Quito. 06. jun 96. Corrían los días de mayo de 1985 cuando Jaime
Toral Zalamea era el hombre más buscado por la justicia
ecuatoriana, se le acusaba de haber asesinado a Germán Zambrano
Santana, diputado alterno del Partido Roldosista Ecuatoriano. Un
viernes 17 de ese mes, fue capturado por el entonces alcalde de
Guayaquil Abdalá Bucaram y recluido en la Penitenciaría del
Litoral donde permaneció durante seis años.
Cuando en 1991 obtuvo su libertad definitiva, decidió ejercer su
profesión de abogado y desde su oficina en el piso 21 del edificio
El Fórum poco a poco empezó a despachar trámites judiciales que se
transformaban en casos ganados. Unos dicen que mediante chantaje y
violencia, pero Toral aseguró a Vistazo que siempre se ha apegado
al Derecho.
Simultáneamente, se formó la confraternidad que lleva su nombre
que según él, en los actuales momentos cuenta con más de 800
abogados inscritos, dos de ellos cayeron abatidos en un
enfrentamiento con la Policía el pasado 14 de abril, fecha que
resulta el preludio de un nuevo escándalo en el que Toral vuelve
a ser noticia.
A las 08h30 del 23 de mayo pasado, cuando Toral salía de su casa
en la ciudadela Albatros, atrás del Hotel Colón, los comandos del
Grupo de Intervención y Rescate (GIR), realizando un operativo de
requisa de armas, encontraron un poderoso arsenal repartido en dos
vehículos de su propiedad y a 13 hombres que lo acompañaban. "El
Comandante Duro", como lo llaman sus seguidores fue detenido y
junto al grupo que iba con él fueron llevados hasta los calabozos
del Cuartel Modelo.
"Chicago puede dormir en paz", dijeron algunos guayaquileños,
parodiando a Toral con el gángster Al Capone que en la década de
los treinta, sembró el terror y la corrupción en esa ciudad de los
Estados Unidos.
La comparación puede parecer lejana, pero al decir de los voceros
policiales, "la inseguridad que vive el país y particularmente
Guayaquil se debe a la presencia de esta clase de grupos armados
que han sembrado la alarma y el terror en la ciudadanía".
ENTRE ARMAS Y DERECHO
Durante los cuatro últimos años, los servicios de Toral han sido
contratados por muchas personas, ricos y pobres, que sabiendo que
contaba con una poderosa fuerza de choque, estaban seguros que
iban a obtener resultados. Así se habrían recuperado deudas casi
impagables y acelerado juicios dilatados.
Sobre esta faceta, el presidente del Colegio de Abogados, doctor
Gastón Alarcón Elizalde manifiesta: "A Toral todo el mundo lo
contrata, pero nadie se identifica con él".
Entre muchos de los casos que se atendían en su oficina, sobresale
un trabajo solicitado por el ingeniero Miguel Sorroza, propietario
de terrenos ubicados junto a la invasión El Fortín, adyacentes a
la vía Perimetral de Guayaquil.
El domingo 14 de abril del presente año, tres abogados del bufete
de Jaime Toral Zalamea, se enfrentaron a bala contra moradores del
Fortín. Ante la presencia de heridos de esa comunidad, miembros del
Grupo de Intervención y Rescate fueron llamados para que controlen
la situación y en esas circunstancias se enfrentaron contra los
abogados Hugo Peralta Jaramillo, César Pino Palomino y Sergio Toral
Erazo, entre otros, muriendo en el combate los abogados Peralta y
Pino.
Sergio Toral Erazo, en entrevista exclusiva a Vistazo narró con
lujo de detalles como salvó su vida en medio de las balas
disparadas por los policías y pudo identificar a quienes
asesinaron a sus compañeros. "Vi al coronel Euclides Mantilla",
enfatizó.
TORAL vs POLICIA
Ante ese golpe que Jaime Toral lo habría sentido como una seria
advertencia, de parte de la Policía, decidió representar
legalmente a Jenny Pino Palomino, hermana de uno de los abogados
muertos, y presentó una acusación particular en el Cuarto Distrito
de la Policía Nacional en contra del general Edmundo Egas
comandante del Cuarto Distrito y del coronel Euclides Mantilla,
jefe del GIR, a quienes acusó de ser responsables de la muerte de
los abogados.
Más de un mes llevaba el caso en manos de los jueces policiales
hasta que el jueves 23 de mayo, fue detenido y trasladado hasta
el Cuartel Modelo de la Policía, en momentos en que miembros de
la Prensa se encontraban cubriendo un acto de graduación de nuevos
policías.
Al ser consultado por los periodistas, Toral aseguró que su
captura se debía a retaliaciones por haber enjuiciado a dos
miembros de la Policía.
Esa misma tarde fue trasladado hasta el Municipio para una
audiencia de Hábeas Corpus. El alcalde León Febres-Cordero estudió
el caso y tras cuatro días, decidió que la petición de libertad no
procedía, por existir una orden de prisión legalizada por el juez
primero de lo Penal, abogado Ángel Rubio Game.
Entre tanto, la comandancia de la Segunda Zona Militar con asiento
en Guayaquil, emitió un comunicado oficial, negando la validez de
los permisos para las armas incautadas. "En el momento en que esos
permisos son usados para formar una fuerza de choque, los permisos
ya no son válidos", explicó a Vistazo el general Carlos Mendoza
Poveda, máxima autoridad militar local.
En relación con el hecho de que era conocido por la Policía y el
Ejército que Toral poseía armas y no actuaron antes, el general
Mendoza explicó que no se lo hizo "porque no se había dado un acto
contrario a la Ley y se requería de un seguimiento que seguramente
la Policía lo ha hecho".
Tras seis días de reclusión en el Cuartel Modelo en una celda de
alta seguridad, Jaime Toral fue trasladado a la clínica Guayaquil
para recibir atención médica, pues convalecía de una operación
quirúrgica al momento de su captura. El juez ha manifestado que en
un plazo de una o dos semanas los médicos legistas de la Policía
determinarán cuando puede ser trasladado hasta la Penitenciaría
del Litoral, donde actualmente permanecen sus acompañantes Sergio
Toral Erazo, Carlos Humberto López Olaya, Carlos Norberto Briones
Burgos, Álex Alcides Mosquera Alvarado, Guillermo Antonio Uribe
Paredes, Wilber Francisco Ramírez Villalva y Jacinto Eusebio
Villacís Icaza. Seis de los detenidos en el operativo fueron
liberados por orden del juez.
De tres a seis años de prisión
Mientras niños de la escuela Mélida Zalamea de Toral ubicada en Las
Malvinas, son movilizados a las dependencias judiciales y
policiales para que exijan la libertad del fundador de su
asentamiento popular ubicado al sur de la ciudad, padres de
familia permanecen frente al edificio El Fórum esperando el
momento que su "Comandante Duro" sea liberado.
Mientras tanto, para defender legalmente a Jaime Toral Zalamea y
sus acompañantes, en el juzgado Primero de lo Penal existen
escritos de por lo menos ocho abogados. Sin embargo, el doctor
Alfonso Zambrano Pasquel estudia la posibilidad de tomar la
defensa en forma oficial.
Por su parte, el jurista sostiene que de acuerdo a la Ley, por
tenencia ilícita de armas, se contempla una sanción de tres a
seis años de reclusión, sin que exista posibilidad de fianza o
garantía.
Al analizar el caso indica que el grupo de personas no fue detenido
en un enfrentamiento armado con terceros y la pesquisa se ha
dirigido al origen, permisos y propiedad de las armas.
Explica que al haberse iniciado un autocabeza de proceso, la
prisión preventiva es revocable en el momento que desaparecen los
indicios que le permitieron al juez, dictarla. "La otra posibilidad
que cabe es que toda persona que se considere ilegalmente privada
de la libertad puede acudir -en este caso- ante el presidente de
la Corte Superior de Guayaquil con un recurso de amparo de libertad
o de queja".
Frente a este caso, el directorio del Colegio de Abogados del
Guayas que agremia a 8.300 profesionales del derecho, dispuso que
las comisiones de Derechos Humanos y de Defensa Profesional de la
institución se encarguen de estar atentos del proceso que se sigue
contra Toral. (FUENTE: REVISTA VISTAZO N. 691, PP. 88-90)
Toral Zalamea era el hombre más buscado por la justicia
ecuatoriana, se le acusaba de haber asesinado a Germán Zambrano
Santana, diputado alterno del Partido Roldosista Ecuatoriano. Un
viernes 17 de ese mes, fue capturado por el entonces alcalde de
Guayaquil Abdalá Bucaram y recluido en la Penitenciaría del
Litoral donde permaneció durante seis años.
Cuando en 1991 obtuvo su libertad definitiva, decidió ejercer su
profesión de abogado y desde su oficina en el piso 21 del edificio
El Fórum poco a poco empezó a despachar trámites judiciales que se
transformaban en casos ganados. Unos dicen que mediante chantaje y
violencia, pero Toral aseguró a Vistazo que siempre se ha apegado
al Derecho.
Simultáneamente, se formó la confraternidad que lleva su nombre
que según él, en los actuales momentos cuenta con más de 800
abogados inscritos, dos de ellos cayeron abatidos en un
enfrentamiento con la Policía el pasado 14 de abril, fecha que
resulta el preludio de un nuevo escándalo en el que Toral vuelve
a ser noticia.
A las 08h30 del 23 de mayo pasado, cuando Toral salía de su casa
en la ciudadela Albatros, atrás del Hotel Colón, los comandos del
Grupo de Intervención y Rescate (GIR), realizando un operativo de
requisa de armas, encontraron un poderoso arsenal repartido en dos
vehículos de su propiedad y a 13 hombres que lo acompañaban. "El
Comandante Duro", como lo llaman sus seguidores fue detenido y
junto al grupo que iba con él fueron llevados hasta los calabozos
del Cuartel Modelo.
"Chicago puede dormir en paz", dijeron algunos guayaquileños,
parodiando a Toral con el gángster Al Capone que en la década de
los treinta, sembró el terror y la corrupción en esa ciudad de los
Estados Unidos.
La comparación puede parecer lejana, pero al decir de los voceros
policiales, "la inseguridad que vive el país y particularmente
Guayaquil se debe a la presencia de esta clase de grupos armados
que han sembrado la alarma y el terror en la ciudadanía".
ENTRE ARMAS Y DERECHO
Durante los cuatro últimos años, los servicios de Toral han sido
contratados por muchas personas, ricos y pobres, que sabiendo que
contaba con una poderosa fuerza de choque, estaban seguros que
iban a obtener resultados. Así se habrían recuperado deudas casi
impagables y acelerado juicios dilatados.
Sobre esta faceta, el presidente del Colegio de Abogados, doctor
Gastón Alarcón Elizalde manifiesta: "A Toral todo el mundo lo
contrata, pero nadie se identifica con él".
Entre muchos de los casos que se atendían en su oficina, sobresale
un trabajo solicitado por el ingeniero Miguel Sorroza, propietario
de terrenos ubicados junto a la invasión El Fortín, adyacentes a
la vía Perimetral de Guayaquil.
El domingo 14 de abril del presente año, tres abogados del bufete
de Jaime Toral Zalamea, se enfrentaron a bala contra moradores del
Fortín. Ante la presencia de heridos de esa comunidad, miembros del
Grupo de Intervención y Rescate fueron llamados para que controlen
la situación y en esas circunstancias se enfrentaron contra los
abogados Hugo Peralta Jaramillo, César Pino Palomino y Sergio Toral
Erazo, entre otros, muriendo en el combate los abogados Peralta y
Pino.
Sergio Toral Erazo, en entrevista exclusiva a Vistazo narró con
lujo de detalles como salvó su vida en medio de las balas
disparadas por los policías y pudo identificar a quienes
asesinaron a sus compañeros. "Vi al coronel Euclides Mantilla",
enfatizó.
TORAL vs POLICIA
Ante ese golpe que Jaime Toral lo habría sentido como una seria
advertencia, de parte de la Policía, decidió representar
legalmente a Jenny Pino Palomino, hermana de uno de los abogados
muertos, y presentó una acusación particular en el Cuarto Distrito
de la Policía Nacional en contra del general Edmundo Egas
comandante del Cuarto Distrito y del coronel Euclides Mantilla,
jefe del GIR, a quienes acusó de ser responsables de la muerte de
los abogados.
Más de un mes llevaba el caso en manos de los jueces policiales
hasta que el jueves 23 de mayo, fue detenido y trasladado hasta
el Cuartel Modelo de la Policía, en momentos en que miembros de
la Prensa se encontraban cubriendo un acto de graduación de nuevos
policías.
Al ser consultado por los periodistas, Toral aseguró que su
captura se debía a retaliaciones por haber enjuiciado a dos
miembros de la Policía.
Esa misma tarde fue trasladado hasta el Municipio para una
audiencia de Hábeas Corpus. El alcalde León Febres-Cordero estudió
el caso y tras cuatro días, decidió que la petición de libertad no
procedía, por existir una orden de prisión legalizada por el juez
primero de lo Penal, abogado Ángel Rubio Game.
Entre tanto, la comandancia de la Segunda Zona Militar con asiento
en Guayaquil, emitió un comunicado oficial, negando la validez de
los permisos para las armas incautadas. "En el momento en que esos
permisos son usados para formar una fuerza de choque, los permisos
ya no son válidos", explicó a Vistazo el general Carlos Mendoza
Poveda, máxima autoridad militar local.
En relación con el hecho de que era conocido por la Policía y el
Ejército que Toral poseía armas y no actuaron antes, el general
Mendoza explicó que no se lo hizo "porque no se había dado un acto
contrario a la Ley y se requería de un seguimiento que seguramente
la Policía lo ha hecho".
Tras seis días de reclusión en el Cuartel Modelo en una celda de
alta seguridad, Jaime Toral fue trasladado a la clínica Guayaquil
para recibir atención médica, pues convalecía de una operación
quirúrgica al momento de su captura. El juez ha manifestado que en
un plazo de una o dos semanas los médicos legistas de la Policía
determinarán cuando puede ser trasladado hasta la Penitenciaría
del Litoral, donde actualmente permanecen sus acompañantes Sergio
Toral Erazo, Carlos Humberto López Olaya, Carlos Norberto Briones
Burgos, Álex Alcides Mosquera Alvarado, Guillermo Antonio Uribe
Paredes, Wilber Francisco Ramírez Villalva y Jacinto Eusebio
Villacís Icaza. Seis de los detenidos en el operativo fueron
liberados por orden del juez.
De tres a seis años de prisión
Mientras niños de la escuela Mélida Zalamea de Toral ubicada en Las
Malvinas, son movilizados a las dependencias judiciales y
policiales para que exijan la libertad del fundador de su
asentamiento popular ubicado al sur de la ciudad, padres de
familia permanecen frente al edificio El Fórum esperando el
momento que su "Comandante Duro" sea liberado.
Mientras tanto, para defender legalmente a Jaime Toral Zalamea y
sus acompañantes, en el juzgado Primero de lo Penal existen
escritos de por lo menos ocho abogados. Sin embargo, el doctor
Alfonso Zambrano Pasquel estudia la posibilidad de tomar la
defensa en forma oficial.
Por su parte, el jurista sostiene que de acuerdo a la Ley, por
tenencia ilícita de armas, se contempla una sanción de tres a
seis años de reclusión, sin que exista posibilidad de fianza o
garantía.
Al analizar el caso indica que el grupo de personas no fue detenido
en un enfrentamiento armado con terceros y la pesquisa se ha
dirigido al origen, permisos y propiedad de las armas.
Explica que al haberse iniciado un autocabeza de proceso, la
prisión preventiva es revocable en el momento que desaparecen los
indicios que le permitieron al juez, dictarla. "La otra posibilidad
que cabe es que toda persona que se considere ilegalmente privada
de la libertad puede acudir -en este caso- ante el presidente de
la Corte Superior de Guayaquil con un recurso de amparo de libertad
o de queja".
Frente a este caso, el directorio del Colegio de Abogados del
Guayas que agremia a 8.300 profesionales del derecho, dispuso que
las comisiones de Derechos Humanos y de Defensa Profesional de la
institución se encarguen de estar atentos del proceso que se sigue
contra Toral. (FUENTE: REVISTA VISTAZO N. 691, PP. 88-90)
Más en el