DEFECTUOSA ESTRUCTURA ESTATAL
Quito. 06.10.91. La presentación de la proforma presupuestaria
para el ejercicio económico de 1992 reviste gran importancia
por tratarse de un año electoral y de cambio de gobierno.
Según las políticas de los gobiernos que termina y comienza,
el ejercicio financiero se dividirá en dos tramos.
Un estudio del Centro de Estudios y Análisis (CEA) sostiene
que la proforma presupuestaria para 1992 se inscribe en una
tradicional política presupuestaria de proyectar un gato
público que corrija la inflación del año transcurrido.
Se olvida que aquello genera un sistema inercial de inflación
y que la única forma de impedirlo es proyectando el gasto al
porcentaje de inflación ideal que se aspira lograr, que sigue
siendo inferior al 30 por ciento, mientras el gato crecerá en
su conjunto en más del 42 por ciento.
La codificación de los presupuestos que se viene realizando al
momento de presentar las proformas ante el Congreso demuestra
que por razones endógenas y exógenas las presiones para
incrementar el gasto son mayores que los anhelos de
austeridad.
La situación más crítica se dio en el presente año, cuando el
déficit al primer trimestre de que se asuman compromisos que
permanezcan inpagos hasta los meses de transmisión del mando,
lo que hace difícil a los gobiernos que se inician el conocer
cuál es la real situación del déficit fiscal con que inician
su período y se adopten medidas que pueden ser inadecuadas
para las circunstancias reales de la economía.
La proyección del gasto presupuestario prioriza el servicio de
la deuda, los gastos de educación y servicios generales que,m
en su conjunto, prácticamente superan el 70 por ciento de los
egresos; resulta muy poco representativo lo que se destina
para la salud y desarrollo comunal (7.5 por ciento),
desarrollo agropecuario (3.8 por ciento) y transporte y
comunicaciones (6.9 por ciento).
Es obvio que esta distribución del gasto demuestra la
defectuosa estructura del Estado. lo que obliga a reconocer la
urgencia de reformarlo con el fin de que se prioricen los
servicios fundamentales y las obras de infraestructura.
De acuerdo con la constitución política, el presupuesto debe
contener todos los ingresos y egresos del Estado, incluidos
los de las entidades autónomas y empresas públicas, con
excepción del régimen seccional.
Pero esta norma no se cumple y la proforma que se comenta
apenas contiene un 38 por ciento del gasto público, lo cual es
grave porque las demás instituciones descoyuntan cualquier
política económica.
El CEA considera que por ello resultan oportunas las
advertencias del actual ministro de Energía Oscar Garzón,
quien acusa a Petroecuador de haber fallado en la exploración,
comercialización externa, mantenimiento de las instalaciones y
de infraestructura, añadiendo que lo único que tiene eficiente
la entidad es su Departamento de Relaciones Públicas.
En términos globales, los egresos del nuevo presupuesto se
reparten así: gastos corrientes, 1.200 billones (49.5 por
ciento); inversiones, 336 millones (13.8 por ciento); servicio
de la deuda, 889 millones (36.65 por ciento).
Comparando con la distribución de iguales gastos en la
proforma para 1991, se advierte que el gasto de inversión
apenas crece en 17.9 por ciento, mientras el gasto corriente
crece en 38.5 por ciento, y el servicio de la deuda aumenta
vertiginosamente en un 80,3 por ciento.
Eso hace pensar que el pago de la llamada deuda social será
una
quimera, sobre todo porque el gasto corriente crece en más del
doble del gasto de inversión, postergándose de esta manera la
ejecución de importantes obras de infraestructura que demanda
el país.
Anulan política de austeridad.
Al referirse al presupuesto de 1991, el CEA anota que el
recorte del 15 por ciento del gasto público dispuesto por el
presidente de la República en mayo debió en principio hacer
bajar el gasto presupuestario de un billón 706 mil millones a
cerca de un billón 500 mil millones.
Sin embargo, de la proforma presentada al Congreso se
desprende que el presupuesto codificado alcanza a un billón
878 mil millones, es decir habría un incremento neto de 10 por
ciento, lo cual si bien está en los parámetros de la Ley anula
la política de austeridad ofrecida por el gobierno.
Hay que recordar que se hizo público a fines del primer
semestre un déficit presupuestario de 350 mil millones,
resultante de una combinación de nuevos compromisos asumidos
con el Magisterio, con el sector salud y excesos de gasto
público, sumados a la baja de ingresos corrientes petroleros.
Esta situación genera problemas inflacionarios que resultan
ser estructurales ante la incapacidad de los gobiernos para
solventarlos; en tal sentido es preocupante la última
información del gerente del Banco Central en cuanto al
crecimiento del crédito al sector público en las tasas
superiores a las previstas, como causante de la inflación.
(A-10)
Quito. 06.10.91. La presentación de la proforma presupuestaria
para el ejercicio económico de 1992 reviste gran importancia
por tratarse de un año electoral y de cambio de gobierno.
Según las políticas de los gobiernos que termina y comienza,
el ejercicio financiero se dividirá en dos tramos.
Un estudio del Centro de Estudios y Análisis (CEA) sostiene
que la proforma presupuestaria para 1992 se inscribe en una
tradicional política presupuestaria de proyectar un gato
público que corrija la inflación del año transcurrido.
Se olvida que aquello genera un sistema inercial de inflación
y que la única forma de impedirlo es proyectando el gasto al
porcentaje de inflación ideal que se aspira lograr, que sigue
siendo inferior al 30 por ciento, mientras el gato crecerá en
su conjunto en más del 42 por ciento.
La codificación de los presupuestos que se viene realizando al
momento de presentar las proformas ante el Congreso demuestra
que por razones endógenas y exógenas las presiones para
incrementar el gasto son mayores que los anhelos de
austeridad.
La situación más crítica se dio en el presente año, cuando el
déficit al primer trimestre de que se asuman compromisos que
permanezcan inpagos hasta los meses de transmisión del mando,
lo que hace difícil a los gobiernos que se inician el conocer
cuál es la real situación del déficit fiscal con que inician
su período y se adopten medidas que pueden ser inadecuadas
para las circunstancias reales de la economía.
La proyección del gasto presupuestario prioriza el servicio de
la deuda, los gastos de educación y servicios generales que,m
en su conjunto, prácticamente superan el 70 por ciento de los
egresos; resulta muy poco representativo lo que se destina
para la salud y desarrollo comunal (7.5 por ciento),
desarrollo agropecuario (3.8 por ciento) y transporte y
comunicaciones (6.9 por ciento).
Es obvio que esta distribución del gasto demuestra la
defectuosa estructura del Estado. lo que obliga a reconocer la
urgencia de reformarlo con el fin de que se prioricen los
servicios fundamentales y las obras de infraestructura.
De acuerdo con la constitución política, el presupuesto debe
contener todos los ingresos y egresos del Estado, incluidos
los de las entidades autónomas y empresas públicas, con
excepción del régimen seccional.
Pero esta norma no se cumple y la proforma que se comenta
apenas contiene un 38 por ciento del gasto público, lo cual es
grave porque las demás instituciones descoyuntan cualquier
política económica.
El CEA considera que por ello resultan oportunas las
advertencias del actual ministro de Energía Oscar Garzón,
quien acusa a Petroecuador de haber fallado en la exploración,
comercialización externa, mantenimiento de las instalaciones y
de infraestructura, añadiendo que lo único que tiene eficiente
la entidad es su Departamento de Relaciones Públicas.
En términos globales, los egresos del nuevo presupuesto se
reparten así: gastos corrientes, 1.200 billones (49.5 por
ciento); inversiones, 336 millones (13.8 por ciento); servicio
de la deuda, 889 millones (36.65 por ciento).
Comparando con la distribución de iguales gastos en la
proforma para 1991, se advierte que el gasto de inversión
apenas crece en 17.9 por ciento, mientras el gasto corriente
crece en 38.5 por ciento, y el servicio de la deuda aumenta
vertiginosamente en un 80,3 por ciento.
Eso hace pensar que el pago de la llamada deuda social será
una
quimera, sobre todo porque el gasto corriente crece en más del
doble del gasto de inversión, postergándose de esta manera la
ejecución de importantes obras de infraestructura que demanda
el país.
Anulan política de austeridad.
Al referirse al presupuesto de 1991, el CEA anota que el
recorte del 15 por ciento del gasto público dispuesto por el
presidente de la República en mayo debió en principio hacer
bajar el gasto presupuestario de un billón 706 mil millones a
cerca de un billón 500 mil millones.
Sin embargo, de la proforma presentada al Congreso se
desprende que el presupuesto codificado alcanza a un billón
878 mil millones, es decir habría un incremento neto de 10 por
ciento, lo cual si bien está en los parámetros de la Ley anula
la política de austeridad ofrecida por el gobierno.
Hay que recordar que se hizo público a fines del primer
semestre un déficit presupuestario de 350 mil millones,
resultante de una combinación de nuevos compromisos asumidos
con el Magisterio, con el sector salud y excesos de gasto
público, sumados a la baja de ingresos corrientes petroleros.
Esta situación genera problemas inflacionarios que resultan
ser estructurales ante la incapacidad de los gobiernos para
solventarlos; en tal sentido es preocupante la última
información del gerente del Banco Central en cuanto al
crecimiento del crédito al sector público en las tasas
superiores a las previstas, como causante de la inflación.
(A-10)
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