Quito (Ecuador). 24 jun 96. Después de una preocupación que le
quitó el sueño al Banco Central durante los últimos dos meses,
el forcejeo entre Augusto de la Torre y Leonidas Ortega genera
nuevas tensiones y se inclina a favor de la autoridades.
Desde que se comprobó el ficticio aumento de capital
argumentado por el Banco Continental, un grupo de abogados del
Central iniciaron una profunda investigación en búsqueda de
suficientes datos para iniciar las acciones legales en
Bahamas.
La causa del juicio: un fraude armado por el Continental por
150 millones de dólares.
Augusto de la Torre necesitaba, entonces, el apoyo de la Junta
Monetaria, de la Superintendencia de Bancos y de la opinión
pública. Ahora cuenta con la autorización de la primera, con
la atención de todo el país y la consecuente preocupación del
sistema financiero.
Los actores
El antiguo Banco Continental, las empresas del grupo Conticorp
y el IAMF (Interamerican Assets Management Fund) son los
actores que explican el fraude. Recibieron y entregaron
dinero, se endeudaron y transfirieron sus deudas, obedecieron
y dieron órdenes en medio de una relación que Ortega considera
-cándidamente- similares a las de "amigos, clientes o
familiares".
El IAMF estaba administrado por Ansbacher, una compañía
asesora internacional- y su asesor financiero era Michael
Taylor. El fondo no actuaba de modo independiente -afirmó
Augusto de la Torre- . Las instrucciones partían de Ortega,
seguían a través del Panamerican Services Paf (accionista del
grupo Ortega), pasaban por Ansbacher y llegaban al IAMF. "El
fondo se constituye en un parapeto", afirmó de la Torre.
En el viaje que el gerente del BCE realizó a Nassau, hace un
mes aproximadamente, Michael Taylor -asesor del IAMF-
reconoció que Ortega era el inicio de esta larga cadena de
órdenes y acatamientos.
Una larga historia
Desde 1993, el Banco Curazao -bajo el control del Banco
Central -captaba recursos del público y los utilizaba para
conceder créditos a empresas del grupo Conticorp. Una gran
deuda se acumuló y concentró.
En 1994 toda esa cartera vencida se transfirió al Bco. Bahamas
que no está bajo jurisdicción ecuatoriana. La institución
continúo aprobando operaciones crediticias a la familia Ortega
y utilizó para ello el dinero de sus 1.500 depositantes.
Ante la excesiva concentración de créditos se crea el IAMF y
se deposita en este fondo una deuda del grupo de los Ortega
que ascendía a 150 millones de dólares.
"Las empresas Conticorp son deudoras del IAMF, pero también le
dan instrucciones y le ordenan, es un fondo con patrimonio
negativo", dijo de la Torre.
Cuando el IAMF necesitó liquidez para permitir que el Banco
Curazao solvente el retiro de depósitos de sus clientes,
empezó a presionar al grupo de los Ortega para que pagara su
millonaria deuda.
Los representantes del Fondo viajaron a Quito para reunirse
con Ortega. Se armó una solución: acudir al Banco Central y
obtener un crédito subordinado por problemas de iliquidez.
Un monto de 100 millones fue cancelado a través de la venta de
acciones del Banco Continental -acciones que estaban ya, en
ese momento, desvalorizadas- y del crédito del instituto
emisor. Los restantes 50 millones pasaron a una cuenta por
cobrar del IAMF a Conticorp, que ahora es el principal deudor
del Banco Continental.
Las autoridades económicas no se explicaban por qué el Banco
continuaba con problemas de iliquidez a pesar del dinero que
había recibido.
El fraude habría permitido al grupo Ortega sanear sus empresas
y colocar dinero en el exterior.
Cuatro empresas del grupo Conticorp están localizadas en
Bahamas, no han sido identificadas en su totalidad por las
autoridades ecuatorianas. Las investigaciones, por lo tanto,
continuarán.
Por el momento, los hechos comprobados son suficientes para
cuestionar el sistema bancario nacional y el papel del Estado
en la estabilidad de estructuras poco transparentes. Primero,
la piramidación de capitales que permitió al grupo financiero
reutilizar recursos preexistentes para argumentar un aumento
de capital. Ahora, el desvío de los fondos que el Banco
Continental recibió para solucionar sus problemas de
iliquidez; su propósito: limpiar la cartera de créditos que
mantenía en el exterior.
El Banco Central, ¿el gran perdedor?
1995 fue un año difícil para el país. Los factores que
generaron nerviosismo, paralización y pérdidas en el aparato
productivo y financiero no actúo selectivamente sobre los
distintos actores y agentes económicos.
Cuando el Banco Continental empezó a revelar sus problemas de
iliquidez, varias instituciones financieras -en las mismas
circunstancias- recibieron créditos de tesorería amparados en
la Ley de Régimen Monetario. Una serie de fusiones,
renovaciones de créditos y pagos fueron tranquilizando el
sistema financiero. El Banco Continental, sin embargo, no
experimentaba una mejoría.
Hasta los primeros días de marzo de 1996, el Banco Central
había otorgado alrededor de 460 mil millones de sucres al
Continental en créditos de liquidez emergente de acuerdo a los
artículos 24 y 25 de la Ley de Régimen Monetario.
La incertidumbre en el mercado, colocó a la institución
bancaria frente a un retiro importante de depósitos en la
unidad local y en el Banco Continental Overseas (Curazao). Se
perdió alrededor de 150 millones de dólares.
En ese momento, el Banco Central tenía en sus manos solo dos
cartas: dar paso a la liquidación del Continental y perjudicar
a 234 mil depositantes ó tomar el control de la entidad
bancaria para evitar la inestabilidad del sistema. El BCE
tenía asegurados sus créditos a través de casi toda la cartera
de crédito del banco. No existían activos de calidad para
responder a los depositantes. En el país se carece de la
figura legal de intervención y de un seguro de depósitos.
El costo para el Estado
En marzo 23, la autoridad económica decide firmar un contrato
de fideicomiso con los dueños del Continental, asumir el
control de la institución, conceder un crédito subordinado por
485 mil millones de sucres.
Luego de cancelar los otros créditos de emergencia, las
pérdidas y reducción de capitales alcanzaban los 541 mil
millones de sucres. El patrimonio total, incluidos los
recursos del Central- era de 210 mil millones. Es evidente que
esta cifra no respaldaba el crédito subordinado. Si el BCE
hubiese decidido liquidar al Banco Continental -desechando la
posibilidad de su recuperación-, habría soportado una pérdida
-según la revista Gestión- de 275 mil millones de sucres.
Bajo los términos actuales, el crédito deberá ser recuperado
en el plazo de un año. El BCE tiene la libertad de buscar un
comprador para el Continental o vender, al concluir el plazo,
sus acciones revalorizadas y recuperar la totalidad del
crédito subordinado.
La opinión pública critica la bondad del Banco Central en un
modelo económico que pretende caracterizarse por la libertad
de mercados y de competencia. Los depósitos de los ahorristas
se salvaguardaron, pero el costo para el Estado -y por lo
tanto, para el país- ha sido múltiple. ¿Qué cambios requiere
el sistema financiero en el Ecuador? ¿Cuál es el papel estatal
en los ámbitos de la empresa privada?
El escándalo desatado en torno al Banco Continental deberá
abrir el foro de la discusión ciudadana.
"Piramidación" fue el artilugio
El primer pecado del grupo Ortega fue, a criterio de las
autoridades económicas, acudir al mecanismo de piramidación
para explicar un aumento de capital. El grupo financiero
utilizó un mismo monto de recursos para incrementar el capital
de la institución por ocasiones consecutivas.
Los préstamos que recibieron 209 accionistas para financiar el
supuesto aumento de capital provinieron de entidades que,
inicialmente, no tenían relación alguna con el Banco
Continental: el Banco del Tungurahua, Latinvest y Panamerican
Bank. Pero estas instituciones recibieron, al mismo tiempo,
depósitos cuya fuente era el mismo Banco Continental, el fondo
IAMF (controlado por el grupo Ortega), y Conticorp por el
mismo valor de los préstamos concedidos a los accionistas.
Esta operación permitió al Continental financiar el 50 por
ciento de su aumento de capital a finales de 1995 e inicios de
1996.
El restante 50 por ciento tampoco se financió con recursos
frescos. El Continental adquirió cartera e inversiones del BCO
Curazao. La cuenta por cobrar al Continental que se generó fue
cedida al IAMF, a cambio de un aumento de sus participaciones
en el fondo.
El IAMF utilizó la cuenta para que, por compensación, el Banco
Continental acreditara en sus cuentas un aporte para 'futuras
capitalizaciones', a nombre de los 209 accionistas. En suma,
los recursos que justificaron el aumento de capital se
originaron en el BCO Curazao -controlado por el grupo Ortega-
a través de los mismos recursos del Banco Continental que
recircularon a través del Fondo (IAMF) -también controlado por
el grupo Ortega.
La estructura del grupo financiero Conticorp -incluido en la
parte superior derecha de esta página- es compleja, impidió a
la Superintendencia de Bancos detectar la situación a tiempo,
obscureció la verdadera situación patrimonial de la entidad y
facilitó al grupo concretar un aumento ficticio de capital.
(Diario HOY) (3A)
quitó el sueño al Banco Central durante los últimos dos meses,
el forcejeo entre Augusto de la Torre y Leonidas Ortega genera
nuevas tensiones y se inclina a favor de la autoridades.
Desde que se comprobó el ficticio aumento de capital
argumentado por el Banco Continental, un grupo de abogados del
Central iniciaron una profunda investigación en búsqueda de
suficientes datos para iniciar las acciones legales en
Bahamas.
La causa del juicio: un fraude armado por el Continental por
150 millones de dólares.
Augusto de la Torre necesitaba, entonces, el apoyo de la Junta
Monetaria, de la Superintendencia de Bancos y de la opinión
pública. Ahora cuenta con la autorización de la primera, con
la atención de todo el país y la consecuente preocupación del
sistema financiero.
Los actores
El antiguo Banco Continental, las empresas del grupo Conticorp
y el IAMF (Interamerican Assets Management Fund) son los
actores que explican el fraude. Recibieron y entregaron
dinero, se endeudaron y transfirieron sus deudas, obedecieron
y dieron órdenes en medio de una relación que Ortega considera
-cándidamente- similares a las de "amigos, clientes o
familiares".
El IAMF estaba administrado por Ansbacher, una compañía
asesora internacional- y su asesor financiero era Michael
Taylor. El fondo no actuaba de modo independiente -afirmó
Augusto de la Torre- . Las instrucciones partían de Ortega,
seguían a través del Panamerican Services Paf (accionista del
grupo Ortega), pasaban por Ansbacher y llegaban al IAMF. "El
fondo se constituye en un parapeto", afirmó de la Torre.
En el viaje que el gerente del BCE realizó a Nassau, hace un
mes aproximadamente, Michael Taylor -asesor del IAMF-
reconoció que Ortega era el inicio de esta larga cadena de
órdenes y acatamientos.
Una larga historia
Desde 1993, el Banco Curazao -bajo el control del Banco
Central -captaba recursos del público y los utilizaba para
conceder créditos a empresas del grupo Conticorp. Una gran
deuda se acumuló y concentró.
En 1994 toda esa cartera vencida se transfirió al Bco. Bahamas
que no está bajo jurisdicción ecuatoriana. La institución
continúo aprobando operaciones crediticias a la familia Ortega
y utilizó para ello el dinero de sus 1.500 depositantes.
Ante la excesiva concentración de créditos se crea el IAMF y
se deposita en este fondo una deuda del grupo de los Ortega
que ascendía a 150 millones de dólares.
"Las empresas Conticorp son deudoras del IAMF, pero también le
dan instrucciones y le ordenan, es un fondo con patrimonio
negativo", dijo de la Torre.
Cuando el IAMF necesitó liquidez para permitir que el Banco
Curazao solvente el retiro de depósitos de sus clientes,
empezó a presionar al grupo de los Ortega para que pagara su
millonaria deuda.
Los representantes del Fondo viajaron a Quito para reunirse
con Ortega. Se armó una solución: acudir al Banco Central y
obtener un crédito subordinado por problemas de iliquidez.
Un monto de 100 millones fue cancelado a través de la venta de
acciones del Banco Continental -acciones que estaban ya, en
ese momento, desvalorizadas- y del crédito del instituto
emisor. Los restantes 50 millones pasaron a una cuenta por
cobrar del IAMF a Conticorp, que ahora es el principal deudor
del Banco Continental.
Las autoridades económicas no se explicaban por qué el Banco
continuaba con problemas de iliquidez a pesar del dinero que
había recibido.
El fraude habría permitido al grupo Ortega sanear sus empresas
y colocar dinero en el exterior.
Cuatro empresas del grupo Conticorp están localizadas en
Bahamas, no han sido identificadas en su totalidad por las
autoridades ecuatorianas. Las investigaciones, por lo tanto,
continuarán.
Por el momento, los hechos comprobados son suficientes para
cuestionar el sistema bancario nacional y el papel del Estado
en la estabilidad de estructuras poco transparentes. Primero,
la piramidación de capitales que permitió al grupo financiero
reutilizar recursos preexistentes para argumentar un aumento
de capital. Ahora, el desvío de los fondos que el Banco
Continental recibió para solucionar sus problemas de
iliquidez; su propósito: limpiar la cartera de créditos que
mantenía en el exterior.
El Banco Central, ¿el gran perdedor?
1995 fue un año difícil para el país. Los factores que
generaron nerviosismo, paralización y pérdidas en el aparato
productivo y financiero no actúo selectivamente sobre los
distintos actores y agentes económicos.
Cuando el Banco Continental empezó a revelar sus problemas de
iliquidez, varias instituciones financieras -en las mismas
circunstancias- recibieron créditos de tesorería amparados en
la Ley de Régimen Monetario. Una serie de fusiones,
renovaciones de créditos y pagos fueron tranquilizando el
sistema financiero. El Banco Continental, sin embargo, no
experimentaba una mejoría.
Hasta los primeros días de marzo de 1996, el Banco Central
había otorgado alrededor de 460 mil millones de sucres al
Continental en créditos de liquidez emergente de acuerdo a los
artículos 24 y 25 de la Ley de Régimen Monetario.
La incertidumbre en el mercado, colocó a la institución
bancaria frente a un retiro importante de depósitos en la
unidad local y en el Banco Continental Overseas (Curazao). Se
perdió alrededor de 150 millones de dólares.
En ese momento, el Banco Central tenía en sus manos solo dos
cartas: dar paso a la liquidación del Continental y perjudicar
a 234 mil depositantes ó tomar el control de la entidad
bancaria para evitar la inestabilidad del sistema. El BCE
tenía asegurados sus créditos a través de casi toda la cartera
de crédito del banco. No existían activos de calidad para
responder a los depositantes. En el país se carece de la
figura legal de intervención y de un seguro de depósitos.
El costo para el Estado
En marzo 23, la autoridad económica decide firmar un contrato
de fideicomiso con los dueños del Continental, asumir el
control de la institución, conceder un crédito subordinado por
485 mil millones de sucres.
Luego de cancelar los otros créditos de emergencia, las
pérdidas y reducción de capitales alcanzaban los 541 mil
millones de sucres. El patrimonio total, incluidos los
recursos del Central- era de 210 mil millones. Es evidente que
esta cifra no respaldaba el crédito subordinado. Si el BCE
hubiese decidido liquidar al Banco Continental -desechando la
posibilidad de su recuperación-, habría soportado una pérdida
-según la revista Gestión- de 275 mil millones de sucres.
Bajo los términos actuales, el crédito deberá ser recuperado
en el plazo de un año. El BCE tiene la libertad de buscar un
comprador para el Continental o vender, al concluir el plazo,
sus acciones revalorizadas y recuperar la totalidad del
crédito subordinado.
La opinión pública critica la bondad del Banco Central en un
modelo económico que pretende caracterizarse por la libertad
de mercados y de competencia. Los depósitos de los ahorristas
se salvaguardaron, pero el costo para el Estado -y por lo
tanto, para el país- ha sido múltiple. ¿Qué cambios requiere
el sistema financiero en el Ecuador? ¿Cuál es el papel estatal
en los ámbitos de la empresa privada?
El escándalo desatado en torno al Banco Continental deberá
abrir el foro de la discusión ciudadana.
"Piramidación" fue el artilugio
El primer pecado del grupo Ortega fue, a criterio de las
autoridades económicas, acudir al mecanismo de piramidación
para explicar un aumento de capital. El grupo financiero
utilizó un mismo monto de recursos para incrementar el capital
de la institución por ocasiones consecutivas.
Los préstamos que recibieron 209 accionistas para financiar el
supuesto aumento de capital provinieron de entidades que,
inicialmente, no tenían relación alguna con el Banco
Continental: el Banco del Tungurahua, Latinvest y Panamerican
Bank. Pero estas instituciones recibieron, al mismo tiempo,
depósitos cuya fuente era el mismo Banco Continental, el fondo
IAMF (controlado por el grupo Ortega), y Conticorp por el
mismo valor de los préstamos concedidos a los accionistas.
Esta operación permitió al Continental financiar el 50 por
ciento de su aumento de capital a finales de 1995 e inicios de
1996.
El restante 50 por ciento tampoco se financió con recursos
frescos. El Continental adquirió cartera e inversiones del BCO
Curazao. La cuenta por cobrar al Continental que se generó fue
cedida al IAMF, a cambio de un aumento de sus participaciones
en el fondo.
El IAMF utilizó la cuenta para que, por compensación, el Banco
Continental acreditara en sus cuentas un aporte para 'futuras
capitalizaciones', a nombre de los 209 accionistas. En suma,
los recursos que justificaron el aumento de capital se
originaron en el BCO Curazao -controlado por el grupo Ortega-
a través de los mismos recursos del Banco Continental que
recircularon a través del Fondo (IAMF) -también controlado por
el grupo Ortega.
La estructura del grupo financiero Conticorp -incluido en la
parte superior derecha de esta página- es compleja, impidió a
la Superintendencia de Bancos detectar la situación a tiempo,
obscureció la verdadera situación patrimonial de la entidad y
facilitó al grupo concretar un aumento ficticio de capital.
(Diario HOY) (3A)
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