Quito. 06.11.93. Una aguda polémica ha surgido entre el
Legislativo y el Ejecutivo en torno al proyecto de reformas a
la Ley de Hidrocarburos que el Gobierno enviara en días
pasados al Congreso, con el carácter de urgente.
El Plenario de las Comisiones Legislativas seguramente negará
el proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos,
según dijo el presidente encargado de la Comisión de lo
Económico del Congreso Nacional, Ramiro Rivera quien afirmó
que la Comisión recomendará que el proyecto sea negado "por
falta de tiempo" para tratarlo.
Asimismo, el presidente del Congreso Nacional, Samuel
Belletini anunció que no se conformará la Comisión Especial
que se había acordado para pedir al presidente de la República
el retiro del proyecto, puesto que el primer mandatario ha
dicho de antemano que no retirará el proyecto.
Belletini convocó para el día lunes a las 16h00 al Plenario
para que continúe con el tratamiento del proyecto que llegó a
ser leído la noche del jueves.
El conocimiento del proyecto -enviado en vísperas del feriado
pasado- comenzó con ásperas críticas al mecanismo adoptado por
el Ejecutivo. Luego de varias intervenciones, los legisladores
llegaron a un acuerdo y fue el diputado socialcristiano
Ricardo Noboa quien propuso al presidente del Congreso, Samuel
Belletini, que conforme una Comisión Especial para que se
dirija al presidente de la República y le solicite "de la
manera más cordial" que retire el proyecto y que lo vuelva a
enviar con el mismo carácter de urgente pero durante días
hábiles.
El planteamiento de Noboa fue aceptado por Belletini quien
luego del pronunciamiento del Ejecutivo en el sentido de que
no retirará el proyecto, decidió no conformar la Comisión.
Para ser negado el proyecto, es necesario que el Plenario lo
conozca hasta segundo debate.
Rivera anunció ayer que como presidente encargado de la
Comisión de lo Económico, organismo que tiene que elaborar el
informe para primer y segundo debate, sugerirá que "por
limitaciones de tiempo" el proyecto sea negado por la
legislatura.
Sin embargo, Rivera dijo que se apelará a la sensibilidad del
presidente para que retire el proyecto y lo envíe nuevamente.
En el caso de ser negado, el proyecto podrá volver a ser
enviado sin ningún impedimento legal incluso al día siguiente.
CAMBIOS NECESITAN CONSENSO
Los nuevos cambios en la legislación petrolera debe contar con
el consenso de amplios sectores del país, para evitar que la
inestabilidad jurídica en este campo cree desconfianza en los
inversionistas, afirmó el ex-ministro de Energía, Rafael
Almeida, al comentar el recurso de emergencia que ha utilizado
el Gobierno para buscar la aprobación de las reformas a la Ley
de Hidrocarburos.
De su lado, el ex-ministro Fernando Santos Alvite, coautor del
proyecto de reformas, dijo que ellas son indispensables para
estimular la inversión extranjera.
Los dos, abordaron, en entrevista con HOY, cinco de los
aspectos más polémicos de las reformas: contratos de
participación, liberación de precios de los combustibles,
explotación de los campos marginales, participación privada en
la operación del Oleoducto Transecuatoriano y explotación del
gas del Golfo de Guayaquil.
LIBRE IMPORTACION ES LO MAS IMPORTANTE DE LAS REFORMAS
Fernando Santos, ex-ministro de Energía de León Febres
Cordero, es también coautor de las reformas petroleras
enviadas por el actual gobierno al Congreso.
Como tal, conversó con HOY de algunos de los aspectos más
trascendentales del proyecto.
Libre importación de derivados y liberación de precios son dos
de los temas más polémicos de las reformas, ¿cuál es su
opinión?
Es el tema más importante de las reformas, porque viene
aparejado con la desregulación del precio de los combustibles.
Históricamente hemos tenido precios políticos fijados por los
gobiernos que han dado lugar a subsidios. Hay el temor humano
de que al dejar los precios de los combustibles a las fuerzas
del mercado, ellos se disparen hacia arriba. Creo que es
injustificado: en 1981, cuando la cotización del dólar era de
30 sucres, el valor del barril de crudo que se utilizaba para
el consumo interno era de aproximadamente la mitad del precio
internacional. Pero en 1993, la situación es diferente: el
precio del crudo para consumo interno, calculado a los precios
actuales de la gasolina, da un valor superior al del mercado
internacional, de modo que no hay lugar al subsidio.Inclusive
en el mercado internacional se puede conseguir una buena
gasolina por 50 centavos de dólar. La liberalización del
sistema de precios no significará un aumento de estos. Más
bien puede haber una rebaja si se permite la libre
importación, siempre que sea no solo una empresa, sino varias.
Si se les da facilidades a las compañías, éstas podrían
alquilar infraestructura de almacenamiento y distribución de
Petroecuador o construir ellas mismas. Si se permitiera la
libre importación, podríamos tener mejor gasolina que la muy
mala que nos vende Petroecuador.
¿Cuál es la razón para que los denominados campos marginales
queden sujetos al nuevo esquema de reformas?
Los campos marginales son aquellos que producen menos del 2.5%
de la producción global de un país, en nuestro caso, aquellos
que rinden unos ocho mil barriles. En el Ecuador hay algunos
como Bermejo, Víctor Hugo Ruales, Shiripuno. Petroecuador
tiene sus manos llenas con campos grandes como Shushufindi y
Sacha y ha dejado que los pequeños se deterioren, porque
carece de recursos y personal. Países como Venezuela y
Argentina, cuyos gobiernos se han preocupado de la carne y no
del hueso, han dejado estos campos para la iniciativa privada.
Hay compañías especializadas en la explotación de este tipo de
campos, inclusive capitales y técnica nacionales.Si estos
campos se entregan a la inversión privada, ésta se pagaría con
el incremento de la producción.
- Según las reformas, este tipo de campos no estarán sujetos
al sistema regular de contratación petrolera, sino al
mecanismo interno contratación de Petroecuador. ¿Qué razones
hay para ese tratamiento diferenciado?
Los contratos para la explotación de los grandes campos, por
la magnitud de la inversión y lo delicado del proyecto, tienen
que ser muy elaborados y está bien que pasen por el tamiz del
Comité Especial de Licitaciones, que toma algún tiempo. Pero
los pequeños, muy bien pueden ser contratados por
Petroecuador, porque no son complicados. El Comité Especial de
Licitaciones petroleras tomó dos años en decidir uno de los
contratos de la sexta ronda y al final no se decidió por
ninguno.
- ¿Hasta qué punto se garantiza transparencia en esta forma de
contratación?
El sistema de licitación vigente desde 1983 garantiza seriedad
en el escogitamiento de la compañía ganadora. Se dan puntos
por la experiencia , la inversión y el trabajo exploratorio y
de explotación que va a realizar la compañía. Con el uso de
una computadora, medio minuto después de presentada la oferta
se conoce quien es la ganadora. Esto garantiza la
transparencia. Este sistema tiene que aplicarse a los campos
marginales. La nueva modalidad no quita rigor, sino que le da
agilidad a la contratación.
- Las reformas también plantean la posibilidad de
participación privada en la ampliación del oleoducto existente
o en la construcción de uno nuevo. ¿Ello se justifica?
Si. Actualmente se produce 360 mil barriles al día, de los
cuales 330 mil se transportan por el oleoducto
transecuatoriano y por el ramal hacia Colombia. Estamos en el
límite de nuestra capacidad. En el futuro entrará Maxus con 30
o 40 mil barriles, ARCO con otros 30 mil barriles. Para la
séptima ronda, las compañías se van a encontrar con una
capacidad limitada de transporte. Estoy de acuerdo que lo haga
la empresa privada. La licitación de empresas públicas está
llena de escándalos y sobornos. Esto no sucede en la empresa
privada.
- ¿Cuán indispensable es cambiar la modalidad contractual
vigente para exploración y explotación petrolera?
El objetivo principal de la reforma es tener una nueva
modalidad contractual para la séptima ronda. El nuevo modelo
denominado de "producción compartida" es positivo, puesto que
elimina los excesivos controles y trabas del actual. Hay que
sacarlo rápidamente, porque el Ecuador ha perdido
competitividad y a las compañías no les gusta ese esquema. En
1994 nuestros dos vecinos -Colombia y Perú- van a ser muy
activos en atraer inversión extranjera para el área petrolera
con nuevas modalidades contractuales.
- ¿Respecto al gas del Golfo de Guayaquil, también eran
indispensables las reformas?.
El actual contrato de riesgo dice que el contratista solo
puede ser pagado con los hidrocarburos del área que se le
adjudique en contratación. En el Golfo es diferente porque ese
gas no puede ser llevado al mercado internacional, porque su
cantidad es tan pequeña que no se justifica la inversión en
una planta para licuarlo y transportarlo por barco. Ese gas
hay que llevarlo a Guayaquil para que sirva de combustible
para las plantas termoeléctricas, la Cemento Nacional y para
muchas industrias que utilizan combustibles. Entonces, habría
que compensar a la contratista con productos que se originan
en el Oriente. Pero la ley impide pagar al contratista con
derivados procedente de otra región. La reforma permite esta
compensación entre gas y productos del petróleo. No veo la
reforma en parte alguna de la Ley, más bien mantiene la
legislación actual que imposibilita la explotación del gas del
Golfo.
- En el caso del gas del Golfo se habla también del derecho al
desarrollo del mercado por parte de las contratistas ¿Cómo
entender esta situación?.
Permitirles a las compañías un período para que investiguen el
mercado, no es aplicable a esa zona. Esto es más bien se da en
el Oriente y deriva de un caso ocurrido hace unos años en
Perú, en donde la Shell descubrió gas en un lugar inaccesible
de la selva. De acuerdo con la Ley , debía explotarlo
inmediatamente, cosa que no podía hacerlo, razón por la que la
compañía pidió una extensión del período. Pero no se le
concedió y perdió el yacimiento. A partir de ese hecho, se ha
desarrollado el principio de que cuando se encuentre gas en
zonas inaccesibles, se permita un período de gracia de cinco
años para descubrir el mercado. Pero el caso del gas del Golfo
de Guayaquil es diferente: se descubrió hace más de 20 años y
se han hecho decenas de estudios de mercado. Lo único que hay
que hacer es tender un gasoducto que lo conecte con Guayaquil
y en pocos meses podría estar este yacimiento en explotación.
Por lo tanto este período de desarrollo de mercado es
intrascendente para el caso del gas del Golfo de Guayaquil.
PROPUESTA AMBIGUA
El ex-ministro de Energía del gobierno anterior, Rafael
Almeida, ha sido uno de los más fuertes críticos del proyecto
de reformas a la Ley de Hidrocarburos. En conversación con HOY
devela lo que a su juicio son algunos de los entretelones de
esa propuesta del régimen actual.
-Libertad para importar y liberalización de precios en el
mercado, ¿qué efectos tendrá esa reforma en el consumidor?
La reforma tiene dos planteamientos: primero, establece que
Petroecuador por sí misma o mediante contratos con compañías
especializadas almacene y distribuya combustibles en el país.
Segundo, dispone que cualquier persona natural o jurídica
pueda importar combustibles. Lo coherente sería que la
importación la haga Petroecuador o las empresas que presten
los servicios, buscando un equilibrio entre ellas. El sector
privado no debe sustituir a la empresa estatal en esta fase de
la actividad petrolera. El papel de regulación que le
corresponde a Petroecuador es importante y no puede ser
soslayado. Todo esto se vincula con la regulación de precios
en base al mercado. La consecuencia inmediata de esta medida
sería que, dado el vigente esquema de precios, algunos de los
combustibles bajarían al precio real del mercado, mientras que
subiría el del gas. En todo caso, la liberalización de precios
es más bien una reforma para liberar al ministro de Energía de
su responsabilidad de fijar los precios de los combustibles,
dejandoló al mercado. Pero hay otras interrogantes: no se dice
si las importaciones se harán con aranceles o sin ellos. Si se
lo hace exonerado de impuestos, serán más baratos que los que
se procesan en el país y, en esas condiciones, lo que habrá
que hacerles es cerrar las refinerías del país, en lugar de
ampliarlas.
-¿Qué ventajas encierra la propuesta de aplicar el nuevo
modelo contractual de participación a los campos marginales?
La propuesta es ambigua y puede dar pie para que campos como
Sacha y Shushufundi se entreguen al sector privado, bajo el
criterio de que necesitan de técnicas de recuperación mejorada
para mantener la producción, no obstante que son los de mayor
productividad y los más rentables para Petroecuador, Ishpingo
y Tambococha, recientes descubrimientos que aportan alrededor
de 500 millones de nuevas reservas, también podrían ser
explotados por el sector privado, si se aplican las
disposiciones de las reformas. No existe referente técnico ni
económico que permita determinar con certeza el concepto de
campo marginal. Por lo tanto, ese concepto tiene que estar
claramente determinado en la Ley, no puede dejarse a simple
disposición de un reglamento que estaría por dictarse. Pero
nada de esto se dice en el proyecto, lo cual es equivocado,
porque aquí se juega la recuperación de recursos económicos
incalculables que se estarían entregando a un sector privado
que va a tener el control real de la producción.
-¿Qué problemas encierra permitir a la empresa privada entrar
en la ampliación del Oleoducto Transecuatoriano?
Las reformas a la ley abren la posibilidad de la inversión
privada en la ampliación del oleoducto y se establece que
Petroecuador pagará una tarifa a los operadores de los
oleoductos. Con esas dos disposiciones, en realidad lo que se
hace es abrir la posibilidad de traspasar la operación del
oleoducto al sector privado. La operación de esa línea está en
manos de Petroecuador desde hace algo más de 2 años. En este
lapso no ha habido una sola paralización imputable a
Petroecuador, así como tampoco ausencia de carga en el
Terminal Petrolero en Esmeraldas, por causas que sean de
responsabilidad de la Armada Ecuatoriana. Entonces, si no ha
habido deficiencia, ¿cuáles son las razones para quitar el
manejo de este monopolio de manos del Estado para traspasarlo
al sector privado?. Económica y técnicamente no existen
justificativos. (3A)
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