Quito. 09.11.93. El presidente Sixto Durán Ballén decidió
anoche retirar el proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de
Hidrocarburos que había enviado al Congreso días atrás con el
carácter de urgente.
La decisión está amparada en la Constitución y responde al
criterio del Ejecutivo de que el reordenamiento jurídico del
Estado es una tarea conjunta con la Función Legislativa,
expresó ayer un comunicado urgente enviado por la Secretaría
de Prensa de la Presidencia de la República. Se ha considerado
-dice la oficina de prensa- que "existe el pronunciamiento de
algunos sectores del Congresos interesados en el retiro del
proyecto".
El Ejecutivo ha considerado el envió posterior del referido
proyecto, expresa lacónicamente la nota.
En efecto, en carta dirigida al presidente del Congreso Samuel
Belletini, el primer mandatario manifiesta lo siguiente "La
discusión y aprobación del Proyecto de Ley Reformatoria a la
Ley de Hidrocarburos es urgente e inaplazable por lo que,
acogiendo la sugerencia de los propios legisladores, remitiré
nuevamente dicho proyecto al Congreso Nacional en forma
inmediata".
La decisión del presidente Durán Ballén fue acogida anoche en
el Plenario con entusiasmo.
Mientras tanto, HOY pudo conocer que está en marcha un proceso
de negociación entre el Gobierno y el Congreso, con miras a
buscar un acuerdo en torno a estas reformas petroleras y al
veto parcial a la Ley de Modernización. El retiro del proyecto
de Reformas Petroleras sería el primer paso.
SURGE INICIATIVA DE NEGOCIACION
La iniciativa de que se produzca una negociación
entre el Ejecutivo y el Congreso con el fin de que el primero
retire el proyecto urgente de Ley Reformatoria a la Ley de
Hidrocarburos a cambio de que el segundo se allane
parcialmente o "a medias" al veto del Ejecutivo a Ley de
Modernización del Estado, ha empezado a fraguarse en el
Congreso Nacional.
Los términos de la negociación serían los siguientes:
"Ustedes (el Ejecutivo) retiran el proyecto urgente y nosotros
(el Legislativo) nos allanamos al veto de la quinta
disposición transitoria de la Ley de Modernización, pero
insistimos en la tercera".
Esta iniciativa ha surgido ante el hecho de que la mayoría del
Plenario de las Comisiones Legislativas del Congreso deberá
resolver su posición frente a los dos textos legales que han
hecho noticia en los últimos días.
Se trata del proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de
Hidrocarburos y del veto parcial del Ejecutivo a la Ley de
Modernización del Estado.
En el primer caso, se trata de un proyecto que llegó con el
carácter de urgente (debe se aprobado o negado en 15 días) y
al que le quedan apenas cuatro días para que se tramite, caso
contrario entrará por el ministerio de la Ley.
En el caso del veto del presidente a las disposiciones
transitorias tercera y quinta de la Ley de Modernización del
Estado, el Congreso deberá allanarse al veto o insistir en los
textos ya aprobados.
Consenso para negar
En el caso de las reformas a la Ley de Hidrocarburos parece
existir un criterio mayoritaria para negar el proyecto,
alegando que el presidente de la República irrespetó al
Congreso enviado un proyecto urgente en vísperas de cinco días
feriados.
En este sentido, todo indica que el Plenario votará
favorablemente la recomendación de la Comisión de lo Económico
para que el texto sea devuelto "por falta de tiempo" para ser
tramitado adecuadamente.
El diputado Ramiro Rivera, miembro de la Comisión de lo
Económico, reveló que existe el convencimiento entre la
mayoría de sectores parlamentarios de que el tiempo para
tramitar el proyecto de reformas a la Ley de Hidrocarburos es
muy corto, por lo que se negará el proyecto con el fin de que
el Gobierno lo vuelva a enviar pero no en vísperas de cinco
días feriados como aconteció en esta ocasión.
La negativa a un proyecto no impide que el Gobierno pueda
enviar nuevamente el mismo texto.
No existen acuerdo para el veto
Por otro lado, al interior de las fuerzas parlamentarias no
existe una decisión sobre la forma en que se enfrentará el
veto presidencial a las disposiciones terceras y quinta de la
Ley de Modernización del Estado.
Ultimamente ha surgido la posibilidad de que el Plenario
insista en el texto original de la transitoria tercera
mientras que se allane a la quinta.
La tercera establece que los trabajadores separados del sector
público, a partir del primero de enero, recibirán con efecto
retroactivo las indemnizaciones contempladas en la Ley de
Modernización.
La quinta establece que los afectados por la supresión de
partidas pueden volver al sector público.
Al parecer, existe un criterio en el sentido de que la quinta
debe se eliminada mientras que la tercera debe ser mantenida.
De esta posición es partidario el diputado Andrés Vallejo y
otros, entre los que, se ha dicho, está el socialcristiano
Ricardo Noboa. Sin embargo, parece ser que al interior del PSC
no existe un acuerdo sobre el tema, puesto que Jaime Nebot
desea que el Plenario insista en el texto original de las dos
transitorias.
TRABAJADORES CUESTIONAN REFORMAS PETROLERAS
La Asociación Sindical General de Trabajadores de Petroecuador
matriz y sus filiales ASPEC ha entregado en el Congreso
Nacional una serie de observaciones al proyecto de reformas a
la Ley de Hidrocarburos.
Entre las críticas que hacen al texto enviado con el carácter
de urgente por el Gobierno al Congreso, constan las
siguientes:
- El nuevo tipo de contrato de concesión para la exploración y
explotación de hidrocarburos, llamado "de participación", en
el fondo disminuye un poco más los ingresos del Estado y
aumenta las utilidades privadas para impulsar las inversiones
de riesgo.
- Al establecer la participación privada en las fases de
transporte, almacenamiento e industrialización, se logra la
privatización total o parcial de la industria petrolera en
estas actividades sin riesgo.
- Los nuevos oleoductos serán privados y se obliga a compartir
la ampliación del oleoducto de Petroecuador con los
particulares.
- Suprimida la propiedad del Estado sobre el gas asociado y
señaladas las facilidades para la explotación de los
yacimientos de gas libre, esta parte de la industria se
privatiza.
- El aumento de las reducciones y exoneraciones tributarias en
las reformas perjudica a los ingresos nacionales.
- La desregularización de los precios del mercado nacional es
lo más lesivo para el pueblo ecuatoriano, se establece la
venta a las distribuidores en refinería y se deja la fijación
del precio al consumidor a la oferta y la demanda.
- En la comercialización internacional se obliga a
Petroecuador a vender su crudo por intermedio de las empresas
petroleras privadas establecidas en el país y deja a los
particulares la libertad absoluta para las importaciones y
exportaciones.
- En cambio a las compañías petroleras privadas se les pagará
el crudo para el mercado nacional a precio del mercado
internacional.
- La transitoria deja el control de los precios a la
arbitrariedad del ministro hasta que funcione la libertad de
precios y mercados.
- Finalmente, las reformas autorizan la supresión de personal
en Petroecuador y la Dirección Nacional de Hidrocarburos.
- En resumen, se termina con el control mayoritario del Estado
en la industria petrolera, se inicia la privatización de los
hidrocarburos, se disminuyen las ingresos públicos y acaba con
la soberanía petrolera nacional. (5A)
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