Quito. 08 ago 2000. En Venezuela y Brasil, las petroleras
estatales son sociedades anónimas y las acciones pueden venderse.
El Estado no pierde el control de las empresas.
La reforma y modernización del sector energético es la tabla de
salvación de la economía ecuatoriana. En este diagnóstico
coinciden empresarios, Gobierno y los mismo trabajadores. Sin
embargo, el mecanismo que promocionan las autoridades para la
transformación del sector no termina de cuajar.
En el campo petrolero, la privatización se confunde con reforma y
el objetivo de esta última no está claro. Por un lado, el
ministro de Energía, Pablo Terán, cree que se debe convertir a
las filiales de Petroecuador en sociedades anónimas para darles
un tratamiento de empresa privada y transparentar sus estados
financieros. Sin embargo, fuentes de la propia Petroecuador
señalan que la información financiera se puede obtener a
cualquier nivel de desagregación y de la forma que se necesite.
Para eso no se requiere un cambio legal sino la decisión de
hacerlo.
Petroecuador tiene un régimen financiero específico definido en
la Ley Especial de Petroecuador y sus respectivas reformas. Desde
noviembre de 1992, los recursos que genera la petrolera estatal
se rijen bajo la Ley de Presupuesto y son manejados por el
Ministerio de Finanzas. De ahí que al hablar de una transparencia
financiera, también sería positivo que se garantice a
Petroecuador los recursos presupuestados. El año pasado se
cumplió con el 55 por ciento del presupuesto aprobado.
El Gobierno sustenta la necesidad de la reforma para evitar
distorsiones en los datos. Para eso puso de ejemplo a
Petroindustrial, que registra en sus costos un precio del barril
de petróleo de dos dólares, mientras el precio a nivel
internacional está sobre los 26 dólares. Esta subestimación de
costos le hace aparecer como altamente rentable, pero es producto
de contabilizar los costos a valores mínimos.
Esta forma de llevar la contabilidad es producto de la estructura
de la empresa, donde las utilidades se obtienen a nivel
consolidado y no por filiales. Si se busca que los costos sean de
mercado, los precios de venta también deberían reflejar valores
de mercado, cosa que no sucede. Un ejemplo es la venta de
combustibles, donde los precios están fijados políticamente. Este
limitante también dificulta la transparencia en la información.
El objetivo del Gobierno de convertir a Petroecuador en una
sociedad anónima aún no está claro, sin que ello signifique que
esta alternativa no sea válida. Empresas estatales como Pdvsa en
Venezuela, y Petrobras en Brasil, son sociedades anónimas. En el
caso de esta última se pueden vender las acciones, pero el Estado
no pierde el control de la empresa.
Electricidad
Las garantías * El sector eléctrico es el más adelantado para el
traspaso a manos privadas. El objetivo de esta decisión fue
porque el Estado tiene recursos limitados y estos deben dirigirse
a sectores sociales. En este sentido, la inversión en
electricidad debe quedar bajo iniciativa privada. Sin embargo, el
art. 60 de la Ley Trole II señala que el Estado queda facultado
para "otorgar las contragarantías gubernamentales que fueren
necesarias, a fin de que los generadores puedan acceder a la
emisión de garantías conferidas por organismos multilaterales de
crédito o agencias especializadas".
Sin embargo, la Comisión Económica para América Latina (Cepal)
señala que en determinados proyectos resulta inevitable que el
Estado conceda garantías a favor de inversionistas privados, pero
hay que valorar la incidencia de esa garantía, de suerte que el
inversionista privado ceda a favor del Estado una parte de su
capital social (acciones) por el aporte que hace el Estado al
proyecto. En este sentido, y para que las garantías no se
conviertan en un peso para el Fisco, éste debe tener derecho a un
rendimiento por el riesgo que afronta al poner garantías.
Minería
Los tributos * Las reformas a la Ley de Minería son las de mayor
acogida entre los sectores involucrados. El planteamiento es
atraer la inversión privada con incentivos, principalmente
tributarios. Pablo Terán, ministro de Energía, señaló que el
sector minero puede generar ingresos igual de importantes que el
petrolero, como sucede en Perú, Chile y otros países que están
asentados en la Cordillera de los Andes. Para eso hay que
competir con esos países y ofrecer incentivos para atraer a la
inversión, señaló. En la Ley Trole II se establece que el régimen
tributario aplicable a inversiones en el sector minero podrá ser
objeto de tratamientos y garantías especiales, mediante convenios
referidos en el artículo 271 de la Constitución de la República.
Este tratamiento legal, sin embargo, tiene peros. No puede
concederse un régimen tributario con tratamientos y garantías
especiales, sino es mediante ley expresa dictada por el Congreso.
El art. 271 de la Constitución no genera ni autoriza tratamientos
y garantías tributarias especiales. Lo que hace es garantizar la
estabilidad legal de los contratos para seguridad de los
inversionistas.
Petroecuador
Las inversiones * En las reformas a la Ley de Petroecuador,
contenidas en la Ley Trole II, se establece que al convertir a
las filiales de Petroecuador en sociedades anónimas, estas
deberán pagar al Estado el valor de las instalaciones que se
aportan. Los recursos se harán a través de cuotas anuales hasta
por un monto que no supere sus ingresos netos. Para eso se
emitirá un reglamento.
El problema de esta disposición es que no habrá recursos para
invertir en el sector petrolero, toda vez que Petroecuador tendrá
que destinar ese dinero para acabar de pagar al Estado el valor
de las instalaciones aportadas. Con la reforma propuesta por el
Gobierno, el espacio para que las sociedades anónimas realicen
inversiones se reduce y eso complicará su operación, ocasionando
que el propio Estado resulte afectado.
Lo anterior se debe a que las utilidades que genera Petroecuador
se canalizan al Presupuesto General del Estado y otros partícipes
de la renta petrolera. Por eso, al hablar de un pago al Estado
por las instalaciones que este aporta, esos recursos deberán
provenir de los ingresos brutos de la empresa, deducido los
costos, gastos e inversiones. (Texto tomado de El Comercio)
estatales son sociedades anónimas y las acciones pueden venderse.
El Estado no pierde el control de las empresas.
La reforma y modernización del sector energético es la tabla de
salvación de la economía ecuatoriana. En este diagnóstico
coinciden empresarios, Gobierno y los mismo trabajadores. Sin
embargo, el mecanismo que promocionan las autoridades para la
transformación del sector no termina de cuajar.
En el campo petrolero, la privatización se confunde con reforma y
el objetivo de esta última no está claro. Por un lado, el
ministro de Energía, Pablo Terán, cree que se debe convertir a
las filiales de Petroecuador en sociedades anónimas para darles
un tratamiento de empresa privada y transparentar sus estados
financieros. Sin embargo, fuentes de la propia Petroecuador
señalan que la información financiera se puede obtener a
cualquier nivel de desagregación y de la forma que se necesite.
Para eso no se requiere un cambio legal sino la decisión de
hacerlo.
Petroecuador tiene un régimen financiero específico definido en
la Ley Especial de Petroecuador y sus respectivas reformas. Desde
noviembre de 1992, los recursos que genera la petrolera estatal
se rijen bajo la Ley de Presupuesto y son manejados por el
Ministerio de Finanzas. De ahí que al hablar de una transparencia
financiera, también sería positivo que se garantice a
Petroecuador los recursos presupuestados. El año pasado se
cumplió con el 55 por ciento del presupuesto aprobado.
El Gobierno sustenta la necesidad de la reforma para evitar
distorsiones en los datos. Para eso puso de ejemplo a
Petroindustrial, que registra en sus costos un precio del barril
de petróleo de dos dólares, mientras el precio a nivel
internacional está sobre los 26 dólares. Esta subestimación de
costos le hace aparecer como altamente rentable, pero es producto
de contabilizar los costos a valores mínimos.
Esta forma de llevar la contabilidad es producto de la estructura
de la empresa, donde las utilidades se obtienen a nivel
consolidado y no por filiales. Si se busca que los costos sean de
mercado, los precios de venta también deberían reflejar valores
de mercado, cosa que no sucede. Un ejemplo es la venta de
combustibles, donde los precios están fijados políticamente. Este
limitante también dificulta la transparencia en la información.
El objetivo del Gobierno de convertir a Petroecuador en una
sociedad anónima aún no está claro, sin que ello signifique que
esta alternativa no sea válida. Empresas estatales como Pdvsa en
Venezuela, y Petrobras en Brasil, son sociedades anónimas. En el
caso de esta última se pueden vender las acciones, pero el Estado
no pierde el control de la empresa.
Electricidad
Las garantías * El sector eléctrico es el más adelantado para el
traspaso a manos privadas. El objetivo de esta decisión fue
porque el Estado tiene recursos limitados y estos deben dirigirse
a sectores sociales. En este sentido, la inversión en
electricidad debe quedar bajo iniciativa privada. Sin embargo, el
art. 60 de la Ley Trole II señala que el Estado queda facultado
para "otorgar las contragarantías gubernamentales que fueren
necesarias, a fin de que los generadores puedan acceder a la
emisión de garantías conferidas por organismos multilaterales de
crédito o agencias especializadas".
Sin embargo, la Comisión Económica para América Latina (Cepal)
señala que en determinados proyectos resulta inevitable que el
Estado conceda garantías a favor de inversionistas privados, pero
hay que valorar la incidencia de esa garantía, de suerte que el
inversionista privado ceda a favor del Estado una parte de su
capital social (acciones) por el aporte que hace el Estado al
proyecto. En este sentido, y para que las garantías no se
conviertan en un peso para el Fisco, éste debe tener derecho a un
rendimiento por el riesgo que afronta al poner garantías.
Minería
Los tributos * Las reformas a la Ley de Minería son las de mayor
acogida entre los sectores involucrados. El planteamiento es
atraer la inversión privada con incentivos, principalmente
tributarios. Pablo Terán, ministro de Energía, señaló que el
sector minero puede generar ingresos igual de importantes que el
petrolero, como sucede en Perú, Chile y otros países que están
asentados en la Cordillera de los Andes. Para eso hay que
competir con esos países y ofrecer incentivos para atraer a la
inversión, señaló. En la Ley Trole II se establece que el régimen
tributario aplicable a inversiones en el sector minero podrá ser
objeto de tratamientos y garantías especiales, mediante convenios
referidos en el artículo 271 de la Constitución de la República.
Este tratamiento legal, sin embargo, tiene peros. No puede
concederse un régimen tributario con tratamientos y garantías
especiales, sino es mediante ley expresa dictada por el Congreso.
El art. 271 de la Constitución no genera ni autoriza tratamientos
y garantías tributarias especiales. Lo que hace es garantizar la
estabilidad legal de los contratos para seguridad de los
inversionistas.
Petroecuador
Las inversiones * En las reformas a la Ley de Petroecuador,
contenidas en la Ley Trole II, se establece que al convertir a
las filiales de Petroecuador en sociedades anónimas, estas
deberán pagar al Estado el valor de las instalaciones que se
aportan. Los recursos se harán a través de cuotas anuales hasta
por un monto que no supere sus ingresos netos. Para eso se
emitirá un reglamento.
El problema de esta disposición es que no habrá recursos para
invertir en el sector petrolero, toda vez que Petroecuador tendrá
que destinar ese dinero para acabar de pagar al Estado el valor
de las instalaciones aportadas. Con la reforma propuesta por el
Gobierno, el espacio para que las sociedades anónimas realicen
inversiones se reduce y eso complicará su operación, ocasionando
que el propio Estado resulte afectado.
Lo anterior se debe a que las utilidades que genera Petroecuador
se canalizan al Presupuesto General del Estado y otros partícipes
de la renta petrolera. Por eso, al hablar de un pago al Estado
por las instalaciones que este aporta, esos recursos deberán
provenir de los ingresos brutos de la empresa, deducido los
costos, gastos e inversiones. (Texto tomado de El Comercio)
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