Quito. 3 jun 96. En la última punta del Ecuador, al
norte-norte, en una pequeña población llamada "General
Farfán", pero mejor conocida como "La Punta", hay un letrero
con el dibujo de un soldado armado con su escopeta y un
campesino armado con sus plátanos, que se estrechan la mano,
frente al río San Miguel.
La leyenda del cartel -ubicado junto a la garita bajo la cual
los militares se protegen de la lluvia o del sol, mientras
revisan identificaciones y cargas de quienes cruzan la
frontera- reza algo así como: "Parroquia Farfán, el lugar en
el que se conjugan los esfuerzos del poblador de la Punta y el
soldado en un afán común por impulsar..."
El letrero, seguramente, fue pintado antes de que se
construyera el puente internacional sobre el Río San Miguel
que une -al menos en teoría, porque ahora está cerrado- la
frontera del Ecuador con la de Colombia. Sin embargo, ese
esfuerzo conjunto del Ejército y la gente de la Punta se ha
hecho ahora más evidente que nunca: ambos, aunque por
diferentes motivos (los unos por seguridad y los otros por
supervivencia) se han empeñado en restringir el paso de gente
y vehículos hasta el puente y aún hasta la vía que conduce a
él desde La Punta.
A sus afanes se suman ahora los de los motoristas -la mayoría
de ellos colombianos- que viven de los mil pesos (3 mil
sucres) que le cobran a cada persona que cruza de un lado al
otro por el río San Miguel y que protagonizaron ya su primera
batalla en esta guerra, al recibir a balazos a dos choferes de
una cooperativa de Lago Agrio que intentaron acercarse al
puente de la discordia.
Al gato y al ratón
Se trata de seguridad. Cuando a los pocos días de haber
inaugurado el enorme puente (ahora inhabilitado por el "corte"
del último tramo que lo conecta con el lado ecuatoriano) los
anónimos tripulantes de una lancha abrieron fuego contra dos
jóvenes conscriptos ecuatorianos encargados de vigilar la
entrada al puente, los militares confirmaron que ninguna
medida de seguridad sería suficiente para prevenir la entrada
de la guerrilla colombiana, hasta que no se construyeran, en
el lado ecuatoriano, las instalaciones del CENAF (Centro
Nacional de Atención de Fronteras).
Pero el argumento no fue suficiente para los pobladores de los
caseríos y haciendas que quedaron aislados del otro lado de la
vía clausurada, ni para los dueños de camionetas y rancheras
de Lago Agrio que insisten en burlar el cerco, pese a que el
ejército se los lleva detenidos cada vez que los encuentra
rondando la vía que lleva al puente.
Porque se trata también de supervivencia. Lo saben los
pobladores de La Punta que, durante los pocos días en que el
puente funcionó, se dieron cuenta de que la gente prefería mil
veces viajar por tierra a arriesgar la carga y el pellejo en
el río San Miguel y se convirtieron en expertos sabuesos que
huelen a kilómetros a sus compatriotas infractores y los
denuncian.
Un enorme elefante
Lo cierto es que la enorme -e inútil- estructura de cemento,
construida gracias a un convenio internacional entre los
gobiernos de Ecuador y Colombia, con la esperanza de que
impulsara la integración y el desarrollo de las zonas
fronterizas, se ha convertido en la causa de verdadera guerra
campal entre los pobladores.
La "orden superior" (en Lago Agrio nadie sabe de dónde salió)
de cerrar la vía y el puente ha enfrentado a todos contra
todos. Las delegaciones de pobladores vienen y van. Las
comisiones ser reúnen todos los días. Las explicaciones no
sirven para nada pues a los dos lados del puente -y aún hasta
en el mismo lado- no cesa la batalla.
La "piedra de toque"
Al gobernador de Sucumbíos, Emigdio Díaz, ya se le acabaron
las respuestas. Ha ensayado todas las posibles, pero ninguna
ha sido suficiente para satisfacer a las delegaciones de
pobladores, choferes, motoristas, comerciantes, niños de
escuela, dueños de negocios, profesores, y demás gremios que
visitan su oficina en busca de una salida en el tema del
puente.
La "piedra de toque". Así es como dice sentirse.
Díaz asegura que el puente -que terminó de construirse hace un
año- no se abre por dos motivos: aun no finalizan las obras
complementarias del lado ecuatoriano y aun no se implementan
las oficinas del CENAF.
Según el gobernador, la decisión está respaldada en una
resolución de la comisión binacional de "Buena Vecindad",
conformada por autoridades del Ecuador y de Colombia. "Las
autoridades civiles, militares y de Policía somos las
encargadas de vigilar que esta resolución se cumpla hasta que
se implementen las oficinas del CENAF", dice.
¿Morirán engañados?
El único problema es que no existe presupuesto para que se
concluyan las famosas instalaciones de aduana y control. "En
un principio hubo el dinero, pero por divergencia o por falta
de coordinación, el Consejo Nacional de Tránsito, encargado de
la obra, ya no tiene presupuesto", señala Díaz."Tampoco
existen los terrenos para la obra, que deberían ser
adjudicados por el Municipio de Lago Agrio".
El gobernador se hace la misma pregunta que el resto de la
población: "¿cómo un Gobierno que logró conseguir el dinero
para construir el puente, no previó el financiamiento de las
instalaciones de control?"
Del otro lado
La gente de El Conejo, de Nuevo Mundo, de Isidro Ayora, de 10
de Agosto y de las demás cooperativas que quedaron aisladas
del otro lado de la vía cerrada por el Ejército para evitar el
paso al puente, ha tenido que cambiar de hábitos.
Los niños, por ejemplo, ahora se levantan dos horas más
temprano para poder llegar a tiempo a la escuela, pues -a
partir del cierre del camino- no hay vehículo que les alivie
los 7 kilómetros de caminata.
Los adultos -se queja Alonso San Martín, de Nuevo Mundo-
tienen que transportar sus cargas a caballo o a pie, con el
riesgo de que se les incauten los productos o que los detengan
por desobedecer la medida.
"Vivimos hostigados", asegura este poblador. "Tenemos que
entrar como ladrones a nuestras propias casas".
La decisión de cerrar la vía que desde La Punta al puente
internacional, corresponde -según el gobernador, Emigdio Díaz-
exclusivamente al Ejército. "Ese sector está controlado por el
Batallón Selva 56 Tungurahua y, según su comandante, hay
disposiciones superiores para restringir la zona", dice en un
principio el funcionario. Sin embargo, asegura también que
existe ya la autorización militar para que el paso a la vía se
abra a los vehículos y a los peatones. "Si no se está
cumpliendo, se está faltando a una resolución oficial".
En el Batallón de Selva 56 no hay respuetas para la prensa. La
opinión personal del gobernador es que esta resolución "viola
el derecho constitucional de libre circulación por el
territorio del país".
"Guerrilla, con o sin puente"
"La guerrilla entra con o sin puente. Están mejor documentados
que cualquier ciudadano común", dicen los pobladores de Lago
Agrio y los sectores aledaños. Ellos no comparten el temor de
las autoridades ecuatorianas de que la apertura del puente
dará luz verde a la guerrilla de las llamadas Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC).
Su percepción es que el puente no se abre por la presión de
los pobladores de La Punta.
Julio González, presidente del Colegio de Ingenieros de
Sucumbíos, ex candidato a alcalde de Lago Agrio y parte del
Comité Interinstitucional para el manejo de la zona de
influencia del puente, tiene otra interpretación. "El control
es necesario para evitar que se produzcan a este lado
asentamientos parecidos a los de la cabecera de Colombia. Es
necesario que exista una zona de protección del puente".
El Colegio de Ingenieros ha lanzado su propia propuesta: crear
una unidad técnica de manejo de la zona de influencia del
puente que analice las políticas de obras complementarias,
expropiaciones, comercialización, desarrollo, etc.
El sueño de dos pueblos gemelos
"El puente es muy importante para Colombia que quiere
desarrollar su zona de frontera apoyándose en la nuestra",
asegura el presidente del gremio de los ingenieros. "En un
principio existió la idea de crear dos pueblos gemelos en las
dos fronteras. Ahora el Gobierno colombiano hizo un préstamo
de 108 millones de sucres al ecuatoriano para que el Gobierno
asfalte las carreteras de este lado. El préstamo fue suscrito
por el ex vicepresidente Dahik", asegura González.
La posición oficial de la población ecuatoriana, expresada en
el Comité Interinstitucional, es que el puente se abra y luego
se construyan las instalaciones del CENAF y se expropien los
terrenos.
Del otro lado del puente -a donde solo se puede llegar por
río- el paisaje es distinto. Allí la guerrilla, tan temida en
este lado, es respetada y hasta "querida" por los pobladores,
según cuenta la dueña de una de las pequeñas covachas,
ubicadas en la entrada colombiana del puente. Para ella, como
para los demás, el problema del puente es solo cuestión de
tiempo. "Dicen que ya mismo lo inauguran, que falta pintarlo.
Que todo depende del gobierno ecuatoriano". (DIARIO HOY0 (P.
5-A)
norte-norte, en una pequeña población llamada "General
Farfán", pero mejor conocida como "La Punta", hay un letrero
con el dibujo de un soldado armado con su escopeta y un
campesino armado con sus plátanos, que se estrechan la mano,
frente al río San Miguel.
La leyenda del cartel -ubicado junto a la garita bajo la cual
los militares se protegen de la lluvia o del sol, mientras
revisan identificaciones y cargas de quienes cruzan la
frontera- reza algo así como: "Parroquia Farfán, el lugar en
el que se conjugan los esfuerzos del poblador de la Punta y el
soldado en un afán común por impulsar..."
El letrero, seguramente, fue pintado antes de que se
construyera el puente internacional sobre el Río San Miguel
que une -al menos en teoría, porque ahora está cerrado- la
frontera del Ecuador con la de Colombia. Sin embargo, ese
esfuerzo conjunto del Ejército y la gente de la Punta se ha
hecho ahora más evidente que nunca: ambos, aunque por
diferentes motivos (los unos por seguridad y los otros por
supervivencia) se han empeñado en restringir el paso de gente
y vehículos hasta el puente y aún hasta la vía que conduce a
él desde La Punta.
A sus afanes se suman ahora los de los motoristas -la mayoría
de ellos colombianos- que viven de los mil pesos (3 mil
sucres) que le cobran a cada persona que cruza de un lado al
otro por el río San Miguel y que protagonizaron ya su primera
batalla en esta guerra, al recibir a balazos a dos choferes de
una cooperativa de Lago Agrio que intentaron acercarse al
puente de la discordia.
Al gato y al ratón
Se trata de seguridad. Cuando a los pocos días de haber
inaugurado el enorme puente (ahora inhabilitado por el "corte"
del último tramo que lo conecta con el lado ecuatoriano) los
anónimos tripulantes de una lancha abrieron fuego contra dos
jóvenes conscriptos ecuatorianos encargados de vigilar la
entrada al puente, los militares confirmaron que ninguna
medida de seguridad sería suficiente para prevenir la entrada
de la guerrilla colombiana, hasta que no se construyeran, en
el lado ecuatoriano, las instalaciones del CENAF (Centro
Nacional de Atención de Fronteras).
Pero el argumento no fue suficiente para los pobladores de los
caseríos y haciendas que quedaron aislados del otro lado de la
vía clausurada, ni para los dueños de camionetas y rancheras
de Lago Agrio que insisten en burlar el cerco, pese a que el
ejército se los lleva detenidos cada vez que los encuentra
rondando la vía que lleva al puente.
Porque se trata también de supervivencia. Lo saben los
pobladores de La Punta que, durante los pocos días en que el
puente funcionó, se dieron cuenta de que la gente prefería mil
veces viajar por tierra a arriesgar la carga y el pellejo en
el río San Miguel y se convirtieron en expertos sabuesos que
huelen a kilómetros a sus compatriotas infractores y los
denuncian.
Un enorme elefante
Lo cierto es que la enorme -e inútil- estructura de cemento,
construida gracias a un convenio internacional entre los
gobiernos de Ecuador y Colombia, con la esperanza de que
impulsara la integración y el desarrollo de las zonas
fronterizas, se ha convertido en la causa de verdadera guerra
campal entre los pobladores.
La "orden superior" (en Lago Agrio nadie sabe de dónde salió)
de cerrar la vía y el puente ha enfrentado a todos contra
todos. Las delegaciones de pobladores vienen y van. Las
comisiones ser reúnen todos los días. Las explicaciones no
sirven para nada pues a los dos lados del puente -y aún hasta
en el mismo lado- no cesa la batalla.
La "piedra de toque"
Al gobernador de Sucumbíos, Emigdio Díaz, ya se le acabaron
las respuestas. Ha ensayado todas las posibles, pero ninguna
ha sido suficiente para satisfacer a las delegaciones de
pobladores, choferes, motoristas, comerciantes, niños de
escuela, dueños de negocios, profesores, y demás gremios que
visitan su oficina en busca de una salida en el tema del
puente.
La "piedra de toque". Así es como dice sentirse.
Díaz asegura que el puente -que terminó de construirse hace un
año- no se abre por dos motivos: aun no finalizan las obras
complementarias del lado ecuatoriano y aun no se implementan
las oficinas del CENAF.
Según el gobernador, la decisión está respaldada en una
resolución de la comisión binacional de "Buena Vecindad",
conformada por autoridades del Ecuador y de Colombia. "Las
autoridades civiles, militares y de Policía somos las
encargadas de vigilar que esta resolución se cumpla hasta que
se implementen las oficinas del CENAF", dice.
¿Morirán engañados?
El único problema es que no existe presupuesto para que se
concluyan las famosas instalaciones de aduana y control. "En
un principio hubo el dinero, pero por divergencia o por falta
de coordinación, el Consejo Nacional de Tránsito, encargado de
la obra, ya no tiene presupuesto", señala Díaz."Tampoco
existen los terrenos para la obra, que deberían ser
adjudicados por el Municipio de Lago Agrio".
El gobernador se hace la misma pregunta que el resto de la
población: "¿cómo un Gobierno que logró conseguir el dinero
para construir el puente, no previó el financiamiento de las
instalaciones de control?"
Del otro lado
La gente de El Conejo, de Nuevo Mundo, de Isidro Ayora, de 10
de Agosto y de las demás cooperativas que quedaron aisladas
del otro lado de la vía cerrada por el Ejército para evitar el
paso al puente, ha tenido que cambiar de hábitos.
Los niños, por ejemplo, ahora se levantan dos horas más
temprano para poder llegar a tiempo a la escuela, pues -a
partir del cierre del camino- no hay vehículo que les alivie
los 7 kilómetros de caminata.
Los adultos -se queja Alonso San Martín, de Nuevo Mundo-
tienen que transportar sus cargas a caballo o a pie, con el
riesgo de que se les incauten los productos o que los detengan
por desobedecer la medida.
"Vivimos hostigados", asegura este poblador. "Tenemos que
entrar como ladrones a nuestras propias casas".
La decisión de cerrar la vía que desde La Punta al puente
internacional, corresponde -según el gobernador, Emigdio Díaz-
exclusivamente al Ejército. "Ese sector está controlado por el
Batallón Selva 56 Tungurahua y, según su comandante, hay
disposiciones superiores para restringir la zona", dice en un
principio el funcionario. Sin embargo, asegura también que
existe ya la autorización militar para que el paso a la vía se
abra a los vehículos y a los peatones. "Si no se está
cumpliendo, se está faltando a una resolución oficial".
En el Batallón de Selva 56 no hay respuetas para la prensa. La
opinión personal del gobernador es que esta resolución "viola
el derecho constitucional de libre circulación por el
territorio del país".
"Guerrilla, con o sin puente"
"La guerrilla entra con o sin puente. Están mejor documentados
que cualquier ciudadano común", dicen los pobladores de Lago
Agrio y los sectores aledaños. Ellos no comparten el temor de
las autoridades ecuatorianas de que la apertura del puente
dará luz verde a la guerrilla de las llamadas Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC).
Su percepción es que el puente no se abre por la presión de
los pobladores de La Punta.
Julio González, presidente del Colegio de Ingenieros de
Sucumbíos, ex candidato a alcalde de Lago Agrio y parte del
Comité Interinstitucional para el manejo de la zona de
influencia del puente, tiene otra interpretación. "El control
es necesario para evitar que se produzcan a este lado
asentamientos parecidos a los de la cabecera de Colombia. Es
necesario que exista una zona de protección del puente".
El Colegio de Ingenieros ha lanzado su propia propuesta: crear
una unidad técnica de manejo de la zona de influencia del
puente que analice las políticas de obras complementarias,
expropiaciones, comercialización, desarrollo, etc.
El sueño de dos pueblos gemelos
"El puente es muy importante para Colombia que quiere
desarrollar su zona de frontera apoyándose en la nuestra",
asegura el presidente del gremio de los ingenieros. "En un
principio existió la idea de crear dos pueblos gemelos en las
dos fronteras. Ahora el Gobierno colombiano hizo un préstamo
de 108 millones de sucres al ecuatoriano para que el Gobierno
asfalte las carreteras de este lado. El préstamo fue suscrito
por el ex vicepresidente Dahik", asegura González.
La posición oficial de la población ecuatoriana, expresada en
el Comité Interinstitucional, es que el puente se abra y luego
se construyan las instalaciones del CENAF y se expropien los
terrenos.
Del otro lado del puente -a donde solo se puede llegar por
río- el paisaje es distinto. Allí la guerrilla, tan temida en
este lado, es respetada y hasta "querida" por los pobladores,
según cuenta la dueña de una de las pequeñas covachas,
ubicadas en la entrada colombiana del puente. Para ella, como
para los demás, el problema del puente es solo cuestión de
tiempo. "Dicen que ya mismo lo inauguran, que falta pintarlo.
Que todo depende del gobierno ecuatoriano". (DIARIO HOY0 (P.
5-A)
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