Paro: Constitución lo prohíbe, Código Penal lo sanciona; queda la impunidad

La Constitución, en su artículo 35, numeral 10, prohíbe la paralización, a
cualquier título, de los servicios públicos, en especial de salud,
educación, justicia y seguridad social.
Las sanciones para quienes cometieren delitos contra la seguridad de las
personas o destruyan edificios, bancos, almacenes, oficinas, etc; allanen
oficinas, hospitales, instalaciones de la fuerza pública, entre otros, o
levanten barricadas en contra de la fuerza públicas, se encuentran en el
artículo 160 del Código Penal.
Los causantes de los desmanes serán reprimidos con reclusión mayor ordinaria
de 4 a 8 años y una multa de 20 000 a 50 000 sucres.
Si estos actos derivan en la muerte de una o más personas, la pena será de
reclusión mayor extraordinaria de 12 a 16 años y por una reforma de 2001
esta aumenta de 16 a 25 años.
El jurista Enrique Echeverría dijo que estas normativas no se cumplen porque
la consideración política prima sobre la existencia de la Ley. "Como se
trata de movimientos con muchas personas, la Ley está escrita para que medio
mundo se burle y suceda lo que se ve, nada se gestiona de a buenas, todo es
amenaza y paro".

Destituciones en el IESS

No obstante, el director del IESS, Patricio Llerena, destituyó ayer a seis
dirigentes del paro que se cumplió en el Seguro por más de un mes. (JCC)
Llerena aplicó los sumarios administrativos abiertos en contra de: Marlene
Cartagena, Gloria Correa, José Ortiz, Lenin Villalba, Ana Herrera y Roberto
Checa. Wilson Salguero, otro dirigente, habría sido suspendido en sus
funciones por un mes.
Los sancionados esperan reunirse en las próximas horas con el ministro de
Gobierno, Marcelo Merlo, para pedirle que haga cumplir su ofrecimiento de no
aplicación de represalias en contra de quienes organizaron el paro. (PACH)

Concope , hoy al Congreso

Los empleados y trabajadores del Consorcio de Consejos Provinciales del
Ecuador (Concope) paralizaron ayer, preventivamente, sus actividades.
La medida de hecho fue convocada para rechazar los proyectos de reformas a
las leyes de régimen fiscal y municipal. "Estas leyes lesionan la autonomía
de los Consejos Provinciales (CP), y por ende las rentas, porque actualmente
los CP tienen una renta aprobada de 15%; si esa ley se tramita y se aprueba,
los consejos quedarían con 9% en el presupuesto", dijo el presidente del
sindicato de trabajadores, Delio Ibarra.
Hoy habrá una marcha desde el Consejo Provincial de Pichincha hacia el
Congreso para exigir a los legisladores el cumplimiento de la ley. (JCC-ROB)


Salitre está en huelga indefinida de actividades

Protesta por incumplimiento de ofertas del régimen

Con manifestaciones y quema de llantas, el cantón Salitre, en Guayas, inició
desde ayer un paro indefinido de actividades, decretado por las fuerzas
vivas del lugar como señal de reclamo por obras de desarrollo y apoyo social
que el Gobierno ofreció entregar, pero que aún no ha cumplido.
La protestas, que se complementaron con el cierre de vías y caminos
vecinales, los cuales conectan a las principales parroquias rurales,
continuarán con mayor intensidad si en los próximos días la ayuda prometida
no se concreta, señalaron los dirigentes de los gremios agropecuarios.
Hasta el cierre de la edición, el comité del paro esperaba la presencia de
alguna autoridad gubernamental, con el fin de insistir en que se hicieran
efectivas obras de protección contra inundaciones y créditos para sembrados.
(CHM)


Ministro de Educación advierte de sanciones

UNE hará el paro, pese a suspensión de la municipalización

Pese a que el ministro de Educación, Juan Cordero, suspendió el Acuerdo Nº
578, mediante el cual se reglamentaba la municipalización de algunas
escuelas y colegios, la Unión Nacional de Educadores (UNE) paralizará sus
actividades este miércoles y jueves pues demanda la derogación de ese
Decreto.
El presidente de la UNE, Ernesto Castillo, rechazó el "intento del ministro
Cordero de sorprender a los maestros, al anunciar que suspende
momentáneamente ese acuerdo".
No obstante, Cordero advirtió que se descontará económicamente a los
maestros que no concurran a dictar clases, pues la Constitución prohíbe la
paralización. El ministro dijo estar abierto al diálogo, como ocurrió, dijo,
el pasado 18 de diciembre cuando se elevó el sueldo básico del magisterio
fiscal. (JCC)