Santafé de Bogotá. 05.04.93. La policía de la capital de Colombia
se encuentra en el ojo de un huracán: cada tres horas y media, en
lo que va de 1993, un agente perdió su puesto por haber cometido
un delito.
La proporción de destituciones en la capital es similar a la que
se registra en Medellín, Cali, Barranquilla y otras ciudades
donde la policía ha ido perdiendo credibilidad, en tanto crecen
los índices de delincuencia y corrupción.
Los agentes han sido acusados de cometer todo tipo de delitos,
incluso exceso de autoridad y asalto a mano armada.
"¿Para qué denunciar si muchas veces son ellos mismos los
cómplices?", es una frase frecuente entre los vecinos de las
barriadas que se quejan de los robos y los atracos.
Aura, una ama de casa, narró su experiencia con un asalto.
"Una vez vi un atraco, aquí cerca de mi casa y cuando iba a poner
la queja, el tendero me dijo que no perdiera el tiempo, que ellos
(los policías) se hacían los de la vista gorda, porque recibía
tajada (comisión)", expresó.
Durante 1993, según informes oficiales, la policía destituyó a
1.430 agentes, sobre un total nacional de 80.000.
De las 2.900 quejas que recibió la procuraduría entre enero y
febrero en la capital y otras dos ciudades, 750 corresponden a
denuncias contra la policía.
A juicio del procurador Carlos Arrieta, "la crisis disciplinaria
y de moralidad que aqueja a la policía", entre otras cosas,
"deriva de la impunidad de los agentes estatales amparados por
fuero especial".
Otros ven las cosas de manera diferente. Es el caso del
precandidato del gobernante partido liberal, Carlos Lemos, quien
escribió: "en un país donde todo se ha podrido y se ha vuelto
cosa corriente y hasta privilegiada delinquir, el que unidades de
la fuerza pública también se corrompan es lo más natural".
El ministro de Defensa, Rafael Pardo, manifestó ante el
parlamento, la cuarta semana de marzo, que "no me resigno -no
puedo resignarme- a aceptar la afirmación según la cual nuestra
policía es el reflejo de un país golpeado por la corrupción y la
delincuencia".
Pardo y el director de la policía, general Miguel Antonio Gómez,
comparecieron ante una comisión de la Cámara Baja del Parlamento
para responder por la responsabilidad institucional en el crimen
de una menor, violada y ahorcada en una estación de policía de la
capital.
El 2 de febrero, Sandra Catalina Vásquez, de nueve años, fue con
su madre a la estación tercera de policía, en el centro de Santa
Fe de Bogotá, a buscar a su padre, Gustavo Vásquez, agente de
servicio, para "pedirle una plata".
Mientras la madre era informada que su esposo había sido
trasladado a otra estación, la niña "desapareció" en los pasillos
del edificio y 30 minutos después fue hallada ahorcada con un
cordel, en un baño del tercer piso.
La necropcia indicaría más tarde que la menor también fue
violada.
El asesinato de la niña desbordó la copa de la indignación
ciudadana que, según diversas encuestas, hace mucho dejó de ver
en la policía una institución de apoyo por considerarla "poco
fiable" con frecuencia y fácilmente corruptible.
"La vida tiene que seguir pero que esto no quede impune. Que
cojan (detengan) al asesino, porque así como le sucedió a mi
hija, le puede suceder a cualquier otra", afirmó ante las cámaras
de televisión la niña de la madre asesinada.
Con celeridad de horas, el comandante de policía de la capital,
general Oscar Peláez, sindicó como principal sospechoso al padre
de la niña, que a la postre fue desvinculado del caso.
Aún están pendientes los resultados de los exámenes practicados a
350 agentes que se hallaban en la estación en el momento del
crimen.
"Tal vez nunca se sepa si los exámenes se practicaron o no porque
es muy costoso y complicado. Se deben hacer en Estados Unidos",
comentó una fuente de medicina legal.
Pese a la campaña de moralización interna que manifestaría la
cascada de destituciones de agentes, es probable también que el
crimen de la niña quede impune.
Asediado por los reporteros sobre la identidad del autor del
crimen, el general Gómez contrapreguntó: "¿y qué quieren si
todavía no se sabe quien mató a Gaitán?", en referencia al líder
liberal, Jorge Eliecer Gaitán, asesinado en 1948.
Fue justamente la revuelta popular conocida como "el bogotazo",
que sucedió al asesinato de Gaitán, la que cambió el curso de la
policía como institución civil.
Hasta entonces, la policía, fundada a fines del siglo XIX, estuvo
adscrita al ministerio de gobierno (interior), pero la guerra
civil entre liberales y conservadores, que dejó un saldo de
300.000 muertos en una década, impuso reformas.
Tachada como proclive al bando conservador, la policía fue
adscrita al ministerio de defensa, como cuerpo armado, no
deliberante.
Ahora, cuatro décadas después, cuando el propio ministro Pardo
afirma que "no es necesario salir a las calles para entrevistar a
los ciudadanos y conocer lo que piensan de su policía", se vuelve
a hablar de asignar la policía al Ministerio de Gobierno.
El presidente César Gaviria instaló dos comisiones encargadas de
rendir un informe, a mediados de mayo, sobre la reorganización de
la institución.
Gaviria pidió las comisiones, una civil integrada por
representantes de los gremios económicos y sindicatos, y otra
militar, que diseñen mayores "controles internos" porque la
sociedad "espera transparencia de parte de sus autoridades".
(IPS)
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