Golpe y contragolpe en Caracas

La conciencia democrática de la región latinoamericana sigue siendo débil.
No solamente es frágil el imaginario democrático de los ciudadanos, sino la
práctica política en un sistema con instituciones sólidas: la participación,
la representación, la elección, la delegación, el control, la división de
poderes y el juego limpio de los organismos del Estado, el papel de las
instituciones llamadas a velar por la consolidación de este régimen
político -como las FFAA, la Iglesia y los medios de comunicación-.
Esto se ha confirmado, una vez más, en Venezuela: penosos episodios de
golpes y contragolpes en que los militares y las élites disputan agriamente
el control del Estado.
Hay, en el drama actual de ese país, en particular en el ejercicio del
restituido presidente Hugo Chávez, manifestaciones de delirio de grandeza.
Es una peligrosa distorsión del liderazgo político pues, sobre la base de
una doctrina que ha revisado las ideas del Libertador Simón Bolívar para
adecuarlas a un populismo íntimamente ligado al sector militar, fácilmente
ha caído en alardes retóricos, intolerancia, abusos y en la conculcación de
libertades individuales.
No obstante, sería aberrante pensar que toda la responsabilidad de la crisis
venezolana es del presidente de ese país. La Iglesia católica, las
organizaciones empresariales y los medios de comunicación la comparten. Esas
instituciones optaron por el atajo del golpismo la semana anterior y
lograron colocar en el Palacio de Miraflores, por una horas, al empresario
Pedro Carmona. El golpe y el contragolpe, cuyo escenario principal ha sido
la ciudad de Caracas, han entregado un peligroso protagonismo a los soldados
venezolanos: finalmente fueron quienes depusieron y enseguida restituyeron a
Chávez. Con toda seguridad, la aventura debilitará el régimen de derecho en
Venezuela. Y es alarmante que los medios de comunicación no hayan advertido
este peligro, del mismo modo que en el Ecuador no lo advertimos en 1997,
cuando se derrocó a un errático y escandaloso Gobierno elegido en las urnas,
el de Abdalá Bucaram. En nuestro caso, el deterioro institucional llevó a un
polémico interinazgo y, en 2000, a un golpe de Estado contra Jamil Mahuad.
La inestabilidad política es uno de los peores negocios que pueden hacer los
países latinoamericanos.
En un mundo globalizado, en el que el poder mundial está concentrado como
nunca antes, no hay más remedio que legitimar la vida pública. Es erróneo
pensar que los problemas de fondo, como la pobreza, la falta de
oportunidades, la corrupción y la inseguridad, se corregirán con regímenes
autoritarios, cualquiera sea el emblema ideológico que exhiban. Hay que
hacer reformas económicas y políticas en un proceso protegido por las normas
constitucionales y legales; protagonizado por los líderes naturales que
surgen de las organizaciones sociales, políticas y empresariales; vigilado
por los organismos de control; animado positivamente por la Iglesia y los
medios de comunicación.
Si los periódicos, radioemisoras y canales de televisión abusan o hacen uso
incorrecto del relativo poder que poseen, si no se ajustan a las normas
éticas previstas en su visión y misión respecto del desarrollo
socioeconómico de nuestros países, lo que conseguirán es hipotecar su
credibilidad.
A propósito de lo acontecido en Venezuela, los medios deben desechar los
papeles que no les corresponden y ceñirse a su obligación de informar,
opinar y analizar, es decir, explicar con veracidad e inteligencia la
compleja realidad de nuestros pueblos.