La Situacion De Los Derechos Humanos En El Mundo Y El Papel

DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOSHUMANOS

Por:José Ayala Lasso

Quito. 10 oct 97. No existe causa más noble que la promoción y
la protección de los derechos humanos. Consagrada en la Carta
de las Naciones Unidas como uno de los tres pilares
fundamentales de la Organización Mundial, la defensa de la
dignidad humana ha dado origen, en los últimos 50 años, a un
conjunto impresionante de instrumentos jurídicos
internacionales sólidamente basados en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, adoptada en diciembre de
1948.

Sin embargo, el progreso en el campo de la creación jurídica
no ha encontrado su correlato en la práctica. las violaciones
de los derechos humanos no han cesado y los progresos de la
tecnología de la información nos han permitido ser testigos de
los dramas y tragedias que ocurren en todas partes del mundo,
el momento mismo en que están desarrollándose. Para obtener
que los Estados cumplan con sus obligaciones internacionales
en la materia, la comunidad internacional ha ido creando
mecanismos y sistemas de control cada vez más sotisficados,
cuyos efectos positivos se han hecho sentir a pesar de todas
las dificultades inherentes a toda actividad de control de la
conducta de Estados soberanos.

Durante la época de la guerra fría, el tema de los derechos
humanos fue frecuentemente utilizado como un arma de la
política de confrontación entre los grandes bloques
ideológicos. Esta lamentable práctica produjo dos efectos
negativos de graves consecuencias: afectó a la dignidad
esencial de los derechos humanos relativisándola y
supeditándola a contingencias políticas de dudosa validez, y
dio origen a una actitud de generalizado escepticismo en
cuenta a la necesidad de adoptar políticas nacionales de
promoción y protección de los derechos humanos. En efecto, por
un lado bastaba alinearse ideológicamente con uno de los
bloques para evitar críticas frecuentemente merecidas o, por
otro lado, no era suficiente respetar los derechos humanos
para evitar críticas basadas en razones políticas propias de
la época de la confrontación.

El fin de la guerra fría y el consiguiente proceso de
democratización que se inició en Europa Oriental y en otras
regiones del mundo dieron ocasión a cambios sustantivos en el
panorama internacional, en relación con los derechos humanos.
En los actuales momentos, la comunidad de naciones reconoce el
valor trascendental de la dignidad humana y coloca a los
derechos humanos a la cabeza de las prioridades
internacionales. Bastaría recordar, a este propósito, las
declaraciones formuladas por los Jefes de Estado o Gobierno
durante las sesiones conmemorativas del 50 Aniversario de las
Naciones Unidas, en las que renovaron de manera vigorosa e
inequívoca su compromiso con la causa de los derechos humanos.

Al concluir la época funesta de la guerra fría se hizo posible
la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, llevada a cabo
en Austria en junio de 1993, que aprobó por consenso la
declaración y el programa de Acción de Viena, documento que
consagra una visión esperanzadora de la comunidad de naciones
acerca de los derechos humanos. Vale la pena recordar que en
Viena se reafirmaron principios tan fundamentales como la
universalidad, la interdependencia y la indivisibilidad de los
derechos humanos -civiles, culturales, económicos, políticos y
sociales- y el carácter inalienable del derecho al desarrollo,
de categoría igual a la de los demás derechos humanos.
Igualmente, en Viena se recordó que la responsabilidad
primordial en la promoción y protección de los derechos
humanos corresponde a los Estados, pero que la comunidad
internacional tiene un legítimo interés en la materia. este
principio básico, que sin duda incide en concepciones clásicas
relativas al alcance de la soberanía de los Estados, se ha
convertido ya en piedra angular del desarrollo del Derecho
Internacional del futuro en esta materia.

Una de las recomendaciones de la Conferencia mundial se
refirió al establecimiento del cargo de Alto Comisionado para
los Derechos Humanos. La idea de crear esta función no era
nueva, se la había discutido por décadas tanto en la ONU como
en otros foros pero la desconfianza política entonces
imperante impidió que se la aceptara. Se temía que el Alto
Comisionado fuera un nuevo instrumento de acción política en
el mundo de la confrontación ideológica. Basada en la
recomendación de Viena, la Asamblea General de la ONU decidió
conformar un grupo de trabajo para examinar la cuestión de la
creación del cargo de Alto Comisionado cuya Presidencia me fue
confiada. Tras árduas negociaciones mediante las cuales fue
indispensable crear, en primer lugar, un ambiente de confianza
en el futuro de los derechos humanos, se pudo lograr un
consenso sobre el establecimiento de la función de Alto
Comisionado. La Asamblea General aprobó igualmente por
consenso la resolución número 48/141 del 20 de diciembre de
1993, formalizando así en la práctica una aspiración
internacional de casi 50 años. En enero de 1994 el Secretario
General, Sr. Boutros Boutros Ghali, me propuso el cargo y el
14 de febrero de 1994, la Asamblea General aprobó por
unanimidad mi designación. El 4 de abril de 1994 asumí mis
funciones en Ginebra, con un mandato de cuatro años.

Dar forma y contenido a una institución naciente es una
responsabilidad grave y sumamente compleja. Hacerlo conociendo
la vastedad de su mandato y teniendo presentes las esperanzas
de cuantos en ella depositaron su confianza multiplica el
desafío y las dificultades. La Asamblea General de las
Naciones Unidas no dotó a la Oficina del Alto Comisionado para
los Derechos Humanos de los medios materiales correspondientes
a la importancia del mandato para ella acordado. Por todo
ello, me pareció indispensable, en primer lugar, obtener que
la Resolución pertinente de la Asamblea General fuera aprobada
por consenso y, además, que la elección del primer Alto
Comisionado se produjera por unanimidad. Solo así tendría la
oficina la autoridad moral y política necesaria para trabajar
con eficacia. La Asamblea General instruyó al Alto Comisionado
no dar preferencia a la promoción y protección de un derecho
humano en relación con los demás, Aún así, era inevitable
empezar el trabajo en algún punto y sobre alguna materia
específica.

Me pareció insoslayable, en primer lugar, procurar que la
Oficina del Alto Comisionado se estableciera firmemente en el
marco de las instituciones internacionales y dentro del
sistema de las Naciones Unidas. Al mismo tiempo, creí
pertinente definir las orientaciones básicas que la oficina
habría de seguir en el futuro. En resumen, formulé una
declaración tan precisa como era posible sobre la manera en
que iniciaría el desempeño de mis funciones. La dramática
situación de Ruanda, azotada por un genocidio insano, me llevó
a subrayar la necesidad de preparar a la Oficina del Alto
Comisionado para reaccionar con oportunidad y eficacia a
serias crisis internacionales en materia de derechos humanos.
El caso de Burundi me sirvió para elaborar el criterio de mi
Oficina en lo tocante a las acciones preventivas. Un tercer
punto de mi agenda fue el relativo a la asistencia que podría
prestarse a los Estados que se encontraban en un período de
transición desde el autoritarismo hacia la democracia. En
cuarto lugar, me referí a la atención que debía prestarse a
los derechos de la mujer, de los niños, de las poblaciones
indígenas. Finalmente, reiteré la urgencia de trabajar en la
realización del derecho al desarrollo. Poco después tuve que
añadir otra prioridad en el trabajo: la reestructuración del
Centro de Derechos Humanos, de conformidad con los
planteamientos hechos en Viena.

DIALOGOS CON GOBIERNOS

Una de las funciones que la Asamblea General confió al Alto
Comisionado fue la de entablar un diálogo con todos los
gobiernos para promover y proteger los derechos humanos. En
materia tan sensible y delicada como es la protección de los
derechos humanos, es importante buscar por el camino de la
persuasión y la concertación lo que no ha sido posible obtener
mediante la denuncia o la acusación. Es por esta razón que la
Asamblea General privilegió, para el Alto Comisionado, los
contactos diplomáticos y políticos al más alto nivel como
metodología para alcanzar resultados. Este no impide al Alto
Comisionado, cuando lo estime pertinente, presentar Informes
públicos sobre situaciones de violación de derechos humanos.
Sin embargo, también cabe recordar que ya existen, en el
sistema de las Naciones Unidas, mecanismos y procedimientos de
investigación y denuncia que pueden ser utilizados con una
gran flexibilidad.

En cumplimiento del mandato que recibí, he realizado visitas a
países en todas las regiones del mundo y he conversado
directamente con las más altas autoridades de gobiernos,
parlamentos y cortes de justicia con miras a asegurar
progresos concretos sobre temas generales o específicos de
promoción y protección de derechos humanos. Mis visitas son
preparadas cuidadosamente. Están precedidas, como es obvio,
por una invitación oficial a la que sigue un proceso de
negociación en el que se definen los temas que habrán de ser
examinados, las sugerencias específicas de mi Oficina y los
posibles resultados de la visita. las conversaciones oficiales
durante la visita se caracterizan por la franqueza,
objetividad e imparcialidad de mis sugerencias. El material
utilizado se compone, básicamente, de los informes y
documentación oficial de los distintos mecanismos del propio
sistema de las Naciones Unidas, de informes de organizaciones
regionales, de gobiernos y de organizaciones no
gubernamentales. En cada uno de los países visitados mantengo
contactos con representantes de la sociedad civil e
instituciones y personas involucradas en la causa de los
derechos humanos.

Mi función no es duplicar el trabajo de las comisiones, los
comités, los grupos de trabajo, los Relatores Especiales y
otros mecanismos previstos para proteger y promover los
derechos humanos, sino complementar, apoyar,coordinar y
racionalizar la labor que tales mecanismos cumplen. Por esta
razón, procuro permanentemente fortalecer la capacidad de
acción de tales mecanismos y reclamo para ellos, de parte de
todos los Gobiernos, especialmente de los más reticentes, la
más amplia colaboración.

Al examinar con los gobiernos la situación de los derechos
humanos, insisto sobre la obligación que tienen de sujetarse y
respetar las normas internacionales establecidas y reconocidas
y les sugiero que ratifiquen todos los instrumentos
internacionales de derechos humanos.

La Asamblea General dio al Alto Comisionado la facultad de
proveer asistencia técnica a los países que la soliciten, para
programas específicos de promoción de derechos humanos. La
prestación de asistencia técnica es uno de los instrumentos
más efectivos y pragmáticos para promover los derechos
humanos. En efecto, si bien es cierto que muchos países tratan
de explicar conductas violatorias de los derechos humanos
aludiendo a limitaciones de variada índole, también es verdad
que con frecuencia los Estados que desean progresar en el
camino del respeto a los derechos humanos se enfrentan con
dificultades creadas por la ignorancia, las deficiencias
legales o las carencias institucionales. En tales casos, un
programa de asistencia en materia de educación para los
derechos humanos, de entrenamiento de las fuerzas armadas o de
la policía, de fortalecimiento de las instituciones
judiciales, de reforma legal, puede dar resultados positivos y
contribuir a cambiar mentalidades y prácticas, en beneficio de
una mejor protección de la dignidad humana.

Los programas de asistencia técnica se orientan, en su
denominador común, a crear y fortalecer la capacidad nacional
de promoción y protección de los derechos humanos. En tal
sentido, la ayuda para organizar instituciones nacionales
suficientemente sólidas, dotadas de un mandato amplio,
independientes y provistas de recursos suficientes que
garanticen su eficacia, llámense defensores del pueblo,
ombudsman o comisionados nacionales, es uno de los objetivos
prioritarios de la asistencia técnica.

RESPUESTAS ANTE SITUACIONES DE URGENCIA

La dinámica de las crisis humanitarias en el mundo, que casi
siempre van acompañadas por violaciones graves de derechos
humanos, exige a la comunidad mundial y en particular a la ONU
respuestas urgentes y eficaces. la Oficina del Alto
Comisionado para los Derechos Humanos ha venido contribuyendo
en los esfuerzos para evitar que estas crisis se produzcan o,
si se han desatado, para limitar sus efectos.

El 5 de abril de 1994, el día siguiente a la fecha en que
asumí mis funciones en Ginebra, estalló una sangrienta guerra
civil en Ruanda cuyas bárbaras escenas fueron difundidas
alrededor del globo por los medios de comunicación.
Inmediatamente me trasladé a ese pequeño país de Africa
central para contribuir a la concertación de un cese del fuego
que pusiera fin a la violencia y diera lugar a negociaciones
políticas pacíficas en las que el compromiso de respetar los
derechos humanos fuera firmemente aceptado. Propuse que se
convocara una Sesión Especial de la Comisión de Derechos
Humanos de la ONU y sugerí que se nombrara un Relator Especial
para Ruanda. Posteriormente, en una segunda visita, acordé con
el Presidente y otros altos funcionarios del nuevo Gobierno el
despliegue de una misión de observación que tendría la
finalidad de investigar los crímenes de genocidio y las
violaciones de los derechos humanos, de prestar asistencia
técnica para el restablecimiento del estado de derecho,
especialmente en el campo de la educación y la administración
de justicia, y de crear condiciones de confianza que faciliten
el retorno de los refugiados y de las personas desplazadas en
el interior del país.

Fue así como se inició la primera operación de derechos
humanos en el terreno, con graves dificultades financieras y
logísticas. Tan importante precedente ha facilitado la acción
de la Oficina del Alto Comisionado en varios otros casos. Vale
la pena señalar que la operación en Ruanda se lleva ahora a
cabo con la participación de aproximadamente cien observadores
y que, a pesar de las críticas que tiene que formular al
Gobierno ruandés en cumplimiento de su mandato de protección
de los derechos humanos, es respetada y apreciada por el
propio Gobierno cuyas más altas autoridades acaban de
solicitarme públicamente que incremente a trescientos el
número de observadores. Es elocuente también el apoyo que la
organización no gubernamental Amnesty International ha
ofrecido a la operación Ruanda.

Otro caso crítico en que la Oficina del Alto Comisionado tuvo
que reaccionar en términos de emergencia es el referente a la
antigua Yugoslavia. Desde comienzos del conflicto, en 1992,
había sido necesario empezar a trabajar en esa región, para
servir el mandato del Relator Especial nombrado por la
Comisión de Derechos Humanos. Al concertarse los Acuerdos de
Dayton, a fines de 1995, dentro de un contexto político en el
que las instituciones regionales europeas resolvieron buscar
un campo de acción más amplio y cuando la ONU, sometida a muy
graves y parcialmente injustas críticas, se vio precisada a
reducir su presencia y acción directa, me pareció
indispensable dar a conocer la disponibilidad de mi Oficina
para trabajar en la antigua Yugoslavia, especialmente en
Bosnia y Herzegovina campos muy claramente definidos. El papel
fundamental que había sido acordado en los Acuerdos a la OTAN
y a la OSCE era un factor adicional que me aconsejaba actuar
con mucha mesura. En el período de negociación de los Acuerdos
de Dayton mi Oficina había sugerido insistentemente que el
tema de los derechos humanos fuese incorporado como parte
fundamental del proceso de paz, lo que en efecto ocurrió.
Durante la Conferencia de Londres anuncié que mi Oficina
estaba dispuesta a cooperar con todas las organizaciones
llamadas a participar en el proceso de pacificación y
reconstrucción. Añadí que, dentro de los límites de mi
mandato, estaba dispuesto a ofrecer programas de entrenamiento
a los observadores de derechos humanos que desplegara la OCSE
o que integraran el contingente de la policía civil, a
continuar facilitando el cumplimiento de los mandatos del
Relator Especial y del experto sobre casos de Desapariciones
Forzadas y a ofrecer al Señor Carl Bildt, Alto representante y
jefe de la operación civil, la colaboración de un grupo
limitado de expertos en derechos humanos.

Esta triple oferta está en plena ejecución y ha recibido la
mejor acogida. Para llevarla a la práctica fue necesario
organizar cinco oficinas regionales de derechos humanos que
funcionan adecuadamente.

ACCIONES PREVENTIVAS.

La prevención de las violaciones de los derechos humanos
constituye un elemento fundamental dentro de la estrategia
global de las Naciones Unidas para prevenir los desastres
humanitarios. No cabe ninguna duda de que las violaciones de
105 derechos humanos contribuyen, casi inevitablemente, a
crear situaciones que frecuentemente desembocan en guerras
civiles o internacionales.

En vista de lo que ocurrió en Ruanda, en abril de 1994,
consideré necesario tomar acciones preventivas en Burundi,
país vecino que tiene una composición étnica muy similar a la
de Ruanda, para evitar una tragedia semejante. En junio de
1994 se estableció en Bujumbura, una Oficina del Alto
Comisionado para ofrecer asesoramiento y asistencia técnica.
Los programas de trabajo han funcionado con ciertas
dificultades pero han producido efectos positivos. El
Presidente de Burundi me ha expresado su aprecio porque
considera que dichos programas han contribuido a evitar que
Burundi caiga en un despeñadero genocida similar al de Ruanda.

Con el respaldo de la Comisión de Derechos Humanos y del
Consejo de Seguridad, en abril de 1996 empezará el despliegue
de una misión de observación de derechos humanos en Burundi,
sugerido por mi Oficina a principios de 1995.

Las operaciones preventivas sobre el terreno se están
ampliando, lo que ha investido al programa de derechos humanos
de la ONU con una nueva y más dinámica dimensión. Estas
operaciones exigen una modernización de la infraestructura de
derechos humanos de la ONU y de recursos suficientes para que
puedan tomarse medidas rápidas. las acciones preventivas
salvan vidas y evitan sufrimiento humano y, a la larga, son
menos costosas que las acciones correctivas -como las
operaciones de mantenimiento de la paz- que la comunidad
internacional se ve obligada a adoptar una vez desatado un
conflicto.

DERECHO AL DESARROLLO

La pobreza absoluta es una de las peores violaciones de los
derechos humanos. El derecho al desarrollo toca precisamente
aspectos tan fundamentales como el empleo, la vivienda, la
alimentación, al salud. La resolución que estableció el
mandato del Alto Comisionado reafirmó la importancia del
derecho al desarrollo como un derecho universal e inalienable
que es una parte fundamental de los derechos del ser humano.

Considero que el derecho al desarrollo es algo más que una
teoría, un concepto abstracto o idealista o simplemente un
nuevo derecho de lo que algunos han llamado de la "tercera
generación". Hecho efectivo, el derecho al desarrollo
garantiza a los seres humanos un entorno de mayor esperanza
proveyéndoles de recursos necesarios y básicos para gozar de
una vida más digna y provechosa. Un colegio, un hospital, una
fuente de empleos, etc., son manifestaciones concretas del
derechos al desarrollo y existen múltiples maneras de hacerlo
realidad. En mi mandato me he esforzado y me esforzaré aún más
por dar una aplicación práctica al concepto del derecho al
desarrollo.

He iniciado acciones para que el derecho al desarrollo pueda
pronto verse traducido en realidad. Estoy concretando acuerdos
con instituciones financieras internacionales, organismos
internacionales para el desarrollo y agencias nacionales de
planificación, para que sus proyectos tengan debidamente en
cuenta los aspectos sustanciales del derecho al desarrollo.
Del mismo modo, colaboro estrechamente con el Buró de
Coordinación del Movimiento de Países No Alineados para que
juntos podamos avanzar en nuestra meta común de ver realizado
el derecho al desarrollo.

POBLACIONES INDIGENAS.

En 1993, la Asamblea General proclamó el Derecho Internacional
de las Poblaciones Indígenas del Mundo, que inició el 10 de
diciembre de 1994. Durante mi mandato ha procurado asegurar
que esta iniciativa goce del mayor éxito y cumpla los
objetivos que persigue, 105 que figuran en el Programa de
Actividades del decenio. La Conferencia Mundial de Viena
reconoció la dignidad intrínseca y la incomparable
contribución de las poblaciones indígenas al desarrollo y al
pluralismo de la sociedad. Es un deber ineludible de la
comunidad internacional garantizarles a ellos el bienestar
económico, social y cultural y el disfrute de los beneficios
de un desarrollo sostenible. Es también necesario que se les
garantice la total y libre participación de todos los aspectos
de la sociedad, sobre todo en las cuestiones que les
conciernen. Es igualmente fundamental que se reconozca el
valor y la diversidad de sus diferentes identidades, culturas
y sistemas de organización social.

En mis visitas a países en donde habitan comunidades
indígenas, he apelado a sus gobiernos a que realicen los
mayores esfuerzos posibles para promover el bienestar de esas
poblaciones poniendo en práctica el programa de actividades
del decenio. En América Latina esto es tanto más urgente y
esta tarea debe convertirse en una prioridad en el contexto
del desarrollo económico y social de la región.

DERECHOS DE LA MUJER, DERECHOS DE LOS NIÑOS Y LA EDUCACION
PARA LOS DERECHOS HUMANOS.

He procurado privilegiar varios temas del amplio programa
internacional de los derechos humanos, entre ellos: los
derechos de la mujer y de los niños y la educación en materia
de derechos humanos.

En septiembre de 1995 se celebró la IV Conferencia Mundial de
la Mujer en Beijing. Durante ese encuentro mi oficina jugó un
papel importante al contribuir para que la declaración final
de la reunión, denominada "La Plataforma de Acción", reflejara
adecuadamente los avances que ya se habían registrado
intencionalmente en la defensa y reconocimiento de los
derechos de la mujer.

El programa de derechos humanos de la ONU hoy asigna una
prioridad sin precedentes al objetivo de asegurar la igualdad
de la condición y de los derechos de la mujer. Ha comenzado
una era de mayor esperanza y progreso para las mujeres, que
constituyen la mitad de la población mundial.

El instrumento jurídico con mayor número de ratificaciones en
el mundo es la Convención de los Derechos del Niño que cuenta,
hasta hoy, con 181 Estados Partes. de esta manera, resultará
beneficiado más del 90% de la infancia mundial, un hecho que
refleja la voluntad universal de asegurar para los niños -que
son la esperanza del futuro- bienestar y garantías de una vida
mejor. He pedido a todos los Estados Partes en la Convención
de los Derechos del niño apoyo para llevar a cabo un Plan de
Acción destinado a facilitar la más rápida puesta en marcha de
la Convención.

Otra prioridad en mi mandato ha sido apoyar a la Década para
la Educación en la esfera de los derechos humanos (1995-2005).
Estoy convencido que la educación es la más efectiva medicina
preventiva para evitar la enfermedad que conduce al abuso, la
tortura, las ejecuciones sumarias y arbitrarias, el racismo,
la intolerancia, la xenofobia, la discriminación y otros males
que afligen al mundo contemporáneo. Es por esto que me
encuentro promoviendo activamente la Década y me he dirigido a
todos los Jefes de Estado para solicitarles su apoyo
invitándoles a establecer comités nacionales para trabajar por
las metas que persigue esta iniciativa.

COMENTARIOS FINALES.

En mi informe a la Asamblea General de las Naciones Unidas en
su quincuagésimo período de sesiones subrayé la necesidad de
responder a las esperanzas y expectativas de las millones de
personas en el mundo que han depositado su fe en las Naciones
Unidas, que tiene la responsabilidad para la promoción y
protección de los derechos humanos. En este sentido el
establecimiento del cargo de Alto Comisionado fue una valiosa
iniciativa que trae renovada esperanza para una era de mayor
respeto para todos los derechos humanos.

Consciente de la importancia del mandato del Alto Comisionado
y de la responsabilidad que la Asamblea General me ha
confiado, he consagrado todos mis esfuerzos a esta labor tan
noble, reconociendo sin embargo, que ni el Alto Comisionado ni
la Asamblea General ni cualquier otro organismo internacional
logrará resolver todos los problemas que atañen a los derechos
humanos. Sin embargo hay que continuar la lucha diaria y
constante, puesto que el progreso en el campo de los derechos
humanos se logra paso a paso, con convicción y perseverancia.

Durante mis primeros dos años como Alto Comisionado he visto
demasiado sufrimiento y he aprendido mucho sobre los abusos y
las injusticias de nuestro mundo. En múltiples casos he
logrado ayudar y estoy convencido que la labor que se ha
empezado seguirá produciendo frutos en el futuro. Los éxitos
que se han obtenido me alientan. Sin embargo, no quisiera
disimular u ocultar mi decepción con algunos gobernantes que
se resisten o rehúsan a cooperar con las Naciones Unidas y así
privan a sus propios ciudadanos de sus derechos más
elementales. Me preocupan más aún aquellas situaciones en
donde se cometen atropellos y violaciones manifiestas y
sistemáticas de derechos humanos y estoy decidido a
corregirlas con todos los mecanismos y recursos a mi
disposición.

Consciente de todo lo que la Oficina del Alto Comisionado para
los Derechos Humanos puede y debe hacer, debo reconocer con
tristeza que las limitaciones en cuanto a recursos humanos y
financieros son enormes, agravadas más aún por la mayor crisis
financiera en la historia de las Naciones Unidas. A pesar de
la importancia que los Estados Miembros asignan al tema de los
derechos humanos y el lugar privilegiado que éste ocupa en la
agenda mundial, desconcierta saber que el presupuesto de mi
Oficina y del Centro de Derechos Humanos es inferior al 1,5%
del presupuesto total de la ONU. Esta contradicción es todavía
mayor si recordamos que la organización se fundó sobre la base
de tres pilares conceptuales: la paz y seguridad
internacionales; el desarrollo; y el respeto a los derechos
humanos. Resulta evidente que la distribución de los recursos
entre estas tres prioridades no ha sido ni remotamente
equitativa.

Estos y otros escollos no serán sin embargo suficientes para
impedir el progresivo desarrollo de los mecanismos para la
promoción y protección de los derechos humanos en el plano
internacional. Se trata de una aspiración legítima de la
sociedad internacional, profundamente enraizada en las
convicciones de la sociedad civil y de sus más genuinos
representantes.

Al aproximarnos al 50 aniversario de la Declaración Universal
de Derechos Humanos, debemos evaluar los avances que se han
registrado durante medio siglo de lucha por los derechos de
las personas. Mal podríamos afirmar que se ha triunfado en
esta empresa pues hoy y en el futuro tenemos aún nuevos y más
grandes desafíos. Por todo ello, será necesario adaptar los
mecanismos de derechos humanos de la ONU a las nuevas
realidades del mundo actual. En esta labor me encuentro
empeñado y espero sentar las bases para una revitalizada
estructura para la promoción y protección de los derechos
humanos que esté a la altura de los retos que aguarda el siglo
venidero.

Como ecuatoriano, deseo formular una breve reflexión sobre lo
que considero puede y debe ser el papel del Ecuador en la
lucha por los derechos humanos.

El Ecuador está hoy aún lejos de ser un modelo en esta
materia, como lo han demostrado algunos hechos y abusos que
merecen censura y sanción. Sin embargo, es afortunadamente un
país en donde no se han registrado violaciones sistemáticas de
derechos humanos y que ha demostrado una conducta
relativamente respetable en este campo tanto en el ámbito
regional como en el subregional. El Ecuador podría y debería,
con esfuerzo decidido y voluntad política, convertir los
derechos humanos en su bandera de lucha y una de las
prioridades de la política nacional. No habría más honrosa
carta de presentación ante el mundo que la de ser un país
consagrado en palabra y obra al respeto por los derechos
humanos.

En estos momentos el Ecuador, que es miembro de la Comisión de
Derechos Humanos de la ONU, es a la vez un país que dispone de
un alto número de expertos independientes en los organismos de
los derechos humanos de las Naciones Unidas. En la esfera
regional, un prestigioso jurista ecuatoriano es magistrado de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estos hechos no
son una mera coincidencia histórica sino el reconocimiento
-con el voto- por parte de la comunidad de naciones hacia un
país que se fundamenta en el respeto a las leyes y a las
libertades fundamentales de las personas. Esa imagen y
reputación, si bien es el privilegio de pocos Estados, podrá
fácilmente desaparecer si no se la cuida celosamente,
cultivando y haciendo florecer en el Ecuador una verdadera y
auténtica cultura de paz y de derechos humanos que sería
ejemplo para América y el mundo.

Un aporte importante en este sentido podría darse a través de
una capacitación académica en derechos humanos para los
miembros de la diplomacia ecuatoriana. El estudio de los
mecanismos de derechos humanos que existen en los niveles
nacionales, regionales y universal, debe ser un imperativo
para cada diplomático, que está llamado a convertirse en un
embajador de los derechos humanos y cada uno de ellos en un
Alto Comisionado. (Texto tomado del Ministerio de Relaciones
Exteriores)