Un Ancla Juridica Para La Economia

Quito. 12 oct 97. Cuatro años atrás, una pugna
jurídico-política entre la Municipalidad de Guayaquil y La
Cemento Nacional, sobre la tasa de recolección de la basura,
motivó la clausura de esta empresa considerada una de las
industrias más grandes del Ecuador.

El fallo cuestionado por su parcialidad, se mantuvo hasta la
renuncia de varios funcionarios de la firma, que fue impuesta
como condición para su reapertura, según se supo en esa época.

¿Cuánto perdió la empresa por dejar de producir y
comercializar sus productos en ese lapso, además del tiempo y
dinero perdidos en los trámites judiciales? La respuesta
involucra miles de millones de sucres, que no solo dejaron su
secuela en la compañía sino que también impactaron
negativamente en la economía del país.
Ese acontecimiento es una clara muestra de lo que ocurre en
Ecuador a ese y otros niveles por la falta de transparencia
del sistema judicial y de probidad de los jueces, que en la
actualidad se ha convertido en un ancla que impide el
desarrollo socioeconómico del país.
Lamentablemente la escasa o casi nula confiabilidad en los
fallos judiciales, no es el único reproche que se le hace al
sistema. A él se suman las demoras en la administración de la
justicia, su politización y la inseguridad jurídica
proveniente de las reformas, contrarreformas y nuevas
modificaciones que sufren los marcos legales. Un ejemplo de
este último aspecto está en la serie de cambios que registró
el Reglamento para la Facturación y otro más reciente todavía,
en las modificaciones a la Ley de Régimen Tributario Interno,
específicamente en lo que se refiere al Impuesto a la Renta.

Reduce el crecimiento

Cuantificar el impacto económico que esos factores en su
conjunto tienen para las empresas en particular y para el país
en general, resultó una tarea difícil. No obstante, en el
estudio La reforma judicial es crucial para la liberalización
económica, su autor Robert Sherwood, consejero de Comercio
Internacional, sostiene que el potencial de crecimiento
económico de los países se ve afectado en el 15% como
consecuencia de un sistema judicial frágil.
Esa multa -agrega el especialista- probablemente sea mayor en
los países donde se lleva a cabo un proceso de liberalización
económica.
Sherwood se remite también al antiguo adagio judicial: "Una
justicia sin recursos no es justicia para nada", para expresar
la importancia de un buen presupuesto a ese estamento del
Estado.
El sistema judicial -precisa Sherwood- tiene aquellos
elementos de la infraestructura nacional que apoyan los
derechos privados en relación tanto con la propiedad como tal,
como con la actividad comercial e industrial, por lo que hay
que darle la importancia que tiene ya que de su eficiencia
también depende la competitividad de las naciones.
En el caso ecuatoriano muchos de los problemas de la Función
Judicial arrancan del aspecto presupuestario, porque a los
jueces se les paga remuneraciones insignificantes que los
torna susceptibles de cualquier tentación. Paralelamente, no
están dotados de la infraestructura técnica mínima que les
permita contar con la legislación actualizada, la
jurisprudencia y la literatura jurídica indispensables para
ser eficaces en sus labores.

Reformas y contrarreformas

Sobre el particular, Enrique Arosemena Baquerizo, Director
General de la Bolsa de Valores de Guayaquil, afirmó que en
Ecuador no existe un proyecto global para el siglo XXI, como
sí lo hay en otros países, que enfoque soluciones a los
principales problemas económicos, sociales y políticos, sino
que normalmente se ponen parches en la carretera a medida que
se transita por ella.
Una situación similar -se quejó el empresario- se presenta en
el aspecto jurídico, pues existe una cantidad impresionante de
leyes que constantemente son reformadas y contrarreformadas
creando una maraña jurídica que, a quienes forman parte del
aparato productivo, les resulta casi imposible comprender y
aplicar. "En general, se aprueben leyes ómnibus porque
contienen reformas a otras leyes, sin coherencia alguna sino
únicamente para resolver problemas momentáneos, lo que
ocasiona grandes trastornos a la economía", dijo.
Incluso, agregó, las personas se han acostumbrado a esperar
una modificación a cambios que hubieren sido recién aprobados,
cuando lo ideal sería tener un proyecto de largo plazo en el
aspecto jurídico, empezando por una Constitución ligera, no
reglamentaria, absolutamente de grandes enunciados que le
permita sobrevivir los próximos 300 años.
Al momento, señaló Arosemena, en un juicio de orden mercantil
en el que están de por medio intereses económicos, demora de
dos a cinco años obtener un fallo. Por esas razones, el
horizonte de las empresas es inestable e inseguro, dice.

Entonces, coligió el directivo bursátil, en la medida en que
se establezcan menos normas, pero que contengan directrices
claras, que sean menos engorrosas, que no se crucen entre
ellas y se mejore el capital humano, las empresas tendrán
mayor certidumbre en un horizonte de largo plazo para operar e
invertir.
A esa propuesta debe sumarse la independencia del Poder
Judicial del poder político (Congreso), lo que en conjunto
permitirá aligerar la administración de justicia.

Al analizar la situación en América Latina, indica que uno de
los problemas más importantes no resueltos por Perú y
Argentina es justamente el relativo a la independencia del
Poder Judicial del político y consideró que probablemente, esa
sea una de las causas por las que la vecina nación del Sur
recibiera una calificación de riesgo país inferior a la de
Ecuador. En cambio -continuó Arosemena-, el puntal fundamental
sobre el cual se asienta la credibilidad de Chile en los
mercados internacionales, es el tener un sistema judicial
independiente sin ninguna subordinación.

Tiempo y dinero

Ramón Jiménez Carbo, miembro de la Corte Internacional de
Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional y conjuez de
la Corte Superior de Justicia, utilizó el conocido refrán: "El
tiempo es dinero", para establecer el significado del impacto
económico en el sector societario por las demoras en la
administración de justicia.
Los intereses económicos, ya sea de las personas naturales o
personas jurídicas -sostuvo el jurista- se ven afectados
porque no pueden recuperar a tiempo sus legítimas pretensiones
en cuanto al aspecto económico. "En sí, la pérdida de tiempo
equivale a pérdida de dinero", remarcó.
Citó como ejemplo, que por el tortuguismo jurídico la
recuperación de la cartera vencida de créditos (deudas) de los
bancos lleva años, característica que puede extrapolarse al
resto de actividades de los agentes económicos.
Para contrarrestar sus efectos negativos, Jiménez opinó que
deben aligerarse todos los sistemas para que a todo nivel se
puedan recuperar rápidamente las acreencias y no se pierda
tiempo en los trámites. Dio a conocer que en la actualidad un
juicio verbal sumario (en el que solo la contestación a la
demanda se produce oralmente durante la audiencia), que se
supone debería ser mucho más rápido, también demora por el
sistema anacrónico con que se ejecuta.
Para el jurisconsulto existen tres factores que contribuyen a
las demora en la administración de justicia: los sistemas
anacrónicos (máquinas obsoletas, inexistencia de archivos
clasificados y de bibliotecas); las propias leyes actuariales,
especialmente los códigos de procedimiento dan lugar para que
los juicios demoren mucho; y, que el sistema es tan malo que
los juzgados, las judicaturas en general no se alcanzan a
manejar los juicios con la celeridad requerida.

Sistema anacrónico

Así también reveló que no existe provisión de buenos textos de
jurisprudencia, de doctrina jurídica y ni siquiera de los
códigos legales completos que estén a disposición de los
jueces para su consulta y estudio en una sala especialmente
destinada para ello. "Aquí ocurre que cada juez lleva los
códigos que puede a la mano, e incluso hay juzgados que ni
siquiera los tienen".
La explicación para estas anomalías está en la falta de
recursos de la Función Judicial, especificó.
Jiménez Carbo propuso como alternativa de solución que el
propio poder jurisdiccional prepare un anteproyecto de ley por
ser aprobado en el Legislativo, que establezca el cobro de
tasas judiciales de acuerdo a las cuantías de los juicios,
dinero que se destinaría al mejoramiento del sistema judicial.
Del pago de esos valores se exoneraría a las personas que no
tienen recursos, advirtió.

Con esos recursos se lograría la elaboración de archivos bien
llevados donde se puedan encontrar fácilmente los juicios, lo
que actualmente no ocurre porque "están metidos entre 200
juicios en alguna parte".
Pese al caótico estado en que se encuentran, dijo que la
situación ha mejorado en los últimos tiempos por la
colaboración de organizaciones como la Corporación
Latinoamericana para el Desarrollo (CLD), y Projusticia.
Se está trabajando dijo, para evolucionar del sistema mecánico
al de informática; además, en la preparación de jueces y
empleados judiciales.

Un ejemplo del anacrónico sistema judicial está en lo que se
denomina audiencia de estrados, que no puede ser grabada sino
redactada, lo que demora una eternidad, detalló.
Otro ejemplo es la institución de los conjueces que se creó
para agilitar el trámite de los juicios, pero no ha funcionado
porque como no son remunerados, ellos dedican una parte
marginal de su tiempo libre para estudiarlos y procesarlos.
Ello podría solucionarse îopinó Jiménezî institucionalizando
la figura de los jueces suplentes pero bien remunerados, como
existe en Estados Unidos.
En el marco de las reformas que se ejecutarán a la estructura
judicial, manifiesta que deberán establecerse reglamentos
específicos para que exista la posibilidad de que los
magistrados puedan ser removidos de sus funciones, solamente
en el caso de que se les compruebe irregularidades.

Decisiones confiables

Para el ex ministro de Industrias, Juan Falconí Puig, son dos
los factores que afectan a las actividades económicas: la
demora en la administración de justicia y la falta de
confiabilidad en su correcta administración.
Aunque su observación no sirva de consuelo, indica que el
citado problema no solo se vive en Ecuador, ya que aún en los
países más desarrollados se buscan medios alternativos para la
solución de las controversias, como son el arbitraje y la
mediación. "Estos son mecanismos idóneos que producen
decisiones confiables y expeditas que coadyuvan a desahogar el
gran volumen de casos sometidos a los jueces ordinarios o
comunes", sostuvo.
"Además de lo lento y engorroso de los trámites judiciales,
existe también la poca certidumbre y confiabilidad en las
decisiones judiciales". Precisó
Falconí, se entiende que son parciales, diminutas o
simplemente injustas, cuando existe interés por parte de un
juez de favorecer a alguno de los dos litigantes.
"La inseguridad se da no solo porque se teme que ese juez
pueda recibir una pago por un fallo interesado, sino también
porque se teme y lamentablemente se dan casos que los jueces
emitan decisiones injustas atendiendo consignas o presiones
políticas", añadió el jurisconsulto.
Esto en el caso ecuatoriano se torna cada vez más común y más
grave, dijo Falconí.
"Basta mirar la carátula de los juicios para darse cuenta que
estos duran muchos años sin resolución".
Ese retardo, según el ex ministro, no solo afecta a las
empresas y las compañías que se ven sometidas a un juzgamiento
sino a los ciudadanos de menores recursos que no cuentan con
los medios económicos para hacer oír su protesta. "Ellos
-añadió- en más de una oportunidad ven que su patrimonio o su
libertad está en manos de un juez poco confiable por sus
antecedentes o por su actitud de devolver favores políticos,
que generalmente empiezan por el nombramiento".
A los inconvenientes nacionales, se suma dijo, que en el
exterior miran con preocupación la falta de respeto a la
legalidad, pues baste como ejemplo lo que ocurrió en febrero
pasado cuando no se respetó la sucesión presidencial invocando
un vacío constitucional, cuando se trataba de un mero error
mecanográfico sin considerar que más vacío era el cargo de
presidente interino que no existe ni ha existido nunca en las
constituciones ecuatorianas. "Si esto arranca de lo más
importante, por supuesto que los casos concretos no son por
regla general resueltos con apego a la ley", concluyó.
Roberto Andrade, del estudio jurídico homónimo, considera que
los cambios sustanciales en el sistema judicial son la
condición insalvable para que Ecuador se desarrolle en este
mundo cada vez más globalizado a la vez que pueda atraer
inversión extranjera y nacional.
Las modificaciones, relievó el abogado, deben tender a lograr
que los contratos y obligaciones se cumplan de modo confiable
y predecible.

Al momento, dijo, el exceso de demandas, la politización del
sistema y la poca conciencia que la Función Judicial tiene sus
propios límites e incapacidades e impide una reforma
estructural que haga factible esa posibilidad.
Indicó que en Estados Unidos existen los denominados jueces de
Distrito que examinan etapas previas a la iniciación de un
juicio, en las que sobre la base de las pruebas que se aporten
se concede una aceptación procesal que posibilita, de existir
lugar a ello, el inicio de un juicio, descongestionando de
esta forma los juzgados de demandas y denuncias
insubstanciales que ocasionan que sea tal el volumen de
trabajo, que no se pueda aplicar un criterio eficiente de
despacho diario de juicios.

La independencia que logre darse a la Función Judicial debe
permitir igualmente la capacidad administrativa propia de cada
judicatura, pues las más de las veces, al no existir la
posibilidad, se escoja a colaboradores ineficientes y con poco
conocimiento.
Las reformas que se han descrito permiten observar una luz al
final del túnel, por lo que es de esperarse que el proceso
continúe para que los ecuatorianos puedan cumplir con la
ansiada meta de tener una justicia confiable, que facilite la
labor de las personas naturales y jurídicas y no las
entorpezca como actualmente sucede en detrimento de la
economía y su competitividad.

Medios alternativos para
la solución de conflictos

Con la reciente publicación en el Registro Oficial 145 del 4
de septiembre de 1997, de la Ley de Arbitraje y Mediación, se
dio un paso adelante en la administración de justicia.
Alvaro Galindo, titular de Projusticia, y Ramón Jiménez Carbo,
del estudio jurídico de similar nombre, coincidieron en opinar
que ese nuevo marco legal da paso a la incorporación de
Ecuador de los denominados métodos alternativos para la
solución de conflictos, que ya están vigentes en otros países.
Jiménez especificó que la citada ley permitirá descongestionar
los juzgados porque los jueces tendrán la libertad, inclusive
antes de que se inicie el proceso, de enviar a las partes a un
intento de conciliación.
Para el efecto existirán mediadores especializados, algunos de
quienes dependerán del sistema judicial, mientras que otros
serán independientes.
En Ecuador ya existen centros de mediación, la Corporación
Latinoamericana para el Desarrollo (CLD), es uno de ellos.
Otros centros funcionan en las Cámaras de Comercio de
Guayaquil y Quito, en la Cámara de Comercio Internacional, en
algunas cámaras binacionales como la Cámara de Comercio
Ecuatoriano Americana, la Ecuatoriano-Argentina, y en las
universidades Católica.
"Entonces, por ley esas entidades tienen la potestad para
realizar ese tipo de actividades jurídicas", explicó Jiménez.
Internacionalmente los medios alternativos para la
administración de justicia son: la mediación, para la que
habrá mediadores especializados y podría durar un máximo de
dos meses, lo cual es rápido para que las partes lleguen a un
acuerdo transaccional y se evite que el caso llegue a un
proceso judicial.
La conciliación, es otra de las opciones que se presentará y
que es consecuencia de la mediación.
Por último, está el llamado arbitraje civil y comercial.
De igual manera, Alvaro Galindo sostiene que con la citada ley
se ofrece el soporte que los jueces necesitaban para ejecutar
las audiencias de conciliación, puesto que pese a que desde
antes ya existía esa posibilidad los magistrados tenían temor
de ser acusados de prevaricato, si actuaban activamente.
Según la ley -especificó el experto- los togados podrán
derivar casos que tengan en sus despachos a centros de
mediación, para aliviar sus juzgados.
Adicionalmente informó que la organización que elabora un
proyecto para estructurar planes pilotos y oficinas de
mediación dentro del mismo sistema judicial, para que no sean
solo externas.


Galindo: Despolitizar es utopía

Alvaro Galindo, Director de Projusticia, organismo adscrito a
la Corte Suprema de justicia, también piensa que las demoras
en la administración de justicia impactan negativamente en la
economía ecuatoriana, pero considera que hablar de
despolitización resulta una utopía.
Un aspecto -dice el funcionario- es la inestabilidad que puede
suscitar en las empresas la demora en el trámite de las
diferentes causas, aunque dijo es difícil cuantificar lo que
dejan de percibir los inversionistas por la tardanza en los
trámites judiciales.
Manifestó conocer que hay potenciales inversiones que no se
concretan en áreas industriales y agrícolas, porque los
inversionistas piensan que no hay garantías suficientes para
ejecutarlas.
Además agrega, un sistema democrático por principio debería
fundamentarse en ofrecer un proceso transparente que ofrezca
seguridad a cualquier empresario para realizar sus
actividades, "situación que no se da en nuestro sistema
judicial".
Las causas para Galindo están en una carrera judicial
incipiente, en que los funcionarios no tienen estabilidad, y
en la dependencia interna y externa en el nombramiento de los
jueces.
Pero Galindo sostiene que en el contexto de la modernización
del sistema judicial no se puede hablar de despolitización,
porque "todos los organismos que forman parte del Estado son
netamente políticos; por ende, hablar de despolitización es
utópico, es como pedir peras al olmo".
Por esa razón, considera que lo que conviene es despartidizar
la Función Judicial, término que para él equivale a que los
partidos políticos no sean los que influyan en ella, sino que
haya independencia total para que sea autónoma en sus
decisiones, que pueda haber proyecciones a largo plazo y que
quienes forman parte de esta no sientan que sus decisiones van
a ser juzgadas por el Legislativo o Ejecutivo. "En ocasiones
se ha destituido magistrados, porque no le ha convenido el
fallo al Ejecutivo", afirmó.
En todo caso, señala que un avance será la nueva forma de
designar a los jueces porque se le quitará el nombramiento de
los magistrados al Congreso y se lo hará a través del sistema
de cooptación.
Este mecanismo -estima Galindo- tiene sus riesgos, pues puede
darse el caso de que se tomen decisiones y se integre la
Función dependiendo de si la Corte está predominantemente
constituida por magistrados conservadores o progresistas.
Asimismo, para avanzar en la modernización es indispensable
que se integre el Consejo Nacional de la Judicatura, organismo
que ya existe en la Constitución, para ejecutar acciones
administrativas y disciplinarias. Con ello, los jueces podrán
dedicar el 100% de su tiempo a estudiar sus casos y no como
ocurre ahora solo parte de su tiempo, porque deben también
tomar decisiones de carácter administrativo, y el resultado
será agilidad en los trámites y mejor calidad en los fallos.
Estamos en el túnel correcto, creo que el país y la sociedad
entera ha pedido a la sociedad política que escuche las
necesidades de una nueva administración de justicia, que sea
independiente, y no descuidar el presupuesto de la Función
Judicial que no ha sido tocado a profundidad, debería tener un
presupuesto más elevado para procesos de capacitación
permanente para la carrera judicial por implantarse en
Ecuador, con ello se tendrá una Función Judicial mejor
preparada. (Texto tomado del diario: El Universo)