Guayaquil. 13 dic 99. El largo machete en su mano derecha se
levanta cada vez que José Almeida, de 62 años, pone fuerza a sus
palabras. El enojo le llena el rostro cuando ata cabos para
tratar de identificar al asesino del mayor de sus hijos.
La figura de este típico agricultor arrocero de Salitre, con su
sombrero desteñido de paja, pantalones al tobillo, camisa
arremangada y con sus pies descalzos, se estremece de dolor
cuando conversa que William era muy joven para morir: tenía 25
años.
La noche del 26 de septiembre pasado, durante una fiesta por el
día de las Mercedes, murió junto a Francisco Quinto Pilaló, de
22 años, y Eugenio Vera Solórzano, de 39, en un confuso hecho a
la salida de la cantina en la parroquia Briceño, a dos kilómetros
de la cabecera de Salitre, en el Guayas.
Desde ese día, en el recinto La Judith, el luto se lo ponen los
domingos para recordar a sus muertos. Aquí, el caballo es el
medio de transporte más común por sus vías lastradas.
A José Almeida le pasó lo mismo que al padre de Francisco Quinto,
quien camina más de 500 metros para llegar hasta la entrada de
la hacienda y contar que todavía no termina de pagar los dos
millones de sucres que le costó enterrar a su hijo y más de 500
mil para los continuos viajes hasta Daule.
En ese cantón funciona el único juzgado penal que tiene
jurisdicción desde los cantones de Nobol hasta Palestina, y desde
Salitre hasta Samborondón. Alrededor de 530 mil habitantes.
"Hay un juicio pero no hay como ir hasta allá. Fíjese que se citó
a los dueños de la fiesta para que declaren, pero hay que fletar
un carro para llevarlos. Además, para un abogado hay que tener
plata...". El padre de Francisco Quinto, que lleva el mismo
nombre, dice que el dinero de la venta del arroz ni siquiera le
alcanza para terminar de pagar las deudas.
El día de los asesinatos, la comisaria de Policía de Salitre,
Nely Suárez, hizo el levantamiento de los cadáveres y envió el
expediente al juzgado de Daule, el décimo sexto de lo Penal del
Guayas. "Desde 1994 se quitó la competencia a los comisarios.
Solo podemos hacer el levantamiento e iniciar el protocolo de la
autopsia, juzgar contravenciones y casos de violencia doméstica",
dice resignada la comisaria que trabaja en una oficina reducida,
donde solo hay un escritorio.
El juzgado de Daule, hasta octubre, recibió 2 200 denuncias, de
ellas el 60 por ciento corresponde a delitos contra las personas:
intentos u homicidios, heridas/lesiones por agresiones,
violaciones y secuestros. Solo en el fin de semana del 30 de
octubre al 1 de noviembre llegaron expedientes por seis
asesinatos.
El secretario del juzgado, Víctor García, dice que por semana se
inician 266 procesos penales, pero la mayoría solo se queda en
el auto inicial.
Las familias de los afectados abandonan las causas porque
necesitan hacer una acusación particular y contratar los
servicios de un abogado.
El jefe de la policía en Daule, Edgar Merlo, sostiene que en
muchos asesinatos la familia no quiere colaborar por temor o
desconfianza. Por eso, muchas investigaciones solicitadas por el
juez no se cumplen. "No hay denuncias de familiares o ellos
buscan otras formas de justicia como la venganza...". Añade que
la excitativa fiscal no existe en la zona rural, es raro que el
juez inicie un proceso de oficio.
En la Secretaría del Juzgado de Daule todas las estanterías están
llenas de grandes rumas de juicios y el espacio es más estrecho
entre las 10 y las 12 horas cuando se recepta la mayoría de
denuncias.
En el cantón Milagro funcionan dos juzgados penales; en El
Empalme uno, en La Libertad otro y uno en Naranjal. En total son
seis juzgados penales en toda la zona rural de Guayas (26
cantones sin contar a Guayaquil y Durán) frente a 12 juzgados
civiles. Hay también tres juzgados de tránsito en Santa Elena,
Daule y Milagro. En este último, también funciona uno de trabajo.
El secretario del juzgado de Daule reclama la creación de otros
juzgados para atender toda la demanda de la zona. Pero además,
para que la población sienta que la administración de justicia
está más cerca.
Esta distancia con la justicia es explicable para el sociólogo
Carlos Tutivén, porque en el campo hay un bajo nivel escolar y
las venganzas por las tierras y disputas son ancestrales, como
los duelos a muerte. "Existen prácticas sociales no muy modernas,
pero el orden jurídico actual ha subliminado estos hechos. ¿La
gente del campo está preparada para reconocer a la ley? No, y si
lo ha hecho, ha regresado a sus leyes por la falta de atención
a sus demandas".
Faltan 200 policías
El Servicio Rural de Guayas, que tiene la jefatura en Milagro,
tiene 420 policías, 8 oficiales y dos jefes para atender 26
cantones.
Para el control, la Policía Nacional divide el área rural, en
tres zonas: Daule (Nobol, Palestina, Balzar, Colimes, Pedro
Carbo, Santa Lucía, Lomas de Sargentillo, Samborondón, El
Empalme); Milagro Salitre, (Naranjal, Naranjito, El Triunfo,
Bucay, Marcelino Maridueña, Yaguachi, Simón Bolívar); La Libertad
(Santa Elena, Salinas, Playas).
El jefe del servicio rural, Jorge Villafuerte, dice que cuentan
con un diagnóstico de cada una de las zonas. Por eso se conoce
que la característica en el sector de Daule son los asesinatos
por disputas de tierras y abigeatos. En Milagro, los asaltos a
buses y vehículos particulares y en La Libertad, los robos de
camarón.
Pero para contrarrestar su acción faltan recursos. Según el jefe
policial, se necesitarían al menos 200 policías más para ampliar
el control en la zona.
Los enfrentamientos
Cuando el jefe del servicio rural, Jorge Villafuerte, evalúa la
relación policía-sociedad, enumera tres hechos de este año: el
asesinato del cabo Jimmy Grueso en San Carlos, cantón Marcelino
Maridueña mientras realizaba un control en un prostíbulo. En
Santa Elena, el asesinato del policía Jorge Vergara cuando 5
delincuentes intentaban asaltar un bus. Y la muerte de una
persona y un policía herido durante la elección de la reina de
Salitre. En este mismo cantón, hace un año, el populacho quemó
y destrozó el retén policial porque buscaba vengar la muerte de
un joven. Por ello, ocho personas fueron sentenciadas por
agresión terrorista, destrucción de bienes inmuebles e incendio
del destacamento. Pero la Policía no solo es víctima, dice
monseñor Helmut Nagorziansky, vicario de Daule. También actúa
descarnadamente, como cuando hizo una redada en la iglesia
durante la misa de cuerpo presente de un joven, que murió en un
enfrentamiento con uniformados. (Texto tomado de El Comercio)
levanta cada vez que José Almeida, de 62 años, pone fuerza a sus
palabras. El enojo le llena el rostro cuando ata cabos para
tratar de identificar al asesino del mayor de sus hijos.
La figura de este típico agricultor arrocero de Salitre, con su
sombrero desteñido de paja, pantalones al tobillo, camisa
arremangada y con sus pies descalzos, se estremece de dolor
cuando conversa que William era muy joven para morir: tenía 25
años.
La noche del 26 de septiembre pasado, durante una fiesta por el
día de las Mercedes, murió junto a Francisco Quinto Pilaló, de
22 años, y Eugenio Vera Solórzano, de 39, en un confuso hecho a
la salida de la cantina en la parroquia Briceño, a dos kilómetros
de la cabecera de Salitre, en el Guayas.
Desde ese día, en el recinto La Judith, el luto se lo ponen los
domingos para recordar a sus muertos. Aquí, el caballo es el
medio de transporte más común por sus vías lastradas.
A José Almeida le pasó lo mismo que al padre de Francisco Quinto,
quien camina más de 500 metros para llegar hasta la entrada de
la hacienda y contar que todavía no termina de pagar los dos
millones de sucres que le costó enterrar a su hijo y más de 500
mil para los continuos viajes hasta Daule.
En ese cantón funciona el único juzgado penal que tiene
jurisdicción desde los cantones de Nobol hasta Palestina, y desde
Salitre hasta Samborondón. Alrededor de 530 mil habitantes.
"Hay un juicio pero no hay como ir hasta allá. Fíjese que se citó
a los dueños de la fiesta para que declaren, pero hay que fletar
un carro para llevarlos. Además, para un abogado hay que tener
plata...". El padre de Francisco Quinto, que lleva el mismo
nombre, dice que el dinero de la venta del arroz ni siquiera le
alcanza para terminar de pagar las deudas.
El día de los asesinatos, la comisaria de Policía de Salitre,
Nely Suárez, hizo el levantamiento de los cadáveres y envió el
expediente al juzgado de Daule, el décimo sexto de lo Penal del
Guayas. "Desde 1994 se quitó la competencia a los comisarios.
Solo podemos hacer el levantamiento e iniciar el protocolo de la
autopsia, juzgar contravenciones y casos de violencia doméstica",
dice resignada la comisaria que trabaja en una oficina reducida,
donde solo hay un escritorio.
El juzgado de Daule, hasta octubre, recibió 2 200 denuncias, de
ellas el 60 por ciento corresponde a delitos contra las personas:
intentos u homicidios, heridas/lesiones por agresiones,
violaciones y secuestros. Solo en el fin de semana del 30 de
octubre al 1 de noviembre llegaron expedientes por seis
asesinatos.
El secretario del juzgado, Víctor García, dice que por semana se
inician 266 procesos penales, pero la mayoría solo se queda en
el auto inicial.
Las familias de los afectados abandonan las causas porque
necesitan hacer una acusación particular y contratar los
servicios de un abogado.
El jefe de la policía en Daule, Edgar Merlo, sostiene que en
muchos asesinatos la familia no quiere colaborar por temor o
desconfianza. Por eso, muchas investigaciones solicitadas por el
juez no se cumplen. "No hay denuncias de familiares o ellos
buscan otras formas de justicia como la venganza...". Añade que
la excitativa fiscal no existe en la zona rural, es raro que el
juez inicie un proceso de oficio.
En la Secretaría del Juzgado de Daule todas las estanterías están
llenas de grandes rumas de juicios y el espacio es más estrecho
entre las 10 y las 12 horas cuando se recepta la mayoría de
denuncias.
En el cantón Milagro funcionan dos juzgados penales; en El
Empalme uno, en La Libertad otro y uno en Naranjal. En total son
seis juzgados penales en toda la zona rural de Guayas (26
cantones sin contar a Guayaquil y Durán) frente a 12 juzgados
civiles. Hay también tres juzgados de tránsito en Santa Elena,
Daule y Milagro. En este último, también funciona uno de trabajo.
El secretario del juzgado de Daule reclama la creación de otros
juzgados para atender toda la demanda de la zona. Pero además,
para que la población sienta que la administración de justicia
está más cerca.
Esta distancia con la justicia es explicable para el sociólogo
Carlos Tutivén, porque en el campo hay un bajo nivel escolar y
las venganzas por las tierras y disputas son ancestrales, como
los duelos a muerte. "Existen prácticas sociales no muy modernas,
pero el orden jurídico actual ha subliminado estos hechos. ¿La
gente del campo está preparada para reconocer a la ley? No, y si
lo ha hecho, ha regresado a sus leyes por la falta de atención
a sus demandas".
Faltan 200 policías
El Servicio Rural de Guayas, que tiene la jefatura en Milagro,
tiene 420 policías, 8 oficiales y dos jefes para atender 26
cantones.
Para el control, la Policía Nacional divide el área rural, en
tres zonas: Daule (Nobol, Palestina, Balzar, Colimes, Pedro
Carbo, Santa Lucía, Lomas de Sargentillo, Samborondón, El
Empalme); Milagro Salitre, (Naranjal, Naranjito, El Triunfo,
Bucay, Marcelino Maridueña, Yaguachi, Simón Bolívar); La Libertad
(Santa Elena, Salinas, Playas).
El jefe del servicio rural, Jorge Villafuerte, dice que cuentan
con un diagnóstico de cada una de las zonas. Por eso se conoce
que la característica en el sector de Daule son los asesinatos
por disputas de tierras y abigeatos. En Milagro, los asaltos a
buses y vehículos particulares y en La Libertad, los robos de
camarón.
Pero para contrarrestar su acción faltan recursos. Según el jefe
policial, se necesitarían al menos 200 policías más para ampliar
el control en la zona.
Los enfrentamientos
Cuando el jefe del servicio rural, Jorge Villafuerte, evalúa la
relación policía-sociedad, enumera tres hechos de este año: el
asesinato del cabo Jimmy Grueso en San Carlos, cantón Marcelino
Maridueña mientras realizaba un control en un prostíbulo. En
Santa Elena, el asesinato del policía Jorge Vergara cuando 5
delincuentes intentaban asaltar un bus. Y la muerte de una
persona y un policía herido durante la elección de la reina de
Salitre. En este mismo cantón, hace un año, el populacho quemó
y destrozó el retén policial porque buscaba vengar la muerte de
un joven. Por ello, ocho personas fueron sentenciadas por
agresión terrorista, destrucción de bienes inmuebles e incendio
del destacamento. Pero la Policía no solo es víctima, dice
monseñor Helmut Nagorziansky, vicario de Daule. También actúa
descarnadamente, como cuando hizo una redada en la iglesia
durante la misa de cuerpo presente de un joven, que murió en un
enfrentamiento con uniformados. (Texto tomado de El Comercio)
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