay que garantizarles altas rentabilidades para que "hagan el favor" de trabajar en el paÃs.
Pero asà no funciona el libre mercado, donde las reglas las ponen el Estado al regular y el mercado cuando fija los precios.
Solamente la mano firme de la autoridad puede revertir este absurdo comportamiento que, una vez más, evidencia que los comerciantes solo miran la paja en el ojo ajeno y no en la viga en el propio. (TFF) (BLANCO Y NEGRO)
El Ecuador afronta desde ayer un desabastecimiento de combustibles, porque las empresas privadas de comercialización y distribución se niegan a percibir ingresos inferiores a $100,5 millones, como los recibidos durante el primer semestre de este año, cuando regÃa un margen de ganancia del 18% para ese sector.
Asà lo sostiene un estudio del Ministerio de EconomÃa, que impulsó el decreto 575, vigente desde el 22 de julio de este año, mediante el cual rebajó ese margen al 13%, por lo que entre agosto y diciembre ese organismo proyecta ingresos para las comercializadoras y distribuidoras por el orden de $60,4 millones, cifra menor a la obtenida durante los primeros meses, tras la última elevación de los precios de los combustibles decretada el 19 de enero por el presidente Lucio Gutiérrez.
A ese monto se añaden entre $7 millones y $10 millones anuales de beneficios que recibirán (calcula el Ministerio de EconomÃa) por la reducción del factor de temperatura, de 64 a 60 grados Farenheit, en el despacho de combustibles en terminal, que implica la entrega de un volumen adicional a los distribuidores, que no es contabilizado a la hora de facturar.
Por ejemplo, el 20 de enero la terminal del Beaterio (Petrocomercial), despachó 286 765 galones naturales de gasolina extra, pero en la práctica entregó 288 362 galones, según consta en un documento oficial de Petroecuador. No obstante, en la factura constaba la primera cifra.
A esto se suma la rentabilidad (no cuantificada) que obtienen las comercializadoras por el proceso de facturación, ya que pagan a Petrocomercial luego de 10 dÃas laborables de haber adquirido los combustibles, reveló ayer el ministro de EnergÃa, Carlos Arboleda, quien apareció en los medios de comunicación con varios dÃas de retraso en relación con los representantes del sector, quienes desde hace cuatro semanas han hablado de su supuesta "quiebra".
Las empresas de comercialización y distribución no se resignan a tener ingresos menores, por lo que exigen al Gobierno fijar el margen en 16%, por eso los dirigentes de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo (Camddepe) acudieron el pasado miércoles al Palacio de Gobierno para reunirse con el presidente Lucio Gutiérrez.
Tras instalar el encuentro, el jefe de Estado se retiró y los dejó con los ministros de EnergÃa, Carlos Arboleda, y EconomÃa, Mauricio Pozo. Este último les explicó que el régimen no podÃa atender al pedido y únicamente podÃa subirlo al 14%, porque en el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) consta el 13%.
En la Carta de Intención que Ecuador suscribió con el Fondo en febrero, hay cuatro frentes de acción que el paÃs debe seguir para organizar sus finanzas y fortalecer su sector productivo, el FMI señala que estas medidas son "esenciales para preservar la dolarización".
Entre las polÃticas recomendas está la de mejorar la eficiencia de los mercados de producción, distribución y venta de petróleo y sus derivados, como la gasolina.
El objetivo es eliminar las distorsiones que elevan los costos de producción en el paÃs y le restan competitividad a la economÃa nacional, y entre estas están los elevados márgenes de ganancia de las gasolineras, según el FMI.
Esto ha sido tomado como un desaire por los distribuidores de combustibles, quienes aducen que en una reunión anterior el primer mandatario se habrÃa comprometido a fijarlo en 16%, por lo que exigen el cumplimiento de la palabra empeñada.
Según Leonardo Alvarado, presidente de la Camddepe, el sector está en una situación de quiebra: "No podemos comprar gasolina cara para venderla más barata", se queja, al señalar que actualmente ellos perciben una utilidad del 4% al 7%, de la cual tienen que pagar los gastos operativos de las estaciones de servicios, por lo que al rebajarles el margen de ganancia las gasolineras tendrÃan que afrontar pérdidas por el orden de $2 000 mensuales.
Esto se contrapone a un estudio realizado por Petrocomercial al que tuvo acceso BLANCO Y NEGRO, según el cual hasta diciembre de 2002 (regÃa el 18%) los márgenes de ganancia en la gasolina extra eran de $ 0,17, y en el diésel eran de $0,13, exactamente los mismos que obtienen los gasolineros desde el pasado 22 de julio, cuando el Gobierno rebajó el margen de comercialización al 13%.
¿Cómo se descompone el indicado margen? El 60% va a las distribuidoras (que pagan costos de transporte y gastos operativos) y el 40% restante corresponde a las comercializadoras.
En el paÃs operan, entre otras, las siguientes comercializadoras privadas: Shell, Mobil, Texaco, Repsol, Puma, la ecuatoriana P&S (Petróleos y Servicios) y la estatal Petrocomercial.
Estas compran los combustibles a Petrocomercial y los entregan a las redes de distribuidoras, que expenden los derivados de petróleo al público. (AA-MT)
El Estado solo regula los precios de tres derivados de petróleo
En 1995 empezó la modernización de las gasolineras
El actual esquema de comercialización se remonta al año 1995, cuando entró en vigencia la reforma a la Ley de Hidrocarburos impulsada por el Gobierno de Sixto Durán Ballén.
Antes, el precio de los combustibles se fijaba de forma directa a los usuarios mediante las estaciones de servicios que tenÃan un margen de ganancia del 11%. El cambio legal permitió que los precios los regulara el Estado en las terminales.
Ese fue uno de los ejes de la reforma, que también contenÃa la participación de las comercializadoras, a partir de un plan de inversiones por 10, 12, 15 y 20 años, que permitió modernizar las gasolineras.
El Estado mantuvo el control de la regulación de los precios al usuario en lo que respecta al diésel, gasolina extra y combustibles para pesca artesanal, con un margen de ganancia que ha fluctuado en el 18%, que es repartido entre las distribuidoras y las comercializadoras. Los otros productos están liberados.
Las distribuidoras señalan que prácticamente no tienen utilidad, pues del 60% que les corresponde del margen de gananciadeben correr con todos los gastos, adicionalmente están obligadas a pagar los créditos que les dieron las comercializadoras para modernizar las gasolineras.
El ex diputado Henry Llanes (trabaja en Petroecuador) considera que las razones de los distribuidores son válidas y revisten un riesgo adicional: que las comercializadoras absorban todo el sistema y se beneficien con el 100% del margen de ganancia. La única salida serÃa eliminar la intermediación, porque permitirÃa fijar un margen de ganancia aceptable para el distribuidor y fijar precios competitivos. (LB)
EN CONTRA DEL INCREMENTO
"Aumentar el margen de utilidad serÃa transferir recursos públicos a bolsillos de un sector privilegiado"
El ex ministro de EnergÃa Pablo Terán considera que el Gobierno cometió un error al mantener vigente durante un semestre el margen de ganancia del 18%, tras la elevación de los precios de los combustibles decretada en enero de este año.
"Es muy difÃcil darle algo a un sector para después quitarselo", manifiesta, al señalar que en las actuales circunstancias el régimen debe buscar una salida negociada, que impida minar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El ex ministro sostiene que incrementar el margen de utilidad del 13% al 16% para las comercializadoras y las distribuidoras de combustibles implicarÃa transferir recursos públicos "a bolsillos privados de un sector que, de alguna manera, es privilegiado".
Terán indica que el margen anterior de 18% fue establecido por el Gobierno de Gustavo Noboa (21 de julio de 2001), pero al mismo tiempo se implementó un sistema de control para que mejorara la calidad y cantidad en el expendio de los combustibles.
Afirma que en la Dirección Nacional de Hidrocarburos (DNH) reposaban 6 000 expedientes por adulteraciones del producto, presentados durante una década, pero ninguna autoridad habÃa impuesto sanciones, por lo que a su administración le correspondió imponer y cobrar multas por alrededor de $300 mil.
También se puso una lÃnea gratuita para que los ciudadanos reportaran irregularidades sobre la calidad y cantidad del producto recibido, a verificadoras privadas que informaban al Ministerio de los abusos, para las respectivas sanciones, lo que motivó el rechazo de los distribuidores.
Terán contradice el argumento de los representantes del sector, que aseguran estar en la quiebra. "Todos los ecuatorianos conocen cómo viven los gasolineros", manifiesta, al comentar las ingentes ganancias que producirÃa ese negocio, al que califica de "legÃtimo", si otorgara un servicio adecuado (con el control estatal) a la ciudadanÃa y las utilidades también fueran las adecuadas.
Por ello para el ex ministro no se justifica un nuevo desabastecimiento de combustibles, pues la distribución de gasolina es un servicio público "y quien chantajea de esta forma debe ir a la cárcel", señala.
Agrega que el Gobierno no deberÃa permitir que este sector paralizara al paÃs, por la única razón de que no obtiene el margen de utilidad solicitado, cuando estudios de Petrocomercial determinan que la rebaja al 13% les producirá ingresos iguales a los que percibÃan en diciembre de 2002, antes de que el presidente Lucio Gutiérrez decretara la última elevación de los precios de los combustibles.
"En todo caso, si están inconformes los gasolineros deberÃan acudir a las instancias legales, pero no paralizar el paÃs porque se supone que nos rige un Estado de derecho", manifiesta.
Para Terán, la única forma de enfrentar una medida de hecho como la tomada por el sector consistirÃa en el establecimiento de una amplia red de gasolineras del Ministerio de EnergÃa, pero manejadas por el sector privado, porque tampoco serÃa conveniente que estuvieran en manos de los sindicatos estatales, que de tiempo en tiempo reclaman prebendas para sÃ, lo que "constituye un abuso", dice. (AA)
A FAVOR DEL INCREMENTO
Distribuidores y comercializadores pintan un cuadro dramático de la situación del sector
Carlos Salazar, presidente de la Asociación de Distribuidores de Combustibles del Azuay, señala que el margen de utilidad para el sector representa un 7%, en promedio, con el establecimiento del 13% decretado por el Gobierno.
Señala que las estaciones de servicio alejadas de los tanques de almacenamiento de Petrocomercial pagan tarifas más altas por transporte, de entre $0,045 hasta $0,10 por galón de combustible, que son cubiertas con el 7% mencionado anteriormente, además de los pagos de salarios, energÃa eléctrica, seguridad, seguros, tasa anual de control del Ministerio de EnergÃa, permisos de funcionamiento, bomberos, sanidad, Dirección Nacional de Hidrocarburos (DNH), Municipios, materiales, accesorios y repuestos.
Anota que el margen del 13% dispuesto por el Gobierno "desconoce completamente el concepto de rentabilidad a tan altas inversiones, requeridas para poner en funcionamiento una actividad con la calidad tecnológica ofrecida por las estaciones de servicio y menosprecia el esfuerzo financiero realizado con recursos ecuatorianos".
Asimismo, en un remitido publicado en HOY el pasado 15 de julio, el dirigente señala que las distribuidoras no conocen si la medida gubernamental impactará, en la misma medida, a las empresas comercializadoras.
De acuerdo con la reforma a la Ley de Hidrocarburos, estas últimas fijan los precios de 19 productos no regulados, entre ellos la gasolina super, de ahà que las distribuidoras no dependen solo de las decisiones del Estado sino de aquellas que adoptan las compañÃas comercializadoras.
Según René Ortiz, representante de las comercializadoras, este sector también es afectado por la reducción del margen de ganancia, sostiene que las empresas grandes y pequeñas trabajan a pérdida, lo que no puede ser puesto en tela de duda porque asà lo han determinado estudios realizados por varias escuelas politécnicas del paÃs.
Por ello anota que en esta "lucha" están unidos los distribuidores y comercializadores, que no quieren más dilatorias por parte del Gobierno, sino la decisión del presidente Lucio Gutiérrez para que derogue el decreto 575 y fije el margen de utilidad en el 16%. "Se agotaron las instancias, es momento de decisiones", añade.
La "unidad de criterios" es corroborada por los dirigentes de la Cámara Nacional de Distribuidores, José Miranda y Leonardo Alvarado, quienes indican que el precio del combustible que compran en los terminales de Petrocomercial tiene tres impuestos: 3 x 1000 sobre el margen de utilidad, IVA por adquisición del producto y otro IVA presuntivo por la venta a los clientes.
Dicen que de esta actividad privada el Gobierno recauda el 30% de los ingresos del Presupuesto del Estado y que proporciona trabajo directo e indirecto a 30 000 personas y generan $1 650 millones anuales por pago de impuestos.
Los dirigentes matizan las declaraciones con tintes dramáticos: dicen que bajará la calidad de los servicios, que se deteriorarán las gasolineras y tendrán que despedir personal.
Rematan la intervención con el artÃculo 23 de la Constitución: "Ninguna persona podrá ser obligada a realizar un trabajo gratuito o forzoso". (AA)
PUNTO DE VISTA
La paja en el ojo ajeno
El caso de los gasolineros es el más emblemático de la conducta dual de un sector del empresariado privado ecuatoriano. Cuando la UNE, el sector de la salud y otros grupos paralizan los servicios, entorpeciendo el normal desarrollo de las actividades, y quitándole un servicio obligatorio a los usuarios, piden que el Estado use la fuerza para obligarlos a cumplir. Y otro, muy distinto, cuando ellos creen que sus bolsillos serán afectados y apelan a los mismos mecanismos: o sea la fuerza, al no despachar combustibles, sin importarles paralizar al paÃs.
Pero hay más: los mismos "empresarios" que aplauden cuando el paÃs firma acuerdos con el FMI, para enrrumbar su economÃa, reaccionan de forma violenta y se victimizan, arguyendo que "van a ir a la quiebra", si es que, para cumplirse esos acuerdos, hay que regular sus utilidades.
La protesta de los gasolineros no solo es injusta, puesto que los estudios del Ministerio de EconomÃa demuestran que no hay tal reducción de las ganancias; sino que es reprochable, ya que, en la práctica, no están dispuestos a ningún sacrifico, en una nación cuyo pueblo ha sido sometido a ajustes y aumento de tarifas, todo para que el paÃs logre mantener a flote su proyecto económico, o sea, el futuro colectivo.
Los gasolineros, que, en muchos casos, son denunciados porque adulteran el producto que venden para obtener mayores ganancias, se sienten ecuatorianos de primera, a los que hay que garantizarles altas rentabilidades para que "hagan el favor" de trabajar en el paÃs.
Pero asà no funciona el libre mercado, donde las reglas las ponen el Estado al regular y el mercado cuando fija los precios.
Solamente la mano firme de la autoridad puede revertir este absurdo comportamiento que, una vez más, evidencia que los comerciantes solo miran la paja en el ojo ajeno y no en la viga en el propio. (TFF) (BLANCO Y NEGRO)
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