Quito. 8 nov 2000. El superintendente de Bancos, Juan Falconí, realizó
varias sorprtendentes revelaciones, ayer, durante el juicio político
planteado en su contra en el Congreso Nacional.

Falconí desestimó la calidad moral y ética de sus interpelantes y, más
bien acusó a Fernando Rosero (PRE), Ronald Andrade (independiente), Iván
Rodríguez (MPD) y Carlos Saúd (PSC).

Ellos no tienen la calidad moral para enjuiciarme, puesto que mi
actividad se ha dirigido contra el sindicato de banqueros corruptos; no
pudo dejar de referirme a mis detractores; lo hago con respeto con la
institución del Congreso. Demostraré hasta que los que me acusan no
tienen la calificación para hacerlo.

Acusa a Rosero

Señaló que Fernando Rosero ejerció influencias para beneficiar a Marlista
S.A, empresa de vinculación familiar, en la adquisición de certifificados
reprogramados a valor de mercado, por un monto de 200 mil dólares, para
cubrir obligaciones con Filanbanco. Esta operación se ejecutó cuando aún
no existían leyes que faculten el pago de obligaciones con CDR´s para con
los bancos. La adquisición de certificado se efectuó a través de
Mastercard, dijo.

El caso MPD

En cuanto a Rodrigúez, Falconí insistió en que en la Secretaria del
Congreso entrega los documentos que demuestran que el MPD intentó
renegociar varios certificado reprogramados. Aseguró que esta operación
estuvo a punto de concretarse con el Filanbanco.

La Conaie perdería dinero

Juan Falconí aseguró que la Canaie estaría a punto de perder $470 mil que
invirtió en la financiera Solidez, donde más del 80% de los
inversionistas tienen depósitados más de $100 mil.

La operación financiera de la Conaie esta realizada a través de Juan
Vinelly Aguirre, donde el ex ministro de Energía, Francisco Acosta, es el
patrocinador legal y quien inició un juicio penal en su contra en la
Corte Suprema de Justicia.

La agrupación política debería guardar coherencia para saber si con su
postura (de pedir su destitución) defienden a los banqueros corruptos, o
a quien los enfrentá para que vengan a devolver la plata a los
perjudicados, afirmó.

Las interrupciones de las declaraciones estuvieron al orden del día. Por
eso el presidente del Congreso, Hugo Quevedo, varias veces tuvo que
intervenir para pedir compostura de las barras altas.

Pero, el superintendente, Juan Falconí, no se quedó en las primeras
aseveraciones.

Aseguró que a pesar de que la Ley no le permite actuar directamente, es a
través de informes de la Superintendencia remitidos a la Fiscalía General
del Estado, que se ha iniciado el juicio penal en más de 25 causas contra
varias instituciones bancarias y sus ex administradores. (NCH)

El ajetreo

- La sesión del juicio político se instaló a las 10:00, con la asistencia
mayoritaria de los parlamentarios de todas las tiendas políticas.

- En las afueras del recinto legislativo, cerca de 50 personas gritaban
consignas respaldando al interrumpían. Ellos no cesaban de levantar
pancartas.

- En las barras altas del Congreso, por el contrario, cerca de cien
personas interferían, de vez en cuando, la ponencia de Falconí. Esas
personas fueron llamadas la atención para que guarden compostura.

- Cerca de 150 efectivos combinados del Grupos de Operaciones Especiales
(GOE), Grupo de Intervención y Rescate (GIR) y de la unidad antimotines
resguardaron la integridad física del Congreso Nacional.

- Fue el congresista Xavier Neira, del PSC, quien pidió se levante el
sigilo bancario para que Falconí revele los datos y cifras. El diputado
de la ID, Wilfrido Lucero, recogió la iniciativa, mocionó al Pleno y fue
aceptado.

- Los banqueros corruptos no deben ir a la cárcel, sino ser fusilados,
sostuvo el diputado Bolívar Sánchez, de la ID.

- En las barras altas se pudo divisar la presencia de cuatro payasos que
gritaban cada vez que el superintendente Falconí hacía referencia a las
irregularidades cometidas por Fernando Rosero, del PRE, a través de la
empresa Marlista S.A. (NCH)

La crónica de una defensa en tres actos

El superintendente de Bancos, Juan Falconí Puig, concurrió, ayer, al
Congreso Nacional para enfrentar el juicio político planteado en su
contra por los parlamentarios: Fernando Rosero, del PRE; Iván Rodríguez,
del MPD; el independiente Ronald Andrade y el socialcristiano, Carlos
Saud.

La estrategia de defensa del superintendente se sustentó en tres
aspectos.

Primero, desnudar las inconsistencias legales de sus acusadores.

Segundo, revelar algunos nombres de personas, instituciones y propios
diputados que se han beneficiado del apoyo económico de lo que consideró
insistentemente sindicato de banqueros prófugos y corruptos.

Tercero, señalar que está sustentado en la Ley la aplicación los recursos
legales que permitieron, y aún facultan, a la institución de control
bancario el haber solicitado la orden de extradición para varios ex
banqueros, elaborar informes para respaldar excitativas fiscales que
motiven el inicio de juicios contra varias entidades bancarias y sus
administradores, y haber capitalizado el Pacífico S.A con bonos de la
AGD.

De entrada, el superintendente Falconí logró que 115 parlamentarios
presentes aprueben el levantamiento de la reserva en la revelación de
datos y cifras bancarias. Sin esta autorización, el superintendente se
hubiera visto limitado para cristalizar la entrega de información que
prometió hacerlo en la víspera del juicio político.

El funcionario utilizó las ocho horas que dispone el reglamento interno
del Congreso Nacional para argumentar las respuestas.

En varias ocasiones, el enjuiciado, Juan Falconí, pedía que se le reponga
los minutos interrumpidos por los gritos de las barras altas. Mis
acusadores no tiene calidad moral para acusarme, sostuvo.

A las 14:10, el vicepresidente del Congreso, Antonio Posso, pidió
desalojar a una de las barras altas. Esto porque no se obedecía la orden
de guardar compostura.

Falconí señaló que 524 millones de dólares se utilizaron a través de
Certificados Reprogramados (CDR) para cubrir deudas con los bancos. (NCH)

Argumentos de la defensa

Juan Falconí argumentó que la capitalización del banco del Pacífico S.A
con bonos de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) fue lícita.

Más aún, dijo, existen informes del directorio de la AGD donde
intervienen representantes del Banco Central, Ministerio de Economía, la
entonces Junta Bancaria, entre otras. Dijo que si existen
responsabilidades la asumía, pero el superintendente de Bancos no es el
único que adoptó la decisión. Más bien se propuso en la Ley trole 1
separar a la super de Bancos del directorio de la AGD.

También refirió a la operación familiar con el banco Cofiec. Aseguró que
su participación accionaria fue del 0,4032%. El paquete accionario lo
adquirió cuando cumplía consultorías en Guayaquil, además estaba
permitido por la Ley. En última instancia, el paquete accionario lo
perdió una vez que la inversión fue castigada como efecto de debilitarse
el banco Cofiec tras el intento de fusionarse con el Popular, Progreso, y
Pacífico.

La correlación de fuerzas para destituir a Falconí se mantuvo invariable.
Es decir, el MPD, PRE, Pachakutik y varios independientes mantenían el
pedido de censura, mientras que la ID, DP, PSC, guardaron prudencia.
(NCH)(Diario Hoy)

EXPLORED
en Ciudad Quito

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