DIALOGA EL GOBIERNO CON LAS FARC


Publicado el 21/Julio/2001 | 00:00

Quito. 21 jul 2001. El embajador de Colombia, Eliseo Restrepo, prefiere
no opinar sobre el diálogo, por ser un tema de Pastrana

La intempestiva declaración del presidente de la República, Gustavo Noboa
Bejarano, sobre la posibilidad de dialogar con las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC), siempre y cuando se presenten dos
condiciones, el pleno conocimiento del Gobierno de Andrés Pastrana y la
existencia de una situación extrema, agitó el avispero militar, político
y diplomático.

Las FARC intentaron dialogar con el Gobierno ecuatoriano desde 1996, en
busca de su reconocimiento como fuerza beligerante: con el Gobierno de
Abdalá Bucaram, el de Jamil Mahuad (incluso hay la versión de que un jefe
de las FARC se presentó en Carondelet para pedirle una audiencia) y con
el de Fabián Alarcón. En vista de la negativa de ser recibidos, el año
anterior llegaron a Quito altos comandantes para conversar con
periodistas, organizaciones no gubernamentales, de derechos humanos,
diputados e intentar el primer acercamiento al régimen de Gustavo Noboa.

¿Las FARC consiguieron su objetivo? Hugo Moreno, presidente de la
Comisión de Asuntos Internacionales del Congreso, reconoció que ha
existido acercamientos con el grupo irregular colombiano, pero por
intermedio de comunicados, e incluso aseguró que la Comisión podría
servir de intermediadora en un probable diálogo Ecuador FARC, aunque
fuentes cercanas a esa organización insurgente aseguraron a BLANCO y
NEGRO que el Gobierno ecuatoriano ha enviado a un delegado suyo a
conversar con altos mandos en la zona de distensión de San Vicente del
Caguán. Su presunto nombre: Fernando Rivadeneira, ante quien habrían
insistido en la necesidad de que el Ecuador cancele el convenio para el
uso de la Base de Manta. Pero esto fue desmentido en Carondelet.

El diálogo con las FARC no es bien visto ni entre las autoridades
militares ni diplomáticas, incluso el canciller Heinz Moeller aseguró que
el país no podía declararse neutral cuando es atacado. Sin embargo, al
menos las autoridades militares habrían mantenido fluidos diálogos, sobre
todo en el sector de Sucumbíos, según la declaración de Fausto Cobo, uno
de los coroneles que participó en el golpe de Estado que derrocó al
régimen de Mahuad.

"Hablemos la verdad. Antes del Plan Colombia, por muchos años se hizo
eso.

En la frontera norte no existían ni existen Fuerzas Armadas colombianas,
por lo tanto usted tiene que conversar con el que está al frente. Y si
no, que nieguen los mandos militares ecuatorianos las conversaciones que
se mantuvieron con las FARC en los últimos años", retó Fausto Cobo. Y lo
negaron. El ministro de Defensa, Hugo Unda, aseguro que era inadmisible
un diálogo de ese tipo.

El primero en plantear la necesidad del diálogo con las FARC fue el
prefecto de Carchi, el general (r) del Ejército, René Yandún, quien
insiste en esa necesidad, aunque asegura que el momento actual "no es el
adecuado". (JT)

"El mandato termina el próximo año, y el conflicto se mantendrá"

El general retirado Carlos Cobos, quien fue jefe del Estado Mayor de la
Junta Interamericana de Defensa órgano asesor en políticas de seguridad
de la Organización de Estados Americanos (OEA)- dice que la decisión de
entablar o no conversaciones con grupos armados, como las FARC, debe
manejarse como parte de la política general de seguridad del Estado, por
lo que debe ser debatida públicamente entre todos los actores políticos
del país: sociedad civil, Congreso, Corte Suprema de Justicia y Consejo
de Seguridad.

Gustavo Noboa, en una reciente entrevista, señaló que si llegase a
dialogar con el grupo insurgente "no lo anunciaría a la prensa, porque
son temas de seguridad". Cobos insiste que una resolución de esa
trascendencia no puede restringirse a una política gubernamental, "ya que
el mandato termina el próximo año, y el conflicto se mantendrá".

A nivel exterior, Cobos prevé que "ninguno de los países americanos
aceptaría que Ecuador mantenga un diálogo abierto, principalmente porque
los grupos armados tienen hasta cierto punto un antagonismo natural con
los grupos y organizaciones legalmente establecidos".

El rechazo de Estados Unidos sería inevitable, y habría que tomar en
cuenta que "toda América Latina está supeditada a una política y
orientación iniciada en los EEUU. Ellos pueden bloquear cualquier
decisión, como en la OEA, y si están peleando por una línea, ¿van a
permitir que los elementos que están involucrados tomen posturas
(distintas a las suyas)?".

Cobos se opone a entablar un diálogo, agregando que este de por si no
tendría ningún tipo de proyección estratégica. (AAS)

"Ecuador no puede ni imaginar una conversación con el grupo armado"

El ex canciller Edgar Terán precisa que el presidente Gustavo Noboa fue
claro al decir que Ecuador únicamente tiene como interlocutor al Gobierno
colombiano: "Un Estado soberano no puede tener más interlocutores que
Estados y Gobiernos soberanos de la comunidad internacional". La
explicación que Noboa agregó a su respuesta, donde dijo que se podría
llegar a dialogar con las FARC "si existiesen motivos de Estado muy
fuertes", para el ex canciller es simplemente una "frase no feliz".

"Ecuador no puede ni entrar a considerar ni imaginar, ni siquiera
ponderar (un diálogo con el grupo armado); no puede degradarse a hacer
ese tipo de elucubraciones. Insistir sobre la frase infortunada hace daño
a la dignidad nacional".

La decisión del Gobierno de Andrés Pastrana, de entregar a las FARC un
área desmilitarizada, un "santuario", muy cerca del sector fronterizo con
Ecuador, para Terán incumple la obligación de Colombia de cuidar sus
fronteras, afectando a nuestro país.

La aplicación del Plan Colombia según su criterio produce en el país
efectos dañinos y cree que el proyecto convenido entre Colombia y Estados
Unidos puede significar un barrido del problema hacia Ecuador.

"Nosotros no tenemos porqué correr con gastos ingentes, ni sufrir los
daños humanos o ecológicos que esta relación causa", dice Terán.

En ambos casos, para el ex canciller, Ecuador no ha teni do una
diplomacia acertada, la que debió plantear la situación de país afectado
y amenazado, para exigi acciones preventivas, e indemnizaciones Pero "los
interlocutores en estos dos conflictos son el gobierno de Colombia,
doblemente, y el de EEUU en lo que se refiere al Plan". (AAS)

Balas en la frontera

7 de febrero de 2000: Dos asesinatos en un bar de Puerto El Carmen,
fronterizo con el Putumayo.

5 de julio de 2000: En Ipiales es detenido el supuesto jefe de finanzas
del segundo bloque de las FARC, cuando retornaba a Colombia de Ibarra, en
un vehículo con placas colombianas.

7 de julio de 2000: La Policía decomisa en Sucumbíos 50 mil balas de
distinto calibre en un inmueble del barrio La Laguna, en Nueva Loja.

9 de julio de 2000: Un grupo de desconocidos ingresa al depósito de armas
del Batallón Montúfar, en Esmeraldas, y se roban 50 fusiles.

6 de agosto de 2000: Un colombiano y dos ecuatorianos son detenidos en la
vía a Colombia, cerca de General Farfán, cuando transportaban armas y
uniformes, supuestamente para las FARC.

23 de septiembre de 2000: Un puente es dinamitado en la frontera, en los
días previos a la inauguración del puente internacional San Miguel por
los presidentes de Colombia y Ecuador.

12 de octubre de 2000: Diez técnicos petroleros son secuestrados en la
provincia de Orellana.

11 de enero de 2001: En General Farfán se produjo un supuesto
enfrentamiento armado entre grupos paramilitares y guerrilleros
colombianos.

18 de enero de 2001: Un pelotón del Ejército ecuatoriano se enfrenta con
un grupo de narcotraficantes, en Sucumbíos.

16 de febrero de 2001: Militares ecuatorianos localizan un laboratorio de
procesamiento de cocaína en la frontera con Colombia.

24 de marzo de 2001: Militares colombianos descubren un camino de 40
kilómetros que supuestamente fue construido por las FARC para introducir
armas.

6 de abril de 20001: Un supuesto grupo de paramilitares robaron seis
camionetas de transporte en General Farfán.

24 de abril de 2001: Militares ecuatorianos descubren un nuevo
laboratorio,una pista y un campamento paramilitar en las frontera, en
Sucumbíos.

6 de junio de 2001: Una supuesta columna guerrillera del Ejército de
Liberación Nacional atacó un camión blindando de la compañía Tevcol y
participaron en el robo de cuatro vehículos en la carretera Ibarra-
Tulcán.




Lo que el Plan Colombia hereda a los habitantes de la frontera norte

Un informe del Congreso recalca que en el país se está produciendo el
traslado de los cultivos de coca

La inseguridad en que se vive en la frontera norte es evidente y ha sido
reconocida por las autoridades gubernamentales. Varios estudios se han
realizado al respecto en el Congreso, por las Comisiones de Asuntos
Internacionales y la de Asuntos Amazónicos; esta última presentó un
informe sobre varias reuniones mantenidas con autoridades locales de las
provincias que están en los 600 kilómetros de frontera que Ecuador
comparte con el Ejército de Liberación Nacional, los grupos paramilitares
y las FARC.

"Existe inseguridad tanto en las provincias de Esmeraldas como en la de
Carchi y Sucumbíos, por la innegable y cada vez más abundante presencia
de guerrilleros y paramilitares, ya no solo en las cercanías del cordón
fronterizo, sino dentro de territorio ecuatoriano", dice el informe, que
fue presentado por los diputados amazónicos, el prefecto de Carchi, René
Yandún, y el alcalde de Tulcán, Pedro Velasco.

En las conclusiones del informe se citan declaraciones del canciller
Heinz Moeller, sobre el hallazgo de cultivos de coca, especialmente en la
provincia de Sucumbíos, en una superficie de 200 hectáreas. "Se están
produciendo traslados de los cultivos de coca a la frontera norte del
Ecuador", recalca.

Las declaraciones de los pobladores, médicos y autoridades civiles y
religiosas sirvió a la Comisión para concluir que las fumigaciones
realizadas en el Putumayo colombiano (suspendidas hace tres meses, según
el canciller Moeller) afectan a la salud de los ecuatorianos y
contribuyen a la destrucción de la biodiversidad de la Amazonía.

"Tales efectos y daños pueden durar décadas, a través de la mutación. Sin
embargo, pese a los reiterados pedidos de las organizaciones civiles de
la zona, el Gobierno no ha emprendido una investigación científica sobre
el tema", se insiste en el informe.

Los efectos que reseña la Comisión de Asuntos Amazónicos no solo se
refieren a la afectación a la biodiversidad sino también al tema de la
inseguridad.

"Como consecuencia de las amenazas de secuestros, de los ataques armados,
de los "impuestos" exigidos por los grupos irregulares (colombianos) a
empresarios y hacendados, ha disminuido abruptamente el comercio y el
turismo en la zona fronteriza", señala.

Los datos que tiene la Comisión de Asuntos Amazónicos es que el comercio
ha disminuido en 80% en Tulcán y en 60% en Nueva Loja. Estas
consecuencias o probables efectos de la aplicación del Plan Colombia hace
presumir al experto en diplomacia, Julio Prado Vallejo, que "bien podría
pensarse que una representación civil de la sociedad ecuatoriana puede
acercarse a las FARC".

El planteamiento de Prado Vallejo es que la representación civil dialogue
con las FARC, para exigir que respeten la frontera y la soberanía
ecuatoriana y que se comprometan a "abstenerse de acciones bélicas que
afecten a la seguridad nacional y a las poblaciones ecuatorianas vecinas
con Colombia". (JT)

Una investigación de campo que dura ocho meses

El 8 de noviembre del año anterior, la Comisión de Asuntos Amazónicos
resolvió preparar un informe sobre el posible impacto de la aplicación
del Plan Colombia en las provincias fronterizas.

Las hipótesis con las que empezaron el trabajo fue la existencia de
inseguridad en la frontera por la presencia de guerrilleros,
paramilitares y delincuentes; la existencia de traslado de cultivos de
coca; la disminución del comercio y el turismo, etc.

El primer viaje que realizaron los diputados fue a Nueva Loja, en donde
mantuvieron una reunión con las autoridades locales y comenzaron a
receptar los testimonios con los que, al parecer, comprobaron las
hipótesis y concluyeron el informe.

De acuerdo con el presidente de esa Comisión, Valerio Grefa, los
testimonios recabados en los ocho meses que duró la investigación, fueron
confrontados con lo hecho por el Gobierno.

El temor alimenta la vida de las comunidades

"Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos, son las provincias más pobres de
Ecuador, carentes de servicios básicos, como alcantarillado, agua
potable, energía eléctrica, escuelas, dispensarios de salud, etc., lo
cual agrava las consecuencias del Plan Colombia", dice el informe de la
Comisión de Asuntos Amazónicos.

Quienes más han sufrido los efectos del Plan Colombia en el territorio
nacional, son, sin duda, las comunidades indígenas que habitan en la zona
fronteriza y que debieron huir por diversos motivos.

"Este problema no es sino la confirmación del abandono y de la falta de
servicios en las provincias fronterizas. Se debería apoyar la
construcción de obras viales en las zonas donde habitaban los indígenas
desplazados. No existen albergues para desastres como el que se está
afrontando", recalcó el alcalde de Cascales, Sucumbíos, Edmundo Vargas.
Cascales es una zona de la que fueron desplazadas comunidades de
Sumagpamba, Taruka Shiguango y Santa Carolina, luego de recibir amenazas
de supuestos paramilitares por haber proporcionado información al
Ejército ecuatoriano sobre la localización de un laboratorio de
procesamiento de cocaína.

"Son los paramilitares colombianos quienes nos comunicaron por radio para
que salgamos de nuestras viviendas y tierras, dejando todas las cosas
como estaban, pues de lo contrario nos matarían, y tuvimos que hacerlo",
continúan relatando los indígenas de la comuna de Santa Rosa, Curiyacu y
Santa Carolina. "Somos nativos, estamos enfermos y con hambre a pesar de
tener nuestros sembrados de arroz café, cacao, al igual que animales como
ganado, gallinas, cerdos y caballos", insistió otro dirigente indígena,
según los testimonios recogidos por la Comisión de Asuntos Amazónicos.

El miedo a volver

Aníbal Andi, presidente del centro Quichua-Curiyacu, recalcó que al
desplazamiento forzado de las comunidades se suma la desatención
gubernamental por la falta de proyectos productivos para la zona y
respaldo militar para regresar a sus comunidades.

"Si regresamos a nuestras tierras sin protección, iremos a entregar la
vida a los subversivos, en vista de que cogen a gente de nuestras
comunidades y los embarcan en sus transportes aduciendo ser militares y
no los regresan", sostuvo.

Los colonos e indígenas desplazados por la violencia en el país vecino
insistieron en que desean otro sitio para rehacer sus vidas, para ello
reclaman al INDA legalización de nuevas tierras.

De acuerdo con los datos entregados por la Defensa Civil, de Sucumbíos
han sido desplazadas seis comunidades, cinco quichuas y una shuar, que
habitaban en las parroquias de Jambelí, Luz y Vida, Santa Rosa y
Cascales; mientras que de Orellana fueron desplazadas 10 comunidades
quichuas y una de colonos: de Tiputini, Rumipamba y Guayusa.

La indígenas quichuas de Napo también sintieron los efectos del Plan
Colombia. Tres comunidades fueron desplazadas y ahora viven en el centro
Shiguango, en casas particulares del sector de las cavernas de Jumandy, y
en una casa particular del barrio Pashiyacu, en Tena. Estas razones
podrían haber llevado a las autoridades de Ecuador a enviar un supuesto
delegado para conversar con los mandos de las FARC, como aseguraron
fuentes cercanas al grupo. (JT)

Albergues

-Los quichuas y shuaras desplazados de sus tierras en Sucumbíos ahora
deben vivir en la sede de la Fokise, en la casa comunal de Jambelí y en
una casa particular de Nueva Loja.

-La comunidad Shuar de Santa Carolina debe vivir en el albergue del Club
El Dorado, en Cascales.

-Los 120 quichuas de la comunidad de Curiyacu, de la parroquia Santa
Rosa, tuvieron que alojarse en una casa comunal de Archidona, en Napo.

-Los indígenas desplazados de sus comunidades en Orellana ahora viven en
casas comunales: 600 tuvieron que alojarse en la de San Sebastián de
Coca.En esa provincia fueron desplazadas 1 140 personas.

-La Comisión de Asuntos Amazónicos, en el informe entregado al presidente
del Congreso, recomienda declarar a la franja fronteriza (60 kilómetros a
cada lado de frontera) como zona de paz.

-La Comisión plantea la necesidad de que, por vías diplomáticas, la OEA y
la ONU dispongan la presencia en la zona fronteriza de fuerzas
internacionales de paz, como los Cascos Azules. (JT)

Ser o no neutral, he ahí el dilema diplomático

El ministro de Relaciones Exteriores, Heinz Moeller, aseguró en una
anterior comparecencia a la Comisión de Fiscalización del Congreso, que
el agudizamiento del conflicto interno colombiano, por el incremento de
las actividades de los grupos iregulares armados y el crecimiento de la
industria del narcotráfico, es lo que ha planteado mayores riesgos a las
áreas fronterizas del norte.

"La mayor parte de los colombianos que ingresaron a nuestro país
solicitando refugio huían de los enfrentamientos entre las FARC y las AUC
(denominados paramilitares)", dijo Moeller.

Según la información de la Dirección General de Derechos Humanos y
Asuntos Sociales, del Ministerio de Relaciones Exteriores, desde enero de
2000 hasta el 18 de mayo de 20001, solicitaron refugio en el Ecuador 3
318 personas. De las 593 solicitudes que se presentaron en Quito, 189
fueron aceptadas.

La provincia en la que más colombianos presentaron solicitudes de refugio
es Sucumbíos, en donde se receptaron 1 552, de las cuales se aceptaron
1006 y se negaron 256. En Carchi e Imbabura, presentaron solicitudes
1077 colombianos y recibieron trámite favorable 213. Moeller insistió en
que la aplicación del Plan Colombia "tiene y va a seguir teniendo efectos
en nuestro país. Pero debemos ser muy claros -insistió-: el Plan Colombia
y la situación interna colombiana no son temas frente a los cuales
nuestro país puede ser indiferente, porque no se pude dejar de ser vecino
de Colombia".

Si bien el canciller aseguró en el miércoles anterior que el país no
puede declararse neutral en el conflicto, insistió que el Ecuador no ha
considerado ni considerará posibilidad alguna de comprometerse en
eventuales iniciativas de intervención armada en Colombia.

La opinión de Moeller no es compartida por las autoridades fronterizas.

El gobernador de Carchi, Edgar Moscoso, cree que el Gobierno debe
declarar al Ecuador zona neutral bajo conceptos de defensa y seguridad,
atendiendo a las necesidades de obras y servicios para mejorar la calidad
de vida y evitar el traslado de siembras ilícitas.

Miguel Saona, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, recalcó
que, en lo que a su institución se refiere, se ha reforzado la seguridad
en la frontera incrementando el número y la calidad de los elementos
uniformados desplazados a esa zona. El oficial insistió en que no existe
presencia de grupos armados irregulares colombianos en territorio
ecuatoriano y evaluó como positiva la labor del Ejército ecuatoriano en
el desmantelamiento de dos laboratorios de procesamiento de cocaína, en
Sucumbíos, la destrucciónde una fábrica de uniformes y de un campamento
de entrenamiento de la guerrilla. (JT)


Las esperanzas de paz de Ecuador

Moeller espera la ayuda de la Iniciativa Andina. En el presupuesto 2002
se asignarán $20 millones

Una de las grandes expectativas del Gobierno, para contrarrestar los
efectos del Plan Colombia, son los recursos que podrían llegar de los
países que lo impulsan.

"El aporte de EEUU es altamente insuficiente, una cifra que no excede los
$20 millones", aseguró el ministro de Relaciones Exteriores, Heinz
Moeller, el miércoles anterior. De los $20 millones, $12 millones
estarían destinados al fortalecimiento logístico de la Policía y las
Fuerzas Armadas, y $8 millones a programas de desarrollo en la frontera
norte.

Moeller explicó que sigue en curso en el Congreso estadounidense la
Iniciativa Andina, que permitiría la llegada al país de $85 millones para
el próximo año, que se sumarían a los $20 millones que el Gobierno piensa
asignar en el presupuesto del próximo año para contrarrestar los efectos
del Plan.

Del total del presupuesto que podría destinarse para mitigar el impacto
del Plan Colombia, $40 millones se destinarían al desarrollo de la
frontera norte y el resto para incrementar el control.

"Ahora resulta que la Iniciativa Andina es para que los efectos de la
guerra que hace Estados Unidos contra Colombia no perjudiquen a los
ecuatorianos, cuando eso ya se sabía. No por la coca, porque hace mucho
tiempo que los campesinos ecuatorianos sembraban porque se están muriendo
de hambre, sino porque el interés es el dominio de la zona", se dice en
un artículo aparecido en el último número de la revista Resistencia,
editada por las FARC.

Moeller dijo que el país no es parte del Plan Colombia. "La posición de
Ecuador ha sido notificar a las partes que no aceptaremos la
regionalización del conflicto", dijo. ¿A qué partes? Aunque insistió que
"aquí no hay neutralidad que valga". (JT)

Se busca un colchón fronterizo

René Yandún, prefecto de Carchi, cree que el diálogo con la guerrilla es
necesario porque en el momento en que se agudice el conflicto colombiano
y aumente la presión de las Fuerzas Armadas colombianas en contra de los
grupos insurgentes, estos podrían replegarse a territorio ecuatoriano y
se produciría el primer enfrentamiento con las Fuerzas Armadas de nuestro
país.

El diálogo que propone Yandún con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia apunta a la reactivación del comercio fronterizo, así como a la
búsqueda de la presencia de organismos internacionales de paz en la zona,
que sirvan como colchón de amortiguamiento para evitar enfrentamientos
con el ejército de Ecuador. (AAS)

En Carchi y Esmeraldas, importa más sobrevivir

Más que el Plan Colombia o el posible diálogo del Gobierno con las FARC,
lo que preocupa a las autoridades locales de las poblaciones fronterizas
es la falta de atención gubernamental y la poca efectividad de la Unidad
de Desarrollo Norte, creada por el Ejecutivo.

"Tenemos gente que ha llegado de Colombia, pero después de eso no han
existido efectos importantes en la provincia", dijo el prefecto de
Esmeraldas, Homero López.

La pobreza y el desempleo, que llega al 74%, es peor que sufrir cualquier
guerrilla o enfrentamiento bélico, según sostuvo López. "Más nos afectan
las condiciones económicas del país", insistió.

En San Lorenzo, por ejemplo, la seguridad está a cargo de 28 uniformados,
que ocupan una casa arrendada, con un servicio higiénico destartalado y
un patrullero viejo. Ni siquiera tienen embarcaciones fluviales para
hacer patrullajes, a pesar de que el 80% de frontera de la zona es agua.

La compañía que construía el sistema de agua potable habría rescindido el
contrato por falta de pago, al igual que quien hacía el sistema de
alcantarillado. La gente debe lanzar las aguas servidas al río, y
contribuye a la contaminación.

Carchi no está mejor, según su prefecto René Yandún. Y Tulcán tampoco,
según su alcalde, Pedro Velasco. "Aquí no hay problema de seguridad. En
la línea de frontera está la Policía y el Ejército, y en ellos confiamos.
Lo que hay es inseguridad en el trabajo, en obras de infraestructura
básica: alcantarillado, vialidad (...); hay problemas ante los cuales no
hay acciones. La Unidad Ejecutora del Norte no ha hecho una sola obra
concreta", dijo.

La Unidad se creó el 3 de agosto de 2000. El próximo mes cumplirá un año,
en medio de quejas. (JT-AAS)

Y en el norte, el límite es con Marulanda, alias "Tirofijo"

"Durante las reuniones preparatorias de los diálogos de paz entre
funcionarios de la oficina del Alto Comisionado de Paz y la cúpula de las
FARC, mientras Tirofijo (Manuel Marulanda) y su trío negociador Raúl
Reyes, Joaquín Gómez y Fabián Ramírez- debatían la agenda, Jorge Briceño,
más conocido como el "Mono Jojoy", tomaba en sus manos los insectos que
deambulaban por el piso, los ponía en la mesa y, una vez dominados, los
mataba de un golpe certero de su cuchillo de dotación". La anécdota que
data de 1997, fue publicada en un informe de Derechos Humanos sobre los
grupos irregulares que existen en Colombia.

Las FARC es un grupo que creció gracias al narcotráfico y al secuestro,
según los informes del Ejército colombiano difundidos con amplitud por la
Internet.

Pese a que su aparición se remonta a más de medio siglo, su estructura
empezó a gestarse en 1982, cuando agregaron a su nombre las siglas
Ep Ejército del Pueblo.

Los años ochenta fueron propicios para el crecimiento de la organización
guerrillera, por la tregua bilateral firmada por el Gobierno de Belisario
Betancur, en 1984, y las bonanzas del banano, la coca y la ganadería.

Las FARC adoptaron una estrategia de crecimiento para garantizar que
hubiera al menos un frente guerrillero en cada departamento (provincia)
colombiano.

Gracias la tregua de tres años otorgada por Belsisario Betancur, las FARC
crecieron sin contención alguna de las Fuerzas Militares colombianas y
gracias a las bonanzas, pudieron secuestrar y extorsionar a los prósperos
hacendados, hasta llenar las arcas en proporciones nunca antes vistas por
la guerrilla en el Continente.

Los años que duró la tregua fueron usados por las FARC para copar las
zonas donde habían nacido y organizarse alrededor de los centros de poder
e industrialización más importantes de Colombia: los nervios de la
agricultura moderna. (JT)

Los años

-Entre 1990 y 1995, aparecieron cinco nuevos frentes de las FARC en
Cundinamarca; otro en el eje cafetero y otros tantos en la Guajira,
Caquetá, Casanare, Huila y Tolima.

-Se estima que las FARC tiene un Ejército de 17 mil hombres y que han
logrado invertir en poderosas industrias dentro y fuera de Colombia,
gracias al narcotráfico y el secuestro.

-La capacidad de las FARC les permite mantener a más de 300 civiles y
uniformados secuestrados.

-Las FARC pueden desarrollar un promedio de 15 acciones armadas diarias
y, cuando así lo decide el secretariado, son capaces de desatar una
ofensiva en todos los departamentos del país en un par de semanas, como
ocurrió a fines de 1999 y comienzos del año anterior en la zona
fronteriza con Ecuador.

-Ecuador limita con esa organización, específicamente con el Bloque 48.

Molina: "Intentar ingresar al país sería un error estratégico"

De acuerdo con el coronel retirado Alberto Molina actual asesor del
Ministerio de Defensa y ex jefe de la Cuarta División Amazonas, las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) no son reconicidas por
ningún Estado como un Ejército beligerante, categoría que otorga un
tratamiento especial y cierto reconocimiento a nivel internacional, que
permitiría un diálogo.

"El Gobierno (ecuatoriano) no debe hablar con ningún grupo irregular
colombiano, ya que esto implicaría una aceptación de una fuerza
beligerante a espaldas de un Estado legítimo que es amigo", dice Molina.

El oficial retirado asegura que el presidente colombiano, Andrés
Pastrana, sí debe dialogar con los grupos insurgentes que operan en la
frontera con Ecuador, ya que "es un problema interno y tiene la
obligación de solucionar el conflicto en la vía de la negociación".

Molina plantea que Ecuador debe exigir que el Frente Sur del Ejército
colombiano tenga una presencia efectiva en la frontera, limitando los
efectos que el conflicto de ese país pueda generar, pero no cree que haya
un riesgo directo de que los grupos insurgentes intenten ingresar
militarmente al país, pues sería un error estratégico de su parte.

"Desde hace ocho años, no ha habido una incursión militar de las FARC a
nuestro territorio, y sería absurdo que lo hicieran, generándose otro
frente de batalla. Ellos dependen del cordón umbilical de fronteras vivas
como la nuestra para abastecerse y descansar, pero vienen como civiles y
no como guerrilleros", comprende el asesor ministerial.

Respecto de la insistencia con la que permanentemente las FARC han
intentado entablar un diálogo con el Gobierno de Ecuador, Molina señala
que los insurgentes buscan conversar para, diplomáticamente, pasar de
fuerzas irregulares a fuerzas beligerantes. (AAS)

Barrera: "Es apresurado hablar de un diálogo con las FARC"

Alfonso Barrera Valverde, ex canciller de Ecuador, cree que es apresurado
hablar sobre un diálogo del Estado ecuatoriano con las FARC.

"El conflicto colombiano es interno, y ha sido internacionalizado
exclusivamente por Estados Unidos, que, de forma indirecta, toma parte en
la contienda bélica, porque el Plan Colombia es finalmente un plan
bélico", señala el ex secretario de Estado.

"Lo que al Ecuador le correponde es luchar por la regionalización de
medidas necesarias para poder aislar el conflicto colombiano", agrega el
ex canciller Barrera Valverde.

De acuerdo con Barrera Valverde, para aislar el conflicto colombiano, el
Gobierno debería promover la toma de una postura clara por parte de los
Estados de la región, incluso llegando a la formación, en la Organización
de Estados Americanos (OEA), de un Consejo Consultivo permanente de
ministros de Relaciones Exteriores, donde se tomen medidas que eviten la
ruptura de la paz regional.

"Sería importante la presencia de cascos azules en las fronteras de
Colombia, pero está el veto de Estados Unidos y otros miembros del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Estados Unidos se opondrá,
como se opone a asumir responsabilidades por ser el principal mercado de
consumo de drogas", señala Barrera Valverde.

El ex canciller opina que convenios como el de la Base de Manta que
afectan la soberanía del país y lo involucran indirectamente en el
conflicto colombiano, según su criterio- deben ser renegociados.

"Debemos mantenernos al margen del conflicto interno del país vecino,
respetando la autonomía de la autoridad colombiana. De todas maneras,
siempre estaremos dispuestos a ser un refugio de paz, no un descanso de
guerrero", concluye el diplomático. (AAS)

Dávila: "No debemos ceder ante los delincuentes"

"No debemos ceder ante los delincuentes: las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) están fuera de la ley y, si queremos
dar seguridad a la población de nuestro país, lo que debemos hacer es
proteger y cerrar nuestras fronteras (ante posibles incursiones)". Esa es
la opinión del Marcelo Dávila, ex oficial del Ejército ecuatoriano y
experto en seguridad privada.

Dávila, quien durante cuatro años presidió la Asociación Nacional de
Empresas de Seguridad Privada, asegura que las Fuerzas Armadas
ecuatorianas tienen actualmente el suficiente personal, capacitación y
medios para dar la protección necesaria en la zona norte del país. "Si el
Ejército brinda en la actualidad servicios de seguridad distrayéndose de
sus funciones exclusivas de la seguridad nacional, es porque tiene
suficiente personal", sostiene.

El ex oficial asegura que el Ejército tiene contratos con empresas como
la Eléctrica Paute, en donde presta servicios con personal, vehículos y
armas del Estado.

El oficial retirado cree que el presidente de la Republica, Gustavo
Noboa, debe tomar como interlocutores directos al Gobierno y a las
autoridades colombianas, con el fin de lograr que ellos controlen, con
una política del "buen vecino", su frontera sur, evitando que el problema
interno de ese país se extienda hacia Ecuador.

"Un posible acuerdo con las FARC, por la vía del diálogo, implicaría la
existencia de la voluntad de las dos partes para dar y recibir algo",
insiste.

"¿Qué podríamos dar nosotros a las FARC? ¿Espacio para que vengan y
descansen en nuestro territorio? ¿Qué podrían dar ellos? ¿Seguridad?
Imposible. En un diálogo con las FARC tendríamos que ceder algo, y no
estamos para ceder nada, porque no es nuestro conflicto", cierra Marcelo
Dávila. (AAS)

Análisis

El diálogo y las reglas diplomáticas

Fue la declaración del presidente de la República, Gustavo Noboa, la que
abrió el debate en el país, en un tema que concierne a todos. ¿Debe el
Ecuador dialogar con las fuerzas irregulares de Colombia?

La investigación de BLANCO y NEGRO revela que se habría producido ya un
acercamiento concreto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC). No obstante, oficialmente, el hecho no ha sido confirmado, a
pesar de que se menciona el nombre de Fernando Rivadeneira como el
supuesto enlace, en representación del país, con el grupo armado.

Iniciar o no un diálogo con un ejército irregular no depende solo de la
voluntad de las autoridades nacionales, sino de otros factores que pueden
tomarse en cuenta: Por un lado, la normativa diplomática menciona
aquellos principios de autodeterminación y de no intervención. Y, por el
otro, está aquello de la juridicidad, pues al tratarse de un grupo que no
tiene status de ejército beligerante, resultaría imposible alcanzar el
reconocimiento internacional, básico para iniciar las conversaciones, por
parte de un Estado.

Pero, el problema al que está abocado el Ecuador frente a lo que sucede
en Colombia, tiene otras aristas que parecerían ser clave de cara al
futuro de la nación misma.

La presencia de más de 3 000 desplazados a quienes se les ha otorgado la
condición de refugiados, representa una carga enorme para el país, y no
solo porque el número podría aumentar considerablemente, sino porque hay
que asumir la responsabilidad de asistirlos.

Y hay algo más importante.

Por lo ocurrido hasta ahora, daría la impresión de que haría falta una
postura más firme de parte de la diplomacia ecuatoriana, frente al
Gobierno de Estados Unidos.

No es posible que luego de que el Gobierno de Jamil Mahuad nos
involucrara en el conflicto al entregar la Base de Manta a EEUU, a este
país solo hayan entregado $20 millones para resguardar nuestra frontera,
ayudar a los refugiados, y desmantelar los laboratorios de cocaína, que
ya se han extendido a este territorio. Tampoco es aceptable que utilicen
la Base de Manta, con todos los rencores que pueden ocasionarle a Ecuador
algunos sectores de Colombia, y EEUU dé al país un tratamiento especial.

El Gobierno ecuatoriano y la Cancillería tienen la palabra. (TFF)

En la CAE se "legalizaban" carros

El "fantasma" de la matriculación irregular retorna, como en enero,
cuando se detectó 588 casos

Tres semanas atrás, un grupo de agentes de la Policía Judicial (PJ)
sorprendió a un empresario guayaquileño de 65 años de edad, que circulaba
en su automóvil de lujo por la ciudadela Kennedy, al norte de la ciudad.

Lo bajaron y despojaron del carro porque, aparentemente, era parte de un
lote de vehículos que fueron presuntamente matriculados de forma
fraudalenta, con documentos certificados por Ricardo López Hernández, ex
jefe de matriculación de la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE).

Ese domingo, y pese a los reclamos del usuario, los policías detuvieron
el vehículo y lo trasladaron a los patios de la PJ para la respectiva
corroboración. Luego de una serie de gestiones realizadas por los propios
importadores del automotor, el empresario recuperó su vehículo al cabo de
48 horas. Empero, los importadores se llevaron la "amarga" sorpresa de
que con el Documento Unico de Importación (DUI) de ese vehículo habían
introducido otro, aunque no con iguales características.

Los importadores recibieron como explicación de la Policía, que se
trataba de un operativo para recuperar al menos unos 80 vehículos
irregulares "legalizados" con documentos de la CAE.

El "fantasma" de la matriculación fraudulenta de vehículos de dudosa
procedencia volvió entonces a surgir en Guayaquil, como a inicios de año,
cuando se detectaron 588 casos de carros mal importados y algunos,
incluso, robados en el exterior y legalizado en oficinas paralelas de
matriculación.

López Hernández, detenido desde abril, estaba supuestamente "legalizando"
un gran número de vehículos-en su mayoría robados- por medio del
Documento Unico de Importación(DUI) de varios concesionarios que en
realidad importaban en forma legal.

Las investigaciones señalan que el ex funcionario de Aduanas al parecer
introducía los datos del vehículo de dudosa procedencia en un DUI, donde
un importador real podía tener varios automotores.

El caso es que el importador, al declarar sus vehículos legítimos,
admitía a su vez, sin conocerlo, los otros vehículos que López Hernández
había introducido. Las investigaciones realizadas por la policía llegaron
a establecer que otros empleados de la CAE estaban involucrados en el
ilícito, entre ellos, Shirley Mera Cañarte, Richard Moreira Cañarte y
Jaime Zambrano.

Con este mecanismo, un jeep, marca ford, modelo explorer, color azul,
robado, fue introducido en el DUI de un vehículo marca Toyota, importado
legalmente.

"De esta manera, en toda la gran liquidación de pagos de impuestos por
esos diez vehículos, el importador legal ,en realidad, pagaba por "otros"
que jamás había importado. El o los autos ilegales estaban amparados
dentro del mismo DUI", sostuvo un representante de una concesionaria de
autos de lujo que se vio perjudicada por este caso.

Hasta el mes anterior, según una fuente policial, se habían recuperado
una decena de autos de este caso, que se unen a los 22 vehículos que en
abril anterior estaban ya en poder de la Policía Judicial, que realizó
varios operativos para desarticular esta banda.

La Policía Judicial, junto con otras unidades, aún se encuentra
realizando operativos para establecer el paradero de otros vehículos que
circulan "ilegalmente". (JVR)

Concesionarios protestan

-Varios concesionarios de vehículos de lujo se quejan de que en algunas
ocasiones, la Policía Nacional ha retenido el vehículo de sus clientes
para corroborar la legalidad de la importación.

-"Es cierto que se deben detener los carros que introdujo Ricardo López,
pero no es menester del importador ir personalmente a la Policía Técnica
Judicial para demostrar que somos importadores legítimos de los autos que
se detienen", manifestó un importador que prefiere el anonimato.

-Algunos importadores de Guayaquil creen que la Policía tiene que
utilizar otros métodos para evitar que sus clientes pasen un mal rato,
por algo que ellos no tienen la culpa. Se debe detener a los vehículos
siempre y cuando se tenga la certeza de que pertenecen al lote de los
automotores ilegales".

-Ocho personas se encuentran involucradas en este caso.

-Las infracciones cometidas, según los informes, son asociación ilícita,
falsificación de documentos, comercialización de vehículos de mala
procedencia, tenencia de vehículos robados, matriculación fraudulenta de
vehículos en la Comisión de Tránsito del Guayas y estafa.

-El informe policial destaca que la matriculación de los automotores en
la CTG se la efectuaba sin la revisión física necesaria, tal como ocurrió
en el caso de los 588 vehículos matriculados fraudalentamente. (JVR)

Tres comerciantes de afrodisiacos, los presuntos asesinos de lobos
marinos

La Estación Charles Darwin presentó el informe del análisis realizado en
los cuerpos de nueve lobos marinos, mutilados en el sitio turístico La
Lobería, en Puerto Baquerizo, en la isla San Cristóbal.

El 14 de julio se hallaron 15 lobos masacrados (11 machos y 4 hembras).

El informe revela que los machos murieron por contusiones cráneo-
encefálicas.

Para matar a los animales, los desconocidos, que se supone son tres,
según una denuncia recabada por el Parque Nacional Galápagos, utilizaron
objetos metálicos, y con un cuchillo extirparon los órganos reproductores
externos.

Las hembras, al parecer, fueron víctimas accidentales, por la falta de
luz al momento de darse el hecho.

"No conocemos el motivo de esta atrocidad, pero sabemos que existe un
mercado para comercializar productos como los órganos reproductores de
los lobos con fines afrodisíacos", asegura el informe, que corrobora esa
hipótesis con estudios sobre el rastreo genético de 21 miembros
reproductores de animales comercializados en el mundo, de los cuales 14
pertenecen a diferentes especies de Pinnipedos, la de los lobos marinos.

"Estos miembros son comercializados en forma de polvo, disecados, en
cápsulas, mezclados con otras sustancias herbales, en bebidas alcohólicas
(...) Los usos están relacionados con los fetiches, tratamientos para
impotencia sexual, afrodisíacos y amuletos. Los precios de estos
productos varían de acuerdo al producto", recalca el informe científico.
(JT)(Texto tomado de la revista Blanco y Negro)

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