La Revocacion

Quito. 27.06.93. (Editorial) El ex-legislador Jacinto Velázquez,
ha dicho que la reacción popular contra el presidente de la
República en recientes actos públicos es "un caso de recall", de
revocación del mandato conferido al Arq. Durán Ballén. Esta
opinión se ha expresado sin duda en sentido figurado, pues la
mencionada revocación no pudo ni podría darse.

El "recall" es el derecho del cuerpo electoral a solicitar la
destitución de ciertos funcionarios electivos, antes de que
expire su mandato; se lo emplea en algunos países anglosajones.

Si medida tan extrema se aplicara contra el jefe del Estado, se
alterarían las bases mismas del sistema presidencialista y se
pondría en riesgo nuestra frágil democracia. Esta forma de
gobierno se caracteriza por la permanencia de sus primeros
mandatarios, aunque las leyes contemplen procedimientos legales
para enjuiciar y destituir, en casos extremos de corrupción o
incapacidad, como los empleados recientemente en Brasil y
Venezuela.

El juicio y la destitución indicados corresponden al Congreso y,
aún éste, solo puede hacerlo como una forma de cirugía mayor para
una amputación dolorosa, necesaria para salvar a la República
misma. Normalmente, las dos funciones -parlamento y Ejecutivo-
cuidan recíprocamente de su estabilidad. El presidente tampoco
puede disolver el Congreso, pues entre ellos hay lo que se ha
llamado un "matrimonio sin divorcio". El "recall", en cambio, es
un derecho del cuerpo electoral.

Para la función administradora en general -no solo para el
presidente- hay medios distintos de control que, sin duda, se han
evidenciado insuficientes y deberían mejorar para evitar que
reinen ineptos y pecadores. Las sanciones que se imponen,
generalmente no sirven para erradicar los males y ni siquiera
para modificar las políticas juzgadas inconvenientes.

Sin embargo, si el "recall" se llegara a incorporar en la
legislación, podría aplicarse en otras áreas para extirpar la
inmoralidad y la ineptitud.

Podría utilizarse, por ejemplo, para mejorar la calidad
representativa del parlamento y corregir vicios de corrupción que
en él también se dan y hieren la sensibilidad ciudadana; el
electorado debería estar legalmente facultado para la remoción a
diputados inmorales o inútiles. Podría hacérselo en los
gobiernos municipales, donde concejales y alcaldes carroños
provocan las peores calamidades, como ha ocurrido en Guayaquil.

En todas partes se busca la manera de eliminar los vicios que se
han puesto de manifiesto en el gobierno representativo y lo han
llevado a una verdadera crisis, no solo por obra de malos
gobernantes sino por haberse fundado el mismo en una serie de
mitos: las nociones abstractas de libertad e igualdad, el
sufragio como expresión real de la voluntad del pueblo, y otros,
mientras la realidad política demostraba las peores negaciones:
imposición del poder económico, mal funcionamiento de los
partidos, menosprecio en los gobernantes de las necesidades
colectivas, prevalencia de los intereses particulares.

Entre los correctivos, hay el rígido control del gasto electoral
y ciertas formas de limitar la representación de los gobernantes,
que por principio era absoluta después de su elección. Se
permite que el pueblo intervenga "personalmente" en el hacer
político.

Bienvenidas las ideas que inspiren normas cuya aplicación impida
la putrefacción de la República. Esta debe haber sido la
intención del opinante, pues la revocación del mandato del
presidente Durán Ballén que ha mencionado debe entenderse solo
como su interpretación del sentimiento popular y en razón de lo
que Confucio dijo: "pierde el cariño del pueblo y perderás el
imperio". (4A)