Quito. 23.02.93. Son muchos los portadores de tarjetas de crédito
que se han quejado por los excesivos cobros y cargos que efectúan
las compañías emisoras.
Para la mayoría -tarjetahabientes- es un criticable abuso que
debería ser penado; mientras que para la minoría, entre ellos, el
presidente de la Asociación de Compañías Emisoras de Tarjetas de
Crédito, Mauricio Torres, es el resultado de un problema de
fondo que responde a dos razones: las interpretaciones de las
obsoletas leyes que rigen para el negocio y los errados ajustes
financieros que se han dado bajo el vigente marco legal.
En efecto, hace más de una década cuando recién floreció el
negocio de las tarjetas de crédito, la Superintendencia de Bancos
decidió que las compañías emisoras captasen recursos -para
cancelar los créditos- únicamente de sus tarjetahabientes.
Para Torres, esta medida dio inicio al problema, pues quien
utiliza este mecanismo de crédito debe realizar antes una
inversión (ahorro) para la futura adquisición de un bien.
"En nuestro medio, difícilmente este sujeto podría ser el
inversionista que produce los recursos para su crédito", anotó.
Esta incoherencia legal hizo que las compañías emisoras de
tarjetas recurran a los bancos para obtener créditos a tasas de
mercado. Estos recursos son utilizados con unos 20 o 25 puntos
de diferencia por encima de la tasas, con lo cual se encarece
enormemente el dinero utilizado en las tarjetas de crédito.
El mecanismo se ha institucionalizado. Las compañías emisoras
están encasilladas -según las leyes- dentro de lo que se conoce
como intermediarias de segundo nivel, es decir, "quienes
intermedian plata que ya ha sido intermediada".
Estas circunstancias hacen que el concepto de tarjetas de crédito
sea asimilado bajo las mismas técnicas y normas del crédito
bancario. "En un banco llegan recursos de 100.000 clientes y usan
crédito de 10.000. En nuestro caso el sistema es diferente, pues
si existen 100.000 clientes, hay 100.000 créditos que otorgar"
señaló.
Pero el problema más grave es la estructura antitécnica bajo la
cual se fija el interés a los tarjetahabientes. Es una estructura
cerrada que no considera ni al usuario, ni a la institución
emisora, ni al sistema financiero.
Torres aseguró que esto obedece a que "jamás se ha tratado sobre
la parte financiera de los intereses. Su establecimiento es
consecuencia de la forma como se ha reglamentado la parte
operativa del negocio".
Todos estos vacíos traen como consecuencia que en estos momentos
los intereses para empresas sean más baratos que los intereses
para personas, "lo cual no es correcto porque atenta contra el
sistema económico. Se debe pensar en una reglamentación de una
estructura de intereses compatible con los distintos sistemas de
crédito"
Soluciones
Mauricio Torres propuso dos soluciones para evitar estos
problemas:
- El pago de intereses sobre los días de dinero utilizado. Con
esto no se subvencionaría a nadie con el castigo a otros (existen
tarjetas que otorgan crédito gratis -sin intereses- entre 17 y 45
días), pues actualmente el costo que se debería generar durante
ese lapso es cargado a los tarjetahabientes que no realizan la
compra en ese período.
- La captación abierta en las mismas condiciones que el resto
del sector financiero, a través de documentos negociables en el
mercado de capitales. "Nosotros tenemos encajes y otras
obligaciones; sin embargo, los cupos que nos otorgan para obtener
recursos son menores. Si accedemos a los fondos de primera
instancia -del público- los vamos a colocar en primera instancia
y obligadamente saldrán del mercado los intermediarios (bancos o
instituciones financieras)".
Ley de Instituciones Financieras
Torres aseguró que estas soluciones se harían efectivas con las
reformas y la expedición de la Ley de Instituciones Financieras
que desde el gobierno anterior se estudia con inexplicable
reserva.
Dicho proyecto "debe reformarse en algunas de sus partes pues por
intervención de alguien que no se sabe por qué lo hizo, elimina
toda posibilidad de que las tarjetas capten recursos del público.
Esto encarecerá los únicos fondos a los que tiene acceso el
público".
Al respecto, expresó que esta regulación está orientada a
abaratar el costo del dinero. Para ello, cuentan con el apoyo del
Superintendente de Bancos, Ricardo Muñoz Chávez, quien prometió
abogar para que la Asociación de Tarjetas sea tomada en cuenta
cuando se hagan los ajustes a la Ley.
Además, afirmó que en estos momentos existe una comisión
integrada por delegados del Banco Central, de la Junta Monetaria
y de la Superintendencia de Bancos, quienes estudian la Ley en
secreto, lo cual para él es censurable porque no se considera
directamente a todos los sectores involucrados.
Mauricio Torres negó en su exposición que las compañías emisoras
de tarjetas se beneficien de los intereses que cobran a sus
clientes, "mientras más altos son, menor es la utilización de
las tarjetas. Por eso, es tonto decir que una empresa trata de
beneficiarse en exceso de sus clientes. Quien tenga un negocio
donde no se entienda que al cliente hay que mantenerlo y
mantenerlo contento es un negocio destinado a perecer".(3A)
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