Para la Policía Judicial de Pichincha no existe el sicariato en el Ecuador. “Son delincuentes comunes con un contrato de trabajo”, afirma el jefe de esta entidad, Juan Sosa, para explicar los asesinatos que han ocurrido en Quito y en los cuales los victimarios han sido presuntos sicarios.
Para Sosa un sicario es un profesional, un experto en armas que hace un "trabajo" limpio y no deja huellas; está entrenado para matar y sabe lo que hace.
El uniformado dice que en los últimos casos registrados en la capital, como el asesinato de dos guías penitenciarios, los asesinos se quedaron con el vehículo en el que asistieron al lugar del crimen, no borraron huellas, es decir “no hubo "profesionalismo", y por eso los capturamos”, expresa.


Sosa continúa y relata: “dispararon más de 11 tiros, un sicario da un tiro certero en la cabeza o en el corazón, sitios para eliminar a una persona, incluso puede ser un francotirador”, señala.
Sin embargo, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española califica al sicario como un asesino a sueldo.
Freddy Rivera, sociólogo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), expresa que la presencia de asesinos que reciben un salario es una realidad en el país. “Los pistoleros contratados en Colombia para saldar cuentas en Ecuador están en Lago Agrio”
Rivera dice que el sicariato en el Ecuador es un resultado de las vinculaciones de la delincuencia nacional con redes internacionales, es decir, hay un crimen internacional organizado que tiene contactos en el país.
Desde 1999, en Pichincha y Guayas se cometieron crímenes violentos en los que presuntamente actuaron asesinos a sueldo: la muerte del ex legislador Jaime Hurtado y dos acompañantes, el quíntuple asesinato en el edificio Olympo, la emboscada al dirigente deportivo del Santa Rita Fútbol Club, Joselo Rodríguez, el homicidio del concejal santodomingueño Ramiro Gallo y el de dos guías penitenciarios, entre otros.
Pese a esta realidad, la Policía Judicial (PJ) no tiene estadísticas acerca del sicariato en el Ecuador. “A la Policía no le interesa si son o no sicarios, el momento que hay un rompimiento de la ley, la Policía actúa, solo nos interesa reprender jurídicamente un delito”, asegura el jefe de la PJ de Pichincha.
Fausto Flores, jefe de la Policía Judicial del Guayas, dice que aseverar si hay o no sicarios en el país es muy difícil, ya que hay casos cuyas hipótesis hacen pensar que participaron sicarios.
Sin embargo, las investigaciones de la Policía en esta clase de delitos no son del todo efectivas. Según Lenín Rosero, abogado del MPD, en el asesinato de Jaime Hurtado, la Policía no pudo detener al autor de los disparos, pese a que caminó 200 metros por una calle transitada y con varios potenciales testigos.
Los agentes de la Brigada de Homicidios de la Policía Técnica Judicial del Guayas (PTJ-G), consultados por BLANCO y NEGRO, aseguran estar en desventaja ante los asesinos a sueldo.
"La Policía ecuatoriana es blanda para un sicario, especialmente colombiano; cualquier organización criminal un poco desarrollada tiene más infraestructura, mejores vehículos, armas sofisticadas y comunicaciones", afirman.
Las estadísticas de la Dirección Nacional de la Policía Judicial revelan que en 2002, las provincias con mayor índice de asesinato fueron Guayas (681), Pichincha (382), Los Ríos (222), Sucumbíos (177) Manabí (146) y Esmeraldas (119).
En estas seis provincias, en lo que va del año, se registraron 331 asesinatos, lo que representa un 86,4% del total de homicidios registrados en el país. En estas provincias es en donde se presume existe el sicariato.
En Sucumbíos, los asesinatos causan temor en la población. Así lo asegura el alcalde de Nueva Loja, Máximo Abad, quien afirma que los sicarios actúan como "cazadores" de vidas humanas.
Abad responsabiliza al Plan Colombia del incremento de los crímenes en su ciudad. “Hace dos años, en Lago Agrio, hubo más de 20 muertos en un mes”.
A partir de esos acontecimientos, el número de policías y militares se incrementó en la zona y la sociedad civil se organizó para combatir la delincuencia.
Si bien el jefe de la PJ de Pichincha, Juan Sosa, niega la presencia de sicarios, asegura que la delincuencia ecuatoriana recibe la influencia de los países vecinos, lo considera como un "sánduche", que está en medio del gran problema de violencia en Colombia y los problemas del Perú.
“Lo que sabemos es que el bajo mundo está globalizado, los asesinos operan como avisos clasificados, tienen sus contactos para realizar estos "trabajos"". (ICO)

EL LEGISLADOR FUE VICTIMADO EN 1999

Caso Jaime Hurtado, más de 4 años sin sentencia

El ex diputado del MPD Jaime Hurtado y sus dos acompañantes, Pablo Tapia y Washington Borja, salían del Congreso un Miércoles de Ceniza, el 17 de febrero de 1999, cuando fueron asesinados por presuntos sicarios.
En la calle diagonal a la Corte Suprema de Justicia los esperaba un asesino que disparó con gran certeza, matándolos de contado.
El Gobierno de Jamil Mahuad y la Policía confirmaron que los presuntos asesinos eran dos colombianos: Milanta y Victorino, quienes nunca fueron arrestados y de los que solo se conoció sus retratos hablados. Los uniformados también apresaron a tres ecuatorianos: Washington Aguirre, Cristian Ponce y Sergei Merino. Ellos fueron los únicos detenidos y recluidos en el Penal García Moreno de Quito.
Hasta el momento, el juicio lleva cuatro años y no hay una sentencia. El 24 de julio de 2002, la fiscal Elsa Moreno acusó solo a Washington Aguirre, Cristian Ponce y Sergei Merino. Al momento, los tres están libres. (ICO)

EL HECHO OCURRIO EN ENERO DE 2002
Sicarios en el quíntuple crimen en Quito

Según la Policía, el quíntuple asesinato del Edificio Olympo, ocurrido en el norte de Quito, fue cometido por sicarios.
La madrugada del 18 de enero de 2002 Soraya Jurado, su pareja, Marco Jaramillo; su hija de nueve años, Carla Sierra; su empleada, Delfina Salazar, y el guardia del edificio, Eduardo Armijos, fueron asesinados a tiros. Los disparos fueron certeros: todos en la cabeza.
En febrero de ese año, la Policía arrestó a cinco sospechosos, dos ecuatorianos: Roberto Bastidas y Cléber Gamez, y a tres colombianos: Christian Gallo, Xavier Muñoz y Johan Bohórquez.
El juez octavo de lo Penal de Pichincha, Holguer Villavicencio, los acusó por el asesinato. El 30 de julio el Ministerio Público exculpó a Muñoz y Bohórquez, por falta de pruebas. Mientras tanto, Bastidas, Gallo y Gamez permanecieron detenidos en el ex penal García Moreno, pero un año más tarde los jueces del Tribunal Tercero de lo Penal de Pichincha, los declararon inocentes. (ICO)

EL POLITICO MURIO EL 1º DE MARZO DE 2003
No hay ningún detenido en el caso de Ramiro Gallo

El concejal y ex alcalde de Santo Domingo de los Colorados, Ramiro Gallo Peneida, fue asesinado el 1º de marzo de este año cuando salía de la iglesia evangélica Rosa de Sarón, a la que asistía en esa ciudad.
Según las versiones de los presentes, entre ellos su hija, un sujeto, que llegó al lugar en un taxi, disparó en tres ocasiones en contra del político roldosista.
Según las primeras versiones policiales se habría tratado de un conflicto de tierras.
Antes de su muerte, Gallo denunció que intentaron asesinarlo en dos ocasiones, una de ellas en octubre de 2002.
Al momento no hay ningún detenido por la muerte del político de ese cantón y la única pista que tiene la Policía es un retrato hablado del presunto asesino. Familiares y testigos han declarado desde marzo en la Fiscalía de Santo Domingo, pero no hay ninguna resolución judicial.
Las investigaciones para capturar al sicario continúan. (ICO)

EL CRIMEN OCURRIO EL 12 DE ABRIL
La vida de dos guías penitenciarios costó $3 mil

El último caso de presunto sicariato registrado por la Policía ocurrió el domingo 12 de abril de este año. Iván Echeverría y Wilson Benavides, guías de la cárcel número dos de Quito, fueron asesinados en un restaurante al norte de la ciudad. Ahí también murió Eduardo Zambrano, quien acompañaba a los guías.
Según los testigos, varios hombres se bajaron de un Volkswagen Golf negro y dispararon contra los comensales.
El 3 de mayo, el jefe de la PJ de Pichincha, Juan Sosa, sostuvo que Olimpo Geovanny Cox, Tony Mark Falconí, Ronald Vinicio Rivera Revelo y los hermanos Moisés y Roberto Párraga Chila cometieron el asesinato. Ellos fueron contratados por el presunto narcotraficante Iter Vergara, preso en Quito, para vengar el engaño de Iván Echeverría. El guía habría recibido $2 000 para dejar escapar a Vergara, pero nunca cumplió su palabra. Entonces, el supuesto narcotraficante por $3 000 contrató a los cinco para que realizaran el crimen. Ahora están recluidos en el ex penal García Moreno. (ICO)

Una vida puede costar entre $350 y $3 500

Fernando’ (nombre ficticio) mató a más de 100 personas. Lo hizo por el dinero, por tener buena ropa, para comprarse una moto y comprarle una casa a su familia.
Tiene 22 años, pero parece de 15, sube tranquilo las gradas para una entrevista con BLANCO Y NEGRO, en una cárcel de Quito.
Se sienta en una silla de metal con asiento forrado con cuero negro y relata sus tres años en el sicariato en Colombia.
A los 12 años hacía favores para los miembros de la guerrilla en Puerto Asís, donde nació, en el Departamento de Putumayo, fronterizo con Ecuador. A los 19 ingresó a la escuela de sicariato en ese país.
Durante tres meses aprendió a manejar armas, desde pistolas hasta subametralladoras. También se entrenó para conducir con pericia motos y automóviles. "Los primeros días uno tiene los codos pelados, el pecho raspado, porque uno se entrena como en las tácticas militares, arrastrándose por pequeños caminos... los profesores son personas especializadas, gente que ha trabajado en el Ejército, que sabe de armas".


Mientras narra esto, mantiene su mano derecha siempre hecha puño.
Sin remordimiento alguno, dice que lo que más recuerda de su primer asesinato fue que se manchó una camisa azul nueva que llevaba puesto ese día. “Me habían dicho que cuando uno mata por primera vez no puede comer en 15 días, eso es mentira, a mi no me dio nada”.
La paga que recibió por su ‘primer encargo’ fue de un millón de pesos colombianos, lo que hoy equivale a $350.
Esta cifra varía dependiendo de la víctima: si se trataba de un "duro" él recibía hasta 10 millones de pesos, es decir $3 500.
Antes de un asesinato Fernando recibía un mensaje en su beeper “por favor arrimarse a la oficina”, allí, le entregaban la foto del ‘paciente’ y la dirección de la víctima.
Hay oficinas en Medellín, en las que están alrededor de 10 o 15 jóvenes que trabajan en esto. Allí, la gasolina y las municiones nunca faltan, cuenta.
“Uno por lo regular no se prepara, va decidido, con ventaja, porque ellos no saben que uno los va a matar”.
Su último trabajo lo iba a cumplir en el Ecuador. Fue contratado para matar a una persona en Lago Agrio, en la provincia de Sucumbíos.
En esa ciudad lo arrestaron mientras bebía unas cervezas con dos amigos con los que iba a hacer el trabajo. Una batida policial los detuvo por portar armas sin permiso.
El dice que ahora tiene miedo por sus enemigos colombianos que están en el país, pero su rostro no lo refleja.
Para la gente que trabajaba es igual que yo esté muerto o esté en la cárcel, ya me olvidaron, “es la misma vaina”, dice y sonríe. (ICO)


ANALISIS
Sin Dios ni ley

Aunque la Policía Nacional, ‘técnicamente’, no acepta la existencia del sicariato en el país, pues para la institución “el sicario es un ‘profesional’ que no deja huella de su crimen”, para el común de la gente, este cáncer social está ya presente en el Ecuador.
La Policía sostiene que los múltiples crímenes aquí cometidos, salvo contadas excepciones, son responsabilidad de delincuentes y asesinos comunes y no obra de los asesinos a sueldo (sicarios).
Ese es el criterio de la institución policial; pero para la población, que vive atemorizada por el número de crímenes, tal como muestra el informe de BLANCO y NEGRO, la violencia proviene también del sicariato.
Y es que la Policía tampoco puede asegurar que los sicarios no estén en el país, puesto que la mayoría de los crímenes y asesinatos aquí cometidos, no han sido resueltos por la institución, por lo que mal se puede conocer ‘en nombre’ de quién actuaron los criminales.
Pero, ¿qué lleva a un ser humano a convertirse en un asesino a sueldo? ¿A hacer de la muerte su profesión de vida?
Imposible encontrar una respuesta, puesto que quienes ejercen el sicariato tienen justificaciones que no pueden ser asimiladas por aquellos que hacen del respeto a la vida (a la suya y a la ajena) su norma de conducta. Se diría que tienen otros códigos; imposibles de ser entendidos por la mayoría.
Y es que mientras para la mayoría de seres humanos no es común violentar los códigos morales, principios que diferencian al ser humano de la bestia, solamente por conseguir dinero; un joven de 22 años, que hoy se encuentra detenido, y que revela a BLANCO y NEGRO cómo se inició en ‘su oficio’ de sicario, nos muestra una condición humana difícil incluso de ser comprendida.
Pero el hecho cierto es que, de un tiempo acá, Ecuador está indefenso frente a una suerte de ‘ola’ de criminalidad que se extiende, y la población y hasta la Policía misma viven un estado de indefensión de cara a esta atroz realidad.
Por eso mismo, ‘invitar’ a que los guerrilleros colombianos vengan al país, no solamente que causa conmoción, sino que configura un escenario de miedo colectivo por los efectos que podría acarrear si la ‘oferta’ es aceptada.
Si por 50 años el Estado colombiano no ha podido controlar a estos grupos, dentro de los cuales hay gente que ha hecho de la violencia su forma de vida, ¿cómo podríamos convivir con ellos, si con los crímenes que se cometen actualmente en el país ya hemos perdido la paz? ¿Podríamos compartir con gente cuyos códigos morales son adversos a los de la casi absoluta mayoría de la población ecuatoriana? No, puesto que actúan sin Dios ni Ley. (TFF) (BLANCO Y NEGRO)
EXPLORED
en Ciudad Quito

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