Quito. 10 abr 96. El sismo que hubo en el centro andino del
país parece que está desnudando una carencia absoluta de
reacción por parte de los organismos oficiales.
Ayer, en los elegantes salones del Hotel Colón y muy lejos de
la zona del desastre, se reunieron las organizaciones no
gubernamentales, representantes de las Naciones Unidas y el
sector estatal para intentar llegar a una coordinación
conjunta de esfuerzos. Sin embargo, no hubo resultados
concretos.
En la ciudad de Pujilí, ayer se inició la demolición de las
casas más seriamente afectadas pero no existe ninguna
estrategia o plan de reconstrucción de la ciudad. Los
organismo no coinciden ni en su visión del problema ni en las
estadísticas.
La cifra del déficit de viviendas no coincide: mientras el
gobierno habla de 3.166, una lista elaborada por las
organizaciones no gubernamentales, la iglesia y las FFAA
establece que son 5.912 las que requieren intervención (solo
en Pujilí, hay más de 2 mil, dicen).
Por otro lado, ayer quedó evidente, con el alud del Cotopaxi,
que no existe previsión de desastres en perjuicio de los
turistas.
DISYUNTIVA PARA RECONSTRUIR
Por dos flancos distintos se perfilan las tareas de
reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo del pasado
28 de marzo.
Mientras el Gobierno Nacional anuncia que el 15 de abril el
Ministerio de Vivienda comenzará a levantar "casas
resistentes, pero acordes con el medio", los organismos
oficiales tienen sus propios planes y ya llevan a cabo
trabajos de reconstrucción en algunos sectores.
La reunión realizada ayer por la mañana, en los elegantes
salones del Hotel Colón, entre las organizaciones no
gubernamentales, representantes de las Naciones Unidas y el
sector estatal para intentar llegar a una coordinación
conjunta de esfuerzos, no arrojó resultados concretos.
Jorge Chávez del Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio,
anunció que mientras hasta que exista pronunciamiento oficial
más concreto, se prevé, para los próximos días, un taller de
organizaciones no gubernamentales para definir junto con los
representantes de las comunidades indígenas las estrategias de
reconstrucción (tipo de vivienda, materiales, participación,
etc).
Dudas
El plan que anunció el gobierno y que encarga al Ministerio de
Vivienda la reconstrucción de 3166 viviendas, a través de la
inversión de 16 mil millones de sucres es cuestionado por
algunos sectores.
El monto comprometido por el gobierno es el primer desacuerdo.
Para los representantes del Comité Pro-apoyo a la
Reconstrucción de Pujilí, la cifra es insuficiente. "Solo para
levantar un vivienda en el sector rural, se necesitan entre 5
y 10 millones de sucres. En el sector urbano cada metro
cuadrado de construcción cuesta, al menos 350 mil sucres. Lo
que ofrece el gobierno no es ni la décima parte", asegura
Jaime Vaca, vicepresidente del Comité.
Tampoco la cifra del déficit de viviendas coincide: mientras
el gobierno habla de 3166, una lista elaborada por las
organizaciones no gubernamentales, la iglesia y las FFAA
establece que son 5912 las que requieren intervención (solo en
Pujilí, hay más de 2 mil, dicen).
EN PUJILI ORGANIZAN LA RECONSTRUCCION
En la ciudad de Pujilí, también se organizan para la
reconstrucción. Las autoridades y los líderes conformaron el
Comité Pro apoyo a la Reconstrucción quieren "volver a
levantar" la ciudad con sus propias manos.
Lo que piden es los materiales y el apoyo económico. Pero con
ciertas condiciones: ellos quieren hacer auditorías constantes
de la forma en que se canalizan los fondos para los
damnificados.
"Pedimos que todo el dinero se deposite en cuentas en el Banco
Central y que se hagan préstamos directos a los afectados.
Necesitamos que la ayuda no se quede en los organismos
gubernamentales como ha pasado otras veces", dijo Belizario
Merizalde, presidente del Consejo quien denunció, además, que
la ayuda del gobierno de Gran Bretaña (50 mil libras
esterlinas) fue entregada directamente al alcalde Latacunga.
El Comité propone crear un Departamento de Verificación que se
encargue de controlar el uso adecuado de los fondos.
Los pujileños reclaman atención. "Aquí fue el epicentro del
terremoto del 28 de marzo. Aquí fue donde los destrozos y las
pérdidas se produjeron en mayor magnitud. Pujilí es el más
afectado".
Por su parte, las comunidades indígenas tienen sus propias
demandas, de cara a la reconstrucción. Gonzalo Rojas,
representante de 68 comunidades y miembro de la Casa
Campesina, pidió, a nombre de los indígenas, préstamos a largo
plazo y con bajos intereses para reconstruir sus viviendas. La
oferta de mano de obra para la construcción y la creación de
un fondo común entre los comuneros para asumir estas deudas
son las propuestas.
AUTOGESTION ES LA PALABRITA MAGICA
Mientras tanto, autogestión parece ser la clave de la línea no
oficial para la tareas de reconstrucción de las zonas
afectadas por el sismo del 28 de marzo pasado.
Chugchilán, una comunidad ubicada al noroccidente de Pujilí,
es un buen ejemplo de ello. Allí las casas ya han comenzado a
ser levantadas.
El empuje le gana al miedo. El paisaje de la zona comienza a
cambiar. Las raciones alimenticias, que en otros sectores
sostienen a los damnificados que permanecen en refugios, se
entregan, en Chugchilán, a las familias que participan en las
mingas para reforzar paredes y levantar techos. Algo similar
ocurre en Isingubí. En Cuturibí la reconstrucción comenzó ayer
gracias a un préstamo privado.
Organizaciones como el (FEEPP) -que tiene 15 años en la zona-
y la Casa Campesina, se mueven con rapidez. La evaluación de
los daños ha sido guiada por los líderes de la zona y las
necesidades determinadas en base a lo establecido por
asambleas comunitarias. El resultado de este primer censo son
2715 casas afectadas y 3197 colapsadas, por lo que el déficit
total alcanza las 5912 viviendas.
"Minga intelectual"
Según Jorge Chávez, coordinador del FEEP en Latacunga, la
definición de un plan global de reconstrucción a corto plazo
partirá de una coordinación interinstitucional y de una "minga
intelectual" en la que participen necesariamente las
comunidades a través de sus propias formas de organización.
La experiencia desarrollada en Cayambe, tras el sismo de 1987,
es un referente. Más de un millar de casas fueron levantadas
en menos de 11 meses. En Cotopaxi, la reconstrucción podría
tardar entre uno y dos años, según Chávez.
La coordinación interinstitucional -incluyendo a los entes
estatales- será el primer paso. La canalización de recursos,
el segundo. La reconstrucción apuntará, según el coordinador
del FEEP, a dos aspectos fundamentales: la infraestructura
(vivienda, agua potable, caminos) y la producción y
organización. La intención es que este proceso se convierta en
una "oportunidad histórica para dignificar la vida de lo
indígenas". Entre tanto, los primeros trabajos, que pueden
hacer los mismos comuneros sin necesidad de realizar una
inversión mayor ni de llevar a cabo estudios técnicos
complicados, han comenzado ya.
ADVIERTEN SOBRE OLA DE SUICIDIOS
Una ola de suicidios podría haber entre los más de 15.000
damnificados que dejó el terremoto del 28 de marzo, que arrasó
con localidades campesinas e indígenas de la parte central y
andina de Ecuador, indicó el martes el ministro interino de
Salud Pública, Osvaldo Ríos.
Un problema que se está suscitando en la provincia de Cotopaxi
(al sur de Quito y afectada por el sismo) es la "depresión y
sicosis", dijo, indicando que la gente que sufre por la
pérdida de sus familiares y viviendas, así como por la falta
de alimentación y albergue podrían verse tentadas por el
suicidio.
Ríos informó que una mujer, cuya casa fue derrumbada por el
terremoto, ya se mató tomando insecticida.
Según el ministro esto puede podría darse "a un volumen más
grande porque la gente está muy deprimida, está muy triste y,
en otros casos, está muy nerviosa y muy excitada por el
problema de los sismos (réplicas) que siguen registrándose
periódicamente", añadió.
El funcionario manifestó que personal especializado está
suministrando a todos los damnificados una gran cantidad de
antidepresivos y sedantes, además de apoyo sicológico.
De acuerdo a la Defensa Civil, el movimiento telúrico de 5,7
grados de magnitud en la escala abierta de Richter del 28 de
marzo pasado, provocó además la muerte de 27 personas,
destruyó centenares de viviendas y aisló a miles de habitantes
por la ruptura de carreteras en la provincia de Cotopaxi.
Ríos negó que en los últimos días hubieran fallecido dos niños
por problemas pulmonares causados por el frío de las partes
altas de los páramos de Cotopaxi, a donde los indígenas se han
trasladado por temor a las réplicas del terremoto, según
reportó la prensa local.
En cambio reconoció que hay gran cantidad de infecciones
respiratorias pero que aún están alejadas de procesos
neumónicos, así como problemas de diarrea que están
controlados.
El ministro interino apuntó que hasta ahora no se registran
rebrotes de cólera tras el terremoto, aunque en los próximos
días las brigadas sanitarias tendrán que enfrentar un período
crítico por las pésimas condiciones generadas por la ruptura
de alcantarillas y la contaminación de agua para consumo
humano.
"Epidemiologicamente, la situación no es dramática y está
controlada pero esperamos un período crítico", concluyó.
BUSCAN LEYES PARA LOS DAMNIFICADOS
En el Congreso se discuten varias alternativas para ayudar a
los damnificados del terremoto, del pasado 28 de marzo, que
afectó a cientos de familias del cantón Pujilí, provincia de
Cotopaxi.
Ayer, los legisladores reasumieron las funciones, luego de que
el miércoles pasado once parlamentarios no lograron hacer el
quórum necesario para discutir los proyectos en beneficio de
los damnificados del Cotopaxi. Mientras tanto, el presidente
de la República, Sixto Durán Ballén, ganó a la pereza de los
honorables y antier, emitió un Decreto Ejecutivo a través del
cual disponía se descuente un día de sueldo de los empleados
públicos.
Sin embargo, el diputado independiente de Cotopaxi, Fabián
Fabara, insistió en presentar su proyecto, que pretende que se
descuente un día de sueldo, correspondiente a mayo, a los
trabajadores públicos y privados, cuyos fondos serán
depositados en una cuenta especial del Banco Central, 50% será
administrado por el Consejo Provincial de Cotopaxi, el 50%
restante por el Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV).
El presidente del Parlamento, Fabián Alarcón, propuso que se
descuente de la dieta de los 77 legisladores, un millón de
sucres a cada uno.
El diputado Bayardo Alvear, del Partido Social Cristiano,
plantea crear un fondo de rehabilitación socioeconómica y
reconstrucción de la provincia de Cotopaxi. El fondo se
alimentará de una asignación del ministerio de Finanzas, por
14 mil millones de sucres, y de la recaudación del 2% de los
impuestos a los créditos que conceda el sistema bancario de
las provincias de Pichincha y Cotopaxi, a partir del 29 de
marzo hasta el 31 de diciembre de 1997.
Los recursos que se obtengan, según la propuesta de Alvear, se
canalizarán a través del BEV, institución que podrá otorgar
créditos no reembolsables hasta por 12 millones de sucres a
los afectados. También plantea que el Banco Nacional de
Fomento (BNF), tiene que otorgar un año de gracia para el pago
del capital y de los intereses respectivos en mora o vigentes,
a partir del 28 de marzo de este año.
Entre tanto, el diputado del Partido Roldosista Ecuatoriano,
Marco Proaño Maya, planteó crear un peaje a los conductores de
todos los vehículos que utilicen el tramo de la carretera
Panamericana, comprendidos entre los límites norte y sur de la
provincia de Cotopaxi.
Los fondos, según el proyecto de Proaño, serán administrados e
invertidos por el Consejo Provincial de esa provincia y se
utilizarán, un 50% para la construcción, reconstrucción y
mantenimiento de las carreteras, caminos vecinales; 40% para
ayudar a la reconstrucción de viviendas; y 10%, para la
reconstrucción del patrimonio cultural y religioso. (DIARIO
HOY) (P. 8-A)
país parece que está desnudando una carencia absoluta de
reacción por parte de los organismos oficiales.
Ayer, en los elegantes salones del Hotel Colón y muy lejos de
la zona del desastre, se reunieron las organizaciones no
gubernamentales, representantes de las Naciones Unidas y el
sector estatal para intentar llegar a una coordinación
conjunta de esfuerzos. Sin embargo, no hubo resultados
concretos.
En la ciudad de Pujilí, ayer se inició la demolición de las
casas más seriamente afectadas pero no existe ninguna
estrategia o plan de reconstrucción de la ciudad. Los
organismo no coinciden ni en su visión del problema ni en las
estadísticas.
La cifra del déficit de viviendas no coincide: mientras el
gobierno habla de 3.166, una lista elaborada por las
organizaciones no gubernamentales, la iglesia y las FFAA
establece que son 5.912 las que requieren intervención (solo
en Pujilí, hay más de 2 mil, dicen).
Por otro lado, ayer quedó evidente, con el alud del Cotopaxi,
que no existe previsión de desastres en perjuicio de los
turistas.
DISYUNTIVA PARA RECONSTRUIR
Por dos flancos distintos se perfilan las tareas de
reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo del pasado
28 de marzo.
Mientras el Gobierno Nacional anuncia que el 15 de abril el
Ministerio de Vivienda comenzará a levantar "casas
resistentes, pero acordes con el medio", los organismos
oficiales tienen sus propios planes y ya llevan a cabo
trabajos de reconstrucción en algunos sectores.
La reunión realizada ayer por la mañana, en los elegantes
salones del Hotel Colón, entre las organizaciones no
gubernamentales, representantes de las Naciones Unidas y el
sector estatal para intentar llegar a una coordinación
conjunta de esfuerzos, no arrojó resultados concretos.
Jorge Chávez del Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio,
anunció que mientras hasta que exista pronunciamiento oficial
más concreto, se prevé, para los próximos días, un taller de
organizaciones no gubernamentales para definir junto con los
representantes de las comunidades indígenas las estrategias de
reconstrucción (tipo de vivienda, materiales, participación,
etc).
Dudas
El plan que anunció el gobierno y que encarga al Ministerio de
Vivienda la reconstrucción de 3166 viviendas, a través de la
inversión de 16 mil millones de sucres es cuestionado por
algunos sectores.
El monto comprometido por el gobierno es el primer desacuerdo.
Para los representantes del Comité Pro-apoyo a la
Reconstrucción de Pujilí, la cifra es insuficiente. "Solo para
levantar un vivienda en el sector rural, se necesitan entre 5
y 10 millones de sucres. En el sector urbano cada metro
cuadrado de construcción cuesta, al menos 350 mil sucres. Lo
que ofrece el gobierno no es ni la décima parte", asegura
Jaime Vaca, vicepresidente del Comité.
Tampoco la cifra del déficit de viviendas coincide: mientras
el gobierno habla de 3166, una lista elaborada por las
organizaciones no gubernamentales, la iglesia y las FFAA
establece que son 5912 las que requieren intervención (solo en
Pujilí, hay más de 2 mil, dicen).
EN PUJILI ORGANIZAN LA RECONSTRUCCION
En la ciudad de Pujilí, también se organizan para la
reconstrucción. Las autoridades y los líderes conformaron el
Comité Pro apoyo a la Reconstrucción quieren "volver a
levantar" la ciudad con sus propias manos.
Lo que piden es los materiales y el apoyo económico. Pero con
ciertas condiciones: ellos quieren hacer auditorías constantes
de la forma en que se canalizan los fondos para los
damnificados.
"Pedimos que todo el dinero se deposite en cuentas en el Banco
Central y que se hagan préstamos directos a los afectados.
Necesitamos que la ayuda no se quede en los organismos
gubernamentales como ha pasado otras veces", dijo Belizario
Merizalde, presidente del Consejo quien denunció, además, que
la ayuda del gobierno de Gran Bretaña (50 mil libras
esterlinas) fue entregada directamente al alcalde Latacunga.
El Comité propone crear un Departamento de Verificación que se
encargue de controlar el uso adecuado de los fondos.
Los pujileños reclaman atención. "Aquí fue el epicentro del
terremoto del 28 de marzo. Aquí fue donde los destrozos y las
pérdidas se produjeron en mayor magnitud. Pujilí es el más
afectado".
Por su parte, las comunidades indígenas tienen sus propias
demandas, de cara a la reconstrucción. Gonzalo Rojas,
representante de 68 comunidades y miembro de la Casa
Campesina, pidió, a nombre de los indígenas, préstamos a largo
plazo y con bajos intereses para reconstruir sus viviendas. La
oferta de mano de obra para la construcción y la creación de
un fondo común entre los comuneros para asumir estas deudas
son las propuestas.
AUTOGESTION ES LA PALABRITA MAGICA
Mientras tanto, autogestión parece ser la clave de la línea no
oficial para la tareas de reconstrucción de las zonas
afectadas por el sismo del 28 de marzo pasado.
Chugchilán, una comunidad ubicada al noroccidente de Pujilí,
es un buen ejemplo de ello. Allí las casas ya han comenzado a
ser levantadas.
El empuje le gana al miedo. El paisaje de la zona comienza a
cambiar. Las raciones alimenticias, que en otros sectores
sostienen a los damnificados que permanecen en refugios, se
entregan, en Chugchilán, a las familias que participan en las
mingas para reforzar paredes y levantar techos. Algo similar
ocurre en Isingubí. En Cuturibí la reconstrucción comenzó ayer
gracias a un préstamo privado.
Organizaciones como el (FEEPP) -que tiene 15 años en la zona-
y la Casa Campesina, se mueven con rapidez. La evaluación de
los daños ha sido guiada por los líderes de la zona y las
necesidades determinadas en base a lo establecido por
asambleas comunitarias. El resultado de este primer censo son
2715 casas afectadas y 3197 colapsadas, por lo que el déficit
total alcanza las 5912 viviendas.
"Minga intelectual"
Según Jorge Chávez, coordinador del FEEP en Latacunga, la
definición de un plan global de reconstrucción a corto plazo
partirá de una coordinación interinstitucional y de una "minga
intelectual" en la que participen necesariamente las
comunidades a través de sus propias formas de organización.
La experiencia desarrollada en Cayambe, tras el sismo de 1987,
es un referente. Más de un millar de casas fueron levantadas
en menos de 11 meses. En Cotopaxi, la reconstrucción podría
tardar entre uno y dos años, según Chávez.
La coordinación interinstitucional -incluyendo a los entes
estatales- será el primer paso. La canalización de recursos,
el segundo. La reconstrucción apuntará, según el coordinador
del FEEP, a dos aspectos fundamentales: la infraestructura
(vivienda, agua potable, caminos) y la producción y
organización. La intención es que este proceso se convierta en
una "oportunidad histórica para dignificar la vida de lo
indígenas". Entre tanto, los primeros trabajos, que pueden
hacer los mismos comuneros sin necesidad de realizar una
inversión mayor ni de llevar a cabo estudios técnicos
complicados, han comenzado ya.
ADVIERTEN SOBRE OLA DE SUICIDIOS
Una ola de suicidios podría haber entre los más de 15.000
damnificados que dejó el terremoto del 28 de marzo, que arrasó
con localidades campesinas e indígenas de la parte central y
andina de Ecuador, indicó el martes el ministro interino de
Salud Pública, Osvaldo Ríos.
Un problema que se está suscitando en la provincia de Cotopaxi
(al sur de Quito y afectada por el sismo) es la "depresión y
sicosis", dijo, indicando que la gente que sufre por la
pérdida de sus familiares y viviendas, así como por la falta
de alimentación y albergue podrían verse tentadas por el
suicidio.
Ríos informó que una mujer, cuya casa fue derrumbada por el
terremoto, ya se mató tomando insecticida.
Según el ministro esto puede podría darse "a un volumen más
grande porque la gente está muy deprimida, está muy triste y,
en otros casos, está muy nerviosa y muy excitada por el
problema de los sismos (réplicas) que siguen registrándose
periódicamente", añadió.
El funcionario manifestó que personal especializado está
suministrando a todos los damnificados una gran cantidad de
antidepresivos y sedantes, además de apoyo sicológico.
De acuerdo a la Defensa Civil, el movimiento telúrico de 5,7
grados de magnitud en la escala abierta de Richter del 28 de
marzo pasado, provocó además la muerte de 27 personas,
destruyó centenares de viviendas y aisló a miles de habitantes
por la ruptura de carreteras en la provincia de Cotopaxi.
Ríos negó que en los últimos días hubieran fallecido dos niños
por problemas pulmonares causados por el frío de las partes
altas de los páramos de Cotopaxi, a donde los indígenas se han
trasladado por temor a las réplicas del terremoto, según
reportó la prensa local.
En cambio reconoció que hay gran cantidad de infecciones
respiratorias pero que aún están alejadas de procesos
neumónicos, así como problemas de diarrea que están
controlados.
El ministro interino apuntó que hasta ahora no se registran
rebrotes de cólera tras el terremoto, aunque en los próximos
días las brigadas sanitarias tendrán que enfrentar un período
crítico por las pésimas condiciones generadas por la ruptura
de alcantarillas y la contaminación de agua para consumo
humano.
"Epidemiologicamente, la situación no es dramática y está
controlada pero esperamos un período crítico", concluyó.
BUSCAN LEYES PARA LOS DAMNIFICADOS
En el Congreso se discuten varias alternativas para ayudar a
los damnificados del terremoto, del pasado 28 de marzo, que
afectó a cientos de familias del cantón Pujilí, provincia de
Cotopaxi.
Ayer, los legisladores reasumieron las funciones, luego de que
el miércoles pasado once parlamentarios no lograron hacer el
quórum necesario para discutir los proyectos en beneficio de
los damnificados del Cotopaxi. Mientras tanto, el presidente
de la República, Sixto Durán Ballén, ganó a la pereza de los
honorables y antier, emitió un Decreto Ejecutivo a través del
cual disponía se descuente un día de sueldo de los empleados
públicos.
Sin embargo, el diputado independiente de Cotopaxi, Fabián
Fabara, insistió en presentar su proyecto, que pretende que se
descuente un día de sueldo, correspondiente a mayo, a los
trabajadores públicos y privados, cuyos fondos serán
depositados en una cuenta especial del Banco Central, 50% será
administrado por el Consejo Provincial de Cotopaxi, el 50%
restante por el Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV).
El presidente del Parlamento, Fabián Alarcón, propuso que se
descuente de la dieta de los 77 legisladores, un millón de
sucres a cada uno.
El diputado Bayardo Alvear, del Partido Social Cristiano,
plantea crear un fondo de rehabilitación socioeconómica y
reconstrucción de la provincia de Cotopaxi. El fondo se
alimentará de una asignación del ministerio de Finanzas, por
14 mil millones de sucres, y de la recaudación del 2% de los
impuestos a los créditos que conceda el sistema bancario de
las provincias de Pichincha y Cotopaxi, a partir del 29 de
marzo hasta el 31 de diciembre de 1997.
Los recursos que se obtengan, según la propuesta de Alvear, se
canalizarán a través del BEV, institución que podrá otorgar
créditos no reembolsables hasta por 12 millones de sucres a
los afectados. También plantea que el Banco Nacional de
Fomento (BNF), tiene que otorgar un año de gracia para el pago
del capital y de los intereses respectivos en mora o vigentes,
a partir del 28 de marzo de este año.
Entre tanto, el diputado del Partido Roldosista Ecuatoriano,
Marco Proaño Maya, planteó crear un peaje a los conductores de
todos los vehículos que utilicen el tramo de la carretera
Panamericana, comprendidos entre los límites norte y sur de la
provincia de Cotopaxi.
Los fondos, según el proyecto de Proaño, serán administrados e
invertidos por el Consejo Provincial de esa provincia y se
utilizarán, un 50% para la construcción, reconstrucción y
mantenimiento de las carreteras, caminos vecinales; 40% para
ayudar a la reconstrucción de viviendas; y 10%, para la
reconstrucción del patrimonio cultural y religioso. (DIARIO
HOY) (P. 8-A)
Más en el