Para que el Ejecutivo pueda enviar al Congreso como urgente la posible reforma tributaria debe esperar que se tramite la reforma a la Ley de Hidrocarburos, también calificada así. Si la remite por vía ordinaria, debe esperar 20 días para que los diputados analicen la propuesta.
El Gobierno remite hoy al Congreso Nacional el proyecto mediante el cual se plantea el incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12% al 13% como mecanismo para financiar la unificación de las pensiones jubilares.
El texto del proyecto fue discutido ayer en la sesión que el presidente de la República, coronel Lucio Gutiérrez, mantuvo con su gabinete ministerial, hasta pasadas las 20h30.
En el documento, el Gobierno plantea que los recursos que se obtengan por el incremento del IVA sean transferidos desde el Ministerio de Economía hacia el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), organismo que determinará el número de afiliados que se beneficiarán con el incremento de pensiones.
La base será una pensión mínima de $ 136, lo que quiere decir que el Ejecutivo propone que solo se beneficien con el aumento los jubilados que actualmente reciben pensiones por debajo de esa cantidad.
El monto de la recaudación del 1% adicional podría llegar a los $ 140 millones, explicó la directora del Servicio de Rentas Internas (SRI), Elsa de Mena, quien también participó en la reunión con el Mandatario.
La funcionaria expresó su criterio de que el incremento del IVA no significará una solución definitiva al problema de las pensiones jubilares.
Postura de los bloques
En tanto, los bloques legislativos que integran el Congreso anunciaron ayer por la mañana su rechazo a la medida.
El presidente de la legislatura, Guillermo Landázuri (ID), aseguró que no cree que en el Parlamento haya condiciones políticas para aprobar un incremento de ese impuesto.
El ex mandatario y actual diputado socialcristiano León Febres-Cordero dijo que el PSC no apoyará un incremento en el costo de vida de los ecuatorianos.
Explicó que fue su partido el que tumbó un aumento del IVA, del 14 al 12%, el 10 de agosto del 2001, luego que el PSC presentara un reclamo por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
Al Gobierno le costaría 80 millones de dólares al año financiar las pensiones jubilares aprobadas por el Congreso, y el Ministro de Economía está hablando del 1% de incremento al IVA, que representa 150 millones de dólares, para comerse seguramente los 70, dijo Febres-Cordero.
El ex mandatario se reunió con su bloque legislativo en su casa, ubicada en Urdesa.
Como una alternativa, LFC recordó su propuesta de renegociar la deuda externa para no pagar intereses del 12% cuando los intereses internacionales son del 2 y 3%.
Los diputados del Partido Renovador Institucional Acción Nacional (Prian), Vicente Taiano y Sylka Sánchez, también manifestaron su rechazo al incremento del IVA.
Sánchez afirmó que los legisladores del Prian se reúnen hoy con su líder, Álvaro Noboa, para definir una posición oficial.
Alejandro Cepeda, de Sociedad Patriótica, dijo que desconocía de la intención del régimen y que espera mantener una reunión con las autoridades del Ejecutivo para emitir un pronunciamiento.
El socialdemócrata Andrés Páez señaló que mediante la propuesta de incrementar el IVA , el ministro de Economía, Mauricio Yépez, trata de omitir el cumplimiento de sus obligaciones, como integrar un fondo con los excedentes petroleros para mejorar las pensiones de los jubilados.
Recomendó al Gobierno cobrar la mora patronal, arreglar los bonos de la AGD y mejorar la calidad del gasto público.
Los roldosistas tampoco están dispuestos a apoyar un incremento de impuestos, señalaron Mario Touma y Marco Proaño Maya, quienes dijeron que existen formas para buscar los recursos sin afectar a los ecuatorianos.
Touma señaló que es difícil que el Gobierno encuentre votos en el Congreso para más impuestos, tomando en cuenta que todos los partidos están en campaña electoral, por lo que propuso aumentar el Impuesto a Consumos Especiales para cigarrillos y licores.
Proaño, en cambio, dijo que por procedimiento el Ejecutivo no puede enviar una reforma urgente para incrementar fondos al IESS, porque debe esperar que se evacúe la reforma a la Ley de Hidrocarburos, y, conceptualmente, no puede señalar que con un punto más del IVA se subsidiarán las pensiones, cuando el Congreso aprobó un derecho permanente para los jubilados.
El movimiento Pachakutik también se opondrá al incremento, afirmó el diputado Jorge Guamán, tras recomendar al Mandatario que remita una ley para bajar el porcentaje que destina el Estado para el pago de la deuda externa.
Proyectos pendientes
REFORMA A LEY DE HIDROCARBUROS
El proyecto económico urgente que busca la participación conjunta de Petroecuador y el sector privado en la explotación de campos petroleros, se encuentra en la Comisión legislativa de lo Económico para la elaboración del informe para segundo debate. El tema no consta en la agenda legislativa. Pero alrededor del proyecto existe oposición de la centroizquierda para aprobar el documento, por lo que el PRE condiciona su apoyo. Los que lo respaldan son el PSC y SP, cuyos votos son insuficientes para que la reforma sea aprobada.
FONDOS DE RESERVA
La reforma se encuentra en la Comisión de Gestión Pública para que se elabore el informe para segundo y definitivo debate. El proyecto pretende regular para que los afiliados al IESS puedan solicitar la devolución de los fondos de reserva cada tres años y hasta el 70% del monto ahorrado, y el 30% de esos fondos servirá para capitalizar su cuenta individual. Los diputados miembros de la comisión han solicitado la presencia de los directivos del IESS para que presenten los informes técnicos sobre los efectos económicos que tendría la entidad en la devolución de los fondos de reserva, pero no han acudido a la convocatoria.
REFORMAS A LEY DE ELECCIONES
El proyecto está listo para segundo debate y consta en la agenda legislativa de la sesión extraordinaria de mañana, pero no existe acuerdo para poder aprobar que el método Webster modificado reemplace a la fórmula DHondt, para la asignación de escaños electorales. El trámite de la reforma se suspendió hace dos semanas en vista de que los grupos de minoría (MPD, SP, PSE, PK, IND y la DP) no están de acuerdo con la fórmula recomendada por la Comisión de lo Civil y Penal. El PSC y la ID respaldan el proyecto, mientras que el PRE condicionó su apoyo a cambio de la reorganización de los tribunales electorales.
LEY DE CONTROL DE GASTO ELECTORAL
El informe para segundo debate está listo desde hace una semana, pero recién este miércoles se incluye, en la sesión extraordinaria de la tarde, el trámite en el pleno del Congreso. No existe el respaldo suficiente para aprobar el proyecto, pues el PSC, PRE y Prian ponen reparos a los porcentajes que se incluyen como montos máximos de gasto. El proyecto contiene una disposición transitoria que obliga al TSE a acoger los nuevos montos que dispone la ley para el proceso electoral de octubre próximo. Este miércoles se conocerá si el documento es tramitado o no antes de la vacancia legislativa.
REFORMA LEY MUNICIPAL
La ley de Régimen Municipal está en trámite en el Congreso Nacional desde hace ocho meses.
El debate lento que ha tenido el proyecto se debe a lo escabroso que ha sido, para los diputados, la fijación de las reglas de juego respecto de los nuevos parámetros que deben observar los municipios en el cobro de los impuestos prediales urbanos y rurales.
Hasta el momento han aprobado 53 de los 66 artículos y 6 disposiciones transitorias que contiene el proyecto de ley. En la agenda legislativa de este martes y miércoles se incluye la continuación del segundo debate de la ley de Régimen Municipal.
El veto total a la ley de pensiones jubilares tendrá efectos futuros
Si el presidente de la República, coronel Lucio Gutiérrez, veta totalmente el proyecto de ley de pensiones jubilares mínimas, el Congreso Nacional no podrá volver a tratar el mismo proyecto dentro de un año, según lo establece el tercer inciso del artículo 153 de la Constitución Política.
Puntualmente, dispone que si el Presidente de la República objetare totalmente el proyecto, el Parlamento podrá volver a considerarlo solamente después de un año, contado a partir de la fecha de la objeción.
Transcurrido este plazo, el Congreso podrá ratificarlo en un solo debate, con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros (67 diputados), y lo enviará inmediatamente al Registro Oficial para su promulgación.
El plazo para que el Jefe de Estado se pronuncie respecto de la ley de pensiones jubilares vence el 10 de julio próximo. En la ley se fijan 135,62 dólares para las pensiones mínimas que deberán percibir los jubilados del país.
Elecciones complican aprobación de proyecto, según tres analistas
Tres analistas (dos políticos y uno económico) consultados por este Diario señalaron que el gobierno del coronel Lucio Gutiérrez no conseguirá respaldo del Congreso para aprobar el incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12% al 13%, con el cual pretende financiar el alza de las pensiones de los jubilados.
Ningún diputado o partido político querrá ser responsable de esa medida. A más de las consideraciones económicas (es una medida inflacionaria, aumenta el riesgo país), pesa el hecho de que este es un año electoral y pueden recibir un voto de castigo, señala el decano de la Facultad de Economía de la Universidad Espíritu Santo (UEES), Fidel Márquez.
El ex ministro de Gobierno, Vladimiro Álvarez, dice que la aprobación de dichas medidas resulta más difícil por la cercanía de las elecciones, a menos que los diputados tomen sus decisiones en razón del interés nacional.
Álvarez agrega que en distintos regímenes, el planteamiento de una elevación de los impuestos siempre obtiene una reacción negativa del Congreso; depende de la capacidad de persuasión del Gobierno. El problema es que el IVA afecta a toda la población porque cada vez que se compran y venden productos (salvo los que tienen excepciones) los ciudadanos tienen que pagarlo.
El decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica de Guayaquil, Iván Castro, comenta que la propuesta no tendrá acogida no solo porque es un año electoral sino porque los impuestos que tiene el pueblo ecuatoriano son suficientes y excesivos; yo creo que hay otras maneras más responsables de financiar un incremento como el que los jubilados piden: el cobro de deudores de la banca o la reducción del servicio de la deuda.
Baca: Solidaridad con los jubilados debe reflejarse en hechos
El Gobierno se decidió por el incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12% al 13% como la primera alternativa para financiar el incremento de las pensiones jubilares, ratificó ayer el secretario particular de la Presidencia de la República, Carlos Pólit. Él aseguró ayer en la mañana que el proyecto legal respectivo será enviado en las próximas horas al Congreso.
Para definir el alcance económico, político y social de este planteamiento, el presidente, coronel Lucio Gutiérrez, se reunió con su gabinete ministerial pasadas las 16h00.
Hasta las 18h00, los ministros seguían reunidos con el Mandatario para definir los textos del veto total a la ley que, aprobada por el Congreso, fijó en 135,62 dólares la pensión mínima para los jubilados, y del proyecto que planteará el alza del IVA.
El ministro de Gobierno, Raúl Baca, defendió la decisión del Gobierno y descartó que el Ejecutivo vaya a incrementar el precio de los combustibles si el Congreso no aprueba el aumento del IVA.
Pregunta: ¿En qué justifica el Gobierno la decisión de vetar totalmente el incremento de pensiones jubilares aprobado por el Congreso?
Respuesta: Es inconstitucional porque no identifica los recursos necesarios para financiar el incremento de las pensiones. De tal manera que si es ilegal, el veto total debe ser necesariamente la respuesta.
P: ¿A más del veto cuál es la propuesta para los jubilados?
R: El problema de la injusticia en las pensiones que reciben los jubilados obliga a que hagamos todos los esfuerzos necesarios. Se necesitan soluciones técnicas para financiar de forma permanente el incremento de las pensiones. Lo más probable es el incremento del IVA; otra cosa sería el aumento de los aportes que deben pagar el patrono y el afiliado al Seguro Social.
P: ¿Qué asegura que el Congreso apoye el alza del IVA, a tres meses de elecciones?
R: Es una responsabilidad del Congreso porque si desde ahí se planteó la necesidad de aumentar las pensiones, entonces desde ahí deben ayudarnos a encontrar una fórmula. Vamos a hacer los contactos necesarios con los bloques porque también es necesario difundir la inconveniencia de una posible devolución de los fondos de reserva.
P: ¿Qué pasa si el Congreso dice no, el Gobierno considerará el alza en los precios de los combustibles?
R: No se considera eso como adecuado puesto que ese tipo de medidas tiene un efecto multiplicador en la economía, que resulta absolutamente gravoso.
P: ¿Incrementar el IVA es generar un conflicto entre jubilados y ciudadanía?
R: Un aumento de pensiones a los jubilados representa una acción solidaria. La manifestación de solidaridad del pueblo con los jubilados ha sido clara en los últimos días y debe manifestarse con hechos.
P: Mientras en el Congreso se tramita el tema, ¿cuál es la estrategia con los jubilados?
R: Hay que conversar con ellos, estoy dispuesto a buscar un acercamiento, el proyecto del IVA va a ser enviado por la vía ordinaria porque las reformas a la Ley de Hidrocarburos ya se enviaron al Congreso con el carácter de urgente.
Temor por posible alza del IVA del 12% al 13%
Aunque el ministro de Economía, Mauricio Yépez, asegura que el incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12% al 13%, que plantea el Gobierno para financiar el alza de las pensiones jubilares, no se traduciría en un aumento de la inflación, analistas y empresarios advierten que el mayor efecto podría sentirse por causa de la especulación.
Esa reforma, que deberá ser aprobada o negada por el Congreso, equivale a un ingreso adicional de 150 millones de dólares al fisco, según los cálculos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
El ex director del Instituto de Estadística y Censos (Inec), Germán Rojas, considera que el aumento de un punto en el IVA encarecerá, de manera casi imperceptible, a la mayoría de los (197) productos y servicios que contiene la canasta familiar básica.
El problema real es el impacto psicológico y especulativo, aunque no creo que haya una escalada de precios, indicó.
El presidente de la Cámara de Industriales de Pichincha, Roberto Peña Durini, teme que bajen las ventas. La ministra de Comercio Exterior, Ivonne Baki, está alineada con el sector privado: en caso de que se concrete una elevación del IVA, estudiará formas de compensación; por ejemplo, dice, la reducción del Impuesto a la Renta.
María José Troya, representante de la Tribuna de Defensa del Consumidor, deja el tema en manos del mercado. Las decisiones de los consumidores (de no adquirir uno u otro producto o servicio) serán determinantes, señala.
El Frente Popular, por su lado, prepara movilizaciones y los jubilados realizarán una marcha nacional en Quito.
La modificación del IVA no solo afecta a los consumidores, sino a la percepción de la economía del propio Gobierno ante los organismos multilaterales que son los que proporcionan préstamos para el país.
Combustibles
La posibilidad de que un incremento de este impuesto, del 12% al 13%, tenga un efecto sobre el precio de los combustibles dependerá de la modificación del decreto ejecutivo 557.
Dicho decreto, publicado en el Registro Oficial a inicios del año anterior, congeló el precio de los combustibles en terminal, con un impuesto del 12%.
El Gobierno adoptó este mecanismo para reducir los costos de las planillas eléctricas; las empresas de generación térmica, que en temporada de sequía abastecen al 60% del consumo nacional de electricidad, utilizan diésel.
Actualmente, el costo de cada galón de gasolina (súper y extra), diésel, jet fuel, fuel que se adquiere a las distribuidoras (gasolineras) ya incluye el IVA. En la factura, se desglosa el precio y el impuesto.
La distribuidora, que vende ese combustible, también pagó el impuesto a las comercializadoras (Texaco, Móbil y otras), quienes a su vez cancelaron el impuesto a Petroecuador.
Ciudadanía está molesta por efectos de medida
La ciudadanía expresó ayer su malestar al escuchar la propuesta del Gobierno de aumentar un punto al IVA al 13% para financiar el alza de las pensiones jubilares a $ 135,62.
La comerciante Martha Vázquez, de 34 años, gana 300 dólares y solo en el supermercado gasta 100 dólares al mes para comprar productos que tienen marcado este impuesto, como leche en tarro, jabones y aceite. Carlos Izurieta, de 62 años, invierte su sueldo de $ 200 en comida y en el pago de impuestos.
Trabajo solo para dar dinero al Gobierno, ente que debe resolver el problema de los jubilados, pero sin ahorcar al pueblo, dijo.
Martha Mosquera, estilista y Rosa Salinas, comerciante, no justifican tampoco el alza. La primera gasta a la semana $ 50 dólares en la comida y la segunda, $ 70.
El Gobierno remite hoy al Congreso Nacional el proyecto mediante el cual se plantea el incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12% al 13% como mecanismo para financiar la unificación de las pensiones jubilares.
El texto del proyecto fue discutido ayer en la sesión que el presidente de la República, coronel Lucio Gutiérrez, mantuvo con su gabinete ministerial, hasta pasadas las 20h30.
En el documento, el Gobierno plantea que los recursos que se obtengan por el incremento del IVA sean transferidos desde el Ministerio de Economía hacia el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), organismo que determinará el número de afiliados que se beneficiarán con el incremento de pensiones.
La base será una pensión mínima de $ 136, lo que quiere decir que el Ejecutivo propone que solo se beneficien con el aumento los jubilados que actualmente reciben pensiones por debajo de esa cantidad.
El monto de la recaudación del 1% adicional podría llegar a los $ 140 millones, explicó la directora del Servicio de Rentas Internas (SRI), Elsa de Mena, quien también participó en la reunión con el Mandatario.
La funcionaria expresó su criterio de que el incremento del IVA no significará una solución definitiva al problema de las pensiones jubilares.
Postura de los bloques
En tanto, los bloques legislativos que integran el Congreso anunciaron ayer por la mañana su rechazo a la medida.
El presidente de la legislatura, Guillermo Landázuri (ID), aseguró que no cree que en el Parlamento haya condiciones políticas para aprobar un incremento de ese impuesto.
El ex mandatario y actual diputado socialcristiano León Febres-Cordero dijo que el PSC no apoyará un incremento en el costo de vida de los ecuatorianos.
Explicó que fue su partido el que tumbó un aumento del IVA, del 14 al 12%, el 10 de agosto del 2001, luego que el PSC presentara un reclamo por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
Al Gobierno le costaría 80 millones de dólares al año financiar las pensiones jubilares aprobadas por el Congreso, y el Ministro de Economía está hablando del 1% de incremento al IVA, que representa 150 millones de dólares, para comerse seguramente los 70, dijo Febres-Cordero.
El ex mandatario se reunió con su bloque legislativo en su casa, ubicada en Urdesa.
Como una alternativa, LFC recordó su propuesta de renegociar la deuda externa para no pagar intereses del 12% cuando los intereses internacionales son del 2 y 3%.
Los diputados del Partido Renovador Institucional Acción Nacional (Prian), Vicente Taiano y Sylka Sánchez, también manifestaron su rechazo al incremento del IVA.
Sánchez afirmó que los legisladores del Prian se reúnen hoy con su líder, Álvaro Noboa, para definir una posición oficial.
Alejandro Cepeda, de Sociedad Patriótica, dijo que desconocía de la intención del régimen y que espera mantener una reunión con las autoridades del Ejecutivo para emitir un pronunciamiento.
El socialdemócrata Andrés Páez señaló que mediante la propuesta de incrementar el IVA , el ministro de Economía, Mauricio Yépez, trata de omitir el cumplimiento de sus obligaciones, como integrar un fondo con los excedentes petroleros para mejorar las pensiones de los jubilados.
Recomendó al Gobierno cobrar la mora patronal, arreglar los bonos de la AGD y mejorar la calidad del gasto público.
Los roldosistas tampoco están dispuestos a apoyar un incremento de impuestos, señalaron Mario Touma y Marco Proaño Maya, quienes dijeron que existen formas para buscar los recursos sin afectar a los ecuatorianos.
Touma señaló que es difícil que el Gobierno encuentre votos en el Congreso para más impuestos, tomando en cuenta que todos los partidos están en campaña electoral, por lo que propuso aumentar el Impuesto a Consumos Especiales para cigarrillos y licores.
Proaño, en cambio, dijo que por procedimiento el Ejecutivo no puede enviar una reforma urgente para incrementar fondos al IESS, porque debe esperar que se evacúe la reforma a la Ley de Hidrocarburos, y, conceptualmente, no puede señalar que con un punto más del IVA se subsidiarán las pensiones, cuando el Congreso aprobó un derecho permanente para los jubilados.
El movimiento Pachakutik también se opondrá al incremento, afirmó el diputado Jorge Guamán, tras recomendar al Mandatario que remita una ley para bajar el porcentaje que destina el Estado para el pago de la deuda externa.
Proyectos pendientes
REFORMA A LEY DE HIDROCARBUROS
El proyecto económico urgente que busca la participación conjunta de Petroecuador y el sector privado en la explotación de campos petroleros, se encuentra en la Comisión legislativa de lo Económico para la elaboración del informe para segundo debate. El tema no consta en la agenda legislativa. Pero alrededor del proyecto existe oposición de la centroizquierda para aprobar el documento, por lo que el PRE condiciona su apoyo. Los que lo respaldan son el PSC y SP, cuyos votos son insuficientes para que la reforma sea aprobada.
FONDOS DE RESERVA
La reforma se encuentra en la Comisión de Gestión Pública para que se elabore el informe para segundo y definitivo debate. El proyecto pretende regular para que los afiliados al IESS puedan solicitar la devolución de los fondos de reserva cada tres años y hasta el 70% del monto ahorrado, y el 30% de esos fondos servirá para capitalizar su cuenta individual. Los diputados miembros de la comisión han solicitado la presencia de los directivos del IESS para que presenten los informes técnicos sobre los efectos económicos que tendría la entidad en la devolución de los fondos de reserva, pero no han acudido a la convocatoria.
REFORMAS A LEY DE ELECCIONES
El proyecto está listo para segundo debate y consta en la agenda legislativa de la sesión extraordinaria de mañana, pero no existe acuerdo para poder aprobar que el método Webster modificado reemplace a la fórmula DHondt, para la asignación de escaños electorales. El trámite de la reforma se suspendió hace dos semanas en vista de que los grupos de minoría (MPD, SP, PSE, PK, IND y la DP) no están de acuerdo con la fórmula recomendada por la Comisión de lo Civil y Penal. El PSC y la ID respaldan el proyecto, mientras que el PRE condicionó su apoyo a cambio de la reorganización de los tribunales electorales.
LEY DE CONTROL DE GASTO ELECTORAL
El informe para segundo debate está listo desde hace una semana, pero recién este miércoles se incluye, en la sesión extraordinaria de la tarde, el trámite en el pleno del Congreso. No existe el respaldo suficiente para aprobar el proyecto, pues el PSC, PRE y Prian ponen reparos a los porcentajes que se incluyen como montos máximos de gasto. El proyecto contiene una disposición transitoria que obliga al TSE a acoger los nuevos montos que dispone la ley para el proceso electoral de octubre próximo. Este miércoles se conocerá si el documento es tramitado o no antes de la vacancia legislativa.
REFORMA LEY MUNICIPAL
La ley de Régimen Municipal está en trámite en el Congreso Nacional desde hace ocho meses.
El debate lento que ha tenido el proyecto se debe a lo escabroso que ha sido, para los diputados, la fijación de las reglas de juego respecto de los nuevos parámetros que deben observar los municipios en el cobro de los impuestos prediales urbanos y rurales.
Hasta el momento han aprobado 53 de los 66 artículos y 6 disposiciones transitorias que contiene el proyecto de ley. En la agenda legislativa de este martes y miércoles se incluye la continuación del segundo debate de la ley de Régimen Municipal.
El veto total a la ley de pensiones jubilares tendrá efectos futuros
Si el presidente de la República, coronel Lucio Gutiérrez, veta totalmente el proyecto de ley de pensiones jubilares mínimas, el Congreso Nacional no podrá volver a tratar el mismo proyecto dentro de un año, según lo establece el tercer inciso del artículo 153 de la Constitución Política.
Puntualmente, dispone que si el Presidente de la República objetare totalmente el proyecto, el Parlamento podrá volver a considerarlo solamente después de un año, contado a partir de la fecha de la objeción.
Transcurrido este plazo, el Congreso podrá ratificarlo en un solo debate, con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros (67 diputados), y lo enviará inmediatamente al Registro Oficial para su promulgación.
El plazo para que el Jefe de Estado se pronuncie respecto de la ley de pensiones jubilares vence el 10 de julio próximo. En la ley se fijan 135,62 dólares para las pensiones mínimas que deberán percibir los jubilados del país.
Elecciones complican aprobación de proyecto, según tres analistas
Tres analistas (dos políticos y uno económico) consultados por este Diario señalaron que el gobierno del coronel Lucio Gutiérrez no conseguirá respaldo del Congreso para aprobar el incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12% al 13%, con el cual pretende financiar el alza de las pensiones de los jubilados.
Ningún diputado o partido político querrá ser responsable de esa medida. A más de las consideraciones económicas (es una medida inflacionaria, aumenta el riesgo país), pesa el hecho de que este es un año electoral y pueden recibir un voto de castigo, señala el decano de la Facultad de Economía de la Universidad Espíritu Santo (UEES), Fidel Márquez.
El ex ministro de Gobierno, Vladimiro Álvarez, dice que la aprobación de dichas medidas resulta más difícil por la cercanía de las elecciones, a menos que los diputados tomen sus decisiones en razón del interés nacional.
Álvarez agrega que en distintos regímenes, el planteamiento de una elevación de los impuestos siempre obtiene una reacción negativa del Congreso; depende de la capacidad de persuasión del Gobierno. El problema es que el IVA afecta a toda la población porque cada vez que se compran y venden productos (salvo los que tienen excepciones) los ciudadanos tienen que pagarlo.
El decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica de Guayaquil, Iván Castro, comenta que la propuesta no tendrá acogida no solo porque es un año electoral sino porque los impuestos que tiene el pueblo ecuatoriano son suficientes y excesivos; yo creo que hay otras maneras más responsables de financiar un incremento como el que los jubilados piden: el cobro de deudores de la banca o la reducción del servicio de la deuda.
Baca: Solidaridad con los jubilados debe reflejarse en hechos
El Gobierno se decidió por el incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12% al 13% como la primera alternativa para financiar el incremento de las pensiones jubilares, ratificó ayer el secretario particular de la Presidencia de la República, Carlos Pólit. Él aseguró ayer en la mañana que el proyecto legal respectivo será enviado en las próximas horas al Congreso.
Para definir el alcance económico, político y social de este planteamiento, el presidente, coronel Lucio Gutiérrez, se reunió con su gabinete ministerial pasadas las 16h00.
Hasta las 18h00, los ministros seguían reunidos con el Mandatario para definir los textos del veto total a la ley que, aprobada por el Congreso, fijó en 135,62 dólares la pensión mínima para los jubilados, y del proyecto que planteará el alza del IVA.
El ministro de Gobierno, Raúl Baca, defendió la decisión del Gobierno y descartó que el Ejecutivo vaya a incrementar el precio de los combustibles si el Congreso no aprueba el aumento del IVA.
Pregunta: ¿En qué justifica el Gobierno la decisión de vetar totalmente el incremento de pensiones jubilares aprobado por el Congreso?
Respuesta: Es inconstitucional porque no identifica los recursos necesarios para financiar el incremento de las pensiones. De tal manera que si es ilegal, el veto total debe ser necesariamente la respuesta.
P: ¿A más del veto cuál es la propuesta para los jubilados?
R: El problema de la injusticia en las pensiones que reciben los jubilados obliga a que hagamos todos los esfuerzos necesarios. Se necesitan soluciones técnicas para financiar de forma permanente el incremento de las pensiones. Lo más probable es el incremento del IVA; otra cosa sería el aumento de los aportes que deben pagar el patrono y el afiliado al Seguro Social.
P: ¿Qué asegura que el Congreso apoye el alza del IVA, a tres meses de elecciones?
R: Es una responsabilidad del Congreso porque si desde ahí se planteó la necesidad de aumentar las pensiones, entonces desde ahí deben ayudarnos a encontrar una fórmula. Vamos a hacer los contactos necesarios con los bloques porque también es necesario difundir la inconveniencia de una posible devolución de los fondos de reserva.
P: ¿Qué pasa si el Congreso dice no, el Gobierno considerará el alza en los precios de los combustibles?
R: No se considera eso como adecuado puesto que ese tipo de medidas tiene un efecto multiplicador en la economía, que resulta absolutamente gravoso.
P: ¿Incrementar el IVA es generar un conflicto entre jubilados y ciudadanía?
R: Un aumento de pensiones a los jubilados representa una acción solidaria. La manifestación de solidaridad del pueblo con los jubilados ha sido clara en los últimos días y debe manifestarse con hechos.
P: Mientras en el Congreso se tramita el tema, ¿cuál es la estrategia con los jubilados?
R: Hay que conversar con ellos, estoy dispuesto a buscar un acercamiento, el proyecto del IVA va a ser enviado por la vía ordinaria porque las reformas a la Ley de Hidrocarburos ya se enviaron al Congreso con el carácter de urgente.
Temor por posible alza del IVA del 12% al 13%
Aunque el ministro de Economía, Mauricio Yépez, asegura que el incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12% al 13%, que plantea el Gobierno para financiar el alza de las pensiones jubilares, no se traduciría en un aumento de la inflación, analistas y empresarios advierten que el mayor efecto podría sentirse por causa de la especulación.
Esa reforma, que deberá ser aprobada o negada por el Congreso, equivale a un ingreso adicional de 150 millones de dólares al fisco, según los cálculos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
El ex director del Instituto de Estadística y Censos (Inec), Germán Rojas, considera que el aumento de un punto en el IVA encarecerá, de manera casi imperceptible, a la mayoría de los (197) productos y servicios que contiene la canasta familiar básica.
El problema real es el impacto psicológico y especulativo, aunque no creo que haya una escalada de precios, indicó.
El presidente de la Cámara de Industriales de Pichincha, Roberto Peña Durini, teme que bajen las ventas. La ministra de Comercio Exterior, Ivonne Baki, está alineada con el sector privado: en caso de que se concrete una elevación del IVA, estudiará formas de compensación; por ejemplo, dice, la reducción del Impuesto a la Renta.
María José Troya, representante de la Tribuna de Defensa del Consumidor, deja el tema en manos del mercado. Las decisiones de los consumidores (de no adquirir uno u otro producto o servicio) serán determinantes, señala.
El Frente Popular, por su lado, prepara movilizaciones y los jubilados realizarán una marcha nacional en Quito.
La modificación del IVA no solo afecta a los consumidores, sino a la percepción de la economía del propio Gobierno ante los organismos multilaterales que son los que proporcionan préstamos para el país.
Combustibles
La posibilidad de que un incremento de este impuesto, del 12% al 13%, tenga un efecto sobre el precio de los combustibles dependerá de la modificación del decreto ejecutivo 557.
Dicho decreto, publicado en el Registro Oficial a inicios del año anterior, congeló el precio de los combustibles en terminal, con un impuesto del 12%.
El Gobierno adoptó este mecanismo para reducir los costos de las planillas eléctricas; las empresas de generación térmica, que en temporada de sequía abastecen al 60% del consumo nacional de electricidad, utilizan diésel.
Actualmente, el costo de cada galón de gasolina (súper y extra), diésel, jet fuel, fuel que se adquiere a las distribuidoras (gasolineras) ya incluye el IVA. En la factura, se desglosa el precio y el impuesto.
La distribuidora, que vende ese combustible, también pagó el impuesto a las comercializadoras (Texaco, Móbil y otras), quienes a su vez cancelaron el impuesto a Petroecuador.
Ciudadanía está molesta por efectos de medida
La ciudadanía expresó ayer su malestar al escuchar la propuesta del Gobierno de aumentar un punto al IVA al 13% para financiar el alza de las pensiones jubilares a $ 135,62.
La comerciante Martha Vázquez, de 34 años, gana 300 dólares y solo en el supermercado gasta 100 dólares al mes para comprar productos que tienen marcado este impuesto, como leche en tarro, jabones y aceite. Carlos Izurieta, de 62 años, invierte su sueldo de $ 200 en comida y en el pago de impuestos.
Trabajo solo para dar dinero al Gobierno, ente que debe resolver el problema de los jubilados, pero sin ahorcar al pueblo, dijo.
Martha Mosquera, estilista y Rosa Salinas, comerciante, no justifican tampoco el alza. La primera gasta a la semana $ 50 dólares en la comida y la segunda, $ 70.
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