Tras montones de consultas legales parecía que les iban a pagar; en la recta final, la AGD se niega.
Fondo solidez: todos reconocen derecho de tenedores, menos la AGD
En diciembre de 2000 vencieron los plazos de las obligaciones; entonces, los fideicomitentes iniciaron gestiones para recuperar el dinero.
Cantos, no queremos dineros del Estado, queremos que nos pagues con lo que produce el Banco Popular. Esta es una de las consignas que gritan todos los jueves los beneficiarios del fideicomiso Solidez, en las afueras de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD).
Este fue constituido en 1995, cuatro años antes de que el Banco Popular (BP) entrara en saneamiento. Alrededor de 400 cuentaahorristas y cuentacorrentistas, a instancias de los oficiales de cuenta que prometían altos rendimientos, colocaron el dinero en el fideicomiso.
Para esto, el Grupo Financiero Popular, conformado por el BP y el Banco Popular Internacional (off shore), en calidad de fiduciario, entregaron a los beneficiarios certificados convertibles en acciones que contaban con la garantía general del banco emisor.
En los certificados se mencionaba que el dinero captado por el fideicomiso sería invertido según las instrucciones y el encargo fiduciario; así, las personas (naturales y jurídicas) se convertían en beneficiarios del activo subyacente.
El procedimiento fue aprobado por los superintendentes de Bancos y de Compañías. También se amparaba en la Ley de Mercado de Valores y en la resolución CNV-94-005, publicada en el Registro Oficial, en marzo de 1994.
Según informes del estado financiero del BP y de la auditora Deloitte & Touche, el Banco Popular del Ecuador es el propietario del 100% de las acciones del banco off shore. Por tanto, es la sociedad controladora la que debe responder por todas las instituciones integrantes del Grupo, sostiene Carlos Solines Coronel, procurador judicial de alrededor de 70 fideicomitentes.
Cuando el BP entró en saneamiento y pasó al control de la AGD, su gerente general y su Directorio asumieron todas las atribuciones de la Junta General de Accionistas y del Directorio del Banco. Lo mismo ocurrió con las otras instituciones en saneamiento, según la Ley de Reordenamiento Económico.
En diciembre de 2000 vencieron los plazos de las obligaciones. Entonces, los fideicomitentes iniciaron reclamos para recuperar su dinero, que suma un total de $31 546 000.
Las consultas a los organismos pertinentes iban y venían hasta mediados de enero de 2003, cuando la Junta Bancaria emitió la resolución de carácter general n.º JB-2003-521. Esta daría luz verde al pago.
El artículo 2.º reitera el carácter de acreencias que tienen las obligaciones convertibles en acciones emitidas por instituciones financieras que posteriormente han sido sometidas a procesos de saneamiento y liquidación, y reconoce el derecho de sus tenedores de exigir a las entidades emisoras el pago de esas obligaciones que se encontraren vencidas, siempre que sus titulares no hubieren ejercido el derecho de convertirse en sus accionistas.
Los tenedores hasta ahora no recuperan el dinero. (AA/SR)
Varias autoridades piden a Cantos "honrar" los títulos
"SÚPER" DE COMPAÑÍAS dice que se debe contribuir al reconocimiento de un derecho legítimamente adquirido
La Superintendencia de Compañías, la Súper de Bancos, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y dos ex asesores jurídicos de la AGD recomendaron el pago.
En carta enviada a la gerenta de la AGD, Alejandra Cantos, el superintendente de Compañías, Fabián Albuja, señaló: Solicito a la institución de su digna representación que efectúe dentro del marco de la Constitución y la ley las gestiones necesarias para honrar el pago de los títulos valores (fideicomiso Solidez) a sus tenedores, en aras de contribuir al reconocimiento de un derecho legítimamente adquirido por estos.
El procurador José María Borja también recomendó el pago: Corresponde proceder de conformidad con lo resuelto por la Junta Bancaria y por el superintendente de Bancos. (SR)
"Necesito la plata para pagar la educación de mis hijos pequeños"
"Mi nombre es René Torres, tengo 61 años y soy auditor profesional. Por mi edad, nadie me da empleo y hago trabajos ocasionales.
La crisis bancaria arruinó mi patrimonio, por eso ahora trato de recuperar lo único que me queda y está en el fideicomiso Solidez.
Necesito esos recursos para pagar la educación de mis hijos pequeños de 7 y 10 años. Del dinero que puse en el fideicomiso me pagaron intereses hasta enero de 2000; el Banco Popular entró en saneamiento en septiembre de 1999.
Esto significa que la AGD había reconocido nuestro derecho a recuperar el dinero. Después no he recibido un solo centavo.
Después confiaba en que el Estado haría justicia y me entregaría los recursos, para eso hay la resolución de la Junta Bancaria.
Como esto no ha sucedido, me integré al grupo de perjudicados para pelear por la devolución. Entre gestiones y consultas han transcurrido siete años. Ahora nos toca la vía legal". (SR)
René Torres
"Las autoridades han adoptado la actitud de Poncio Pilatos: se lavan las manos"
"Me llamo Marta Merino, soy divorciada y me dedico a la actividad turística desde hace 32 años.
En el fideicomiso Solidez coloqué los ahorros de 20 años; esto representa el trabajo de toda una vida.
Cuando hubo la crisis bancaria, en la hostería de la que soy dueña, apenas vendíamos un promedio de ocho almuerzos diarios, pero tenía que pagar el sueldo de 30 empleados. Entonces todos pensábamos que el negocio se iría a la quiebra, pero trabajamos duro y logramos salir adelante.
Por suerte, en esa época mi hija terminaba sus estudios en Chile, de lo contrario no hubiera podido continuar pagando su educación.
En el negocio tenemos una camioneta vieja y le pido a Dios que no se dañe, porque no hay dinero para comprar una nueva.
Nuestro reclamo no ha sido atendido, pese a que existen las órdenes para que nos devuelvan el dinero. Las autoridades de la AGD han adoptado la actitud de Poncio Pilatos: se lavan las manos. Me siento burlada y defraudada, porque el Estado creó la AGD para garantizar la devolución de los fondos a los perjudicados". (SR)
Marta Merino
Asesores recomiendan pagar a los perjudicados
Ex asesora jurídica informó a la gerenta sobre la viabilidad; otro funcionario propuso formas de cancelar
El 15 de enero de 2003, el ex superintendente de Bancos, Miguel Dávila, recomendó el pago a los tenedores.
En comunicación enviada a la AGD señaló: Debe honrarse en forma inmediata el pago a los acreedores del fideicomiso Solidez, de las obligaciones convertibles en acciones aportadas a dicho fideicomiso, de acuerdo a la resolución emitida en esos días por la Junta Bancaria.
En mayo de 2004, el entonces director de asesoría legal de la AGD recomendó la entrega inmediata de los certificados de pasivos garantizados a la totalidad de los perjudicados por el fideicomiso Solidez.
En enero de este año, la ex asesora jurídica, Martha Padilla, informó a la actual gerenta de la AGD: Es viable cancelar las obligaciones del fideicomiso Solidez. (AA/SR)
"Pienso que no nos pagan para usar ese dinero en las liquidaciones de los empleados de la AGD"
"Mi nombre es Ana María Cruz, tengo 67 años. El dinero que puse en el fideicomiso estaba destinado a cubrir los gastos de mi vejez.
Con mi edad, no puedo conseguir trabajo en ningún lugar, solo me queda fomentar un pequeño negocio que tengo en mi casa para obtener recursos y poder subsistir. Actualmente mi negocio no tiene liquidez porque no tengo plata para invertir.
Mi esposo, que también es de la tercera edad, está enfermo y el poco dinero no alcanza para pagar los gastos médicos. Esto me obligó a pedir un crédito y aún estoy endeudada.
Me siento robada y asaltada por el Estado; el caso es que no sabemos ante qué nueva instancia debemos acudir para que se nos haga justicia. Lo raro es que todos nos dan la razón pero ninguna autoridad hace cumplir la orden de pago. Yo creo que nuestra plata la guardan para pagar las liquidaciones de los empleados de la AGD". (SR)
Ana María Cruz
"Durante estos años nos ofrecieron pagar por debajo de la mesa"
"Soy agricultor, mi nombre es Aníbal Caicedo y tengo 62 años. Cuando hubo el feriado bancario yo pasé por un problema psicológico y estuve punto de irme a la "otra vida". Yo tenía una plantación de palma africana en la zona de Quevedo y me vi obligado a vender la mitad de las 12 hectáreas, para seguir con mi negocio.
Puse mi plata en el fideicomiso porque el Banco Popular era una institución seria, muy bien calificada y de solvencia. Al menos eso se creía.
Durante estos años, los perjudicados hemos tenido la oportunidad de cobrar "por debajo de la mesa", es decir que debíamos entregar una parte del dinero a funcionarios de la AGD que nos ofrecían el pago. No lo hicimos, porque pensábamos que debíamos agotar todos las instancias. Ahora tenemos los criterios de diferentes autoridades que han insistido ante la AGD para que nos devuelva el dinero.
Como esto no ha sucedido, creo que debemos entablar demandas, pero no queremos que la doctora Cantos vaya a la cárcel, sino que nos pague". (SR)
Aníbal Caicedo
Gerenta de la AGD niega la posibilidad de pagar, porque cree que cometería peculado
La funcionaria indica que la resolución emitida por la Junta Bancaria en 2003 y su ampliación no constituyen un mandato, sino criterios que no tienen carácter vinculante
La gerenta de la AGD, Alejandra Cantos, explicó que no es posible pagar a los tenedores de las obligaciones del fideicomiso Solidez.
Esto lo hizo mediante cartas enviadas al procurador del Estado, José María Borja, y a la directora del consumidor y el usuario de la Defensoría del Pueblo, Yashira Naranjo.
BLANCO Y NEGRO no pudo conversar con la funcionaria, porque, según la oficina de Relaciones Públicas de la AGD, estaba fuera del país. Este suplemento intentó hablar con el asesor que maneja el tema, pero él nunca devolvió las llamadas para concertar una entrevista.
En las cartas, Cantos señala que la resolución de la Junta Bancaria y su ampliación, suscrita por el ex superintendente de Bancos, Miguel Dávila, no constituyen un mandato, pues solo se trata de criterios no vinculantes.
Para el procurador judicial de los tenedores, Carlos Solines, la ampliación de la resolución, en la que se especifica el caso del fideicomiso Solidez, sí es vinculante, pues se equipara con los pronunciamientos (vinculantes) de Procuraduría o Contraloría, que usualmente salen vía oficios firmados por sus autoridades.
Borja coincidiría con ese punto de vista. Esto se evidencia en un oficio enviado a la gerenta en septiembre pasado, en el que le pide explicaciones por no haber cumplido lo dispuesto por la Junta Bancaria.
La gerenta replicó que los tenedores no son obligacionistas (acreedores) del Banco Popular pues esta calidad la tiene el fideicomiso mercantil Solidez, no las personas que contrajeron la calidad de fideicomitentes adherentes de dichas obligaciones.
De esta forma, señala, quien tiene legítimo derecho es el fideicomiso Solidez, no los adherentes, pues en los asientos contables del BP no se evidencia cuenta por pagar alguna, derivada de la emisión, a favor de los constituyentes adherentes
Así, Cantos sostiene que pagar a esas personas, implicaría el reconocimiento de una obligación inexistente, toda vez que no consta evidencia alguna que sustente el registrar contablemente cuentas por pagar a tales adherentes.
Con esos argumentos, la funcionaria indicó que no pagará a los tenedores, porque incurriría en el delito de peculado.
Esta posición cayó como un balde de agua fría entre los tenedores, que recuerdan las veces en que ella les ofreció buscar una solución.
Con base en documentos internos de la institución, los perjudicados aseguran que el BP dispone de $94 700 000 para el pago del fideicomiso Solidez, provenientes de varios activos.
Esto, luego de que la Agencia ha pagado a los otros acreedores no solo del BP sino de las demás instituciones en saneamiento; por eso ha anunciado el cierre de la AGD.
Mientras tanto, Rosana Sánchez, de 85 años, continuará tratando de recuperar su dinero, ya que debe pagar las deudas contraídas a raíz de la enfermedad de su esposo, Euclides Zambrano, quien murió hace poco.
Lo mismo, Séfira Toral (96 años), quien colocó en el fideicomiso todos sus ahorros y la hermana Irma Barrezueta, ecónoma de la congregación La Providencia, que necesita la plata para construir un hospital para pobres. Otros acreedores ya murieron. (AA)
PUNTO DE VISTA
Una pesadilla que no termina
La decisión tomada, en marzo de 1999, por el Gobierno de Jamil Mahuad de decretar un "feriado bancario" inmovilizó cuentas e inversiones de los ecuatorianos por alrededor de $3 851 millones.
El congelamiento supuso el clímax de una larga situación caracterizada por emisiones inorgánicas de dinero, alza continua de la inflación y baja productividad, entre otras condiciones.
Pero fue, también, el inicio de una situación de pesadilla para millones de ecuatorianos; producto del congelamiento, muchas de las actividades productivas se cerraron y dejaron en la desocupación a miles de personas obligándolas a emigrar.
Eso sin contar con el drama iniciado por quienes, en la mayoría de los casos, tenían los ahorros de toda una vida en cuentas de ahorro, corrientes e inversiones a plazos dentro de la banca nacional.
Algunos de ellos, quizás la minoría, con el paso del tiempo han logrado recuperar sus haberes. Otros, sin embargo, quienes colocaron sus recursos en entidades que cerraron sus puertas a causa de la crisis continúan esperando la devolución de los recursos.
Han pasado aproximadamente seis años de esa situación y, tal como relata la presente edición de BLANCO Y NEGRO, para quienes confiaron en el Banco Popular y depositaron su dinero en Fondo Solidez, la pesadilla no termina.
Varias instancias y autoridades se han pronunciado a favor de la recuperación de los fondos por parte de los fideicomitentes. Sin embargo, hasta el momento, la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) no ha resuelto de manera favorable los pedidos.
Muchos quienes demandan el reintegro del dinero del Fondo Solidez son ancianos o enfermos. Algunos incluso han muerto.
La actual administración de la AGD esgrime una serie de argumentos jurídicos para negar el pago, mientras los afectados insisten y se atrincheran en su exigencia de justicia. (LAG)(Blanco y Negro)
Fondo solidez: todos reconocen derecho de tenedores, menos la AGD
En diciembre de 2000 vencieron los plazos de las obligaciones; entonces, los fideicomitentes iniciaron gestiones para recuperar el dinero.
Cantos, no queremos dineros del Estado, queremos que nos pagues con lo que produce el Banco Popular. Esta es una de las consignas que gritan todos los jueves los beneficiarios del fideicomiso Solidez, en las afueras de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD).
Este fue constituido en 1995, cuatro años antes de que el Banco Popular (BP) entrara en saneamiento. Alrededor de 400 cuentaahorristas y cuentacorrentistas, a instancias de los oficiales de cuenta que prometían altos rendimientos, colocaron el dinero en el fideicomiso.
Para esto, el Grupo Financiero Popular, conformado por el BP y el Banco Popular Internacional (off shore), en calidad de fiduciario, entregaron a los beneficiarios certificados convertibles en acciones que contaban con la garantía general del banco emisor.
En los certificados se mencionaba que el dinero captado por el fideicomiso sería invertido según las instrucciones y el encargo fiduciario; así, las personas (naturales y jurídicas) se convertían en beneficiarios del activo subyacente.
El procedimiento fue aprobado por los superintendentes de Bancos y de Compañías. También se amparaba en la Ley de Mercado de Valores y en la resolución CNV-94-005, publicada en el Registro Oficial, en marzo de 1994.
Según informes del estado financiero del BP y de la auditora Deloitte & Touche, el Banco Popular del Ecuador es el propietario del 100% de las acciones del banco off shore. Por tanto, es la sociedad controladora la que debe responder por todas las instituciones integrantes del Grupo, sostiene Carlos Solines Coronel, procurador judicial de alrededor de 70 fideicomitentes.
Cuando el BP entró en saneamiento y pasó al control de la AGD, su gerente general y su Directorio asumieron todas las atribuciones de la Junta General de Accionistas y del Directorio del Banco. Lo mismo ocurrió con las otras instituciones en saneamiento, según la Ley de Reordenamiento Económico.
En diciembre de 2000 vencieron los plazos de las obligaciones. Entonces, los fideicomitentes iniciaron reclamos para recuperar su dinero, que suma un total de $31 546 000.
Las consultas a los organismos pertinentes iban y venían hasta mediados de enero de 2003, cuando la Junta Bancaria emitió la resolución de carácter general n.º JB-2003-521. Esta daría luz verde al pago.
El artículo 2.º reitera el carácter de acreencias que tienen las obligaciones convertibles en acciones emitidas por instituciones financieras que posteriormente han sido sometidas a procesos de saneamiento y liquidación, y reconoce el derecho de sus tenedores de exigir a las entidades emisoras el pago de esas obligaciones que se encontraren vencidas, siempre que sus titulares no hubieren ejercido el derecho de convertirse en sus accionistas.
Los tenedores hasta ahora no recuperan el dinero. (AA/SR)
Varias autoridades piden a Cantos "honrar" los títulos
"SÚPER" DE COMPAÑÍAS dice que se debe contribuir al reconocimiento de un derecho legítimamente adquirido
La Superintendencia de Compañías, la Súper de Bancos, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y dos ex asesores jurídicos de la AGD recomendaron el pago.
En carta enviada a la gerenta de la AGD, Alejandra Cantos, el superintendente de Compañías, Fabián Albuja, señaló: Solicito a la institución de su digna representación que efectúe dentro del marco de la Constitución y la ley las gestiones necesarias para honrar el pago de los títulos valores (fideicomiso Solidez) a sus tenedores, en aras de contribuir al reconocimiento de un derecho legítimamente adquirido por estos.
El procurador José María Borja también recomendó el pago: Corresponde proceder de conformidad con lo resuelto por la Junta Bancaria y por el superintendente de Bancos. (SR)
"Necesito la plata para pagar la educación de mis hijos pequeños"
"Mi nombre es René Torres, tengo 61 años y soy auditor profesional. Por mi edad, nadie me da empleo y hago trabajos ocasionales.
La crisis bancaria arruinó mi patrimonio, por eso ahora trato de recuperar lo único que me queda y está en el fideicomiso Solidez.
Necesito esos recursos para pagar la educación de mis hijos pequeños de 7 y 10 años. Del dinero que puse en el fideicomiso me pagaron intereses hasta enero de 2000; el Banco Popular entró en saneamiento en septiembre de 1999.
Esto significa que la AGD había reconocido nuestro derecho a recuperar el dinero. Después no he recibido un solo centavo.
Después confiaba en que el Estado haría justicia y me entregaría los recursos, para eso hay la resolución de la Junta Bancaria.
Como esto no ha sucedido, me integré al grupo de perjudicados para pelear por la devolución. Entre gestiones y consultas han transcurrido siete años. Ahora nos toca la vía legal". (SR)
René Torres
"Las autoridades han adoptado la actitud de Poncio Pilatos: se lavan las manos"
"Me llamo Marta Merino, soy divorciada y me dedico a la actividad turística desde hace 32 años.
En el fideicomiso Solidez coloqué los ahorros de 20 años; esto representa el trabajo de toda una vida.
Cuando hubo la crisis bancaria, en la hostería de la que soy dueña, apenas vendíamos un promedio de ocho almuerzos diarios, pero tenía que pagar el sueldo de 30 empleados. Entonces todos pensábamos que el negocio se iría a la quiebra, pero trabajamos duro y logramos salir adelante.
Por suerte, en esa época mi hija terminaba sus estudios en Chile, de lo contrario no hubiera podido continuar pagando su educación.
En el negocio tenemos una camioneta vieja y le pido a Dios que no se dañe, porque no hay dinero para comprar una nueva.
Nuestro reclamo no ha sido atendido, pese a que existen las órdenes para que nos devuelvan el dinero. Las autoridades de la AGD han adoptado la actitud de Poncio Pilatos: se lavan las manos. Me siento burlada y defraudada, porque el Estado creó la AGD para garantizar la devolución de los fondos a los perjudicados". (SR)
Marta Merino
Asesores recomiendan pagar a los perjudicados
Ex asesora jurídica informó a la gerenta sobre la viabilidad; otro funcionario propuso formas de cancelar
El 15 de enero de 2003, el ex superintendente de Bancos, Miguel Dávila, recomendó el pago a los tenedores.
En comunicación enviada a la AGD señaló: Debe honrarse en forma inmediata el pago a los acreedores del fideicomiso Solidez, de las obligaciones convertibles en acciones aportadas a dicho fideicomiso, de acuerdo a la resolución emitida en esos días por la Junta Bancaria.
En mayo de 2004, el entonces director de asesoría legal de la AGD recomendó la entrega inmediata de los certificados de pasivos garantizados a la totalidad de los perjudicados por el fideicomiso Solidez.
En enero de este año, la ex asesora jurídica, Martha Padilla, informó a la actual gerenta de la AGD: Es viable cancelar las obligaciones del fideicomiso Solidez. (AA/SR)
"Pienso que no nos pagan para usar ese dinero en las liquidaciones de los empleados de la AGD"
"Mi nombre es Ana María Cruz, tengo 67 años. El dinero que puse en el fideicomiso estaba destinado a cubrir los gastos de mi vejez.
Con mi edad, no puedo conseguir trabajo en ningún lugar, solo me queda fomentar un pequeño negocio que tengo en mi casa para obtener recursos y poder subsistir. Actualmente mi negocio no tiene liquidez porque no tengo plata para invertir.
Mi esposo, que también es de la tercera edad, está enfermo y el poco dinero no alcanza para pagar los gastos médicos. Esto me obligó a pedir un crédito y aún estoy endeudada.
Me siento robada y asaltada por el Estado; el caso es que no sabemos ante qué nueva instancia debemos acudir para que se nos haga justicia. Lo raro es que todos nos dan la razón pero ninguna autoridad hace cumplir la orden de pago. Yo creo que nuestra plata la guardan para pagar las liquidaciones de los empleados de la AGD". (SR)
Ana María Cruz
"Durante estos años nos ofrecieron pagar por debajo de la mesa"
"Soy agricultor, mi nombre es Aníbal Caicedo y tengo 62 años. Cuando hubo el feriado bancario yo pasé por un problema psicológico y estuve punto de irme a la "otra vida". Yo tenía una plantación de palma africana en la zona de Quevedo y me vi obligado a vender la mitad de las 12 hectáreas, para seguir con mi negocio.
Puse mi plata en el fideicomiso porque el Banco Popular era una institución seria, muy bien calificada y de solvencia. Al menos eso se creía.
Durante estos años, los perjudicados hemos tenido la oportunidad de cobrar "por debajo de la mesa", es decir que debíamos entregar una parte del dinero a funcionarios de la AGD que nos ofrecían el pago. No lo hicimos, porque pensábamos que debíamos agotar todos las instancias. Ahora tenemos los criterios de diferentes autoridades que han insistido ante la AGD para que nos devuelva el dinero.
Como esto no ha sucedido, creo que debemos entablar demandas, pero no queremos que la doctora Cantos vaya a la cárcel, sino que nos pague". (SR)
Aníbal Caicedo
Gerenta de la AGD niega la posibilidad de pagar, porque cree que cometería peculado
La funcionaria indica que la resolución emitida por la Junta Bancaria en 2003 y su ampliación no constituyen un mandato, sino criterios que no tienen carácter vinculante
La gerenta de la AGD, Alejandra Cantos, explicó que no es posible pagar a los tenedores de las obligaciones del fideicomiso Solidez.
Esto lo hizo mediante cartas enviadas al procurador del Estado, José María Borja, y a la directora del consumidor y el usuario de la Defensoría del Pueblo, Yashira Naranjo.
BLANCO Y NEGRO no pudo conversar con la funcionaria, porque, según la oficina de Relaciones Públicas de la AGD, estaba fuera del país. Este suplemento intentó hablar con el asesor que maneja el tema, pero él nunca devolvió las llamadas para concertar una entrevista.
En las cartas, Cantos señala que la resolución de la Junta Bancaria y su ampliación, suscrita por el ex superintendente de Bancos, Miguel Dávila, no constituyen un mandato, pues solo se trata de criterios no vinculantes.
Para el procurador judicial de los tenedores, Carlos Solines, la ampliación de la resolución, en la que se especifica el caso del fideicomiso Solidez, sí es vinculante, pues se equipara con los pronunciamientos (vinculantes) de Procuraduría o Contraloría, que usualmente salen vía oficios firmados por sus autoridades.
Borja coincidiría con ese punto de vista. Esto se evidencia en un oficio enviado a la gerenta en septiembre pasado, en el que le pide explicaciones por no haber cumplido lo dispuesto por la Junta Bancaria.
La gerenta replicó que los tenedores no son obligacionistas (acreedores) del Banco Popular pues esta calidad la tiene el fideicomiso mercantil Solidez, no las personas que contrajeron la calidad de fideicomitentes adherentes de dichas obligaciones.
De esta forma, señala, quien tiene legítimo derecho es el fideicomiso Solidez, no los adherentes, pues en los asientos contables del BP no se evidencia cuenta por pagar alguna, derivada de la emisión, a favor de los constituyentes adherentes
Así, Cantos sostiene que pagar a esas personas, implicaría el reconocimiento de una obligación inexistente, toda vez que no consta evidencia alguna que sustente el registrar contablemente cuentas por pagar a tales adherentes.
Con esos argumentos, la funcionaria indicó que no pagará a los tenedores, porque incurriría en el delito de peculado.
Esta posición cayó como un balde de agua fría entre los tenedores, que recuerdan las veces en que ella les ofreció buscar una solución.
Con base en documentos internos de la institución, los perjudicados aseguran que el BP dispone de $94 700 000 para el pago del fideicomiso Solidez, provenientes de varios activos.
Esto, luego de que la Agencia ha pagado a los otros acreedores no solo del BP sino de las demás instituciones en saneamiento; por eso ha anunciado el cierre de la AGD.
Mientras tanto, Rosana Sánchez, de 85 años, continuará tratando de recuperar su dinero, ya que debe pagar las deudas contraídas a raíz de la enfermedad de su esposo, Euclides Zambrano, quien murió hace poco.
Lo mismo, Séfira Toral (96 años), quien colocó en el fideicomiso todos sus ahorros y la hermana Irma Barrezueta, ecónoma de la congregación La Providencia, que necesita la plata para construir un hospital para pobres. Otros acreedores ya murieron. (AA)
PUNTO DE VISTA
Una pesadilla que no termina
La decisión tomada, en marzo de 1999, por el Gobierno de Jamil Mahuad de decretar un "feriado bancario" inmovilizó cuentas e inversiones de los ecuatorianos por alrededor de $3 851 millones.
El congelamiento supuso el clímax de una larga situación caracterizada por emisiones inorgánicas de dinero, alza continua de la inflación y baja productividad, entre otras condiciones.
Pero fue, también, el inicio de una situación de pesadilla para millones de ecuatorianos; producto del congelamiento, muchas de las actividades productivas se cerraron y dejaron en la desocupación a miles de personas obligándolas a emigrar.
Eso sin contar con el drama iniciado por quienes, en la mayoría de los casos, tenían los ahorros de toda una vida en cuentas de ahorro, corrientes e inversiones a plazos dentro de la banca nacional.
Algunos de ellos, quizás la minoría, con el paso del tiempo han logrado recuperar sus haberes. Otros, sin embargo, quienes colocaron sus recursos en entidades que cerraron sus puertas a causa de la crisis continúan esperando la devolución de los recursos.
Han pasado aproximadamente seis años de esa situación y, tal como relata la presente edición de BLANCO Y NEGRO, para quienes confiaron en el Banco Popular y depositaron su dinero en Fondo Solidez, la pesadilla no termina.
Varias instancias y autoridades se han pronunciado a favor de la recuperación de los fondos por parte de los fideicomitentes. Sin embargo, hasta el momento, la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) no ha resuelto de manera favorable los pedidos.
Muchos quienes demandan el reintegro del dinero del Fondo Solidez son ancianos o enfermos. Algunos incluso han muerto.
La actual administración de la AGD esgrime una serie de argumentos jurídicos para negar el pago, mientras los afectados insisten y se atrincheran en su exigencia de justicia. (LAG)(Blanco y Negro)
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