Quito. 07 dic 99. El ex presidente del Banco del Progreso,
Fernando Aspiazu, remueve un viejo escándalo: la compra de armas
a Argentina durante la Guerra del Cenepa. Su objetivo: el
ministro de Defensa José Gallardo.
Tras una primera denuncia sobre el uso arbitrario que se habría
dado a una donación de tres millones de dólares hecha a la
campaña presidencial de la Democracia Popular, el ex presidente
del Banco del Progreso efectúa una nueva acusación, esta vez
contra el ministro de Defensa, general retirado José Gallardo y
el actual diputado y líder de la bancada de la Izquierda
Democrática, general retirado Paco Moncayo.
LAS ARMAS
El jefe del Comando Conjunto, general Víctor Manuel Bayas García
-que no ha sido mencionado en la denuncia de Aspiazu- dijo en
febrero de 1995, en plena guerra, que necesitaba ocho mil fusiles
FAL y 10 millones de proyectiles para los reservistas que estaban
entrenándose en diferentes cuarteles. La Honorable Junta de
Defensa Nacional le asignó a él la responsabilidad de la
selección del proveedor. Hubo solo dos proveedores que se
arriesgaron a enfrentarse al bloqueo de venta de armas a Perú y
Ecuador, impuesto por Estados Unidos. Uno, cuyo nombre Bayas no
recuerda, no convenía por el tiempo de entrega y el precio. El
otro, doctor César Bolívar Torres Herbozo, ofreció hacerlo en
pocas horas y más barato.
Bayas pasó la documentación a la Honorable Junta de Defensa
Nacional integrada por el presidente de la República (Sixto
Durán-Ballén); ministros, de Defensa (José Gallardo,
representante legal), (Modesto Correa) Finanzas; (Galo Leoro)
Relaciones Exteriores; presidente de la Corte Suprema de Justicia
(Miguel Macías); contralor (Juan Carlos Faidutti); gerente del
Banco Central (Augusto de la Torre); delegado de la Junta
Consultiva de Relaciones Exteriores, jefe del Comando Conjunto
(Víctor Manuel Bayas); comandantes generales de fuerza, un
representante de la Iglesia y otro del Congreso Nacional (Heinz
Moeller).
Gallardo firmó el contrato con Torres, el 10 de febrero de 1995,
por 7.310.000 dólares, para pago al contado.
De dónde traía el armamento era responsabilidad del vendedor que
presentó como garante a su socio en la empresa Prodefensa,
Roberto Sassen van Elsloo. Los fusiles FAL, con el escudo del
país de origen borrado, empezaron a llegar a Guayaquil en vuelos
nocturnos y de inmediato se distribuyó a los reservistas.
Inteligencia peruana descubrió que ese armamento era de
Argentina, país garante del Protocolo de Río de Janeiro, filtró
el dato al diario La República, de Lima, que publicó la nota el
26 de febrero y frustró el último envío. Llegaron a Ecuador solo
4.998 fusiles FAL y 1.625.600 cartuchos.
Se hizo eco el diario El Clarín, de Buenos Aires que el seis de
marzo publicó una nota de Daniel Santoro con la que ganó el
Premio Rey de España y fue la base para el libro Venta de Armas,
Hombres del Gobierno, publicado en 1998. Aspiazu usa ese libro
para su actual denuncia. No se entiende por qué calló en enero
de 1999 cuando en el diario El Telégrafo, de Guayaquil, de su
propiedad se publicó una reseña de este libro.
El libro hace tres precisiones: los fusiles eran viejos y estaban
avaluados en 10 dólares cada uno. Ecuador pagó 600 dólares. Pese
a eso, según el libro, no se rescindió el contrato, no se cobró
las garantías ni se inició juicio alguno. "Según algunas fuentes,
esto se debería también a que los militares ecuatorianos se
quedaron con coimas y ahora no quieren que se investigue qué pasó
con la plata que pagó el Estado ecuatoriano, más afectado que el
argentino por la corrupción". Sin embargo, en la sospecha de
corrupción también incluye a los argentinos: "Prodefensa afirmó
que pagó por adelantado y al contado 4.990.096 dólares por el
total de las armas y las municiones, sin contar 800.000 dólares
por gastos de transporte y otros. Si Prodefensa cobró, por lo
menos, un 10 por ciento de comisión, quiere decir que las Fuerzas
Armadas Ecuatorianas pagaron aproximadamente cinco millones y
medio de dólares por las armas argentinas. Por lo tanto, si se
considera que la DGMF (Fabricaciones Militares de las Fuerzas
Armadas Argentinas) iba a facturar el cargamento completo en casi
dos millones de dólares, se concluye que en esta cadena el precio
original aumentó casi el triple".
Todos los oficiales consultados por Vistazo rechazan la
insinuación de coimas, pero es un punto muy delicado que Fuerzas
Armadas tiene que aclarar porque el libro habla de una diferencia
de 1.810.000 dólares entre lo que pagó el Estado ecuatoriano y
el monto del contrato suscrito por el ministro de Defensa
(7.310.00 menos 5.500.000).
Para Paco Moncayo, este libro "es ficción". Para Sassen es un
libro "bien documentado", aunque no está de acuerdo con la
acusación de coimas, como tampoco lo están Gallardo y Bayas, que
coinciden con algunos datos anotados en ese texto.
El libro también habla de "emisarios del Comando Conjunto de las
Fuerzas Armadas Ecuatorianas" a quienes los militares argentinos
del negocio "les pusieron el revólver en la boca", les "echaron
a patadas" o "les tiró tres golpes de puño" porque se dieron
cuenta y reclamaron por la mala calidad de las armas. Identifican
a uno de ellos como el general retirado Marco Villa Jaramillo.
Preguntados los militares dicen que nunca hubo un representante
de Fuerzas Armadas porque la responsabilidad de la entrega de las
armas era exclusiva del vendedor. Este oficial Villa estaba
relacionado con la empresa vendedora, Prodefensa.
Gallardo y Bayas dicen haber conocido de ciertas fallas técnicas,
pero en ningún caso tan extremas como para que los tiros salieran
por la culata y provocaran accidentes, como sucede cuando un arma
está totalmente deteriorada, ni para que se avaluaran en apenas
10 dólares. Santoro tampoco está muy convencido de la vetustez
de este armamento. No es muy claro, pero insinúa que los
militares argentinos dieron de baja a este armamento para
devaluarlo (a 10 dólares) y exportarlo como armas inservibles
pero a un precio casi de mercado. Por ese entonces, dice Sassen,
uno de esos fusiles costaba en el mercado alrededor de 900 y
1.200 dólares. Ecuador compró a 600.
Tan escasas eran las fallas que los reservistas continuaron
usándolos hasta mayo, dice Gallardo. Además, "estábamos en guerra
y no teníamos tiempo para sustituir estas armas", dice Bayas.
Las gestiones diplomáticas dieron resultado y en mayo se
recogieron los fusiles comprobándose las fallas. Gallardo y Bayas
dejaron sus cargos en junio y el nuevo jefe del comando conjunto,
Paco Moncayo, ordenó un control de calidad de una muestra de este
armamento en la fábrica ecuatoriana de municiones Santa Bárbara.
El 12 de julio le informaron que: "La munición tiene diferentes
fechas de fabricación, 86 cajas tienen aproximadamente 20 años...
los fusiles no son nuevos, ya han sido usados". El 19 de julio
el nuevo ministro, general Alfonso Alarcón notificó al
contratista la terminación unilateral del contrato y dispuso que
se cobre a la Compañía de Seguros Equinoccial las garantías de
buen uso del anticipo y de fiel cumplimiento del contrato. Esta
empresa se resistió al pago y empezó un largo proceso de
recuperación del dinero que culminó en agosto de 1999 con la
recepción de los 6.149.033,71 dólares acordados en un convenio
transaccional firmado el seis de julio de 1998 por el entonces
ministro de Defensa Ramiro Ricaurte y la Compañía de Seguros
Equinoccial.
En el intermedio del proceso de recuperación del seguro y como
una acción independiente, el jefe del Comando Conjunto, Paco
Moncayo, ordenó un nuevo análisis de calidad, pero total, y el
avalúo de estos fusiles y municiones. La conclusión, comunicada
el uno de julio de 1997 fue: fusiles con mala precisión 28, 75%,
fusiles con picaduras en el ánima 11,3%, fusiles con picaduras
en el émbolo 62,5%, fusiles con resortes recuperadores deformados
17,5%, fusiles con problemas de funcionamiento 18,75%. Su vida
útil se limitaría a unos 2.000 a 3.000 disparos antes de entrar
a un mantenimiento correctivo. Considerando el estado de este
armamento y el costo de uno nuevo, establecieron el siguiente
avalúo: 332,9 dólares por fusil y 100 dólares el millar de
cartuchos. Valor total de los 4.998 fusiles y 1.625.000
cartuchos: 1.826.334,20 dólares.
Este valor los militares le agregaron al seguro recuperado por
6.149.033, 71 y dio un total de 7.975.367, 91 dólares. Comparado
con los 7.310.000 dólares que costó el contrato les quedó un
saldo favorable de 665.367, 91 dólares. Este saldo favorable se
reduciría con la repotenciación de estos fusiles porque la
Fábrica de Municiones Santa Bárbara, de Ecuador, ofrece hacer
este trabajo por 775.310 dólares (valor al 17 de marzo de 1998)
y FAMAE de Chile por un valor parcial de 125.612 dólares (24 de
abril de 1998).
LO QUE VIENE
Por pedido de Gallardo y Moncayo el caso empezará a investigarse
en la Comisión de Anticorrupción. Ya antes lo hizo la Contraloría
y luego de su informe el general Bayas, ministro de Defensa y
presidente de la Junta de Defensa en 1996 pidió el enjuiciamiento
militar a Torres y Sassen "por infracciones en contra de la
seguridad interna del Estado" que concluyó con la prisión
temporal de Torres. Él y su socio se defendieron aduciendo haber
sido engañados por los argentinos. Como muestra, Sassen presentó
el juicio que inició allá y desembocó en el destape del tráfico
de armas argentino que involucró hasta al mismo presidente Carlos
Menem, recién obligado a declarar dentro de este proceso que
tiene hasta la fecha un registro tenebroso de 19 "suicidados" y
muertos en accidentes extraños.
Gallardo dice que la denuncia de Aspiazu la agregará al juicio
que le sigue por injurias, pero el 26 de noviembre pasado ya
salió otra denuncia: una exportación a Estados Unidos de 10
contenedores de armas "chatarra" con casi 40 años de uso, para
coleccionistas. Gallardo dijo a la prensa que se hizo una serie
de concursos para esta venta, sin dar el monto de la negociación.
Ahora los militares deberán aclarar esta nueva denuncia. Pero el
ex presidente del Banco del Progreso tendría en carpeta varias
denuncias más contra el régimen. Existe tanta preocupación por
lo que está por venir que el secretario de la administración
Jaime Durán Barba, según el general Moncayo, visitó a Aspiazu en
la cárcel, visita que fue admitida por el ministro de Gobierno,
Vladimiro Álvarez, sin explicar el motivo de la misma.
Inteligencia peruana descubrió que el armamento venía de un país
garante y destapó el escándalo. (Texto tomado de La Revista
Vistazo)
Fernando Aspiazu, remueve un viejo escándalo: la compra de armas
a Argentina durante la Guerra del Cenepa. Su objetivo: el
ministro de Defensa José Gallardo.
Tras una primera denuncia sobre el uso arbitrario que se habría
dado a una donación de tres millones de dólares hecha a la
campaña presidencial de la Democracia Popular, el ex presidente
del Banco del Progreso efectúa una nueva acusación, esta vez
contra el ministro de Defensa, general retirado José Gallardo y
el actual diputado y líder de la bancada de la Izquierda
Democrática, general retirado Paco Moncayo.
LAS ARMAS
El jefe del Comando Conjunto, general Víctor Manuel Bayas García
-que no ha sido mencionado en la denuncia de Aspiazu- dijo en
febrero de 1995, en plena guerra, que necesitaba ocho mil fusiles
FAL y 10 millones de proyectiles para los reservistas que estaban
entrenándose en diferentes cuarteles. La Honorable Junta de
Defensa Nacional le asignó a él la responsabilidad de la
selección del proveedor. Hubo solo dos proveedores que se
arriesgaron a enfrentarse al bloqueo de venta de armas a Perú y
Ecuador, impuesto por Estados Unidos. Uno, cuyo nombre Bayas no
recuerda, no convenía por el tiempo de entrega y el precio. El
otro, doctor César Bolívar Torres Herbozo, ofreció hacerlo en
pocas horas y más barato.
Bayas pasó la documentación a la Honorable Junta de Defensa
Nacional integrada por el presidente de la República (Sixto
Durán-Ballén); ministros, de Defensa (José Gallardo,
representante legal), (Modesto Correa) Finanzas; (Galo Leoro)
Relaciones Exteriores; presidente de la Corte Suprema de Justicia
(Miguel Macías); contralor (Juan Carlos Faidutti); gerente del
Banco Central (Augusto de la Torre); delegado de la Junta
Consultiva de Relaciones Exteriores, jefe del Comando Conjunto
(Víctor Manuel Bayas); comandantes generales de fuerza, un
representante de la Iglesia y otro del Congreso Nacional (Heinz
Moeller).
Gallardo firmó el contrato con Torres, el 10 de febrero de 1995,
por 7.310.000 dólares, para pago al contado.
De dónde traía el armamento era responsabilidad del vendedor que
presentó como garante a su socio en la empresa Prodefensa,
Roberto Sassen van Elsloo. Los fusiles FAL, con el escudo del
país de origen borrado, empezaron a llegar a Guayaquil en vuelos
nocturnos y de inmediato se distribuyó a los reservistas.
Inteligencia peruana descubrió que ese armamento era de
Argentina, país garante del Protocolo de Río de Janeiro, filtró
el dato al diario La República, de Lima, que publicó la nota el
26 de febrero y frustró el último envío. Llegaron a Ecuador solo
4.998 fusiles FAL y 1.625.600 cartuchos.
Se hizo eco el diario El Clarín, de Buenos Aires que el seis de
marzo publicó una nota de Daniel Santoro con la que ganó el
Premio Rey de España y fue la base para el libro Venta de Armas,
Hombres del Gobierno, publicado en 1998. Aspiazu usa ese libro
para su actual denuncia. No se entiende por qué calló en enero
de 1999 cuando en el diario El Telégrafo, de Guayaquil, de su
propiedad se publicó una reseña de este libro.
El libro hace tres precisiones: los fusiles eran viejos y estaban
avaluados en 10 dólares cada uno. Ecuador pagó 600 dólares. Pese
a eso, según el libro, no se rescindió el contrato, no se cobró
las garantías ni se inició juicio alguno. "Según algunas fuentes,
esto se debería también a que los militares ecuatorianos se
quedaron con coimas y ahora no quieren que se investigue qué pasó
con la plata que pagó el Estado ecuatoriano, más afectado que el
argentino por la corrupción". Sin embargo, en la sospecha de
corrupción también incluye a los argentinos: "Prodefensa afirmó
que pagó por adelantado y al contado 4.990.096 dólares por el
total de las armas y las municiones, sin contar 800.000 dólares
por gastos de transporte y otros. Si Prodefensa cobró, por lo
menos, un 10 por ciento de comisión, quiere decir que las Fuerzas
Armadas Ecuatorianas pagaron aproximadamente cinco millones y
medio de dólares por las armas argentinas. Por lo tanto, si se
considera que la DGMF (Fabricaciones Militares de las Fuerzas
Armadas Argentinas) iba a facturar el cargamento completo en casi
dos millones de dólares, se concluye que en esta cadena el precio
original aumentó casi el triple".
Todos los oficiales consultados por Vistazo rechazan la
insinuación de coimas, pero es un punto muy delicado que Fuerzas
Armadas tiene que aclarar porque el libro habla de una diferencia
de 1.810.000 dólares entre lo que pagó el Estado ecuatoriano y
el monto del contrato suscrito por el ministro de Defensa
(7.310.00 menos 5.500.000).
Para Paco Moncayo, este libro "es ficción". Para Sassen es un
libro "bien documentado", aunque no está de acuerdo con la
acusación de coimas, como tampoco lo están Gallardo y Bayas, que
coinciden con algunos datos anotados en ese texto.
El libro también habla de "emisarios del Comando Conjunto de las
Fuerzas Armadas Ecuatorianas" a quienes los militares argentinos
del negocio "les pusieron el revólver en la boca", les "echaron
a patadas" o "les tiró tres golpes de puño" porque se dieron
cuenta y reclamaron por la mala calidad de las armas. Identifican
a uno de ellos como el general retirado Marco Villa Jaramillo.
Preguntados los militares dicen que nunca hubo un representante
de Fuerzas Armadas porque la responsabilidad de la entrega de las
armas era exclusiva del vendedor. Este oficial Villa estaba
relacionado con la empresa vendedora, Prodefensa.
Gallardo y Bayas dicen haber conocido de ciertas fallas técnicas,
pero en ningún caso tan extremas como para que los tiros salieran
por la culata y provocaran accidentes, como sucede cuando un arma
está totalmente deteriorada, ni para que se avaluaran en apenas
10 dólares. Santoro tampoco está muy convencido de la vetustez
de este armamento. No es muy claro, pero insinúa que los
militares argentinos dieron de baja a este armamento para
devaluarlo (a 10 dólares) y exportarlo como armas inservibles
pero a un precio casi de mercado. Por ese entonces, dice Sassen,
uno de esos fusiles costaba en el mercado alrededor de 900 y
1.200 dólares. Ecuador compró a 600.
Tan escasas eran las fallas que los reservistas continuaron
usándolos hasta mayo, dice Gallardo. Además, "estábamos en guerra
y no teníamos tiempo para sustituir estas armas", dice Bayas.
Las gestiones diplomáticas dieron resultado y en mayo se
recogieron los fusiles comprobándose las fallas. Gallardo y Bayas
dejaron sus cargos en junio y el nuevo jefe del comando conjunto,
Paco Moncayo, ordenó un control de calidad de una muestra de este
armamento en la fábrica ecuatoriana de municiones Santa Bárbara.
El 12 de julio le informaron que: "La munición tiene diferentes
fechas de fabricación, 86 cajas tienen aproximadamente 20 años...
los fusiles no son nuevos, ya han sido usados". El 19 de julio
el nuevo ministro, general Alfonso Alarcón notificó al
contratista la terminación unilateral del contrato y dispuso que
se cobre a la Compañía de Seguros Equinoccial las garantías de
buen uso del anticipo y de fiel cumplimiento del contrato. Esta
empresa se resistió al pago y empezó un largo proceso de
recuperación del dinero que culminó en agosto de 1999 con la
recepción de los 6.149.033,71 dólares acordados en un convenio
transaccional firmado el seis de julio de 1998 por el entonces
ministro de Defensa Ramiro Ricaurte y la Compañía de Seguros
Equinoccial.
En el intermedio del proceso de recuperación del seguro y como
una acción independiente, el jefe del Comando Conjunto, Paco
Moncayo, ordenó un nuevo análisis de calidad, pero total, y el
avalúo de estos fusiles y municiones. La conclusión, comunicada
el uno de julio de 1997 fue: fusiles con mala precisión 28, 75%,
fusiles con picaduras en el ánima 11,3%, fusiles con picaduras
en el émbolo 62,5%, fusiles con resortes recuperadores deformados
17,5%, fusiles con problemas de funcionamiento 18,75%. Su vida
útil se limitaría a unos 2.000 a 3.000 disparos antes de entrar
a un mantenimiento correctivo. Considerando el estado de este
armamento y el costo de uno nuevo, establecieron el siguiente
avalúo: 332,9 dólares por fusil y 100 dólares el millar de
cartuchos. Valor total de los 4.998 fusiles y 1.625.000
cartuchos: 1.826.334,20 dólares.
Este valor los militares le agregaron al seguro recuperado por
6.149.033, 71 y dio un total de 7.975.367, 91 dólares. Comparado
con los 7.310.000 dólares que costó el contrato les quedó un
saldo favorable de 665.367, 91 dólares. Este saldo favorable se
reduciría con la repotenciación de estos fusiles porque la
Fábrica de Municiones Santa Bárbara, de Ecuador, ofrece hacer
este trabajo por 775.310 dólares (valor al 17 de marzo de 1998)
y FAMAE de Chile por un valor parcial de 125.612 dólares (24 de
abril de 1998).
LO QUE VIENE
Por pedido de Gallardo y Moncayo el caso empezará a investigarse
en la Comisión de Anticorrupción. Ya antes lo hizo la Contraloría
y luego de su informe el general Bayas, ministro de Defensa y
presidente de la Junta de Defensa en 1996 pidió el enjuiciamiento
militar a Torres y Sassen "por infracciones en contra de la
seguridad interna del Estado" que concluyó con la prisión
temporal de Torres. Él y su socio se defendieron aduciendo haber
sido engañados por los argentinos. Como muestra, Sassen presentó
el juicio que inició allá y desembocó en el destape del tráfico
de armas argentino que involucró hasta al mismo presidente Carlos
Menem, recién obligado a declarar dentro de este proceso que
tiene hasta la fecha un registro tenebroso de 19 "suicidados" y
muertos en accidentes extraños.
Gallardo dice que la denuncia de Aspiazu la agregará al juicio
que le sigue por injurias, pero el 26 de noviembre pasado ya
salió otra denuncia: una exportación a Estados Unidos de 10
contenedores de armas "chatarra" con casi 40 años de uso, para
coleccionistas. Gallardo dijo a la prensa que se hizo una serie
de concursos para esta venta, sin dar el monto de la negociación.
Ahora los militares deberán aclarar esta nueva denuncia. Pero el
ex presidente del Banco del Progreso tendría en carpeta varias
denuncias más contra el régimen. Existe tanta preocupación por
lo que está por venir que el secretario de la administración
Jaime Durán Barba, según el general Moncayo, visitó a Aspiazu en
la cárcel, visita que fue admitida por el ministro de Gobierno,
Vladimiro Álvarez, sin explicar el motivo de la misma.
Inteligencia peruana descubrió que el armamento venía de un país
garante y destapó el escándalo. (Texto tomado de La Revista
Vistazo)
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