Quito. 02 jul 2001. Según el Superintendente de Bancos existe un programa
de enajenación y venta de activos de los bancos AGD que debe ser
concluido.

En cinco partes está dividido el plan del Gobierno para desaparecer a la
Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), según Miguel Dávila,
superintendente de Bancos.

En un diálogo con EL UNIVERSO, el funcionario dijo que el primero se
relaciona con el fondo de seguro de depósitos que la semana pasada lo dio
a conocer el ministro de Economía, Jorge Gallardo, y en el que coincide
la Superintendencia.

Para ello, dijo, debe crearse una entidad con no más de cinco personas
encargadas de manejar el fondo para la recaudación de los aportes de los
bancos que se destinarán al seguro de depósitos. Además, para que se
encarguen de entregar esos recursos a un inversionista.

"En este caso ese inversionista podría ser el Banco Central a través de
una administración fiduciaria. Actualmente el Central cuenta con el
conocimiento necesario ya que administra e invierte la reserva monetaria
de libre disponibilidad", dijo. En la eventualidad de honrar la garantía
de depósitos, esta entidad sería quien recupere esa liquidez y realice
los pagos.

El segundo, según Miguel Dávila, está relacionado con los activos de la
AGD. "Esta área es la más complicada y tiene divergencia de criterios".

El superintendente aseguró que al momento existe un proyecto trabajado
junto a organismos internacionales en el último año y medio para la
enajenación y venta de activos. Incluso, dijo, están nominadas las
empresas internacionales que realizarían esa venta de activos.

Por ello, señaló, se debería concluir con este proyecto de enajenación de
activos "tal y como fue concebido, lo que demoraría hasta un año más".

No obstante, según el ministro de Economía, Jorge Gallardo, la idea es
conformar un fideicomiso con los activos para poder venderlos. "Yo no
necesariamente concuerdo con él", dijo Dávila.

La tercera fase del plan para la desaparición de la AGD está en el
fortalecimiento del fondo de liquidez, que fue conformado a inicios de
año para ayudar a la banca abierta en caso de necesitar recursos urgentes
para cubrir la liquidez.

Al momento este fondo funciona con 174 millones de dólares, dijo, y para
incrementarlo se lo negocia en el exterior con "iguales criterios que la
reserva monetaria internacional".

La cuarta parte del esquema será honrar la garantía de depósitos de
aquellos clientes a quienes no se les ha pagado. Para lo cual confirmó se
emitirán bonos del Estado.

Al momento falta devolver depósitos por 815 millones de dólares a más de
10.000 clientes de la banca cerrada.

La última fase, señaló y donde participará la Superintendencia de Bancos
es la liquidación de la banca cerrada.

"Lo que estamos haciendo ahora es introduciendo mejoras administrativas
para agilitar el proceso de liquidación".

Macías: No hubo peculado

Hoy el directorio del Banco Central del Ecuador (BCE) conocerá y aprobará
formalmente la capitalización del Banco del Pacífico, con lo que se
convierte en el único dueño de la entidad financiera.

Miguel Dávila, superintendente de Bancos, dijo que este es el último paso
para cerrar este tema que fue cuestionado.

Hace diez días un informe de auditoría de la Contraloría General del
Estado, determinó indicios penales en contra del ex gerente de la Agencia
de Garantía de Depósitos (AGD), Luis Villacís, por no haber devuelto los
89 millones de dólares en bonos del Estado que capitalizaron a la entidad
bancaria en mayo del año pasado.

Sobre este punto, el jurista Miguel Macías Hurtado dijo que ni los
directores ni el gerente de la AGD, (sindicados con orden de prisión) han
cometido peculado al capitalizar el banco.

"No encuentro culpabilidad penal en la decisión de los miembros
directivos de la AGD, en su conducta no hay dolo", recalcó.

Dijo que la Ley de Reordenamiento en Materia Económica estableció en su
artículo 29, como recursos de la AGD, los bonos que recibía del
Ministerio de Economía. Y, en consecuencia, tales bonos pasaron a ser de
propiedad de la AGD.

Explicó que estos papeles fueron entregados por la Agencia a los bancos
en saneamiento, para que con ellos efectúen operaciones de reporto con el
Banco Central (un medio para obtener liquidez y destinarla al pago a sus
depositantes).

Macías Hurtado dijo que desde el 13 de marzo del 2000, cuando se aprobó
la trole 2 (Ley para la Promoción de la Inversión y participación
ciudadana), los bancos en saneamiento y reestructuración no pudieron
continuar usando bonos del Estado para obtener dinero para pagar a sus
depositantes.

"En consecuencia, esos bonos, los devolvieron como pago de las deudas
que tenían con la AGD, la cual, aun cuando después no los hubiera
entregado al Banco del Pacífico para capitalizarlo, tampoco podría
habérselos usado para pagar a los depositantes de los bancos cerrados,
no solo por los motivos ya explicados sino porque se trata de bonos
que vencen a largo plazo (15 años)", recalcó Miguel Macías
Hurtado.(Texto tomado de El universo)
EXPLORED
en Ciudad Quito

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