Un tribunal acogió las medidas de la CIDH
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, anunció ayer la restitución como alcalde de Bogotá de Gustavo Petro, luego de que el Tribunal Superior de Bogotá ordenó que se le reintegrara en su cargo.
Según la medida del Tribunal Superior de Bogotá, cuando Santos ordenó la destitución de Petro, que fue interpuesta por la Procuraduría, desconoció medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La Procuraduría, un órgano encargado de sancionar disciplinariamente a los funcionarios públicos en Colombia, destituyó e inhabilitó por 15 años a Petro el 9 de diciembre, acusándolo de haber actuado con dolo cuando reformó el sistema de recolección de basura de la ciudad, que pasó de manos privadas a públicas.
Esta transición tuvo dificultades para implementarse y generó la acumulación de basura durante varios días en las calles de Bogotá en diciembre de 2012.
La decisión judicial del martes favorable a Petro será impugnada el jueves, según anunció el procurador Alejandro Ordónez.
Iván Acuña, miembro de la defensa del exalcalde, tras conocer la decisión de Santos, dijo que la impugnación contra toda decisión de juez de primera instancia es una acción que está establecida en la ley, que la pueden ejercer los interesados, la Procuraduría y la Presidencia.
Otro proceso paralelo, que pide la nulidad de la sanción emitida por la Procuraduría en diciembre contra Petro, está también en curso ante el Consejo de Estado, el máximo tribunal administrativo de Colombia.
Si la restitución de Petro en la Alcaldía queda en firme, este será sometido a un referéndum revocatorio que había sido solicitado antes de que comenzara el proceso para su destitución.
Bogotá, una ciudad de más de siete millones de habitantes, ha vivido el proceso contra Petro con gran incertidumbre, y en los meses de diciembre y enero hubo manifestaciones callejeras en rechazo a su destitución.
En poco más de cuatro meses, las decisiones judiciales se han sucedido una tras otra de manera a veces contradictoria, y la ciudad ha tenido además de Petro como gobernantes a María Mercedes Maldonado y Rafael Pardo.
Cuando recibió la sanción administrativa de la Procuraduría, Petro acudió ante varias instancias judiciales, incluyendo la Comisión Interamericana. Sin embargo, el 18 de marzo, la sanción fue ratificada por el Consejo de Estado y pese a que ese mismo día, pero horas más tarde, la CIDH ordenó las medidas cautelares a favor de Petro, estas no fueron acogidas por el presidente Santos que, finalmente, el 20 de marzo lo destituyó. (AFP)
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