Ecuatoriano es acusado de cometer asesinato cuádruple en la florida en diciembre de 1997.
Un jurado condena a muerte, por una huella de zapato
En la escena del crimen no se hallaron huellas digitales ni otras evidencias del ecuatoriano Nelson Serrano Sáenz
El pasado 25 de octubre, un jurado del estado de la Florida (EEUU) condenó a la pena de muerte al ciudadano Nelson Serrano Sáenz.
Este ecuatoriano de 67 años, naturalizado estadounidense, está acusado de haber asesinado a cuatro personas el 3 de diciembre de 1997.
El crimen perpetrado en contra de George Gonsalves (69 años de edad), Frank Dosso (35), Diane Patisso (28) y George Patisso (26) ocurrió en una fábrica de sistemas de transporte para máquinas de lavado en seco, ubicada en Bartow, en el condado de Polk. La empresa se llama Erie.
Esa tarde, alrededor de las 19:45, las víctimas fueron halladas en el piso de la oficina principal, en medio de charcos de sangre; los gabinetes, escritorios y paredes estaban salpicados de rojo. Los cuerpos presentaban varias heridas de bala en la cabeza.
Durante el juicio, la analista de la escena del crimen, Lynn Ernst, dijo que no encontró ninguna huella digital o la evidencia de ADN que ligara a Serrano con el asesinato.
Mencionó haber encontrado la impresión polvorienta de la suela de un zapato en el asiento de una silla, la cual habría sido utilizada por el presunto homicida para alcanzar un arma que estaba oculta en el techo de la oficina.
David Brooks, capitán de Policía de Bartow, señaló que en la escena del crimen se recogieron 11 cartuchos de un arma calibre 22 y un cartucho de un arma calibre 32, mas no había muestras de que se hubiera producido un forcejeo.
Hasta mediados de 1997, Serrano fue presidente de Erie. Los otros socios eran Felice Phill Dosso y Geoge Gonsalves. Ellos lo habían llamado a formar parte de la empresa por sus conocimientos y experiencia en diseño e instalación de sistemas. Con el paso del tiempo, su hijo Francisco ingresó a trabajar en el área de contabilidad.
A mediados de 1990, la relación entre Serrano y Gonsalves se deterioró. Según Dosso, porque este último le había recortado el sueldo al ecuatoriano y le había quitado su condición de presidente de la empresa.
Los acusadores también afirmaron que Francisco Serrano se negaba a entregar los libros contables y utilizaba el nombre de la compañía para sus propios negocios. Esto creó otra fuente de conflicto entre los socios, que concluyó con la separación del hijo del presunto homicida.
Los defensores de Nelson Serrano manifestaron que el compatriota jamás fue despedido sino que decidió retirarse voluntariamente al descubrir que había un faltante de $1 millón.
Añadieron que denunció la irregularidad al IRS (Servicio de Rentas Internas de EEUU) e inició un juicio civil contra Erie para reclamar sus derechos. Entonces, Serrano inició su propia empresa de transporte de ropa.
Así estaban las cosas el 3 de diciembre de 1997, cuando ocurrió el asesinato.
Las autoridades señalaron como su primer sospechoso a Serrano. Enseguida fueron a su hogar y aunque hallaron varias armas calibre 22, ninguna de ellas había sido usada en el crimen.
Para 2000, Serrano retornó al Ecuador. Dos años después fue deportado a los EEUU porque los investigadores creyeron haber hallado evidencias que lo incriminarían.
El juicio se desarrolló entre septiembre y octubre de este año y concluyó con la recomendación de nueve, de 12 de miembros del jurado, que pidieron la pena capital. La jueza que lleva el caso, Susan Roberts, deberá decidir si acoge la recomendación o la conmuta por la cadena perpetua. (SR/AA)
En el lugar equivocado, a la hora equivocada...
Tres de las víctimas estaban a punto de salir a celebrar el cumpleaños de los gemelos de la familia
George Gonsalves era ex socio de Nelson Serrano, Frank Dosso era hijo de Felice Phill Dosso (el otro socio), Diane Pattisso era hermana de Frank y George Patisso era su esposo.
Según los fiscales, Serrano mató a Gonsalves por venganza y creen que los otros fueron asesinados por hallarse en el lugar equivocado, a la hora equivocada.
El abogado de las víctimas, Juan Agüero, dijo que la tarde del 3 de diciembre de 1997, Diane Patisso había ingresado a la fábrica con el propósito de buscar a su marido y a su hermano, para llevarlos a la celebración del décimo cumpleaños de los gemelos de la familia Dosso.
Al percatarse de que Diane estaba en la oficina, Serrano la persiguió hacia el vestíbulo donde le disparó con dos armas a fin de asegurarse de su muerte, pues era la única testigo del homicidio, añadió el acusador.
Según Agüero, la eliminación de Diane Patisso le garantizaba al implicado que no sería arrestado. Nada justifica la naturaleza fría y calculadora del asesinato, manifestó.
Para la Fiscalía, este es un factor legal que justificaría la pena de muerte.
La joven Diane había sido compañera de trabajo de los fiscales de la ciudad de Bartow. Hasta el día de su muerte fue asistente del fiscal principal. (AA/SR)
Hay 13 huellas digitales, ninguna es del acusado
No se analizó el ADN de las colillas de cigarrillos que se encontraron en el lugar del crimen, según la defensa
Los investigadores encontraron 13 huellas digitales en la escena del crimen.
Ninguna era de los empleados de la fábrica. Tampoco pertenecían a Nelson Serrano.
En el lugar también había colillas de cigarrillos. Según la defensa, nunca se investigó el ADN de estas. Tampoco se analizó el material genético encontrado en las uñas de las víctimas, que aparentemente habrían luchado con el o los agresores.
Asimismo, debajo del cuerpo de una de las víctimas fue hallado un guante plástico que, según declaró la analista de la escena del crimen, Lynn Ernst, no tenía ninguna huella digital o la evidencia de ADN que ligara a Serrano con los asesinatos.
Por eso, en el transcurso del juicio, los parientes de Serrano se solidarizaron con el dolor que sienten los familiares de las víctimas, pero no podemos permitir que se trate de inculpar a una persona inocente que desde un principio permitió que se le investigue total y absolutamente, dijeron.
En cambio, de acuerdo a la versión de la Fiscalía, Serrano tenía motivos de sobra para matar a Gonsalves, ya que lo había expulsado de la compañía Erie Manufacturing.
Para la oficina del fiscal, la declaración del detective Steve Parker era suficiente para incriminar al sospechoso. Él manifestó que Serrano le había descrito la mala relación que tenía con Gonsalves y su otro socio Phill Dosso, padre de dos de las víctimas. (SR/AA)
Fiscalía incrimina con tiquetes de parqueo
El imputado se hallaba en Atlanta (Georgia), a cientos de kilómetros de Bartow
El día en que se cometió el cuádruple crimen, Nelson Serrano se hallaba en Atlanta (Georgia), en viaje de negocios.
Los abogados de Serrano presentaron videos del hotel La Quinta, de Atlanta, que certificaron que su defendido se encontraba en ese lugar.
Pero la Fiscalía argumenta que el 3 de diciembre de 1997, Serrano viajó desde Atlanta a Orlando (Florida), de allí se dirigió a Bartow para cometer los asesinatos, luego regresó a Orlando, desde cuyo aeropuerto retornó a Atlanta.
También señala que el acusado usó el nombre de su hijo, Juan Agacio, como coartada para comprar los pasajes.
Con el fin de sustentar la acusación, la Fiscalía presentó dos tiquetes de estacionamiento del aeropuerto de Orlando. Estos fueron hallados tres años después de los asesinatos en una caja de zapatos que se salvó de una inundación que afectó las bodegas de la terminal aérea.
En cada tiquete había una huella digital parcial del dedo índice derecho de Serrano. Uno presentaba la mitad de la huella y el otro tenía, exactamente, la otra mitad. (SR/CA)
Me dieron $100 mil para involucrarlo
En el vehículo no encuentran manchas de sangre, ni cabellos, ni fibras de ropa.
La Fiscalía presentó como testigo fundamental a un sobrino de Serrano, Álvaro Peñaherrera, quien supuestamente rentó un automóvil a su nombre.
El acusado habría utilizado ese vehículo para dirigirse a la fábrica el día de los asesinatos.
Según la defensa, esta no es la versión inicial dada por Peñaherrera a la Policía; tampoco coincide con la declaración realizada después ante el gran jurado.
Ante los 12 integrantes de ese cuerpo colegiado habría dicho fui presionado hasta llegar al llanto, tras afirmar que recibió $100 mil de recompensa por su declaración.
Así, la defensa asegura que la Policía amenazó a Peñaherrera con involucrarlo en el caso y acusarlo de perjurio si no decía lo que ellos querían oír.
Además, el vehículo rentado por Peñaherrera para que supuestamente lo usara su tío estuvo en manos de la Policía por varios días y fue minuciosamente registrado.
Los investigadores no encontraron ninguna huella digital, ninguna mancha de sangre, ningún cabello, ninguna fibra de ropa o evidencia de ADN que relacionara al carro con Serrano.
En lo relativo a las huellas existentes en los tiquetes del parqueadero del aeropuerto de Orlando, durante el juicio un experto mostró su extrañeza porque en ellos solo aparecen mitades del índice derecho.
Esto, por dos razones: no se puede coger un recibo con un solo dedo; además los conductores toman los tiquetes con la mano izquierda, cuando los retiran de los dispensadores y cuando los entregan (a la salida) a los guardias de seguridad.
Tampoco aparecen en los boletos las huellas de los guardias que los recibieron. (SR/CA)
Fiscalía no entrega pruebas contundentes
Nadie lo vio y ninguna cámara lo filmó en los aeropuertos por donde debió pasar
La Fiscalía adujo que Nelson Serrano usó el nombre de uno de sus hijos, Juan Agacio, para un vuelo y el alias John White para regresar a Atlanta.
No obstante, solo presentó la nómina en la que aparece el nombre de Juan Agacio. Estaba escrita a máquina (usualmente esto se hace en computadora) y el nombre del hijo constaba al final. El otro listado, en el que constaría John White, no fue exhibido en el juicio.
Según la defensa, nadie vio a Serrano en el aeropuerto de Atlanta el día de la masacre. No existe evidencia de que haya estado en el mostrador de la aerolínea, a la salida o en el mismo avión, señalaron sus abogados.
Añadieron que tampoco existen pruebas de que el acusado hubiera estado en los aeropuertos de Orlando y de Tampa, o dos veces en la terminal aérea de Atlanta. Es imposible que Nelson Serrano haya pasado por tres importantes aeropuertos sin ser filmado por ninguna cámara de seguridad, argumentaron ante el jurado.
La defensa concluyó que Serrano no pudo haber cometido el cuádruple crimen, porque los investigadores no hallaron ningún rastro de sangre en la ropa o en su persona.
También hicieron notar que las puertas de la oficina donde ocurrió la masacre no fueron forzadas y que el imputado no tenía las llaves de acceso.
Además permaneció en los EEUU tres años luego del 3 de diciembre de 1997. Después viajó al Ecuador. (SR/CA)
Serrano es detenido antes de que exista la boleta constitucional de encarcelamiento
La denuncia sobre las presuntas irregularidades cometidas en el proceso de deportación fue admitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 2 de noviembre de 2005
Nelson Serrano fue trasladado a uno de los calabozos de la Policía Nacional de Migración antes de que fuera emitida la boleta de encarcelamiento.
A las 17:10 del 31 de agosto de 2002, el entonces jefe de Migración de Pichincha, Telmo Egas Estrella, pidió al intendente de Pichincha de la época, Víctor Hugo Olmedo, que emitiera una boleta constitucional de encarcelamiento en contra de Nelson Serrano.
El empresario había sido requerido por la justicia de los EEUU, acusado de cuatro asesinatos.
En la boleta firmada por Olmedo consta la fecha 30 de agosto de 2002, es decir un día antes de que fuera solicitada.
El policía Luis Moreno informó que Serrano fue detenido a las 15:15 del 31 de agosto, cuando se hallaba en las inmediaciones de las calles Wilson y 6 de Diciembre, al norte de Quito.
Enseguida fue trasladado a un calabozo de la Dirección Nacional de Migración. Esto ocurrió una hora y 55 minutos antes de que el jefe de esa dependencia solicitara la boleta.
El ecuatoriano Alfredo Luna, quien ostenta un poder general conferido por Serrano, para que lo represente en diversos negocios que tiene en este país, dijo a BLANCO Y NEGRO que al imputado se lo mantuvo incomunicado, sin permitirle contactar a su abogado, se le asignó un defensor público pese a su oposición y a que contaba con los medios necesarios para pagar a un jurista.
Luna asegura que a Serrano no se le permitió hablar con su familia, se lo enjuicia y sentencia en pocos minutos y se lo traslada al aeropuerto Mariscal Sucre para ser expatriado. Esto se cumplió a la mañana siguiente.
En marzo de 2003, el proceso de deportación fue denunciado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El 2 de noviembre de 2005, los directivos de ese organismo aprobaron el informe de admisibilidad del caso. La Procuraduría defendió la actuación de la Policía Nacional. (SR/AA)
Según la Procuraduría, el actual acusado de haber cometido un crimen cuádruple no es ciudadano ecuatoriano; la Cancillería dice que el Estado reconoce la doble nacionalidad
En una carta enviada a la Comisión Interamericana de DDHH (23 de julio de 2003), la Procuraduría señala que Serrano es estadounidense, pues "nunca manifestó su decisión de recuperar la nacionalidad ecuatoriana a la que tenía derecho". Así justificó la deportación.
Tres años antes, en mayo de 2000, Nelson Serrano obtuvo su pasaporte ecuatoriano en el Consulado en Miami. Para esto presentó su cédula de identidad donde consta su lugar de nacimiento: "Quito, Pichincha"; y su nacionalidad: "estadounidense por naturalización".
Siete meses después, el 14 de diciembre de ese año, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un acuerdo que obliga a realizar un trámite en esa Cartera para recuperar la nacionalidad ecuatoriana.
Esto, en cumplimiento del artículo 11 de la Carta Política que señala: "Quien tenga la ciudadanía ecuatoriana al expedirse la presente Constitución continuará en goce de ella. Los ecuatorianos por nacimiento que se naturalicen o se hayan naturalizado en otro país podrán mantener la ciudadanía ecuatoriana".
La defensa de Serrano manifiesta que la Constitución está por encima de un acuerdo y que el actual acusado de cometer una masacre hizo el trámite (obtuvo el pasaporte ecuatoriano) antes del reglamento de la Cancillería.
Para la Procuraduría, el pasaporte es un documento de viaje que no acredita la ciudadanía. El asesor jurídico de la Cancillería, Andrés Terán, tiene igual criterio e indica que Serrano debió hacer el trámite ante esa dependencia, aunque lo califica de ciudadano ecuatoriano. En un correo electrónico, enviado por el vicecanciller, Diego Ribadeneira, al embajador en los EEUU, Luis Gallegos, consta: "las disposiciones vigentes reconocen la doble nacionalidad como un derecho irrenunciable de los ecuatorianos". (SR/AA)
PUNTO DE VISTA
La justicia tiene unas líneas invisibles
Este informe de BLANCO Y NEGRO aborda uno de aquellos temas en los cuales el trabajo de reporterismo e investigación parece terminar atormentando a los propios comunicadores.
Y es que por más que se intente entender las decisiones de los tribunales de justicia, no siempre resulta posible admitir que la ausencia de pruebas fidedignas que inculpen de un crimen a un ciudadano puedan terminar siendo el arma más letal en contra del inculpado.
El mes pasado, un jurado de la Florida, en los Estados Unidos, condenó a muerte al ciudadano Nelson Serrano Sáenz, ecuatoriano de 67 años, y naturalizado estadounidense, acusado de haber asesinado a cuatro personas en 1997.
La historia con los detalles de las pesquisas y la acción de jueces e investigadores la tienen ustedes en sus manos y podrán sacar sus propias conclusiones.
El reportaje, que pretende reconstruir los hechos ocurridos el fatídico 3 de diciembre de 1997, parece dejar una serie de interrogantes ya que se pone al descubierto que los investigadores arman sus propia historia, una historia no parecida a la estructurada sobre la base de las evidencias por ellos mismos detectadas tras el crimen.
La otra parte de la investigación de este informe muestra, en cambio, el proceder de las autoridades de migración del Ecuador que, parece, actúan al filo de la ley cuando deben certificar la deportación de uno de sus ciudadanos, bajo el argumento de que ha perdido la nacionalidad, lo que es desmentido por la propia Cancillería del Ecuador.
Siempre se ha dicho que la administración de la justicia es una de las actividades más difíciles que tiene un ser humano, por todos los riesgos que implica una decisión. Por eso, fallar a favor o en contra de una persona, a sabiendas de que esa decisión marcará su vida, no puede ser sino un acto de responsabilidad supremo sustentado en la doctrina jurídica y en las evidencias para no rebasar las líneas invisibles. (TFF)
Según la defensa, nadie vio a Serrano en el aeropuerto de Atlanta el día de la masacre. No existe evidencia de que haya estado en el mostrador de la aerolínea, a la salida o en el mismo avión, señalaron sus abogados. Añadieron que tampoco existen pruebas de que el acusado hubiera estado en los aeropuertos de Orlando y de Tampa, o dos veces en la terminal aérea de Atlanta. Es imposible que Nelson Serrano haya pasado por tres importantes aeropuertos sin ser filmado por ninguna cámara de seguridad, argumentaron ante el jurado.
La defensa concluyó que Serrano no pudo haber cometido el cuádruple crimen, porque los investigadores no hallaron ningún rastro de sangre en la ropa o en su persona.
También hicieron notar que las puertas de la oficina donde ocurrió la masacre no fueron forzadas y que el imputado no tenía las llaves de acceso.
Además permaneció en los EEUU tres años luego del 3 de diciembre de 1997. Después viajó al Ecuador. (SR/CA)
Serrano es detenido antes de que exista la boleta constitucional de encarcelamiento
La denuncia sobre las presuntas irregularidades cometidas en el proceso de deportación fue admitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 2 de noviembre de 2005
Nelson Serrano fue trasladado a uno de los calabozos de la Policía Nacional de Migración (foto) antes de que fuera emitida la boleta de encarcelamiento
A las 17:10 del 31 de agosto de 2002, el entonces jefe de Migración de Pichincha, Telmo Egas Estrella, pidió al intendente de Pichincha de la época, Víctor Hugo Olmedo, que emitiera una boleta constitucional de encarcelamiento en contra de Nelson Serrano.
El empresario había sido requerido por la justicia de los EEUU, acusado de cuatro asesinatos.
En la boleta firmada por Olmedo consta la fecha 30 de agosto de 2002, es decir un día antes de que fuera solicitada.
El policía Luis Moreno informó que Serrano fue detenido a las 15:15 del 31 de agosto, cuando se hallaba en las inmediaciones de las calles Wilson y 6 de Diciembre, al norte de Quito. Enseguida fue trasladado a un calabozo de la Dirección Nacional de Migración. Esto ocurrió una hora y 55 minutos antes de que el jefe de esa dependencia solicitara la boleta.
El ecuatoriano Alfredo Luna, quien ostenta un poder general conferido por Serrano, para que lo represente en diversos negocios que tiene en este país, dijo a BLANCO Y NEGRO que al imputado se lo mantuvo incomunicado, sin permitirle contactar a su abogado, se le asignó un defensor público pese a su oposición y a que contaba con los medios necesarios para pagar a un jurista.
Luna asegura que a Serrano no se le permitió hablar con su familia, se lo enjuicia y sentencia en pocos minutos y se lo traslada al aeropuerto Mariscal Sucre para ser expatriado. Esto se cumplió a la mañana siguiente.
En marzo de 2003, el proceso de deportación fue denunciado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 2 de noviembre de 2005, los directivos de ese organismo aprobaron el informe de admisibilidad del caso. La Procuraduría defendió la actuación de la Policía Nacional. (SR/AA)
Según la Procuraduría, el actual acusado de haber cometido un crimen cuádruple no es ciudadano ecuatoriano; la Cancillería dice que el Estado reconoce la doble nacionalidad
En una carta enviada a la Comisión Interamericana de DDHH (23 de julio de 2003), la Procuraduría señala que Serrano es estadounidense, pues "nunca manifestó su decisión de recuperar la nacionalidad ecuatoriana a la que tenía derecho". Así justificó la deportación.
Tres años antes, en mayo de 2000, Nelson Serrano obtuvo su pasaporte ecuatoriano en el Consulado en Miami. Para esto presentó su cédula de identidad donde consta su lugar de nacimiento: "Quito, Pichincha"; y su nacionalidad: "estadounidense por naturalización".
Siete meses después, el 14 de diciembre de ese año, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un acuerdo que obliga a realizar un trámite en esa Cartera para recuperar la nacionalidad ecuatoriana. Esto, en cumplimiento del artículo 11 de la Carta Política que señala: "Quien tenga la ciudadanía ecuatoriana al expedirse la presente Constitución continuará en goce de ella. Los ecuatorianos por nacimiento que se naturalicen o se hayan naturalizado en otro país podrán mantener la ciudadanía ecuatoriana".
La defensa de Serrano manifiesta que la Constitución está por encima de un acuerdo y que el actual acusado de cometer una masacre hizo el trámite (obtuvo el pasaporte ecuatoriano) antes del reglamento de la Cancillería.
Para la Procuraduría, el pasaporte es un documento de viaje que no acredita la ciudadanía. El asesor jurídico de la Cancillería, Andrés Terán, tiene igual criterio e indica que Serrano debió hacer el trámite ante esa dependencia, aunque lo califica de ciudadano ecuatoriano. En un correo electrónico, enviado por el vicecanciller, Diego Ribadeneira, al embajador en los EEUU, Luis Gallegos, consta: "las disposiciones vigentes reconocen la doble nacionalidad como un derecho irrenunciable de los ecuatorianos". (SR/AA)
PUNTO DE VISTA
La justicia tiene unas líneas invisibles
Este informe de BLANCO Y NEGRO aborda uno de aquellos temas en los cuales el trabajo de reporterismo e investigación parece terminar atormentando a los propios comunicadores.
Y es que por más que se intente entender las decisiones de los tribunales de justicia, no siempre resulta posible admitir que la ausencia de pruebas fidedignas que inculpen de un crimen a un ciudadano puedan terminar siendo el arma más letal en contra del inculpado.
El mes pasado, un jurado de la Florida, en los Estados Unidos, condenó a muerte al ciudadano Nelson Serrano Sáenz, ecuatoriano de 67 años, y naturalizado estadounidense, acusado de haber asesinado a cuatro personas en 1997.
La historia con los detalles de las pesquisas y la acción de jueces e investigadores la tienen ustedes en sus manos y podrán sacar sus propias conclusiones.
El reportaje, que pretende reconstruir los hechos ocurridos el fatídico 3 de diciembre de 1997, parece dejar una serie de interrogantes ya que se pone al descubierto que los investigadores arman sus propia historia, una historia no parecida a la estructurada sobre la base de las evidencias por ellos mismos detectadas tras el crimen.
La otra parte de la investigación de este informe muestra, en cambio, el proceder de las autoridades de migración del Ecuador que, parece, actúan al filo de la ley cuando deben certificar la deportación de uno de sus ciudadanos, bajo el argumento de que ha perdido la nacionalidad, lo que es desmentido por la propia Cancillería del Ecuador.
Siempre se ha dicho que la administración de la justicia es una de las actividades más difíciles que tiene un ser humano, por todos los riesgos que implica una decisión. Por eso, fallar a favor o en contra de una persona, a sabiendas de que esa decisión marcará su vida, no puede ser sino un acto de responsabilidad supremo sustentado en la doctrina jurídica y en las evidencias para no rebasar las líneas invisibles. (TFF)(Blanco y Negro)
Un jurado condena a muerte, por una huella de zapato
En la escena del crimen no se hallaron huellas digitales ni otras evidencias del ecuatoriano Nelson Serrano Sáenz
El pasado 25 de octubre, un jurado del estado de la Florida (EEUU) condenó a la pena de muerte al ciudadano Nelson Serrano Sáenz.
Este ecuatoriano de 67 años, naturalizado estadounidense, está acusado de haber asesinado a cuatro personas el 3 de diciembre de 1997.
El crimen perpetrado en contra de George Gonsalves (69 años de edad), Frank Dosso (35), Diane Patisso (28) y George Patisso (26) ocurrió en una fábrica de sistemas de transporte para máquinas de lavado en seco, ubicada en Bartow, en el condado de Polk. La empresa se llama Erie.
Esa tarde, alrededor de las 19:45, las víctimas fueron halladas en el piso de la oficina principal, en medio de charcos de sangre; los gabinetes, escritorios y paredes estaban salpicados de rojo. Los cuerpos presentaban varias heridas de bala en la cabeza.
Durante el juicio, la analista de la escena del crimen, Lynn Ernst, dijo que no encontró ninguna huella digital o la evidencia de ADN que ligara a Serrano con el asesinato.
Mencionó haber encontrado la impresión polvorienta de la suela de un zapato en el asiento de una silla, la cual habría sido utilizada por el presunto homicida para alcanzar un arma que estaba oculta en el techo de la oficina.
David Brooks, capitán de Policía de Bartow, señaló que en la escena del crimen se recogieron 11 cartuchos de un arma calibre 22 y un cartucho de un arma calibre 32, mas no había muestras de que se hubiera producido un forcejeo.
Hasta mediados de 1997, Serrano fue presidente de Erie. Los otros socios eran Felice Phill Dosso y Geoge Gonsalves. Ellos lo habían llamado a formar parte de la empresa por sus conocimientos y experiencia en diseño e instalación de sistemas. Con el paso del tiempo, su hijo Francisco ingresó a trabajar en el área de contabilidad.
A mediados de 1990, la relación entre Serrano y Gonsalves se deterioró. Según Dosso, porque este último le había recortado el sueldo al ecuatoriano y le había quitado su condición de presidente de la empresa.
Los acusadores también afirmaron que Francisco Serrano se negaba a entregar los libros contables y utilizaba el nombre de la compañía para sus propios negocios. Esto creó otra fuente de conflicto entre los socios, que concluyó con la separación del hijo del presunto homicida.
Los defensores de Nelson Serrano manifestaron que el compatriota jamás fue despedido sino que decidió retirarse voluntariamente al descubrir que había un faltante de $1 millón.
Añadieron que denunció la irregularidad al IRS (Servicio de Rentas Internas de EEUU) e inició un juicio civil contra Erie para reclamar sus derechos. Entonces, Serrano inició su propia empresa de transporte de ropa.
Así estaban las cosas el 3 de diciembre de 1997, cuando ocurrió el asesinato.
Las autoridades señalaron como su primer sospechoso a Serrano. Enseguida fueron a su hogar y aunque hallaron varias armas calibre 22, ninguna de ellas había sido usada en el crimen.
Para 2000, Serrano retornó al Ecuador. Dos años después fue deportado a los EEUU porque los investigadores creyeron haber hallado evidencias que lo incriminarían.
El juicio se desarrolló entre septiembre y octubre de este año y concluyó con la recomendación de nueve, de 12 de miembros del jurado, que pidieron la pena capital. La jueza que lleva el caso, Susan Roberts, deberá decidir si acoge la recomendación o la conmuta por la cadena perpetua. (SR/AA)
En el lugar equivocado, a la hora equivocada...
Tres de las víctimas estaban a punto de salir a celebrar el cumpleaños de los gemelos de la familia
George Gonsalves era ex socio de Nelson Serrano, Frank Dosso era hijo de Felice Phill Dosso (el otro socio), Diane Pattisso era hermana de Frank y George Patisso era su esposo.
Según los fiscales, Serrano mató a Gonsalves por venganza y creen que los otros fueron asesinados por hallarse en el lugar equivocado, a la hora equivocada.
El abogado de las víctimas, Juan Agüero, dijo que la tarde del 3 de diciembre de 1997, Diane Patisso había ingresado a la fábrica con el propósito de buscar a su marido y a su hermano, para llevarlos a la celebración del décimo cumpleaños de los gemelos de la familia Dosso.
Al percatarse de que Diane estaba en la oficina, Serrano la persiguió hacia el vestíbulo donde le disparó con dos armas a fin de asegurarse de su muerte, pues era la única testigo del homicidio, añadió el acusador.
Según Agüero, la eliminación de Diane Patisso le garantizaba al implicado que no sería arrestado. Nada justifica la naturaleza fría y calculadora del asesinato, manifestó.
Para la Fiscalía, este es un factor legal que justificaría la pena de muerte.
La joven Diane había sido compañera de trabajo de los fiscales de la ciudad de Bartow. Hasta el día de su muerte fue asistente del fiscal principal. (AA/SR)
Hay 13 huellas digitales, ninguna es del acusado
No se analizó el ADN de las colillas de cigarrillos que se encontraron en el lugar del crimen, según la defensa
Los investigadores encontraron 13 huellas digitales en la escena del crimen.
Ninguna era de los empleados de la fábrica. Tampoco pertenecían a Nelson Serrano.
En el lugar también había colillas de cigarrillos. Según la defensa, nunca se investigó el ADN de estas. Tampoco se analizó el material genético encontrado en las uñas de las víctimas, que aparentemente habrían luchado con el o los agresores.
Asimismo, debajo del cuerpo de una de las víctimas fue hallado un guante plástico que, según declaró la analista de la escena del crimen, Lynn Ernst, no tenía ninguna huella digital o la evidencia de ADN que ligara a Serrano con los asesinatos.
Por eso, en el transcurso del juicio, los parientes de Serrano se solidarizaron con el dolor que sienten los familiares de las víctimas, pero no podemos permitir que se trate de inculpar a una persona inocente que desde un principio permitió que se le investigue total y absolutamente, dijeron.
En cambio, de acuerdo a la versión de la Fiscalía, Serrano tenía motivos de sobra para matar a Gonsalves, ya que lo había expulsado de la compañía Erie Manufacturing.
Para la oficina del fiscal, la declaración del detective Steve Parker era suficiente para incriminar al sospechoso. Él manifestó que Serrano le había descrito la mala relación que tenía con Gonsalves y su otro socio Phill Dosso, padre de dos de las víctimas. (SR/AA)
Fiscalía incrimina con tiquetes de parqueo
El imputado se hallaba en Atlanta (Georgia), a cientos de kilómetros de Bartow
El día en que se cometió el cuádruple crimen, Nelson Serrano se hallaba en Atlanta (Georgia), en viaje de negocios.
Los abogados de Serrano presentaron videos del hotel La Quinta, de Atlanta, que certificaron que su defendido se encontraba en ese lugar.
Pero la Fiscalía argumenta que el 3 de diciembre de 1997, Serrano viajó desde Atlanta a Orlando (Florida), de allí se dirigió a Bartow para cometer los asesinatos, luego regresó a Orlando, desde cuyo aeropuerto retornó a Atlanta.
También señala que el acusado usó el nombre de su hijo, Juan Agacio, como coartada para comprar los pasajes.
Con el fin de sustentar la acusación, la Fiscalía presentó dos tiquetes de estacionamiento del aeropuerto de Orlando. Estos fueron hallados tres años después de los asesinatos en una caja de zapatos que se salvó de una inundación que afectó las bodegas de la terminal aérea.
En cada tiquete había una huella digital parcial del dedo índice derecho de Serrano. Uno presentaba la mitad de la huella y el otro tenía, exactamente, la otra mitad. (SR/CA)
Me dieron $100 mil para involucrarlo
En el vehículo no encuentran manchas de sangre, ni cabellos, ni fibras de ropa.
La Fiscalía presentó como testigo fundamental a un sobrino de Serrano, Álvaro Peñaherrera, quien supuestamente rentó un automóvil a su nombre.
El acusado habría utilizado ese vehículo para dirigirse a la fábrica el día de los asesinatos.
Según la defensa, esta no es la versión inicial dada por Peñaherrera a la Policía; tampoco coincide con la declaración realizada después ante el gran jurado.
Ante los 12 integrantes de ese cuerpo colegiado habría dicho fui presionado hasta llegar al llanto, tras afirmar que recibió $100 mil de recompensa por su declaración.
Así, la defensa asegura que la Policía amenazó a Peñaherrera con involucrarlo en el caso y acusarlo de perjurio si no decía lo que ellos querían oír.
Además, el vehículo rentado por Peñaherrera para que supuestamente lo usara su tío estuvo en manos de la Policía por varios días y fue minuciosamente registrado.
Los investigadores no encontraron ninguna huella digital, ninguna mancha de sangre, ningún cabello, ninguna fibra de ropa o evidencia de ADN que relacionara al carro con Serrano.
En lo relativo a las huellas existentes en los tiquetes del parqueadero del aeropuerto de Orlando, durante el juicio un experto mostró su extrañeza porque en ellos solo aparecen mitades del índice derecho.
Esto, por dos razones: no se puede coger un recibo con un solo dedo; además los conductores toman los tiquetes con la mano izquierda, cuando los retiran de los dispensadores y cuando los entregan (a la salida) a los guardias de seguridad.
Tampoco aparecen en los boletos las huellas de los guardias que los recibieron. (SR/CA)
Fiscalía no entrega pruebas contundentes
Nadie lo vio y ninguna cámara lo filmó en los aeropuertos por donde debió pasar
La Fiscalía adujo que Nelson Serrano usó el nombre de uno de sus hijos, Juan Agacio, para un vuelo y el alias John White para regresar a Atlanta.
No obstante, solo presentó la nómina en la que aparece el nombre de Juan Agacio. Estaba escrita a máquina (usualmente esto se hace en computadora) y el nombre del hijo constaba al final. El otro listado, en el que constaría John White, no fue exhibido en el juicio.
Según la defensa, nadie vio a Serrano en el aeropuerto de Atlanta el día de la masacre. No existe evidencia de que haya estado en el mostrador de la aerolínea, a la salida o en el mismo avión, señalaron sus abogados.
Añadieron que tampoco existen pruebas de que el acusado hubiera estado en los aeropuertos de Orlando y de Tampa, o dos veces en la terminal aérea de Atlanta. Es imposible que Nelson Serrano haya pasado por tres importantes aeropuertos sin ser filmado por ninguna cámara de seguridad, argumentaron ante el jurado.
La defensa concluyó que Serrano no pudo haber cometido el cuádruple crimen, porque los investigadores no hallaron ningún rastro de sangre en la ropa o en su persona.
También hicieron notar que las puertas de la oficina donde ocurrió la masacre no fueron forzadas y que el imputado no tenía las llaves de acceso.
Además permaneció en los EEUU tres años luego del 3 de diciembre de 1997. Después viajó al Ecuador. (SR/CA)
Serrano es detenido antes de que exista la boleta constitucional de encarcelamiento
La denuncia sobre las presuntas irregularidades cometidas en el proceso de deportación fue admitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 2 de noviembre de 2005
Nelson Serrano fue trasladado a uno de los calabozos de la Policía Nacional de Migración antes de que fuera emitida la boleta de encarcelamiento.
A las 17:10 del 31 de agosto de 2002, el entonces jefe de Migración de Pichincha, Telmo Egas Estrella, pidió al intendente de Pichincha de la época, Víctor Hugo Olmedo, que emitiera una boleta constitucional de encarcelamiento en contra de Nelson Serrano.
El empresario había sido requerido por la justicia de los EEUU, acusado de cuatro asesinatos.
En la boleta firmada por Olmedo consta la fecha 30 de agosto de 2002, es decir un día antes de que fuera solicitada.
El policía Luis Moreno informó que Serrano fue detenido a las 15:15 del 31 de agosto, cuando se hallaba en las inmediaciones de las calles Wilson y 6 de Diciembre, al norte de Quito.
Enseguida fue trasladado a un calabozo de la Dirección Nacional de Migración. Esto ocurrió una hora y 55 minutos antes de que el jefe de esa dependencia solicitara la boleta.
El ecuatoriano Alfredo Luna, quien ostenta un poder general conferido por Serrano, para que lo represente en diversos negocios que tiene en este país, dijo a BLANCO Y NEGRO que al imputado se lo mantuvo incomunicado, sin permitirle contactar a su abogado, se le asignó un defensor público pese a su oposición y a que contaba con los medios necesarios para pagar a un jurista.
Luna asegura que a Serrano no se le permitió hablar con su familia, se lo enjuicia y sentencia en pocos minutos y se lo traslada al aeropuerto Mariscal Sucre para ser expatriado. Esto se cumplió a la mañana siguiente.
En marzo de 2003, el proceso de deportación fue denunciado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El 2 de noviembre de 2005, los directivos de ese organismo aprobaron el informe de admisibilidad del caso. La Procuraduría defendió la actuación de la Policía Nacional. (SR/AA)
Según la Procuraduría, el actual acusado de haber cometido un crimen cuádruple no es ciudadano ecuatoriano; la Cancillería dice que el Estado reconoce la doble nacionalidad
En una carta enviada a la Comisión Interamericana de DDHH (23 de julio de 2003), la Procuraduría señala que Serrano es estadounidense, pues "nunca manifestó su decisión de recuperar la nacionalidad ecuatoriana a la que tenía derecho". Así justificó la deportación.
Tres años antes, en mayo de 2000, Nelson Serrano obtuvo su pasaporte ecuatoriano en el Consulado en Miami. Para esto presentó su cédula de identidad donde consta su lugar de nacimiento: "Quito, Pichincha"; y su nacionalidad: "estadounidense por naturalización".
Siete meses después, el 14 de diciembre de ese año, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un acuerdo que obliga a realizar un trámite en esa Cartera para recuperar la nacionalidad ecuatoriana.
Esto, en cumplimiento del artículo 11 de la Carta Política que señala: "Quien tenga la ciudadanía ecuatoriana al expedirse la presente Constitución continuará en goce de ella. Los ecuatorianos por nacimiento que se naturalicen o se hayan naturalizado en otro país podrán mantener la ciudadanía ecuatoriana".
La defensa de Serrano manifiesta que la Constitución está por encima de un acuerdo y que el actual acusado de cometer una masacre hizo el trámite (obtuvo el pasaporte ecuatoriano) antes del reglamento de la Cancillería.
Para la Procuraduría, el pasaporte es un documento de viaje que no acredita la ciudadanía. El asesor jurídico de la Cancillería, Andrés Terán, tiene igual criterio e indica que Serrano debió hacer el trámite ante esa dependencia, aunque lo califica de ciudadano ecuatoriano. En un correo electrónico, enviado por el vicecanciller, Diego Ribadeneira, al embajador en los EEUU, Luis Gallegos, consta: "las disposiciones vigentes reconocen la doble nacionalidad como un derecho irrenunciable de los ecuatorianos". (SR/AA)
PUNTO DE VISTA
La justicia tiene unas líneas invisibles
Este informe de BLANCO Y NEGRO aborda uno de aquellos temas en los cuales el trabajo de reporterismo e investigación parece terminar atormentando a los propios comunicadores.
Y es que por más que se intente entender las decisiones de los tribunales de justicia, no siempre resulta posible admitir que la ausencia de pruebas fidedignas que inculpen de un crimen a un ciudadano puedan terminar siendo el arma más letal en contra del inculpado.
El mes pasado, un jurado de la Florida, en los Estados Unidos, condenó a muerte al ciudadano Nelson Serrano Sáenz, ecuatoriano de 67 años, y naturalizado estadounidense, acusado de haber asesinado a cuatro personas en 1997.
La historia con los detalles de las pesquisas y la acción de jueces e investigadores la tienen ustedes en sus manos y podrán sacar sus propias conclusiones.
El reportaje, que pretende reconstruir los hechos ocurridos el fatídico 3 de diciembre de 1997, parece dejar una serie de interrogantes ya que se pone al descubierto que los investigadores arman sus propia historia, una historia no parecida a la estructurada sobre la base de las evidencias por ellos mismos detectadas tras el crimen.
La otra parte de la investigación de este informe muestra, en cambio, el proceder de las autoridades de migración del Ecuador que, parece, actúan al filo de la ley cuando deben certificar la deportación de uno de sus ciudadanos, bajo el argumento de que ha perdido la nacionalidad, lo que es desmentido por la propia Cancillería del Ecuador.
Siempre se ha dicho que la administración de la justicia es una de las actividades más difíciles que tiene un ser humano, por todos los riesgos que implica una decisión. Por eso, fallar a favor o en contra de una persona, a sabiendas de que esa decisión marcará su vida, no puede ser sino un acto de responsabilidad supremo sustentado en la doctrina jurídica y en las evidencias para no rebasar las líneas invisibles. (TFF)
Según la defensa, nadie vio a Serrano en el aeropuerto de Atlanta el día de la masacre. No existe evidencia de que haya estado en el mostrador de la aerolínea, a la salida o en el mismo avión, señalaron sus abogados. Añadieron que tampoco existen pruebas de que el acusado hubiera estado en los aeropuertos de Orlando y de Tampa, o dos veces en la terminal aérea de Atlanta. Es imposible que Nelson Serrano haya pasado por tres importantes aeropuertos sin ser filmado por ninguna cámara de seguridad, argumentaron ante el jurado.
La defensa concluyó que Serrano no pudo haber cometido el cuádruple crimen, porque los investigadores no hallaron ningún rastro de sangre en la ropa o en su persona.
También hicieron notar que las puertas de la oficina donde ocurrió la masacre no fueron forzadas y que el imputado no tenía las llaves de acceso.
Además permaneció en los EEUU tres años luego del 3 de diciembre de 1997. Después viajó al Ecuador. (SR/CA)
Serrano es detenido antes de que exista la boleta constitucional de encarcelamiento
La denuncia sobre las presuntas irregularidades cometidas en el proceso de deportación fue admitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 2 de noviembre de 2005
Nelson Serrano fue trasladado a uno de los calabozos de la Policía Nacional de Migración (foto) antes de que fuera emitida la boleta de encarcelamiento
A las 17:10 del 31 de agosto de 2002, el entonces jefe de Migración de Pichincha, Telmo Egas Estrella, pidió al intendente de Pichincha de la época, Víctor Hugo Olmedo, que emitiera una boleta constitucional de encarcelamiento en contra de Nelson Serrano.
El empresario había sido requerido por la justicia de los EEUU, acusado de cuatro asesinatos.
En la boleta firmada por Olmedo consta la fecha 30 de agosto de 2002, es decir un día antes de que fuera solicitada.
El policía Luis Moreno informó que Serrano fue detenido a las 15:15 del 31 de agosto, cuando se hallaba en las inmediaciones de las calles Wilson y 6 de Diciembre, al norte de Quito. Enseguida fue trasladado a un calabozo de la Dirección Nacional de Migración. Esto ocurrió una hora y 55 minutos antes de que el jefe de esa dependencia solicitara la boleta.
El ecuatoriano Alfredo Luna, quien ostenta un poder general conferido por Serrano, para que lo represente en diversos negocios que tiene en este país, dijo a BLANCO Y NEGRO que al imputado se lo mantuvo incomunicado, sin permitirle contactar a su abogado, se le asignó un defensor público pese a su oposición y a que contaba con los medios necesarios para pagar a un jurista.
Luna asegura que a Serrano no se le permitió hablar con su familia, se lo enjuicia y sentencia en pocos minutos y se lo traslada al aeropuerto Mariscal Sucre para ser expatriado. Esto se cumplió a la mañana siguiente.
En marzo de 2003, el proceso de deportación fue denunciado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 2 de noviembre de 2005, los directivos de ese organismo aprobaron el informe de admisibilidad del caso. La Procuraduría defendió la actuación de la Policía Nacional. (SR/AA)
Según la Procuraduría, el actual acusado de haber cometido un crimen cuádruple no es ciudadano ecuatoriano; la Cancillería dice que el Estado reconoce la doble nacionalidad
En una carta enviada a la Comisión Interamericana de DDHH (23 de julio de 2003), la Procuraduría señala que Serrano es estadounidense, pues "nunca manifestó su decisión de recuperar la nacionalidad ecuatoriana a la que tenía derecho". Así justificó la deportación.
Tres años antes, en mayo de 2000, Nelson Serrano obtuvo su pasaporte ecuatoriano en el Consulado en Miami. Para esto presentó su cédula de identidad donde consta su lugar de nacimiento: "Quito, Pichincha"; y su nacionalidad: "estadounidense por naturalización".
Siete meses después, el 14 de diciembre de ese año, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un acuerdo que obliga a realizar un trámite en esa Cartera para recuperar la nacionalidad ecuatoriana. Esto, en cumplimiento del artículo 11 de la Carta Política que señala: "Quien tenga la ciudadanía ecuatoriana al expedirse la presente Constitución continuará en goce de ella. Los ecuatorianos por nacimiento que se naturalicen o se hayan naturalizado en otro país podrán mantener la ciudadanía ecuatoriana".
La defensa de Serrano manifiesta que la Constitución está por encima de un acuerdo y que el actual acusado de cometer una masacre hizo el trámite (obtuvo el pasaporte ecuatoriano) antes del reglamento de la Cancillería.
Para la Procuraduría, el pasaporte es un documento de viaje que no acredita la ciudadanía. El asesor jurídico de la Cancillería, Andrés Terán, tiene igual criterio e indica que Serrano debió hacer el trámite ante esa dependencia, aunque lo califica de ciudadano ecuatoriano. En un correo electrónico, enviado por el vicecanciller, Diego Ribadeneira, al embajador en los EEUU, Luis Gallegos, consta: "las disposiciones vigentes reconocen la doble nacionalidad como un derecho irrenunciable de los ecuatorianos". (SR/AA)
PUNTO DE VISTA
La justicia tiene unas líneas invisibles
Este informe de BLANCO Y NEGRO aborda uno de aquellos temas en los cuales el trabajo de reporterismo e investigación parece terminar atormentando a los propios comunicadores.
Y es que por más que se intente entender las decisiones de los tribunales de justicia, no siempre resulta posible admitir que la ausencia de pruebas fidedignas que inculpen de un crimen a un ciudadano puedan terminar siendo el arma más letal en contra del inculpado.
El mes pasado, un jurado de la Florida, en los Estados Unidos, condenó a muerte al ciudadano Nelson Serrano Sáenz, ecuatoriano de 67 años, y naturalizado estadounidense, acusado de haber asesinado a cuatro personas en 1997.
La historia con los detalles de las pesquisas y la acción de jueces e investigadores la tienen ustedes en sus manos y podrán sacar sus propias conclusiones.
El reportaje, que pretende reconstruir los hechos ocurridos el fatídico 3 de diciembre de 1997, parece dejar una serie de interrogantes ya que se pone al descubierto que los investigadores arman sus propia historia, una historia no parecida a la estructurada sobre la base de las evidencias por ellos mismos detectadas tras el crimen.
La otra parte de la investigación de este informe muestra, en cambio, el proceder de las autoridades de migración del Ecuador que, parece, actúan al filo de la ley cuando deben certificar la deportación de uno de sus ciudadanos, bajo el argumento de que ha perdido la nacionalidad, lo que es desmentido por la propia Cancillería del Ecuador.
Siempre se ha dicho que la administración de la justicia es una de las actividades más difíciles que tiene un ser humano, por todos los riesgos que implica una decisión. Por eso, fallar a favor o en contra de una persona, a sabiendas de que esa decisión marcará su vida, no puede ser sino un acto de responsabilidad supremo sustentado en la doctrina jurídica y en las evidencias para no rebasar las líneas invisibles. (TFF)(Blanco y Negro)
Más en el