Hoy, PK planteará un proyecto de resolución para que la Asamblea prohÃba explotar en zonas habitadas por indÃgenas en aislamiento
Magali Orellana, asambleÃsta del movimiento indÃgena Pachakutik por la amazónica provincia de Orellana, informó que esta mañana, en la sesión del Pleno de la Asamblea, su bloque propondrá que se incluya en el orden del dÃa, la aprobación de un proyecto de resolución para que el Legislativo impida que el Ejecutivo apruebe todo tipo de exploración y explotación de recursos no renobables en zonas intangibles, llamadas asÃ, por la presencia de Pueblos IndÃgenas Aislados (PIA).
"El presidente (Rafael Correa), no está facultado para tomar decisiones unilaterales en cuanto a la explotación de ningún sector estratégico, sobre todo en áreas protegidas, asà lo manda el artÃculo 407 de la Constitución. Para hacerlo necesita una declaratoria previa de la Asamblea". Orellana explica que el proyecto de resolución busca que la Asamblea declare de interés nacional la preservación de la biodiversidad, pero sobre todo el derecho a la vida de los PIA. "Si los presidentes de la Asamblea y de la República no declaran la preservación serán responsables de genocidio, y eso según las reformas al Código Penal está tipificado como delito de lesa humanidad, que es imprescriptible", advirtió la legisladora. Añadió que varios bloques legislativos aseguraron sus votos en favor del mencionado proyecto de resolución, aunque declinó dar sus nombres y esperar a que el respaldo ofrecido se concrete. "No quisiera adelantar detalles, pero he recibido llamadas de varios movimientos y partidos de salir asegurando su apoyo a nuestra propuesta, vamos a ver si lo cumplen", señaló.
La legisladora aseguró que han recibido información que prueba el inicio de actividades en la zona del Armadillo. "Los pueblos no contactados no pueden continuar en esa indefensión, hay que hacer algo, no nos quedaremos con los brazos cruzados", enfatizó. De otro lado, el ex secretario de Transparencia, Alfredo Vera, dijo a HOY que en 2008, él presentó un informe en el que alertó sobre irregularidades, desde la declaración del campo Armadillo como marginal, debido a la existencia de un primer informe negativo y un segundo positivo, por parte de la ProcuradurÃa del Estado. Vera también aseguró que la empresa Ecuavital, parte del consorcio Gran Colombia, adjudicatario del campo, habrÃa sido beneficiada de millonarios pagos injustificados por trabajos de remediación ambiental. (MEVO-PJV)
ArtÃculo 407: "Se prohÃbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal. Excepcionalmente dichos recursos se podrán explotar a petición fundamentada de la Presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional que, de estimarlo conveniente, podrá convocar a consulta popular".
Al amparo de este artÃculo PK y otras agrupaciones ambientalistas y sociales preparan además un pedido para que la Asamblea declare inconstitucional todo lo actuado por el Gobierno sobre los planes A y B para el bloque ITT. (MEVO)
Entrevista
Fernando Villavicencio, ex dirigente sindical de Petroecuador, hoy analista petrolero. Cuestiona a los cuatro acusadores del fiscal Washington Pesántez por no usar en el juicio polÃtico información que, asegura, compromete al presidente Rafael Correa.
¿Cuál es su denuncia puntual sobre la adjudicación del campo Armadillo al consorcio Gran Colombia, del que es parte la empresa Ecuavital?
El caso Ecuavital, tanto en lo relacionado con la remediación ambiental, como al campo Armadillo, enciende la luz roja sobre las verdaderas causas por las cuales el presidente Rafael Correa habrÃa protegido al fiscal Washington Pesántez, y también pone sobre el tapete cómo los interpelantes ocultaron información clave que conocÃan.
¿A quiénes se refiere?
Hay un documento del capitán Marcos Castro, (ex funcionario de Petroproducción) un marino en servicio activo, que tuvo la valentÃa de denunciar en la SecretarÃa Nacional de Transparencia, cómo el fiscal Pesántez habrÃa llamado a pedirle que pague $8 millones a Ecuavital. Eso no es solo causal para juicio polÃtico sino penal. Los interpelantes tenÃan el documento de Castro, pero bajo llave.
¿Con qué fin?
El de impedir que la fiscalización al fiscal salpique al primer mandatario. Información que permite armar el rompecabezas y comprender cómo, desde el poder, es decir desde Rafael Correa, Vinicio Alvarado, Alexis Mera, Galo Chiriboga, José Serrano, Luis Jaramillo, y decenas de mandos medios, vulneraron el marco jurÃdico.
¿Con qué propósito lo harÃan?
Para beneficiar, de manera ilegal, a la compañÃa Ecuavital y a la gente vinculada a esa empresa.
¿A quiénes se refiere?
A José Dapelo y a la familia Avieiga del Pino, que es oriunda de Achupallas, donde también nació el fiscal Washington Pesántez.
¿De qué forma los beneficiaron, qué pruebas tiene?
El presidente Correa presidió la sesión del Directorio de Petroecuador del 19 de mayo de 2008, en la cual, pese a que ya habÃa informes oficiales que certificaban la presencia de indÃgenas en aislamiento voluntario en la zona de Armadillo, y pese a conocer que el campo no era marginal, ordenó su adjudicación al consorcio Gran Colombia.
¿Quién dice que no es marginal? Hay un informe de la ProcuradurÃa que lo certifica.
Hubo un primer informe de la misma ProcuradurÃa que negó la condición de marginal, pero en pocos dÃas fue cambiado en 180 grados, beneficiando a Ecuavital, empresa de José Dapelo, a quien Correa llamó gángster. Esa explicación la deben dar al paÃs el actual ministro de Justicia, José Serrano y el ex presidente de Petroecuador, Luis Jaramillo, entre otros.
¿Quién estableció que Armadillo no es marginal?
El ex presidente de Petroecuador, Fernando Zurita, basado en informes técnicos, pidió que no se entregue ese campo, pero Correa no tomó en cuenta la posición de un oficial patriota.
¿Cuál es la situación en Armadillo ahora?
La ministra del Ambiente, Marcela Aguiñaga, actúa dentro de la Ley y suspende toda actividad. Ahora enfrenta presiones para permitir la explotación, lo cual configurarÃa el delito de etnocidio o genocidio. (MEVO)
Magali Orellana, asambleÃsta del movimiento indÃgena Pachakutik por la amazónica provincia de Orellana, informó que esta mañana, en la sesión del Pleno de la Asamblea, su bloque propondrá que se incluya en el orden del dÃa, la aprobación de un proyecto de resolución para que el Legislativo impida que el Ejecutivo apruebe todo tipo de exploración y explotación de recursos no renobables en zonas intangibles, llamadas asÃ, por la presencia de Pueblos IndÃgenas Aislados (PIA)."El presidente (Rafael Correa), no está facultado para tomar decisiones unilaterales en cuanto a la explotación de ningún sector estratégico, sobre todo en áreas protegidas, asà lo manda el artÃculo 407 de la Constitución. Para hacerlo necesita una declaratoria previa de la Asamblea". Orellana explica que el proyecto de resolución busca que la Asamblea declare de interés nacional la preservación de la biodiversidad, pero sobre todo el derecho a la vida de los PIA. "Si los presidentes de la Asamblea y de la República no declaran la preservación serán responsables de genocidio, y eso según las reformas al Código Penal está tipificado como delito de lesa humanidad, que es imprescriptible", advirtió la legisladora. Añadió que varios bloques legislativos aseguraron sus votos en favor del mencionado proyecto de resolución, aunque declinó dar sus nombres y esperar a que el respaldo ofrecido se concrete. "No quisiera adelantar detalles, pero he recibido llamadas de varios movimientos y partidos de salir asegurando su apoyo a nuestra propuesta, vamos a ver si lo cumplen", señaló.
La legisladora aseguró que han recibido información que prueba el inicio de actividades en la zona del Armadillo. "Los pueblos no contactados no pueden continuar en esa indefensión, hay que hacer algo, no nos quedaremos con los brazos cruzados", enfatizó. De otro lado, el ex secretario de Transparencia, Alfredo Vera, dijo a HOY que en 2008, él presentó un informe en el que alertó sobre irregularidades, desde la declaración del campo Armadillo como marginal, debido a la existencia de un primer informe negativo y un segundo positivo, por parte de la ProcuradurÃa del Estado. Vera también aseguró que la empresa Ecuavital, parte del consorcio Gran Colombia, adjudicatario del campo, habrÃa sido beneficiada de millonarios pagos injustificados por trabajos de remediación ambiental. (MEVO-PJV)
Constitución
ArtÃculo 407: "Se prohÃbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal. Excepcionalmente dichos recursos se podrán explotar a petición fundamentada de la Presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional que, de estimarlo conveniente, podrá convocar a consulta popular".
Al amparo de este artÃculo PK y otras agrupaciones ambientalistas y sociales preparan además un pedido para que la Asamblea declare inconstitucional todo lo actuado por el Gobierno sobre los planes A y B para el bloque ITT. (MEVO)
"Correa dio Armadillo a un gángster"
Entrevista
Fernando Villavicencio, ex dirigente sindical de Petroecuador, hoy analista petrolero. Cuestiona a los cuatro acusadores del fiscal Washington Pesántez por no usar en el juicio polÃtico información que, asegura, compromete al presidente Rafael Correa.
¿Cuál es su denuncia puntual sobre la adjudicación del campo Armadillo al consorcio Gran Colombia, del que es parte la empresa Ecuavital?
El caso Ecuavital, tanto en lo relacionado con la remediación ambiental, como al campo Armadillo, enciende la luz roja sobre las verdaderas causas por las cuales el presidente Rafael Correa habrÃa protegido al fiscal Washington Pesántez, y también pone sobre el tapete cómo los interpelantes ocultaron información clave que conocÃan.
¿A quiénes se refiere?
Hay un documento del capitán Marcos Castro, (ex funcionario de Petroproducción) un marino en servicio activo, que tuvo la valentÃa de denunciar en la SecretarÃa Nacional de Transparencia, cómo el fiscal Pesántez habrÃa llamado a pedirle que pague $8 millones a Ecuavital. Eso no es solo causal para juicio polÃtico sino penal. Los interpelantes tenÃan el documento de Castro, pero bajo llave.
¿Con qué fin?
El de impedir que la fiscalización al fiscal salpique al primer mandatario. Información que permite armar el rompecabezas y comprender cómo, desde el poder, es decir desde Rafael Correa, Vinicio Alvarado, Alexis Mera, Galo Chiriboga, José Serrano, Luis Jaramillo, y decenas de mandos medios, vulneraron el marco jurÃdico.
¿Con qué propósito lo harÃan?
Para beneficiar, de manera ilegal, a la compañÃa Ecuavital y a la gente vinculada a esa empresa.
¿A quiénes se refiere?
A José Dapelo y a la familia Avieiga del Pino, que es oriunda de Achupallas, donde también nació el fiscal Washington Pesántez.
¿De qué forma los beneficiaron, qué pruebas tiene?
El presidente Correa presidió la sesión del Directorio de Petroecuador del 19 de mayo de 2008, en la cual, pese a que ya habÃa informes oficiales que certificaban la presencia de indÃgenas en aislamiento voluntario en la zona de Armadillo, y pese a conocer que el campo no era marginal, ordenó su adjudicación al consorcio Gran Colombia.
¿Quién dice que no es marginal? Hay un informe de la ProcuradurÃa que lo certifica.
Hubo un primer informe de la misma ProcuradurÃa que negó la condición de marginal, pero en pocos dÃas fue cambiado en 180 grados, beneficiando a Ecuavital, empresa de José Dapelo, a quien Correa llamó gángster. Esa explicación la deben dar al paÃs el actual ministro de Justicia, José Serrano y el ex presidente de Petroecuador, Luis Jaramillo, entre otros.
¿Quién estableció que Armadillo no es marginal?
El ex presidente de Petroecuador, Fernando Zurita, basado en informes técnicos, pidió que no se entregue ese campo, pero Correa no tomó en cuenta la posición de un oficial patriota.
¿Cuál es la situación en Armadillo ahora?
La ministra del Ambiente, Marcela Aguiñaga, actúa dentro de la Ley y suspende toda actividad. Ahora enfrenta presiones para permitir la explotación, lo cual configurarÃa el delito de etnocidio o genocidio. (MEVO)
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