Madrid. 06.06.93. Los seis principales aspirantes a ganar las
elecciones de este domingo a la Presidencia de Bolivia tienen
como prioridad en sus planes de Gobierno mejoras sociales para
luchar contra la extrema pobreza en la que vive una gran parte de
la población de este país andino.
Los aspirantes son el general Hugo Bánzer, por el oficialista
Acuerdo Patriótico (AP); Gonzalo Sánchez de Lozada, por el
liberal Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR); Max
Fernández, por el populista Unidad Cívica Solidaridad (UCS);
Carlos Palenque, por el populista Conciencia de Patria (CONDEPA);
Antonio Araníbar, por el socialdemócrata Movimiento Bolivia Libre
(MBL), y Ramiro Velasco, por Izquierda Unida (IU).
El favorito, según casi todos los pronósticos, es Sánchez de
Lozada, quien en 1985, con un Gobierno del MNR presidido por
Victor Paz Estensoro, impulsó desde el ministerio de Planermiento
el plan de liberalización económica que ha intentado desarrollar
durante los últimos cuatro años el Gobierno de Jaime Paz Zamora.
En las elecciones de 1989, el candidato Jaime Paz Zamora, que
obtuvo el tercer puesto, consiguió llegar a la presidencia
gracias a una alianza con el partido del general Banzer.
El AP, y la candidatura de Banzer, es resultado de esa alianza
entre el partido del General, el derechista Acción Democrática
Nacionalista (ADN), y el socialdemócrata Movimiento de la
Izquierda Revolucionaria (MIR) de Paz Zamora.
Banzer, de 66 años, presidió uno de los regímenes militares más
duros y largos de la historia de este país, instaurado mediante
un golpe de Estado, que se prolongó de 1971 a 1978, e intentó dos
veces recobrar el poder en las urnas, pero el Congreso optó por
otros candidatos en las elecciones de 1985 y 1989, en las que
ninguno obtuvo mayoría absoluta.
Los comicios del 6 de junio de 1993, los terceros en diez años de
democracia, se regirán por una reciente ley electoral y se
desarrollarán en medio de una difícil situación económica y
escasos servicios básicos, que han generado paros laborales
generalizados, huelgas masivas de hambre y manifestaciones
diarias.
El Gobierno boliviano impuso a principios de año, durante varios
dias, la vigilancia militar en las principales ciudades y
suspendió virtualmente el derecho a la huelga, lo que generó un
estado de vilolencia que el 21 de marzo de 1993 causó en Potosí
la muerte del estudiante Javier Ramírez, de catorce años.
Aunque Bolivia sufre los índices de pobreza más elevados de
Sudamérica, durante los útimos años la inflación disminuyó y
mejoraron considerablemente algunos índicadores, como el de la
mortalidad infantil y el del analfabetismo.
La estabilidad económica de este país andino durante los útiomos
cuatro años ha sido considerada ejemplar por el Fondo Monetario
Internacional (FMI), aunque, en parte, se ha apoyado en los
muchos millones de dólares anuales que deja el narcotráfico.
El pasado año, el Gobierno de Paz Zamora inició un proceso de
privatizaciones pero no pudo captar inversiones extranjeras para
las grandes empresas del Estado, al borde de la quiebra, como la
compañía aérea Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) o la Corporación Minera
Boliviana (COMIBOL).
El Gobierno boliviano también tropezó con la imposibilidad de
capturar a Luis García Meza y tiene que sufrir las constantes
denuncias de protección contra ese ex general, prófugo y
condenado a 30 años de cárcel por protagonizar en 1980 un cruento
golpe de Estado que le permitió mantenerse en el poder casi un
año.
Las denuncias de corrupción han sido constantes durante la
gestión del Gobierno de Paz Zamora, durante la cual han tenido
que dimitir un ministro del Interior, Guillermo Capobianco, ante
las sospechas de su vinculación con el narcotráfico, y el de
Educación, Hedim Céspedes, por presunto tráfico de influencias
para el enriquecimiento personal.
Además, el comandante de las Fuerzas Armadas, Alejandro
Camponovo, fue destituido y encarcelado por un asunto de
corrupción y recientemente varios cargos de la cancillería fueron
suspendidos por una caso de falsificación de firmas en visas y
pasaportes en una operación de tráfico ilegal de armas destinadas
a la antigua Yugoslavia. (EFE)
elecciones de este domingo a la Presidencia de Bolivia tienen
como prioridad en sus planes de Gobierno mejoras sociales para
luchar contra la extrema pobreza en la que vive una gran parte de
la población de este país andino.
Los aspirantes son el general Hugo Bánzer, por el oficialista
Acuerdo Patriótico (AP); Gonzalo Sánchez de Lozada, por el
liberal Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR); Max
Fernández, por el populista Unidad Cívica Solidaridad (UCS);
Carlos Palenque, por el populista Conciencia de Patria (CONDEPA);
Antonio Araníbar, por el socialdemócrata Movimiento Bolivia Libre
(MBL), y Ramiro Velasco, por Izquierda Unida (IU).
El favorito, según casi todos los pronósticos, es Sánchez de
Lozada, quien en 1985, con un Gobierno del MNR presidido por
Victor Paz Estensoro, impulsó desde el ministerio de Planermiento
el plan de liberalización económica que ha intentado desarrollar
durante los últimos cuatro años el Gobierno de Jaime Paz Zamora.
En las elecciones de 1989, el candidato Jaime Paz Zamora, que
obtuvo el tercer puesto, consiguió llegar a la presidencia
gracias a una alianza con el partido del general Banzer.
El AP, y la candidatura de Banzer, es resultado de esa alianza
entre el partido del General, el derechista Acción Democrática
Nacionalista (ADN), y el socialdemócrata Movimiento de la
Izquierda Revolucionaria (MIR) de Paz Zamora.
Banzer, de 66 años, presidió uno de los regímenes militares más
duros y largos de la historia de este país, instaurado mediante
un golpe de Estado, que se prolongó de 1971 a 1978, e intentó dos
veces recobrar el poder en las urnas, pero el Congreso optó por
otros candidatos en las elecciones de 1985 y 1989, en las que
ninguno obtuvo mayoría absoluta.
Los comicios del 6 de junio de 1993, los terceros en diez años de
democracia, se regirán por una reciente ley electoral y se
desarrollarán en medio de una difícil situación económica y
escasos servicios básicos, que han generado paros laborales
generalizados, huelgas masivas de hambre y manifestaciones
diarias.
El Gobierno boliviano impuso a principios de año, durante varios
dias, la vigilancia militar en las principales ciudades y
suspendió virtualmente el derecho a la huelga, lo que generó un
estado de vilolencia que el 21 de marzo de 1993 causó en Potosí
la muerte del estudiante Javier Ramírez, de catorce años.
Aunque Bolivia sufre los índices de pobreza más elevados de
Sudamérica, durante los útimos años la inflación disminuyó y
mejoraron considerablemente algunos índicadores, como el de la
mortalidad infantil y el del analfabetismo.
La estabilidad económica de este país andino durante los útiomos
cuatro años ha sido considerada ejemplar por el Fondo Monetario
Internacional (FMI), aunque, en parte, se ha apoyado en los
muchos millones de dólares anuales que deja el narcotráfico.
El pasado año, el Gobierno de Paz Zamora inició un proceso de
privatizaciones pero no pudo captar inversiones extranjeras para
las grandes empresas del Estado, al borde de la quiebra, como la
compañía aérea Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) o la Corporación Minera
Boliviana (COMIBOL).
El Gobierno boliviano también tropezó con la imposibilidad de
capturar a Luis García Meza y tiene que sufrir las constantes
denuncias de protección contra ese ex general, prófugo y
condenado a 30 años de cárcel por protagonizar en 1980 un cruento
golpe de Estado que le permitió mantenerse en el poder casi un
año.
Las denuncias de corrupción han sido constantes durante la
gestión del Gobierno de Paz Zamora, durante la cual han tenido
que dimitir un ministro del Interior, Guillermo Capobianco, ante
las sospechas de su vinculación con el narcotráfico, y el de
Educación, Hedim Céspedes, por presunto tráfico de influencias
para el enriquecimiento personal.
Además, el comandante de las Fuerzas Armadas, Alejandro
Camponovo, fue destituido y encarcelado por un asunto de
corrupción y recientemente varios cargos de la cancillería fueron
suspendidos por una caso de falsificación de firmas en visas y
pasaportes en una operación de tráfico ilegal de armas destinadas
a la antigua Yugoslavia. (EFE)
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