La aprobación de la Reforma Fiscal reviste enorme importancia para el país. Uno de sus objetivos es constituir el fondo de estabilización petrolera, con todos los recursos del crudo transportado por el nuevo oleoducto. El inestable precio del petróleo es la mayor amenaza para el equilibrio fiscal. El país no ha conseguido crear una estructura estable de ingresos. El fondo de estabilización responde al principio de ahorrar en tiempos de vacas gordas para enfrentar los períodos de vacas flacas. El país tiene que reducir la dependencia de su economía de los ingresos petroleros; importa, pues, privilegiar la reactivación y el estímulo del aparato productivo. Sin embargo, dentro del esquema de dolarización, el fondo de estabilización es una decisión de supervivencia: sin contar con el instrumento de política monetaria, la conducción de economía queda librada a la aplicación de la disciplina fiscal. El fondo es una previsión esencial para enfrentar las crisis externas, con las cuales sobreviene la disminución del flujo de divisas; se constituirá como un fideicomiso mercantil, cuya administración estará a cargo de un operador financiero internacional. Es, por consiguiente, un ahorro nacional que, si se lo aísla de las apetencias de los gobiernos de turno, ayudará a que no se dilapiden los recursos al aumentar la exportación de petróleo. El destino de este fondo es estabilizar el fluctuante precio del crudo y, por tanto, los ingresos presupuestarios; pero se lo aprovechará también para disminuir la deuda pública. La del país es aún una de las más altas de América Latina en relación con el tamaño de la economía: sobrepasa el 72% del PIB y su servicio compromete el 45% del presupuesto anual. La reforma fiscal prevé disminuir, en un lustro, en alrededor de 20 puntos porcentuales la relación entre la deuda pública y el PIB; sin embargo, esta meta debe conciliarse con la necesidad de crecimiento y las políticas de atención al área social. Además, la recompra de deuda supone oportunidad y reserva. Otro aspecto básico de la Reforma es limitar la contratación de deuda de los gobiernos locales y poner límites al gasto público; a esto último se enderezan las normas sobre responsabilidad fiscal y la obligación de transparentar el gasto público. Sin embargo, los cambios no solo dependen de las nuevas leyes, sino de la voluntad política de los gobiernos para cumplirlas. Hoy mismo, sin reforma fiscal, el Gobierno debería demostrar su voluntad de austeridad. El presidente Noboa anunció, como objetivo básico del manejo económico de este año, reducir la inflación a un dígito; sin embargo, la inflación de marzo cerró al 1,1 y, aunque la inflación anual disminuyó al 13,3%, si el aumento mensual de precios se mantiene en ese orden, no será posible alcanzar el objetivo anunciado. Ayer, en estas mismas páginas, Mauricio Pozo advirtió sobre la necesidad de que las autoridades económicas revisaran el manejo del control inflacionaria. En su análisis, la inflación persiste por tres factores: los ajustes mensuales de las tarifas de luz en el 5%; una expansión poco prudente de la cantidad de dólares en la economía, sea porque el Fisco gasta en exceso, sea porque ingresan por otras fuentes; y a la ausencia de una apertura de mercados para importar ciertos productos. El control de la inflación es uno de los logros que se ha reivindicado como fruto de la dolarización. Pero es peligroso que se estanque en los niveles actuales Más aún, en el último tramo de mandato del Gobierno, en el cual, de acuerdo con un crónico hábito irresponsable, tiende a dispararse el gasto.
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