Otro paro para la antología del absurdo

Los dirigentes de la UNE paralizaron otra vez, el miércoles y jueves, las
escuelas y colegios del país. En la Costa, ni siquiera todos los centros
educativos habían iniciado las clases y, sin embargo, los profesores
adoptaron la medida de hecho.
El paro bien puede ingresar de cuerpo entero a una antología del absurdo. Y
para ello ni la flagrante ilegalidad cuenta. Porque la Constitución prohíbe
paralizar los servicios básicos y, entre ellos, la educación. Sin embargo,
esa disposición es letra muerta. Si hubiera algo de coherencia entre las
leyes y la realidad, debería, con vergüenza, derogársela, para no dar el
pernicioso y reiterado ejemplo de violar la Constitución con una hiriente
impunidad. En este caso, sin embargo, el absurdo disparatado y abusivo que
ha dejado sin clases a miles de niños y jóvenes proviene del pretexto de la
paralización preventiva: el rechazo a un decreto ministerial para la
municipalización de los servicios educativos. Pero ese decreto solo recoge
una facultad aprobada por la Constitución, y las leyes de Descentralización
y de Régimen Municipal. Por tanto, la transferencia de las competencias
estatales a los municipios en el área educativa es una potestad legal y no
depende del acuerdo ministerial que se esgrime como motivo del paro y que
bien puede derogarse sin afectar en lo mínimo la capacidad
descentralizadora. Para añadir más leña al absurdo, el decreto se halla
incluso suspendido por el ministro de Educación. Los dirigentes del gremio
argumentan, sin el menor rubor, además, que su acción se enfila contra la
privatización de la enseñanza, como si la eventual transferencia a los
gobiernos locales representara ponerla en manos privadas.
¿Cuál es entonces, el fondo de la oposición? La descentralización educativa
pone en riesgo el centralizado poder de la UNE, que se asegura ahora no solo
por su influencia en escuelas y colegios y la capacidad de movilización,
sino por medio de las burocracias vinculadas en las direcciones provinciales
y el actual aparato administrativo de la educación fiscal.
La transferencia de competencias y presupuestos en esta área solo es una
posibilidad. Para concretarla, los gobiernos locales deberán garantizar la
capacidad de un manejo que mejore la educación pública, la cual sigue siendo
tal en manos de municipios o consejos provinciales. La experiencia de
municipios como el de Quito en el campo educativo ha sido buena: escuelas y
colegios que dependen de él tienen una reconocida tradición de excelencia.
Guayaquil, según declaraciones del alcalde Nebot, no ve con buenos ojos la
posibilidad de aceptar la transferencia. Un proceso de descentralización
deberá ser paulatino y corresponder a las circunstancias propias y
decisiones de cada gobierno local.
El paro de 48 horas, que amenaza en convertirse los próximos días en
indefinido si no se deroga el decreto ministerial, es finalmente otro
absurdo desacato a la Constitución y las leyes que facultan el proceso
descentralizador.
El paro responde al manejo político de la UNE, y sus conocidas vinculaciones
con el MPD, que tiene reconocida experiencia en destruir la educación
pública universitaria ecuatoriana. La movilización es obligado ritual cuando
conviene a los propósitos electorales.
La cada vez peor calidad de la enseñanza pública, en desmedro de los
sectores populares, no solo proviene de las restricciones presupuestarias,
sino de la politización de sectores del magisterio que se oponen a cualquier
cambio porque sienten en riesgo un poder que manejan a su antojo desde hace
tiempo.